LA FRASE

"EN ÉSTE PAÍS NO SE PUEDE TENER MENTALIDAD EMPRENDEDORA Y ARRIESGARSE EN LA BÚSQUEDA DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PORQUE ENSEGUIDA TE DESTRUYEN CON LA MÁQUINA DE IMPEDIR." (JOAQUÍN BENEGAS LYNCH)
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sábado, 5 de noviembre de 2022

RECLAMAN DERECHOS DE AUTOR

 

sábado, 24 de septiembre de 2022

UNA JUSTICIA RE COPADA

     

¿Vieron que ahora está de moda hacer la del tero con la justicia y sus relaciones con el poder político, pegando el grito por un lado y poniendo los huevos por el otro?

Algo así sucede en la nación, con la discusión en el Senado de un proyecto de ley para ampliar a 15 el número de miembros: "es para garantizarle la impunidad a Cristina, no lo vamos a permitir", salen a gritar a coro los tipos que metieron dos de los actuales cuatro miembros del tribunal por decreto, uno de los cuáles se votó a sí mismo como presidente de la Corte, y del Consejo de la Magistratura. Si hasta se queja del tema Gerardo Morales, que lo primero que hizo en Jujuy cuando asumió fue armar una Corte a su medida con diputados radicales, parientes y amigos.

Pero acá en Santa Fe también se consigue la indignación republicana de los hipócritas que, en esas cuestiones, están más sucios que una papa: vemos acá como los legisladores provinciales de lo que otrora fuera el Frente Progresista, en trance de transformación en Unión Democrática santafesina para las elecciones del año que viene, protestan porque hace unos días Perotti modificó por decreto la reglamentación del Consejo de la Magistratura (que en Santa Fe no tiene rango constitucional, ni siquiera legal) en lo que hace a la conformación de los jurados de concursos para -entre otros- cargos en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público de la Defensa Penal.

Pues bien, esta gente a partir de eso sospecha de la transparencia de los concursos que deben realizarse para cubrir cargos muy importantes, como el Fiscal General (el jefe de todos los fiscales), los cinco fiscales regionales, el Auditor del MPA (o sea el encargado de controlar la labor de todos los fiscales y el Defensor o Defensora General.

Como toda institución estatal, el MPA (creado durante el segundo gobierno de Obeid, pero que solo empezó a funcionar ya con el Frente Progresista) debería ser juzgado por sus resultados, y de ser así, el santafesino no sale muy bien parado que digamos: hasta acá ha sido más un aguantadero de radicales y socialistas para colocar gente que les cubra las espaldas cuando no estuvieran en el gobierno, que algo que sirviera para mejorar la administración de justicia, o contribuir a disminuir los niveles de delito: los porcentajes de condenas por hechos delictivos a los que llega son alarmantemente bajos, por ejemplo.

Pero si algo no tuvo el MPA hasta acá, ha sido independencia de los poderes políticos, o no injerencia de éstos en su funcionamiento: baste recordar que por estos días se discute en la Legislatura una ley para dar marcha con la reforma que, en tiempo relámpago, aprobaron en 2017 radicales y socialistas para que las sanciones disciplinarias a los fiscales por mal desempeño de sus funciones las disponga la Legislatura en lugar del propio MPA, como era al principio. Sucedió luego de que algunos fiscales investigaran en simultáneo a Pullaro (entonces ministro de Seguridad de Lifschitz) por acomodos en los concursos para ascensos en la policía y en chanchullos varios de la cartera, y a Corral por el escándalo de las cooperativas truchas.

Tampoco es la primera vez que en la provincia se modifica la reglamentación de funcionamiento del Consejo de la Magistratura: solo considerando el tiempo transcurrido entre diciembre del 2007 (asunción de Binner como gobernador) y octubre del 2013 (mitad del mandato de Bonfatti), es decir cuando se ponía en marcha el sistema acusatorio en el proceso penal en Santa Fe y comenzaba a funcionar el MPA, hubo siete (7) modificaciones del reglamento del Consejo, siempre en lo atinente a los concursos para cubrir cargos. Y los tres gobernadores del socialismo (Binner, Bonfatti y Lifschitz) cada uno a su turno lo "crearon" de nuevo, como si no existiera.    

