LA FRASE

"EN ÉSTE PAÍS NO SE PUEDE TENER MENTALIDAD EMPRENDEDORA Y ARRIESGARSE EN LA BÚSQUEDA DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PORQUE ENSEGUIDA TE DESTRUYEN CON LA MÁQUINA DE IMPEDIR." (JOAQUÍN BENEGAS LYNCH)
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lunes, 24 de mayo de 2021

ÉRAMOS POCOS Y VOLVIÓ LA OPOSICIÓN

 

Hasta un minuto antes de que el presidente hablara en cadena nacional anunciando las nuevas restricciones, ellos estaban en otra cosa. Básicamente repartiéndose la herencia de Lifschitz con el finado tibio, a punto tal que todavía hoy la Cámara de Diputados de la provincia no tiene vicepresidentes, porque no se ponen de acuerdo entre ellos.

Y estaban también -sobre todo los radicales- haciendo mil y una volteretas para justificar que siguen siendo progresistas, pero van a ir todos con el PRO en un frente único antiperonista, en las próximas elecciones. Curioso: en el 2011 y 2015 -cuando el Frente Progresista estaba en alza en Santa Fe y ganaba- enfrentaron sendas candidaturas a gobernador de Miguel Del Sel, porque era "la peor derecha de los 90'".

Ya para el 2015 y a meses de eso, fueron a la convención de Gualeguaychú a entregarle el sello -y el marrón- a Macri, para mojar el pancito en "Cambiemos", aunque una parte se quedaba acá (mojando el pancito también) en el "progresismo". Para el 2019 fueron divididos y perdieron la provincia, y entonces la autocrítica que hicieron del desastroso gobierno de Macri del cual participaron fue: en la próxima tenemos que ir todos con el PRO. 

Porque eso y no otra cosa es lo que están haciendo, además de otras cosas: Barletta fue con un amparo a la justicia para que vuelvan las clases presenciales, el diputado Angelini (PRO) con otro, y el diputado Chumpitaz (PRO) pide la renuncia de la ministra de Educación de la provincia porque se suspenderían las clases virtuales -cosa que ya ha sido desmentida-, que es precisamente lo que está haciendo Larreta en la CABA. Todos ellos organizan las marchas de padres pidiendo por las clases presenciales.

Los senadores provinciales de la UCR, en sus respectivos departamentos, llaman a desacatar las restricciones que dispone el gobierno de Perotti, e intendentes opositores como los de Ceres y San Gullermo (del Departamento del senador Michlig, el más locuaz al respecto) directamente dicen que no las aplicarán. Del modo en el que Javkin y Jatón (ambos llegados a intendentes en las boletas del FPCyS) se hacen olímpicamente los boludos con todo lo que signifique controlar que se cumplan las medidas, hemos hablado en extenso acá.

Pero de golpe pasaron cosas. el presidente anunció en cadena nacional nuevas medidas restrictivas en la pandemia, porque los casos crecen en todo el país, y en Santa Fe también. Entonces el senador Michlig (UCR) descubre que en la provincia tenemos menos camas de terapia intensiva en los hospitales y centros de salud que Córdoba, pero omitió decir que la culpa de eso la tienen ellos, que gobernaron los 12 años anteriores a la asunción de Perotti, y construyeron 8 hospitales nuevos (con enorme propaganda), pero sin camas: un invento que deberían patentar.

Y el nuevo gobierno tuvo que redoblar esfuerzos para aumentar un 268 % la cantidad de camas críticas para hacer frente a la pandemia, y logró recién en su tercer intento legislativo que la oposición -con mayoría en la Legislatura- declarara la emergencia sanitaria, a lo que se negaba porque decía que el sistema provincial era ejemplar, y tenía sobrada capacidad de respuesta. 

Lo mismo que el tantas veces elogiado sistema municipal de salud rosarino, tan colapsado como el resto por la falta de camas; al que la provincia -todos los santafesinos- pagan íntegramente en todo su funcionamiento (personal, equipamiento, medicamentos, insumos, comida) desde 2009, por un convenio aprobado por Binner, nunca remitido a la Legislatura y observado por el Tribunal de Cuentas; y en el que poco antes de asumir el nuevo gobierno introdujeron una cláusula de indexación de los pagos.

Después descubrieron que la mayoría de las escuelas de la provincia carecen de conectividad, como también carecen de ellas muchas localidades de la provincia, y muchos barrios de las grandes ciudades. Eso pese a que en el gobierno de Bonfatti gastaron 38 millones de dólares en un sistema "troncalizado" que en teoría era para resolver esos problemas; y no obstante lo cual la aprobación del plan de conectividad elaborado por Perotti duerme el sueño de los justos hace seis meses en la Legislatura. Eso sin contar que dejaron tiradas en un galpón, sin repartir, 30.000 netbooks del Conectar Igualdad.

Gobernaron 12 años, 8 de ellos (coincidentes con los mandatos de Cristina) con crecimiento y aumento de la coparticipación y la recaudación propia, y los 4 de Lifschitz con la inyección adicional de los fondos que iban a la ANSES, hasta el fallo de la Corte que ordenó que se les dejaran de mandar en la parte que refería a Santa Fe. Plata no les faltó entonces; y en todo ese tiempo no tuvieron pandemias, ni inundaciones, ni catástrofes naturales.

Desde 2009 tuvieron el Fondo Soja (al que no votaron en el congreso, como tampoco votaron las retenciones del cual surgía) que usaron para construir los hospitales (sin camas) y con el cual Binner y Lfschitz -cada uno a su turno- construyeron la única escuela nueva que hicieron en sus respectivos mandatos, porque Bonfatti se limitó a inaugurar las construidas por la nación durante el gobierno de Cristina. También tuvieron desde entonces la AUH, para suplir el vacío de políticas sociales de sus gobiernos, pese al saraseo progresista.

Dejaron el gobierno sin cumplir con la ley de financiamiento educativo, adeudándoles a los municipios y comunas los fondos que les corresponden por ese rubro por los años 2018 y 2019, deuda que éste gobierno canceló; y sin cumplir tampoco la meta prevista en esa ley y la de educación nacional, de que al menos el 30 % de las escuelas localizadas en barrios con alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas en las grandes ciudades, tuvieran escolaridad extendida o de jornada competa: las escuelas bajo ese régimen durante los 12 años de gobierno socialistas apenas llegaron a menos del 2 % del total de las que debían tenerlo, y algún funcionario dijo que garantizar la jornada completa era "una política cara".  

En las etiquetas respectivas del blog pueden encontrar los posteos en los que analizamos las ejecuciones presupuestarias (Cuentas de Inversión) de los 12 años de gobiernos del socialismo en Santa Fe, que marcan dos constantes entre 2007 y 2019: Educación perdió participación porcentual en el gasto total, año tras año, y se dejaban sin ejecutar -en promedio- entre el 85  y el 95 % de los escasos fondos destinados a becas. Ahora les molesta un stand del boleto educativo gratuito en El Molino, porque dicen que afea la estética.