Y lo que más hicieron fue acomodar gente a lo pavote en la justicia, en el MPA y en el Servicio de la Defensa; tata que -por ejemplo- de las 45 personas que ahora se anotaron para los concursos en los cargos vacantes de Fiscal General, Fiscales Regionales (5) y Auditor, 25 ingresaron al MPA siendo designados durante los gobiernos del Frente Progresista, entre 2013 y 2018, casi todos ellos (por no decir todos) sin previa carrera en el Poder Judicial, o sea desde la calle.

En esa situación están 7 de los 13 anotados para el cargo de Fiscal General, 10 de los 16 anotados para el cargo de Fiscal Regional de Santa Fe, 11 de los 15 anotados para el cargo de Fiscal Regional de Rosario, y 5 de los 11 anotados para el cargo de Auditor del MPA; más de uno de ellos ex funcionarios políticos de los gobiernos de Binner, Lifschitz y Bonfatti. 

Si hiciéramos el mismo repaso para los anotados para cargos en el Servicio Público de la Defensa (incluyendo el cargo de Defensor General), sería igual o peor: en ésta nota de hace algo más de un año contaba Gustavo Castro como más de 30 funcionarios políticos de los gobiernos socialistas entraron a la justicia sin escalas, en las gestiones del Frente Progresista.   

Por el contrario, entre las 45 personas anotadas para cubrir distintos cargos en el MPA (que en la práctica son 82, porque varios se anotaron simultáneamente en más de un concurso) no hay ningún funcionario del actual gobierno de la provincia. Lo cual sería un motivo menos de preocupación para gente que suele estar preocupada por las instituciones, la república y coso, sobre todo cuando no gobierna.

jueves, 10 de febrero de 2022

EL PLAN ES QUE NO VUELVA A GANAR EL PERONISMO

 

Apenas tres días después del triunfo de Omar Perotti en las elecciones a gobernador del 2019, decíamos acá sobre la situación en que quedaba el socialismo: "Datos que marcan una línea continua de declive electoral, político y de espacios de representación de un partido que nació municipal porteño, habilitó una sucursal municipal santafesina con éxito para proyectarse a la provincia durante algunos años, que desperdició sin poder afianzarse territorialmente en Santa Fe (a lo largo y a lo ancho de su territorio), ni mucho menos proyectarse a nivel nacional como una fuerza en condiciones de terciar en la disputa con alguna chance más o menos cercana de éxito.". 

"Salvo cambios sustanciales de mediano plazo que no se avizoran en el presente (entre ellos, remover a la gerontocracia que conduce el partido como un club de bochas, sin demasiada discusión interna, aunque no exento de puteríos), tienen cantado el mismo destino del Partido Demócrata Progresista: una lenta pero paulatina extinción.".

Y muy lejos no anduvimos, aunque por supuesto no se podía prever entonces el fallecimiento de Miguel Lifschitz, el único candidato taquillero electoralmente que les quedaba. En las elecciones nacionales del año pasado anduvieron en el 10 u 11 % de los votos, obtuvieron una sola banca de diputados (la de Mónica Fein) y sus dos diputados en el Congreso nacional (no tienen senadores) armaron un bloque de buscas junto con Graciela Camaño y Randazzo.

En éste contexto, que reaparezca Bonfatti (único candidato "electorable" que les queda, machucado y todo por la derrota frente a Perotti), y empiece a blanquear los contactos con el PRO para armar un gran frente antiperonista de cara a las elecciones del 2023, no puede sorprender: se trata simplemente de reiniciar el camino de la vieja Alianza Santafesina de los 90' con Usandizaga y Natale, y si nos queremos ir más atrás, de la Unión Democrática del 45'.

Por supuesto que en éste caso -como en esos antecedentes- el socialismo ya no será la locomotora como lo fue en la fenecida (aunque no tenga formalmente certificado de defunción) experiencia del Frente Progresista, por obvias razones de decaimiento electoral.

En todo caso lo que están sopesando en el partido de la rosa son sus chances de mantener algunas bancas en la Legislatura provincial, donde el recambio del año que viene pondrá fin a la experiencia del "Festilindo" legislativo en el que llevan ya dos años, viviendo la ficción de un gobierno paralelo al de Perotti, muestra de que no han logrado superar y asumir que perdieron las elecciones.

Y como siempre pasa con nuestro "progresismo" vernáculo (del cual el socialismo santafesino es una de las muestras más representativas), la colada como vagón de cola en el nuevo tren antiperonista provincial viene disfrazada de los "acuerdos programáticos", no sea cosa que alguien piense que se trata simplemente de escaparle a la irrelevancia, en busca de salvar algunos conchabos.

En un punto, después de haber apoyado como candidatas presidenciales a Carrió (2007) y Stolbizer (2015), y haber acompañado en el 2019 una fórmula integrada por Lavagna y Urtubey, que terminen aliados con el PRO -con el que votaron casi todo en común en el Congreso entre 2003 y 2015- , casi que es hasta lógico y natural.

Mientras tanto -es decir, mientras la oposición al peronismo provincial se junta en un gran frente con todas las vertientes del gorilismo local-, en el peronismo algunos viven en una Narnia en la que, por extraño que parezca, perder ampliamente una elección interna te fortalece para plantear "renunciamientos históricos" vaya uno a saber que, y cuestionamientos gaseosos -habiendo tantos concretos para hacer- a la gestión del gobierno provincial; también -digamos todo- para generar una cortina de humo que encubra la movida de haber pasado del "Equipo Cristina", al "Equipo Alberto".

jueves, 5 de agosto de 2021

PRIMERAS CONSECUENCIAS DE LA INTERNA

 

La interna que se viene en el peronismo santafesino para las PASO a cargos nacionales tuvo una explicación "nacional" y de cara a las elecciones del 2023 ensayada desde el sector de Agustín Rossi (el efecto Seita, digamos), y también tiene un contexto provincial previo, concomitante y posterior al cierre de listas; contexto que intentaremos brevemente describir. 

El peronismo santafesino conformó en 2019 el Frente de Todos (la marca fue "Frente Todos") para las elecciones provinciales de ese año, pasó el filtro de una interna por la candidatura a gobernador entre María Eugenia Bielsa y Omar Perotti, previo "baño de humildad" ordenado por Cristina a los candidatos kirchneristas que expresaron su intención de competir por la gobernación: Leandro Busatto, Marcos Cleri y Marilín Sacnún, el primero de la Corriente Nacional de la Militancia (Rossi), los otros dos de la Cámpora. 

Perotti ganó la interna, el peronismo santafesino (a diferencia de lo que había ocurrido en el 2011) logró retener la mayor parte de sus votos para la general, y la división del antiperonismo en dos ofertas electorales (el Frente Progresista y Cambiemos) le facilitó el triunfo, para volver a la Casa Gris después de 12 años. También -a diferencia del 2015- logró contener la fuga de dirigentes y votos del PJ al PRO: como ven, el "efecto Seita" acá ya sucedió, y fue corregido.

Delicias de la boleta única (un engendro que el Frente Progresista no podría haber aprobado sin la invalorable colaboración de los senadores provinciales del PJ), el peronismo ganó la gobernación, pero perdió la elección para diputados, y con ella la mayoría automática (28 bancas sobre 50 del total de la Cámara) que otorga la Constitución. La elección de la lista de diputados del PJ y sus aliados fue mala, tanto que no solo perdió con la que encabeza Miguel Lifschitz por el FPCyS, sino que además estuvo a punto de perder con la que encabezaba Amalia Granata, otro producto de "la nueva política" que aprovechó la boleta única, que fortalece la "candidatocracia", por sobre las estructuras de los partidos políticos.