Y en esos mismos 12 años, la participación porcentual de Salud en el gasto total de la provincia se mantuvo (sin crecer) pero contando en su interior el subsidio provincial a los hospitales municipales rosarino. Sin eso, también mermó. Tuits relacionados: 

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martes, 30 de marzo de 2021

GOBIERNO JORGE SUSPENSO

 


Con las disculpas del caso por lo largo de la cita, y a propósito del barullo que se armó entonces con las declaraciones de Carla Vizzotti (que aun no era ministra) sobre inocular solo la primera dosis de las vacunas para llegar a más población con las disponibles, decíamos en ésta entrada: "Bien entrado ya el siglo XXI, nadie se atrevería a discutir la importancia de la comunicación en política, y en la gestión de gobierno. Gobernar es también (y recalcamos el "también") comunicar: exponer, explicar, informar a la población; más allá del cumplimiento formal del deber de "dar publicidad a los actos de gobierno".".  

"Sin embargo, la comunicación no es autónoma de la gestión de gobierno, ni de las decisiones políticas que ésta supone a diario. Políticas, sí: más allá de los soportes o condimentos técnicos del caso, cuando se gobierna se protegen intereses o se los vulnera, se priorizan unos sobre otros, se distribuyen o asignan recursos, en suma, se hace política todo el tiempo. Desde acá y con el sólo ánimo de aportar al debate, pensamos que la cosa es un poco más compleja: antes que comunicar hay que gestionar, y en la medida de lo posible y considerando los contextos, hacerlo lo mejor que se pueda.".

"Si no hay nada de gestión, no hay nada que comunicar, aunque se intente: ésta formulación debería ser sencilla de aceptar universalmente, y sin embargo no sucede: leemos, vemos y oímos a diario que se nos informa que el gobierno "evalúa" tal cosa, o que "no descarta" tal otra, o que "sigue atentamente" determinado acontecimiento. Es decir, se está comunicando, pero en realidad no se comunica nada; al menos si por "algo" entendemos decisiones tomadas, firmes, concretas, plasmadas en los instrumentos institucionales del caso (leyes, decretos, resoluciones)."

Dos meses y medio después y a propósito de la nueva ola de contagios en medio de la pandemia, nos encontramos exactamente en el mismo punto: casi tres semanas de "trascendidos" filtrados a los medios sobre las posibles medidas que el gobierno adoptaría, más una cadena nacional del presidente para no anunciar nada en concreto y una ronda del propio presidente dando reportajes por los medios pero sin hablar del tema, apenas se alumbraron un par de Decisiones Administrativas del Jefe de Gabinete, disponiendo controles para los que regresan al país del exterior, y ordenando el teletrabajo de los empleados públicos nacionales en los tres días hábiles previos a la Semana Santa. Eso es lo concreto, hoy.

Sin embargo, en la comunicación oficiosa del gobierno pareciera que se puso en marcha un vasto plan de medidas para contener los contagios. Como por ejemplo leemos acá en Infobraden, bajo el sugestivo título "Una por una, todas las medidas que anunció el Gobierno para enfrentar la segunda ola de COVID-19". Vemos cuáles son:

* Teletrabajo para los empleados de la administración pública: ya se dijo que solo alcanza a parte de los empleados públicos nacionales, y por los tres días hábiles de ésta semana, antes de los feriados de Semana Santa. Se invita a las provincias a hacer lo mismo, pero por ejemplo acá en Santa Fe el teletrabajo de los empleados públicos de áreas no esenciales (porque la Decisión de Cafiero excluye a esas áreas, donde los empleados deben seguir trabajando de modo presencial) rige desde el 20 de marzo del año pasado, cuando comenzó el ASPO, por el Decreto 270.

* Presencialidad en los colegios: acá la medida consistiría en no hacer nada y dejar las cosas como están (con los chicos yendo a la escuela), contra toda evidencia, lógica o consejo en contrario; porque es una bandera que se le entregó hace rato a la derecha, que nos llevó de la nariz hasta este punto. Y congestionando además el transporte público (otro vehículo de contagios) mucho más que lo que se lo descongestiona dejando a los empleados tres días sin ir a trabajar.

* Recomendaciones a gobernadores e intendentes a tomar medidas restrictivas por la noche: acá la medida es "recomendarle" a otro que haga algo, que ya se lo recomendaron antes: recordemos como el célebre "toque de queda en todo el país" que se filtró como anuncio a los medios terminó en un "decreto de necesidad y sugerencia". Volvemos otra vez al ejemplo santafesino: la restricción de la circulación nocturna en la provincia rige desde el 26 de septiembre del año pasado (Decreto 1010) en algunos Departamentos y localidades, fue extendido a toda la provincia el 11 de enero pasado (Decreto 6/21) y modificado el 23 de febrero (Decreto 115), cuando habían disminuido los contagios.

* Suspensión y reprogramación de vuelos: estas medidas -que sí corresponden a la competencia de la Nación- ya entraron en vigencia desde el 27 de marzo, por la Decisión Administrativa 268 de Cafiero. Y consisten más que nada en poner dos horas de "ventana" entre vuelo y vuelo para limpiar los aeropuertos y los aviones, o sea, en fin, que decir. 

* Más testeos y control de la cuarentena para los casos positivos: aumentar los testeos no incide en que haya más o menos contagios, sino en enterarse antes. Y que decir de controlar el aislamiento de los contagiados: que hay que hacerlo desde que empezó la pandemia; y que desde antes de que empezara, y que el Código Penal reprime en su artículo 202 a "...el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas...", por su artículo 205 a "...el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia...", y por su artículo 239 a "...el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal." 

O sea: está todo inventado en esa materia ya; lo que hay que hacer es hacerlo cumplir.

* El cierre de las fronteras terrestres: esta es la única medida nueva concreta, que debió haberse adoptado mucho antes, y solo se concretó ayer a través de la Disposición 763 de la Dirección Nacional de Migraciones (completa acá en el Boletín Oficial).

En síntesis: lo que parece que está pasando acá no es tanto que el gobierno no sabe lo que tiene que hacer, como que lo sabe pero no está dispuesto a hacerlo, porque generaría resistencias sociales, económicas y políticas que no está dispuesto a resistir. Y para contrarrestar eso, intenta mostrar un "activismo de la nada", para no dejar la idea de que, aunque el escenario cambie dramáticamente, no hará más que apostar al despliegue del plan de vacunación, que ojalá progrese.

Lo que nos lleva al punto en el que concluíamos hace un par de meses atrás, en el posteo citado: "...decir que un gobierno (éste, cualquiera) tiene "problemas de comunicación" suele ser - en nuestra modesta opinión - un atajo muy cómodo para evitar decir que en realidad lo que tiene son problemas de gestión, o en el método de construcción de las decisiones; que son temas un poco más complejos que una declaración poco feliz o "sacada de contexto" de algún funcionario o funcionaria.".". Tuits relacionados: 

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lunes, 22 de febrero de 2021

DATOS SENSIBLES

 


Como en este país las cosas siempre pueden empeorar, y de un moco podemos hacer una neumonía, después del escándalo del "vacunagate" están pidiendo por todos lados que se publique la lista de la gente que se vacunó, en modo cacería de brujas. Pues bien señores, publicarlas sería lisa y llanamente violar la ley, y según quien lo haga, incurrir en alguno de los delito contemplados en los artículos 156, 157 y 157 Bis del Código Penal.