Así las cosas, Perotti arrancó el gobierno teniendo 12 de 19 bancas en el Senado provincial que en teoría eran oficialistas, y 7 de 50 diputados. A poco de comenzar el gobierno, estalló la crisis con el sector de Traferri, y el bloque del peronismo en el Senado provincial se partió en dos: 6 senadores conducidos por Traferri pasaron a alternar -según los temas- entre oficialismo y oposición, pasando a ser cada día más opositores que oficialistas. Y el ¿massista? "Cachi" Martínez (hoy candidato en la lista de Rossi) armó un monobloque separado en Diputados, reduciendo aún más el minúsculo bloque oficialista en la Cámara.

El disparador del conflicto entre el gobernador y parte de los senadores fue el paso de Marcelo Saín por el Ministerio de Seguridad y sus acusaciones a Traferri y otros protagonistas de la política santafesina (incluyendo de la oposición, que en sus 12 años de gobierno tuvo dos jefes de policía presos por narcotráfico) de tener vínculos con el delito, pero hubo hechos anteriores que prefiguraban lo que podía pasar, incluso antes de que Perotti llegara a la Casa de Gobierno: en la larguísima transición de seis meses entre su elección y la asunción del mando, Traferri y un sector de los senadores del PJ acordaron con Lifschitz aprobarle al nuevo gobernador el presupuesto para el primer año de su gestión, y darle fuerza de ley al denominado "Plan Abre" para repartir fondos entre las municipalidades, pero dejando de lado a las comunas.

Ese sector es el que acaba de hacer alianza con Agustín Rossi, colocando a Alejandra Rodenas (la vicegobernadora), como su compañera de fórmula para el Senado de la nación. Los otros 6 formaron un bloque "perottista", dos de los cuales (Lewandosky y Castelló) son hoy candidatos en las listas acordadas entre Perotti y Cristina para las elecciones nacionales.

Esta realidad política provincial (anterior al cierre de listas nacionales, pero que explica bastante el contexto en el que se llega a las mismas) determinó que en casi 20 meses de gobierno Perotti no haya logrado encauzar su agenda legislativa: el presupuesto de éste año fue aprobado con la insistencia de la entente senadores del bloque Traferri-socialismo/UCR en sostener el Plan Abre contra el Plan Incluir (que incluye a todos los municipios y comunas) lanzado por el gobernador como emblema de su gestión, y las principales iniciativas parlamentarias remitidas por el Poder Ejecutivo provincial aguardan ser aprobadas por la Legislatura: modificación del régimen de sanciones por violar las restricciones sanitarias por la pandemia, declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios, creación de un ente autárquico para administrar la autopista Santa Fe-Rosario, el plan de conectividad digital, la creación de una empresa del Estado provincial que preste servicios de internet, cable y hasta telefonía celular, la ampliación de los mandatos de las comisiones comunales, entre las más relevantes.

Esa paralización coexiste con un intento de "gobierno parlamentario", para imponer en base a los números de las bancas legislativas un programa de gobierno que no fue el que votaron los santafesinos en el 2019. Sobresalen en ésta tarea los socialistas (encabezados por Lifschitz hasta su fallecimiento) y los radicales "ex progres" hoy en deconstrucción hacia "Juntos por el Cambio", liderados por Maximiliano Pullaro, el que fuera ministro de Seguridad del último gobierno del FPCyS: los tipos parecen tener respuestas para todo, y Pullaro particularmente se prueba ya el traje de gobernador. Habrá que ver si las cifras de votos que obtienen unos y otros en las PASO (en las que Pullaro es candidato en la interna de JxC) les permiten sostener la pretensión.

Resultado de éste panorama es lo que se describe en ésta nota del diario de Nahuel sobre la actividad en Diputados: el nuevo presidente de la Cámara (Pablo Farías, del socialismo) dice que hay una agenda de temas a tratar, entre los que no se incluye ninguno de los pedidos por el gobernador, y lo fundamenta en que "no hay oficialistas en la Cámara de Diputados de la Provincia". En realidad no es cierto, pero se la dejaron servida: hace una semana cuatro de los siete diputados elegidos en 2019 en las listas del Frente de Todos presentaron un proyecto para que el gobernador  y sus funcionarios se tomen licencia en sus funciones mientras dure la campaña electoral, en el caso que sean candidatos: Perotti lo es, a senador suplente, y la vicegobernador como se dijo, acompaña a Rossi en la fórmula y ya pidió -mal: debió ser a la Asamblea Legislativa- licencia al Senado, que se la concedió de inmediato.

Como cualquier gobernador santafesino desde que se aprobó la actual Constitución provincial desde 1962, Perotti no tiene posibilidad de reelección al final de su mandato; y con la actual composición de la Legislatura, nada indica que podría lograr una reforma constitucional que la introduzca, si ésa fuera su intención. De modo que, conforme avance su mandato, no ya él sino el conjunto del peronismo santafesino debería comenzar a pensar como resolver su sucesión, si es que la intención es seguir gobernando Santa Fe desde 2023.

En ese contexto, un grupo de cuatro diputados provinciales oficialistas (repetimos: no opositores, oficialistas), de los cuales tres son también candidatos en las próximas elecciones, piden que el gobernador se tome licencia, y se lo acusa de intentar imponer una hegemonía en el peronismo santafesino. Y hasta donde sabemos hoy, ningún opositor secundó la iniciativa, lo que demostraría que no hace falta, porque el daño ya está hecho, aunque el proyecto nunca avance.

jueves, 3 de junio de 2021

PARA SER OPOSITOR NO HACE FALTA SER BOLUDO, PERO UN POCO AYUDA

 


Para entender lo que dice el título del spot, bastaría ver lo que está sucediendo en el orden nacional con las vacunas, el "Pfizergate" y el gremio de visitadores médicos también conocido como "Juntos por el Cambio": que si no vienen vacunas, que si vienen pero pocas, que si vienen muchas pero no son Pfizer, que si pidieron coimas, que desmienten que hayan pedido coimas pero que expliquen por qué no vinieron, y así hasta el infinito. Pero como dice el refrán, "en todos lados se cuecen habas, y en mi casa a calderadas". Y si no veamos lo que está pasando acá en Santa Fe con las elecciones a cargos municipales y comunales que deben hacerse éste año, y los reclamos de la oposición al gobierno provincial.

Al respecto, leemos en el diario de Nahuel: "Ansiedad e incertidumbre en los partidos políticos de Santa Fe. Los dirigentes siguen atentos lo que suceda en el Senado de la Nación exigen, mientras tanto, (?) (acá estaría haciendo falta un verbo, NE) definiciones al gobernador Omar Perotti. Este miércoles, la Cámara Alta del Congreso debería votar y sancionar el proyecto de ley que posterga por un mes las elecciones. De ser así, las primarias serían en setiembre, y las generales en noviembre.  En la provincia, el Poder Ejecutivo decidió realizar comicios locales de manera simultánea a los nacionales, pero por la normativa vigente, debió emitir en abril el decreto de convocatoria a elecciones. Y ello activó un calendario electoral que se mantiene vigente, hasta tanto se vote la prórroga nacional y se aggiorne - con otro decreto de Perotti- el cronograma local.".