Vayamos por partes: la Constitución Nacional establece en su artículo 43 lo siguiente: "Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley.". El mismo artículo en su párrafo tercero dispone esto: "Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística." 

Para complementar el mandato constitucional, se dictó la Ley 25326 de protección de datos personales, que en artículo 2° define como "datos sensibles" a (los) "Datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual." (las negritas son nuestras). Tratándose de datos sensibles, ninguna persona puede ser obligada a proporcionarlos (artículo 7 inciso 1) de la misma ley), sólo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por ley (inciso 2) del mismo artículo), podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares y finalmente (inciso 3) del mismo artículo 7), queda prohibida la formación de archivos, bancos o registros que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles. 

Además de eso y de acuerdo con el artículo 8° de la ley, los establecimientos sanitarios públicos o privados y los profesionales vinculados a las ciencias de la salud pueden recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental de los pacientes que acudan a los mismos o que estén o hubieren estado bajo tratamiento de aquéllos, pero respetando los principios del secreto profesional. Solo pueden ser revelados de éste "...por resolución judicial y cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública.". No para calmar la indignación de las masas por vacunaciones "acomodadas". 

En idéntico sentido regula la Ley 26529 de los derechos del paciente, que reconoce en su artículo 2° inciso c) el derecho a la intimidad: "Toda actividad médico - asistencial tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica del paciente debe observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad de sus datos sensibles, sin perjuicio de las previsiones contenidas en la Ley Nº 25.326;..." 

Según su artículo 18, "La historia clínica es inviolable. Los establecimientos asistenciales públicos o privados y los profesionales de la salud, en su calidad de titulares de consultorios privados, tienen a su cargo su guarda y custodia, asumiendo el carácter de depositarios de aquélla, y debiendo instrumentar los medios y recursos necesarios a fin de evitar el acceso a la información contenida en ella por personas no autorizadas." (otra vez las negritas son nuestras) 

Aclarado el punto de la publicación de las listas de vacunados, pasemos al del orden de prioridades para vacunarse, y el caso particular de los funcionarios públicos; respecto de lo cual la comunicación oficial -para variar- ha sido espantosa. Las prioridades entre la "población objetivo" de la vacunación fueron establecidas por la Resolución 2883 del ahora renunciado Ginés González García, publicada en el Boletín Oficial de 30 de diciembre del año pasado. En rigor, la resolución aprobó el "Plan Estratégico para la Vacunación", que pueden descargar accediendo acá.  

Según la Resolución (artículo 2) "El objetivo del Plan es disminuir la morbilidad, mortalidad y el impacto socio-económico causados por la pandemia de COVID-19 en Argentina, a partir de la vacunación de la totalidad de la población objetivo en forma escalonada y progresiva, de acuerdo con la priorización de riesgo y la disponibilidad de dosis de vacunas.", para lo cual (artículo 6) "La vacunación ...será voluntaria, gratuita, equitativa e igualitaria y deberá garantizarse a toda la población objetivo, independientemente del antecedente de haber padecido la enfermedad." (siempre las negritas son nuestras)

Además de explicitarse ampliamente los criterios bajo los cuales se establecen las prioridades para la vacunación, el documento define los distintos grupos: riesgo por exposición y función estratégica (personal de salud con escalonamiento en función de la Fuerzas armadas, de seguridad y personal de servicios penitenciarios, personal docente y no docente del inicial, primario y secundario), otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones y la disponibilidad de dosis; riesgo por enfermedad grave (adultos de 70 años y más personas mayores residentes en hogares de larga estancia, adultos de 60 a 69 años, adultos 18 a 59 años de grupos en riesgo). Y teniendo en cuenta los criterios de vulnerabilidad: barrios populares, personas en situación de calle, pueblos originarios, personas privadas de libertad,  migrantes, docentes universitarios y otros grupos. 

Incluso el Plan hace una estimación de la cantidad de personas comprendida en cada grupo: personal de salud (“toda persona que realice tareas y/o preste servicios en establecimientos de salud, públicos o privados, cualquiera sea la relación contractual a la que se hallaren sujetas”), 763.000 al 9/11/20), personal estratégico (“toda persona que desarrolle funciones de gestión y/o conducción y funciones estratégicas necesarias para adecuado funcionamiento del Estado, así como las personas pertenecientes con riesgo de infección o transmisión”), fuerzas de seguridad y armadas: 500.000 personas (datos al 24/10/2020), docentes y personal no docente de todos los niveles educativos: 1.300.000 personas, funcionarios del Estado, personal del Servicio Penitenciario, personas mayores de 60 años (unos 7.279.394 en función de cruce de información por DNI de programas de salud y proyecciones poblacionales 2021 elaboradas en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010), residentes en Instituciones para Adultos Mayores (94.000 según INDEC), personas de 18 a 59 años con factores de riesgo (diabetes insulinodependiente y no insulinodependiente, obesidad grado 2 (índice de masa corporal -IMC- mayor a 35) y grado 3 (IMC mayor a 40), enfermedad cardiovascular, renal y/o respiratoria crónica (Estimación: 20% de 41 cohortes de nacidos vivos. Este porcentaje surge de los datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018, publicado por el Ministerio de Salud de la Nación. Serían 5.653.000 personas.) 

Es decir entonces que los criterios están, y fueron publicados, lo que obviamente no significa que fueran conocidos: en nuestra modesta opinión, debió establecerlos -incluso con más precisión y estricto orden de prioridad- el propio presidente de la nación por decreto, y anunciarlos por cadena nacional (aunque el recurso le moleste, está disponible justamente para casos como éste, artículo 75 de la Ley 26522), antes de que empezaran a llegar las primeras dosis de las vacunas. Ahora ya es tarde para lágrimas. 

Y que los funcionarios públicos (en especial los de más alto rango) estaban comprendidos entre las prioridades, claro que por detrás de otros grupos. La cuestión entonces no es que los vacunen, sino que todo el proceso sea transparente, y se respeten en el transcurso del mismo esos criterios de distribución a rajatabla, por todos los responsables de la vacunación. Tan claro y sencillo como eso.

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sábado, 20 de febrero de 2021

CONTRA ESTO NO HAY VACUNA

 


El mundo atraviesa una pandemia provocada por un virus desconocido, contra el cual hubo que desarrollar a la mayor velocidad posible vacunas. Y ahora es el turno de producirlas a escala como para poder vacunar lo más pronto posible, a la mayor cantidad de gente, comenzando por el personal que cumple tareas esenciales y los grupos de riesgo.

Los destrozos que ha provocado la pandemia en la salud de la población y en la economía mundial han desatado una guerra por las vacunas, donde los países más ricos acaparan la mayor cantidad de dosis posibles, y los demás -entre los que estamos nosotros- que se las arreglen como pueden. Los apremios sanitarios van por el ascensor o en cohete (y no a la luna, precisamente), y la producción y distribución de las vacunas, por la escalera.

En todo el mundo -y con especial virulencia en la Argentina- los gobiernos enfrentan la objeción de sectores sociales que cultivan el terraplanismo sanitario, cuestionando la eficacia de las vacunas en general, y por motivos políticos e ideológticos, de la vacuna rusa en particular.

Esos son los hechos -conocidos por todos, pero por momentos pareciera que deliberadamente ignorados, o menospreciados en su peso específico- que marcan el contexto en el cual un gobierno que viene de anotarse un éxito porque la eficacia de la Sputnik fue validada ampliamente en los ámbitos científicos, debe despedir a su ministro de Salud porque montó un "canal vacunatorio VIP" para que gente de la política, periodistas y empresarios accedan a las escasas vacunas disponibles, antes de lo que les hubiera correspondido.

Esto último es el hecho detonante del escándalo, más allá de que se conociera por la infidencia de Verbitsky: si el "Perro" hubiera contado en público que preguntó como hacer para vacunarse "por izquierda" (reside en la CABA, donde no empezó la vacunación aun) y desde el Ministerio de Salud le contestaron que no era posible y debía esperar su turno, estaríamos hablando de otra cosa. Miremos la luna (y no la del cohete), no el dedo.

Desde ese estricto punto de vista, la decisión del presidente de pedirle la renuncia a Ginés -que termina con más pena que gloria una gestión con luces y sombras- es irreprochable. Que ese mismo presidente haya optado por hacer la vista gorda con funcionarios que dijeron que el salario digno es el que se puede pagar (como el ministro Moroni), que estaban encarando un "proceso de reorganización" educativa (como Trotta), o que le ofrecieron a su empleada pagarle el sueldo con un plan social (como Donda) es harina de otro costal. En todo caso, es el propio Alberto Fernández el que acaba de ponerse a sí mismo una vara alta, que deberá sostener en el tiempo, con sus decisiones futuras: con los que se vacunaron por izquierda como Solá, por ejemplo.  

Por fuera de los hechos -sobre lo que parece no haber mayores discrepancias- están las interpretaciones, algunas francamente delirantes. Ni las miradas "internistas", ni la espeleología de "operaciones" mediáticas o políticas, ni las teorías conspirativas nos deberían distraer de lo principal: el gobierno se ha autoinflingido un daño gravísimo en la transparencia y credibilidad de la campaña de vacunación, y en la suya propia. Un gobierno, además, al que no le sobre paño, ni mucho menos.

Y acá nos queremos detener, para concluir: no hay más margen para errores, ni tiros en el pie, de nadie. Ni del presidente ni de sus funcionarios, del primero al último. Y contra la boludez propia, no hay vacuna. Si no se toma conciencia cabal del momento y contexto en el que les toca ejercer sus funciones, como dijo Cristina, que se busquen otro laburo. Tuits relacionados: 

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sábado, 2 de enero de 2021

CURARSE EN SALUD

 


En  el acto en La Plata el otro día Cristina habló de la necesidad de reprensar nuestro sistema de salud, porque se invierten en el muchos recursos, y los resultados distan de ser óptimos. Dijo también que una de las dificultades estribaba en que está segmentado o compartimentados en tres grandes sectores: el público, el privado de las empresas de medicina prepaga, y el de las obras sociales sindicales.

Si bien la pandemia tensionó a todos, fue el hospital público el que debió dar las mayores y más exigentes respuestas, a punto tal que incluso hubo que montar en la emergencia nuevos hospitales para atender la demanda de camas críticas, porque los existentes no daban abasto. El primer paso para un sistema salud fortalecido e integrado, es fortalecer el hospital público -en el que Carrillo hacía eje en su estrategia sanitaria integral-, pero en la Argentina y como consecuencia de las políticas implementadas por la dictadura primer y por el menemismo después, esa infraestructura descansa esencialmente en las provincias y se ha retraído allí la participación del Estado nacional.

A punto tal que los mayores hospitales nacionales existentes o han sido transferidos a las provincias para ser gestionados por ellas, o existen en la Capital Federal, donde como dijo ella, se concentra una infraestructura de salud que excede con creces la necesidades específicas de la población del distrito; en el cual la derecha que gobierna hace 13 años no solo los abandona, sino que pretende desconocer que desde su propio origen esa infraestructura estuvo pensada para el conjunto de los argentinos.

Pero decíamos antes -o dijo Cristina, para ser más precisos- que el sistema está fragmentado, y uno de los sectores que lo conforman es el de las empresas privadas de medicina prepaga. Al respecto, decíamos acá hace un tiempo: "Si hay un tema que marca emblemáticamente la fractura social producida en la Argentina de los 90' y el desguace del Estado con el correlativo avance del mercado sobre territorios antes vedados, lo es el de la salud, con el explosivo crecimiento del negocio de la medicina prepaga; quizás solo en modo comparable al crecimiento de la educación privada. En el marco de la destrucción de la salud pública (fruto de un modelo político que implicaba el retiro del Estado aun de sus roles esenciales), muchos sectores sociales en especial de la clase media, en parte por necesidad (la falta de cobertura adecuada del sistema público) y en parte por pautas culturales de diferenciación, ingresaron a la cobertura de salud prepaga, más allá de los que la tenían por la vía de las obras sociales sindicales, con más trayectoria y antigüedad en el país.

Pertenecer a una prepaga se convirtió para muchos en un signo de ascenso social y diferenciación, cosa que el propio sistema de encargaba de difundir con una agresiva publicidad y con la oferta de beneficios adicionales (como los planes de turismo) que ocultaban la cara menos amable del negocio: los fabulosos márgenes de rentabilidad de las prepagas, dentro de un "mercado" (el de la salud) donde muchos jugadores tienen tasas siderales de ganancia, como los laboratorios o los propios prestadores directos (clínicas y sanatorios privados). En parte porque se trata de servicios que están ligados a cuestiones troncales de cualquier persona o grupo familiar (porque está en juego la vida muchas veces, o decisiones cruciales que deben tomarse en tiempos perentorios), la enorme mayoría de los que tienen cobertura de salud a través de las prepagas no forman una masa crítica de protesta contra los abusos de las empresas, más allá de los reclamos puntuales de las distintas ONG's que agrupan a consumidores.  

Y aun así, el fracaso de esas organizaciones en términos de expansión y significación social de su rol tiene que ver con el ethos cultural de la clase media promedio en la que surgen, mucho más dispuesta a quejarse del Estado y sus regulaciones, que de los abusos del mercado; porque incursionar en ese terreno sería ir en contra de valores que creen como fundamentales en su estructura mental. Es así como gente que protesta y cacerolea porque la AFIP pretende cobrarle impuestos o indagar sobre sus consumos, ahorros o demás movimientos económicos, tolera pacíficamente que los bancos, las prepagas o las empresas de telefonía celular o televisión por cable privadas (por citar sólo los casos más frecuentes, ni por asomo los únicos) los esquilmen con precios, condiciones de prestación de los servicios, comisiones o cargos fantasmagóricos por rubros de servicios inexistentes. Sería como una especie de impuesto a la ideología promedio de la clase media, que parecen estar en muchos casos dispuestos a soportar.".