"Mientras tanto, hay plazos que vencen. Ya expiró, de hecho, el que se estipulaba para presentar alianzas. Con la prórroga de las elecciones, hubiese habido tiempo hasta el 4 de julio. Pero sin ley, las fuerzas partidarias debieron regirse por el plazo original que venció el pasado viernes, y apurar la conformación de frentes. En lo inmediato, hay otro vencimiento que genera gran inquietud en los partidos: viernes 4 de junio, último plazo para presentar precandidatos ante las autoridades partidarias. Si hubiese prórroga, ese plazo se extendería hasta el 9 de julio."

"En las últimas horas, el propio Perotti dijo públicamente que ni bien el Congreso sancionara la prórroga, emitiría como titular del Ejecutivo provincial un nuevo decreto adecuando las fechas de elecciones locales a las nacionales, y estableciendo la correspondencia debida con el calendario electoral. Pero la declaración no fue suficiente para calmar los ánimos de la oposición, que ve "especulación" más que prudencia en el accionar del oficialismo. Por eso, en las últimas horas, todos los partidos que integran el Frente Progresista le enviaron una nota directamente al gobernador Omar Perotti. Allí le solicitan que "de manera inmediata y urgente, disponga la suspensión de los plazos" dispuestos en el cronograma electoral, "prorrogándolos de acuerdo a las nuevas fechas previstas para las elecciones nacionales". "El vencimiento de estos plazos sin prórroga alguna (...) obliga a todas las fuerzas políticas a realizar acciones contrarias a las restricciones impuestas por la pandemia. Y la falta de comunicación oportuna – acotan- genera un alto grado de incertidumbre entre dirigentes y autoridades políticas que a pocos días de vencerse uno de los plazos más importantes, ignoran cuál va a ser la definición oficial sobre el mismo". Para los partidos del Frente Progresista, esta situación "inédita e injusta, lesiona el devenir ordenado y correcto del sistema democrático que alcanza su punto de mayor expresión en todo acto electoral"."

"Una salida a la irresolución del tema para prescindir de cualquier contingencia que pudiera implicar volver a prorrogar la sesión del Senado nacional, sería la sanción de una ley de excepción que posponga los plazos electorales en la provincia, o autorice al Ejecutivo a hacerlo. Como antecedente, la oposición cita lo sucedido en 2009, a propósito de la situación generada por los casos de Gripe A. Aludió al tema sutilmente este martes el gobernador, cuando dijo "yo no tengo potestad para modificar la ley pero la Legislatura, sí". Los legisladores, sobre todo del arco opositor, recogieron el mensaje y dijeron – ante las consultas de El Litoral- que están dispuestos a votar el eventual mensaje del Ejecutivo "mañana mismo". Pero esperan eso; que la iniciativa parta de la Casa Gris, o como mínimo, de algún diputado o senador del Partido Justicialista. Hasta aquí, sin embargo, no existe intención en el gobierno de generar tal iniciativa. Y todas las miradas apuntan, por ahora, al Congreso de la Nación." (las negritas son nuestras)

Repasemos entonces las preocupaciones opositoras: 1) El cierre de las alianzas (o sea, si arman un solo frente anti-peronista o varios), 2) El cierre de las candidaturas (la rosca interna de cada partido), 3) Tener que juntarse para rosquear, violando las restricciones a reuniones que impliquen concurrencia de personas. Y 4) Reconocen que haría falta una ley, pero no tomaron la iniciativa de presentarla, aunque tienen mayoría en las dos Cámaras (en el Senado, si contamos al traferrismo). ¿Pero qué dicen al respecto las normas electorales vigentes en Santa Fe?

Primero la Constitución Provincial, que en su artículo 72 inciso 15) dice que el Gobernador "Efectúa las convocatorias a elecciones en los casos y oportunidades legales;". Es decir, convoca a votar, un día determinado; que a veces debe ser dentro de un determinado plazo >(como el del artículo 70 para la elección de gobernador y vice). Antes, su artículo 55 inciso 3) dice que le corresponde a la Legislatura "Legislar en materia electoral;", y el inciso 27) del mismo artículo, "En general, ejercer la potestad legislativa en cuanto se considere necesario o conveniente para la organización y funcionamiento de los poderes públicos...". 