Allá por el 2011 Cristina impulsó durante su gobierno la sanción de la Ley 26682 que estableció el marco regulatorio de las empresas de medicina prepaga, analizado en su momento en ésta entrada y cuyos lineamientos principales son: "...la prohibición de establecer la edad de los afiliados o la existencia de enfermedades preexistentes como criterios para negar la cobertura, la obligatoriedad de cubrir las prestaciones del Programa Médico Obligatorio aprobado por el Ministerio de Salud (al igual que las obras sociales) sin plazo de carencia, la necesidad de que los aumentos de las tarifas que perciben por sus servicios sean aprobadas por el Estado previo estudio de costos y cálculo actuarial de riesgos (a cargo del Ministerio de Salud y del de Economía), la aplicación a sus servicios de las leyes de Defensa de los Derechos del Consumidor y de Defensa de la Competencia, la limitación a las cuotas diferenciales fijadas para grupos de riesgo, la obligatoriedad de prescribir los medicamentos por su nombre genérico en los tratamientos terapéuticos y las posibilidad de mantener la cobertura contratada por las empresas para sus trabajadores, aun cuando se desvinculen de ellas, entre otros...".

Sin que se modificara la ley, lo que se hizo durante el gobierno de Macri fue desvirtuarla modificando su reglamentación: veíamos acá como fueron esos cambios: "...se le impone un plazo máximo de cuarenta y cinco días (sin especificar si son hábiles o corridos) a la Superintendencia de Servicios de Salud para expedirse sobre los pedidos de aumento de las cuotas que hacen las prepagas., y se reduce el plazo de preaviso de éstas a los usuarios de los nuevos montos, de 30 días hábiles, a 30 corridos; y se elimina la intervención previa a la resolución de los pedidos de aumentos de cuotas de la Secretaría de Comercio Interior, cuyo dictamen era vinculante en la reglamentación vigente, como autoridad de aplicación de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor,..."

(Además) "...La reglamentación vigente establecía que la Superintendencia fuera quien estableciera y determinara las situaciones de preexistencia (enfermedades o patologías existentes al momento de la afiliación) de carácter temporario, crónico o de alto costo; y lo que reglamentará al respecto regía para todos los contratos, sin excepción. Con los cambios, solo se limitará a autorizar lo que propongan las empresas al efecto; (y en ella)...la diferenciación en los valores de la cuota por plan y por grupo etario solo podía establecerse al momento del ingreso del usuario al sistema, con excepción de los que alcanzaran 65 años de edad, y tuvieren menos de 10 años de afiliación a la misma entidad. Con los cambios, pueden fijarse valores diferenciales de cuotas por esos motivos en cualquier momento, con tal de que esté expresamente previsto en los contratos de afiliación.". Los cambios entonces fueron en una sola dirección: prevalencia de la lógica del mercado y el negocio, y correlativa disminución de la presencia y regulación estatal del sector privado de la salud.

Y nos queda el sector de las obras sociales sindicales (que no son como se piensa un legado del peronismo y de Perón, sino de Onganía y su ministro de Trabajo Rúbens San Sebastián con la Ley 18610), sobre el que muchos hemo dicho acá, y hace un tiempo esto: "Lo que nos lleva a una discusión más profunda sobre el modelo sindical argentino, no en tanto su organización estrictamente gremial con la impronta que le impusiera el peronismo desde el 45’ en adelante (sindicato único por rama de la actividad, con personería gremial para negociar en paritarias y participar de los ámbitos de representación institucional), sino en su rol de prestadores de servicios de salud, a través de las obras sociales. 

Un rol que -como se ve- se termina tragando al otro, al específico que le dio origen, y que hace difícil distinguir entre muchos dirigentes sindicales y los CEO’s de las prepagas; incluso desde la perspectiva de un modelo integrado de salud, o mejor dicho: sobre todo desde allí. Recordemos que la actual conducción de la CGT había acordado con el gobierno la creación de la AGNET (Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Médicas) para recortar prestaciones a los afiliados introduciendo el criterio de rentabilidad económica de los tratamientos y coberturas, y que en ese tren coinciden plenamente con las empresas de medicina prepaga...". 

Porque así como la salud en general no fue ajena ni mucho menos a los múltiples estropicios perpetrados por el macrismo en el país, lo mismo pasó con las obras sociales: en el segundo gobierno de Cristina se había disuelto la APE (Administración de Programas Especiales) y se diseñó un fondo solidario de redistribución para compensar las asimetrías que existen entre las diferentes obras sociales por su tamaño y recursos (ver más información acá en ésta entrada); que el macrismo intentó dejar de lado creando la AGNET, para lo cual había incluso un guiño de la conducción de la CGT (la misma que la actual), a cambio de apoyo para la reforma laboral flexibilizadora. También planteó en el DNU 908/16 la "Cobertura Universal en Salud" (CUS), que nunca nadie explicó -ni le preguntaron- muy bien de que se trataba, y no pasó de un intento de manotazo a los fondos de las obras sociales sindicales. 

Como se ve, la cuestión planteada por Cristina -además de su importancia capital en sí misma considerada- tiene muchas aristas y toca intereses muy sensibles más allá de lo específicamente vinculado a la salud de la población, incluso al interior de la coalición oficialista. Razones de más para que sea una tarea necesaria e impostergable. (Material de interés en ésta nota de Guillermo Wierzba en "El cohete a la luna"). Tuits relacionados: 

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viernes, 21 de agosto de 2020

HAGAMOS CRUCES


El sábado pasado decíamos acá: "...el presidente reconoció con franqueza -palabras más palabras menos- que la cuarentena de hecho no existe, porque no se cumple; y que de esos incumplimientos devienen los contagios. No lo dijo, pero la conclusión lógica flotaba en el aire: no está dispuesto a hacerla más rígida para disminuir los contagios, porque la sociedad (o buena parte de ella) le terminó torciendo torciendo el brazo a la racionalidad, y él no está dispuesto a apelar a estrategias de represión, en un sentido amplio: no se trata de salir a cagar a la gente a palazos porque se reúne a comer un asado, pero existe la clara percepción de que pueden hacerlo, sin consecuencias. 

Lo que supone que -como dijimos en otro post- en el preciso momento en que sería necesario endurecer más que nunca la cuarentena, es inviable hacerlo, en términos políticos y de consenso social. No hay consenso, y tampoco margen para ejercer la legítima coerción estatal, para hacer cumplir las normas. Por necesidad económica, porque los instrumentos compensatorios como la ATP o el IFE son insuficientes, por bombardero mediático, por neurosis social, por cansancio y deseo de "vuelta a la normalidad", o por todo eso junto, hemos perdido la partida, la -si se quiere- "batalla cultural" en torno a la pandemia, y los cuidados que demanda: la gente, sencillamente, no le da pelota a los cuidados y recomendaciones, como tampoco a las presuntas exigencias.

De modo que aun con prórroga formal de la cuarentena hasta fin de mes, si las cosas no cambian, no cambiarán los resultados, que tenderán a agravarse, y el costo -nos guste o no- lo terminará pagando el gobierno. Lo que supone asumir con hidalguía que perdimos en términos conceptuales, de planos de discusión y de consenso social en torno al modo de manejar la pandemia, incluso teniendo claramente la razón, desde el principio.".

De allí hasta ahora, las cosas empeoraron: ayer fue el día récord de contagios, en el país y en la provincia, desde que comenzó la pandemia. Santa Fe, aun con buenos números en la comparación con otras provincias, no escapa a las generales de la ley: a mayor circulación de personas por mayor cantidad de actividades habilitadas, mayor cantidad y velocidad en el crecimiento de la curva de contagios. Lo que movió a las autoridades provinciales a advertir que podrían restringirse actividades, sobre todos las sociales, culturales, recreativas, deportivas o religiosas; como de hecho el propio Perotti lo ha hecho en casos puntuales, en determinadas localidades, llegando incluso a declararlas en cuarentena sanitaria.

Por otro lado y esto tampoco escapamos acá a lo que pasa en el país, surgen las marchas de los "protestantes" por motivos varios (con menor intensidad que en Córdoba o la CABA, pero existen), los contagios de los "anticuarentena" famosos (como el intendente de Avellaneda) y las "advertencias" de los que se apuran a decir que ellos no pueden volver atrás, porque se funden, cierran o simplemente no lo toleran. Demás está decir que también acá se ha relajado el cumplimiento de las normas y protocolos, y la gente no se cuida a sí misma, ni mucho menos cuida a los demás: los números no son fruto de la casualidad.

Y un dato no menor: el componente de los sectores sociales que adversan al gobierno nacional, y por carácter transitivo al de la provincia. Si miran los tuits de apertura, se podría hacer un cruce entre los que protestan, los que "advierten", los que contagian desaprensivamente a otros (aunque la relajación de la conducta social sea transversal), los que creen que las normas no se aplican a ellos, y quienes son francamente opositores al gobierno de Alberto Fernández, y al de Omar Perotti: la pandemia pasó de ser un problema de política sanitaria a un terreno de enfrentamiento político, hace tiempo.

Cuando las habilitaciones de actividades debían ser administradas en conjunto entre la nación y la provincia, ambos gobiernos tuvieron que manejar desde reclamos legítimos y comprensibles, hasta presiones inconfesables, para actividades que iban desde lo esencial, a lo que podía posponerse o postergarse, porque había otros valores en juego. Estos fueron los últimos casos en habilitarse y -como advirtió Perotti en estos días, pero vale para el país- deberían ser los primeros en darse marcha atrás restringiéndolos, si no se frena la escalada de casos positivos. Claro que, como señalamos, en ese caso recrudecería el conflicto político, y la reticencia social a cumplir las normas.

Por otro lado, esos sectores que en los momentos iniciales de la pandemia pugnaban por volver a ser habilitados, hicieron promesas y juramentos de cumplir con determinados protocolos, que no estaban dispuesto a sostener por mucho tiempo: cualquiera que vaya a un comercio, pasee por un parque o un shopping, o se de una vuelta por un bar los fines de semana, lo puede comprobar por sí mismo. 

Y en el medio de todo eso, hay un sistema de salud -en el país y en la provincia- sometido a crecientes presiones sobre su capacidad de respuesta, hasta un punto posible en el que restringir actividades sea el único modo de que no colapse. Precisamente y según consta en los fundamentos del último DNU presidencial que prolongó formalmente la cuarentena, éste fue un punto que jugó a favor de Santa Fe para mantener a todo el territorio provincial en "distanciamiento social, preventivo y obligatorio", pese a contar con zonas de circulación comunitaria.

Concluimos con esto: la complejidad del asunto radica precisamente en que la respuesta sanitaria adecuada a la emergencia no es dudosa, pero el dilema que plantea es esencialmente político: de la capacidad del Estado de regular aspectos de la vida social, y hacer cumplir razonablemente esas regulaciones, frente a la hostilidad abierta de determinados sectores de la sociedad, y la relajación de estos y otros, en el cumplimiento de las pautas.
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martes, 11 de agosto de 2020

SE ARREGLA CON PLATA


En las (pocas) causas judiciales que se están tramitando en la justicia santafesina (incluyendo los juzgados federales de la provincia) por violaciones a la cuarentena, tanto en la justicia federal como en la provincial, jueces y fiscales están apelando al mecanismo de la "probation": ofrecerles a los imputados suspender el trámite de los juicios, a cambio del pago de una suma de dinero, con la que zafan de mayores consecuencias.

Y esos montos de plata son destinados por los mismos jueces y fiscales a los efectores de salud provinciales, para atender los gastos derivados de la pandemia. Pagando los tipos zafan del juicio, y de la eventual condena.

Si lo que se les imputa es el artículo 205 del Código Penal ("...el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia...") la pena va de seis meses a dos años de prisión.

Si la causa, en cambio, tramita por el Código de Convivencia (ex Código de Faltas) de la provincia, se trata del "incumplimiento de los mandatos legales" contemplado en su artículo 57: "El que por imprudencia, negligencia o impericia no observare una disposición, legalmente tomada por la autoridad por razón de justicia, de seguridad o de higiene...".

En ese caso puede ser por ejemplo por realizar una actividad no habilitada (una fiesta por ejemplo), o circular sin barbijo, o no cumplir con los protocolos sanitarios. La sanción en esos casos puede ser de multa de hasta tres jus (unidad de medida judicial), o hasta 15 días de arresto.

Como el "jus" se toma en cuenta para fijar los honorarios de los abogados en los juicios, la Corte Suprema no lo reajusta con frecuencia porque de lo contrario se encarecerían aun más los procesos, dificultando el acceso a la justicia; de modo que una multa provincial por violar la cuarentena puede ser- con toda la furia y a valores de hoy- de unos 14.000 pesos, como máximo.

De allí que a más de uno le pueda parecer que imponerle a alguien, en el marco de una "probation" (suspensión del juicio a prueba) el pago de una multa de 100.000 pesos, sea algo gravoso.

En realidad en la mayoría de los casos -como el de la imagen de apertura: un tipo que organizó una fiesta para 300 personas- se trata de gente a la que pagar esos montos, les chupa un huevo: se trataría precisamente de eso, el "impuesto a todo me chupa un huevo, y me cago en los demás", o algo por el estilo.

Ni hablar en el caso del Código Penal, donde la multa redime de las penas directamente contempladas en la norma, que arrancan como dijimos en los seis meses de prisión para llegar a los dos años.

Sea cual fuera el caso, pensemos por un momento si a ese mismo tipo que armó la fiesta para 300 personas cagándose en la cuarentena y en la posibilidad de diseminar contagios para todos lados, en lugar de solucionar el problema apelando a la billetera por un monto que además para el Estado es irrisorio en función de la magnitud de los gastos que debe afrontar en medio de la pandemia en el sistema de salud, lo meten preso 15 días (si la causa tramitó por el Código de Convivencia provincial) o por seis meses, si fue por el Código Penal.

¿Cuál de las dos alternativas creen ustedes que ayudaría más a concientizar sobre la necesidad de no hacer pelotudeces en el medio de la pandemia, que nos terminan perjudicando a todos? Tuit relacionado: 
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domingo, 19 de julio de 2020

LA ÚLTIMA CUENTA DE MIGUEL


Está disponible en la página de la provincia la Cuenta de Inversión 2019 (completa acá), que corresponde en casi su totalidad al último año de gestión de Miguel Lifschitz y el socialismo en Santa Fe. Y como es costumbre acá, nos metimos a analizar los números, que arrojan algunas conclusiones muy interesantes, a saber:  

 * El total de gastos fue $ 350.647.471.023,49, y el resultado financiero del ejercicio arrojó un déficit de $ 16.452.253.825,91. El gasto en "Personal" representó el 34,40 %, un aumento marginal respecto al 34,21 % del año 2018, pero por debajo incluso en términos porcentuales del 2017, aun con "cláusula gatillo" en las paritarias. 