Para que quede más claro, el artículo 29 de la misma Constitución de Santa Fe dice que "La Legislatura de la Provincia dicta la ley electoral con las garantías necesarias para asegurar una auténtica expresión de la voluntad popular en el comicio, con inclusión, entre otras, de las siguientes:...La ley establece la composición y atribuciones del Tribunal Electoral.(Otra vez las negritas son nuestras). La ye, no un decreto; aclaración que hay que hacer porque ese Tribunal Electoral (compuesto por el presidente de la Corte Suprema y dos camaristas del Poder Judicial) es el que fija el cronograma electoral, una vez que el Poder Ejecutivo (el gobernador) decretó la convocatoria: o sea, el gobernador no puede suspender o prorrogar ningún plazo para formar alianzas o presentar listas, porque es competencia de la justicia.

En el 2012 (gobierno de Bonfatti) la Legislatura dictó la Ley 13333, que en su artículo 1º segundo párrafo dispuso lo siguiente: "El Poder Ejecutivo podrá disponer que las elecciones de autoridades municipales y/o comunales, se realicen simultánea y conjuntamente en el mismo acto con las elecciones de autoridades provinciales y/o nacionales, no teniéndose en cuenta el término fijado en el párrafo precedente al sólo efecto de hacer coincidir cualesquiera de aquellas con éstas.". O sea, en las elecciones de autoridades municipales y comunales (no en las provinciales: gobernador y vice, senadores y diputados provinciales, por lo ya dicho del artículo 70 de la Constitución), el gobernador si quiere, puede convocar a elecciones el mismo día que las elecciones nacionales.

Que fue precisamente lo que hizo Perotti con el Decreto 281, del 9 de abril;  en cuyo artículo 1º se estableció "la realización simultánea y conjunta de elecciones municipales y comunales con los comicios para la elección de cargos nacionales, en virtud de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 1º de la Ley Provincial N° 13333...", fijándose el 24 de octubre para la elección general por el artículo 2, y el 8 de agosto para las PASO, por el artículo 3.

Y para más claridad, señaló esto en el artículo 7: "En caso de producirse modificaciones en relación a las fechas de realización de las elecciones nacionales, se reajustarán en consonancia las establecidas en los artículos 2° y 3° del presente decreto, a los efectos de mantener la simultaneidad de las convocatorias.". O sea, se convocan el mismo día que las elecciones nacionales, y si la nación cambia las fechas, Santa Fe también. Si las cambia, no antes por los apuros de las alianzas y las candidaturas por plazos que no dependen del gobernador, sino del Tribunal Electoral. 

Ni hace falta aclarar que la simultaneidad de las elecciones es por la pandemia, porque hasta un radical o un socialista lo puede entender, pero igual el decreto lo dejó dicho, en éstos términos: "Que la posibilidad de una segunda ola de contagios ha llevado a que en el Congreso Nacional se encuentren proyectos legislativos que incidirían en las elecciones PASO y Generales, con el objetivo de reducir el efecto negativo que traería aparejado la conglomeración de personas en los diferentes locales electorales el día del acto comicial;..." y más claro en éste otro considerando, que es casi para opas (o sea, es inclusivo para radicales y socialistas): "Que el presente Decreto se fundamenta en evitar que los ciudadanos concurran cuatro veces en un año a elegir autoridades (provinciales y nacionales), limitando la propagación del virus...".

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de prórroga enviado por Alberto el 19 de mayo (40 días después del decreto de Perotti), y el Senado recién ayer a la tarde, restando su promulgación por el Poder Ejecutivo y la publicación de la ley en el Boletín Oficial. Tienen otros tiempos, porque los plazos en la nación son otros, y no tienen por qué sentirse obligados a apurarse, por cuestiones propias de una provincia. Y un detalle: lo que hizo Binner por el Decreto 397/09 en razón de la gripe "A" fue desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, no hacerlas simultáneas; siendo además que no existía la ley que antes mencionamos, y fue sancionada en el 2012, como dijimos.