* Con 68.996.522.116,79, el gasto en Educación representó el 19,67 % del gasto total; el porcentaje más bajo de toda la serie de gobiernos socialistas 2007-2019, confirmando así la tendencia constante a la baja en la participación porcentual del área en el gasto público que se evidenció desde el último año del gobierno de Obeid (2007).

 * Del total del gasto en Educación, solo un 0,11 % ($ 77.232.586,61) se destinó a "Maquinaria y Equipo", por ejemplo computadoras en las escuelas. Recordemos que hace poco el gobierno de Perotti distribuyó 31.000 netbooks que vinieron de "Conectar Igualdad" y estaban en un galpón, sin repartir. Con $ 298.679.084,73 gastado en el rubro, solo el 0,43 % del presupuesto educativo se destinó a "Construcciones", o sea obras en las escuelas. 

* El gasto en Salud (caballito de batalla de la propaganda socialista) representó el 8,36 % del gasto total, retrocediendo unas centésimas respecto del 2018 (cuando fue del 8,41 %) . De ese total, los casi 3920 millones de pesos que la provincia destinó a financiar el funcionamiento integral de los hospitales municipales de Rosario representaron el 13,36 %, incrementando en casi dos puntos su participación porcentual en los gastos en Salud respecto a 2018, como consecuencia del mecanismo de "indexación de costos" pactado entre la provincia y la Municipalidad (ver más info acá) 

* Con $ 4.878.570.863,85 invertidos, Desarrollo Social representó apenas el 1,39 % del gasto total de la provincia, el año pasado. Significa la participación porcentual más baja de todo el ciclo socialista 2007-2019, y confirma la tendencia casi contante a la baja en la inversión en políticas sociales, observada desde que el FPCyS llegara al gobierno de Santa Fe. 

 * Las "Transferencias" (es decir, el dinero que llega directo a los beneficiarios de los diferentes programas) representaron el 59,07 % del gasto en Desarrollo Social, una leve mejora marginal respecto del 58,89 % del 2018, pero muy por debajo del 75 % del 2007 (último año del gobierno de Obeid). 

* Los subsidios de la "cajita feliz" de la Legislatura estuvieron a tono con el año electoral: el Senado tenía asignados 249 millones para ese fin, y terminó gastando $ 373.971.334,64, casi un 50 % más. Diputados (presidida por Bonfatti, el año en que intentó ser de nuevo gobernador) tenía asignados en el presupuesto 203 millones para subsidios, pero terminó gastando $ 503.376.853,00: un 147,97 % más.

* Otro tanto pasó con Lifschitz y los subsidios de la Gobernación: con 193 millones asignados en el presupuesto, terminó gastando $ 345.331.837,90, un 78,93 % más.  Si se compara la cifra con lo gastado en 2018 (207 millones) el aumento interanual en el año electoral fue del 66,55 %. 

 * Detalle: al armarle a Perotti el presupuesto 2020, Lifschitz incluyó una partida de subsidios de la Gobernación por 193 millones de pesos, o sea menos incluso que lo que él mismo gastó en 2018 (dos años antes) y muchísimo menos de lo que efectivamente gastó el año pasado. Para tener en cuenta cuando te hablen del clientelismo peronista.

* Las tres principales cajas de pauta publicitaria oficial de la provincia se vieron sustancialmente infladas el año pasado (año electoral) en relación con las partidas originales previstas a esos fines en el presupuesto. En el área de Comunicación Social el monto asignado eran 384 millones y se terminaron gastando $ 656.203.820,12 (un 70,88 % más) y en la Lotería se pasó de los $ 541.189.000,00 previstos en el presupuesto a los $ 545.312.737,20 efectivamente gastados. 

La diferencia más impactante estuvo, sin embargo en términos comparativos, en la Agencia Provincial de Seguridad Vial: con un presupuesto original en publicidad de $ 20.535.000, terminó gastando $ 47.944.749,18; o sea un 133,48 % más.

 * El total del gasto del Estado provincial en pauta publicitaria oficial el año pasado fue de  $ 1.292.639.832,01 (casi 1293 millones de pesos), que representaron el 0,37 % del gasto total, con un 53,35 % de aumento interanual respecto a 2018. Unos 400 pesos por santafesino, digamos.

 Que no parezca poco: son 300 millones de pesos más que el gasto completo el año pasado del Ministerio de la Producción: $ 992.276.010,33, que representaron solo el 0,28 % del gasto total de la provincia en 2019, e incluso menos, si se descuentan algo más de 7 millones de pesos que esa cartera gastó en publicidad oficial.
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miércoles, 8 de julio de 2020

GINÉS Y 10 MÁS


Hace apenas siete meses no teníamos pandemia, pero tampoco teníamos Ministerio de Salud: menos mal que cuando apareció una, ya había vuelto el otro. Y eso nos permite irla sobrellevando, con muchas mejores cifras que un gran número de países, incluidos todos nuestros vecinos. Menos contagios, menos casos fatales.

Hace siete meses, cuando no teníamos pandemia ni Ministerio de Salud, tampoco teníamos vacunas para combatir el sarampión, y por eso tuvimos un brote de la enfermedad, ayudado también por la desaprensión social de los antivacunas; y por la desidia del gobierno de Macri: las vacunas estaban, pero amontonadas en un galpón de la Aduana. Tuvo que venir éste gobierno, a reimplantar el Ministerio de Salud, y ponerlo al frente a Ginés, para que fuera a la Aduana y rescatara del olvido antes de se vencieran, 12 millones de dosis de la vacuna contra el sarampión, que el gobierno anterior había dejado abandonadas. 

Gracias a eso y a una campaña eficiente de concientización y vacunación, ayer el Ministerio de Salud pudo declarar a la Argentina país libre de sarampión, después de doce (12) semanas sin casos. Solo por eso (sin contar como vienen manejando la pandemia) ya deberíamos estar agradecidos a Ginés y su equipo; y reivindicar la decisión de Alberto Fernández de haber repuesto en la estructura del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Salud.

Pero hubo más: ayer apareció publicada en el Boletín Oficial la Resolución 1176 firmada por el propio Ginés (completa acá), por la cual se decidió instruir a la Dirección de Asuntos Judiciales del Ministerio "...para que inicie acción de lesividad respecto de la Resolución de la ex Secretaría de Gobierno de Salud del entonces Ministerio de Salud y Desarrollo Social N° 1909 de fecha 16 de septiembre de 2019, por la cual se aprobó la renegociación de precios a favor de la firma Laboratorios Bagó S.A., en el marco de la Licitación Pública N° 27/17, respecto a la Orden de Compra N° 80-1147-OC18, por la suma total de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 3.367.734,99) por hallarse afectada de nulidad absoluta de conformidad con los fundamentos expuestos en los considerandos."

En la misma resolución se instruye a la Dirección de Sumarios para realizar "...un sumario administrativo con el objeto de esclarecer los hechos y circunstancias relativos a la aprobación del acto administrativo referido en el artículo 1°,..." y a la Dirección de Asuntos Judiciales "....a formular denuncia penal por la posible comisión de delito en perjuicio de la Administración Pública.", y a que "...inicie las acciones judiciales tendientes al recupero de las sumas abonadas en concepto de la renegociación aprobada mediante el acto administrativo, cuya nulidad deberá ser declarada en sede judicial."

La propia Resolución de Ginés nos cuenta que fue lo que pasó, durante el gobierno de Macri, y la gestión del ahora locuaz Rubinstein, que tiene como opositor todas las soluciones para los problemas de la salud que no supo encontrar (o peor aun, generó) como oficialista). Dice así (las negritas son nuestras): "Que en la citada Licitación Pública resultó adjudicataria, entre otras, la firma Laboratorios Bagó S.A. respecto de los renglones 4, 12 y 28, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 80-1147-OC18 por PESOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 13.662.771,42), quedando perfeccionado el contrato el 6 de septiembre de 2018. Que con fecha 2 de octubre de 2018 la mencionada firma presentó... una solicitud de “redeterminación de precios” respecto de los renglones adjudicados."

"Que en su presentación, Laboratorios Bagó S.A., argumentó “…circunstancias externas y sobrevinientes afectaron de modo decisivo el equilibrio contractual. Como consecuencia, se produjeron desde el momento de la cotización inicial hasta la fecha, variaciones significativas en los distintos componentes del costo”. Que la citada firma detalló los nuevos precios solicitados para cada renglón adjudicado, elaborados en base a la evolución del IPC, del IPM, de los salarios y del dólar, durante el periodo comprendido entre diciembre 2017 y septiembre de 2018. Que dándose curso a la tramitación, la entonces Dirección Nacional de Medicamentos y Tecnología Sanitaria señaló “…se aclara que el análisis de la misma [la presentación efectuada por el proveedor] se fundamenta en el contexto macroeconómico y la alteración de las variables económicas y financieras suscitadas en los últimos meses del año 2018, circunstancias difíciles de prever para las partes al momento de perfeccionarse el contrato, que pudieron tornar excesivamente onerosa la prestación”.

"Que la citada Dirección adjuntó el denominado “Informe de razonabilidad” ...sobre los nuevos precios requeridos por el proveedor, en el que se utilizaron diversos índices que abarcaban desde la fecha de apertura hasta el mes de marzo de 2019, considerando para su proyección la inflación mensual estimada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). La aplicación de las variables descriptas en dicho Informe arrojó un límite inferior y un límite superior de precio para cada producto, estimándose razonable que la renegociación se ubicara dentro de tales bandas....limitándose a invocar “… razones sanitarias, de sustentabilidad, presupuestarias y de oportunidad”." 

"Que, en tal sentido,...“el proveedor deberá acreditar, en el marco de un contrato vigente -ya sea de suministro de ejecución diferida o de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios- el acaecimiento de circunstancias externas e imprevisibles, sobrevinientes a la celebración del contrato, que hayan alterado de modo decisivo el equilibrio contractual, tornando excesivamente onerosas las prestaciones a su cargo. A tal fin deberá acompañar la documentación pertinente y/u ofrecer los demás medios de prueba que a tal fin considere necesarios, junto a una explicación circunstanciada de la afectación que las mismas pudieron haber tenido sobre las obligaciones que sobre él recaen”. Que siendo condición sine qua non que las circunstancias externas hayan acaecido en forma sobreviniente a la celebración del contrato, aquellas indefectiblemente debían ocurrir con posterioridad a la notificación de la pertinente Orden de Compra, momento en el cual el contrato queda perfeccionado. Que la Orden de Compra N° 80-1147-OC18 fue notificada el 6 de septiembre de 2018 y la firma Laboratorios Bagó S.A. interpuso su presentación solicitando la renegociación de los precios de los productos comprendidos en la misma el 2 de octubre de 2018, a menos de un mes de perfeccionado el contrato.".

"Que por consiguiente, la admisibilidad de la renegociación en los términos del artículo 96 del Decreto N° 1030/2016 exigía la comprobación, en forma fehaciente y documentada, de la existencia de hechos externos, acaecidos en los veinticinco días transcurridos entre la notificación de la orden de compra y la presentación de la solicitud de renegociación, que hubieran provocado la afectación decisiva del equilibro contractual. Que el análisis de tal cuestión fundamental y determinante fue omitido a lo largo de la totalidad de la tramitación que culminó en la aprobación de la renegociación de los precios oportunamente adjudicados, a la que se dio curso solo con la presentación de la referida firma, sin exigírsele documentación respaldatoria alguna y considerando la evolución de distintas variables no sólo de desde nueve meses antes del perfeccionamiento sino también hasta seis meses después del pedido de renegociación. Que en ese orden, sin constatar la existencia de circunstancias sobrevinientes, acaecidas entre el perfeccionamiento del contrato y la solicitud de renegociación, ni que las mismas hayan afectado de modo decisivo el equilibrio del contrato, las autoridades intervinientes aludieron en forma general al contexto macroeconómico, a la alteración de variables en un periodo muy anterior al perfeccionamiento del mismo, proyectaron la posible evolución de precios en el futuro, invocaron razones sanitarias, de sustentabilidad, presupuestarias y de oportunidad, todo ello para arribar a una actualización de precios a favor del proveedor del 25%."

"Que, por tanto, no fue merituada la procedencia de un mecanismo de aplicación restrictiva cuya utilización debe encontrarse sumamente justificada, toda vez que altera las condiciones del contrato a favor del proveedor, asumiendo el Estado la obligación de pagar sumas adiciones a las pactadas originalmente. Que durante el transcurso del procedimiento de contratación hasta el perfeccionamiento del contrato, si el oferente estima que no le resulta conveniente mantener su oferta tiene la posibilidad de retirarla, tal como algunos oferentes hicieron con la totalidad de sus propuestas; pero no es tolerable bajo ningún aspecto que aceptado el contrato por el proveedor, la Administración le reconozca días después sumas adicionales sin sustento legal alguno."

"Que la improcedencia de su aplicación al caso se motiva en que las circunstancias alegadas para fundamentar el presunto desequilibrio del contrato fueron anteriores a su perfeccionamiento, lo cual impide reputarlas como sobrevinientes y menos imprevisibles, sin perjuicio de que, más allá de la ausencia de estos presupuestos esenciales, no se haya acreditado desequilibrio alguno."

Para que se entienda: lo que está diciendo Ginés es que Rubinstein le reconoció al Laboratorio Bagó S.A- un sobreprecio ("redeterminación") del 25 % por encima de la oferta que presentó en la licitación (y por la cual ganó), con el solo pedido de la firma, y sin exigirle que demuestre que mantener el precio ofertado le ocasionaba un perjuicio. Y por eso pide anular judicialmente el acto, y accionar para recuperar lo que el Estado pagó indebidamente de más, en su consecuencia.

Es decir que a lo mucho y bueno que viene haciendo en su quehacer específico (cuidarnos a todos) al frente del Ministerio, Ginés le suma la decisión de avanzar en investigar y desmantelar los curros macristas en el Estado, para favorecer negocios e intereses privados. Un gesto más a valorar, en un gobierno en el que estos hechos no abundan.
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