¿Cómo podría entonces el gobernador, antes de eso, modificar las fechas de las elecciones, y como podría nunca prorrogar o suspender plazos que fija otro poder del Estado (el judicial) para las distintas etapas del cronograma electoral, con base en la ley electoral, que como toda ley, es dictada por la Legislatura? ¿Estos son los republicanos? ¿Cuáles son las definiciones que se deberían haber tomado, y no se tomaron, de qué está hablando ésta gente? Tuit relacionado: 

lunes, 24 de mayo de 2021

ÉRAMOS POCOS Y VOLVIÓ LA OPOSICIÓN

 

Hasta un minuto antes de que el presidente hablara en cadena nacional anunciando las nuevas restricciones, ellos estaban en otra cosa. Básicamente repartiéndose la herencia de Lifschitz con el finado tibio, a punto tal que todavía hoy la Cámara de Diputados de la provincia no tiene vicepresidentes, porque no se ponen de acuerdo entre ellos.

Y estaban también -sobre todo los radicales- haciendo mil y una volteretas para justificar que siguen siendo progresistas, pero van a ir todos con el PRO en un frente único antiperonista, en las próximas elecciones. Curioso: en el 2011 y 2015 -cuando el Frente Progresista estaba en alza en Santa Fe y ganaba- enfrentaron sendas candidaturas a gobernador de Miguel Del Sel, porque era "la peor derecha de los 90'".

Ya para el 2015 y a meses de eso, fueron a la convención de Gualeguaychú a entregarle el sello -y el marrón- a Macri, para mojar el pancito en "Cambiemos", aunque una parte se quedaba acá (mojando el pancito también) en el "progresismo". Para el 2019 fueron divididos y perdieron la provincia, y entonces la autocrítica que hicieron del desastroso gobierno de Macri del cual participaron fue: en la próxima tenemos que ir todos con el PRO. 

Porque eso y no otra cosa es lo que están haciendo, además de otras cosas: Barletta fue con un amparo a la justicia para que vuelvan las clases presenciales, el diputado Angelini (PRO) con otro, y el diputado Chumpitaz (PRO) pide la renuncia de la ministra de Educación de la provincia porque se suspenderían las clases virtuales -cosa que ya ha sido desmentida-, que es precisamente lo que está haciendo Larreta en la CABA. Todos ellos organizan las marchas de padres pidiendo por las clases presenciales.

Los senadores provinciales de la UCR, en sus respectivos departamentos, llaman a desacatar las restricciones que dispone el gobierno de Perotti, e intendentes opositores como los de Ceres y San Gullermo (del Departamento del senador Michlig, el más locuaz al respecto) directamente dicen que no las aplicarán. Del modo en el que Javkin y Jatón (ambos llegados a intendentes en las boletas del FPCyS) se hacen olímpicamente los boludos con todo lo que signifique controlar que se cumplan las medidas, hemos hablado en extenso acá.

Pero de golpe pasaron cosas. el presidente anunció en cadena nacional nuevas medidas restrictivas en la pandemia, porque los casos crecen en todo el país, y en Santa Fe también. Entonces el senador Michlig (UCR) descubre que en la provincia tenemos menos camas de terapia intensiva en los hospitales y centros de salud que Córdoba, pero omitió decir que la culpa de eso la tienen ellos, que gobernaron los 12 años anteriores a la asunción de Perotti, y construyeron 8 hospitales nuevos (con enorme propaganda), pero sin camas: un invento que deberían patentar.

Y el nuevo gobierno tuvo que redoblar esfuerzos para aumentar un 268 % la cantidad de camas críticas para hacer frente a la pandemia, y logró recién en su tercer intento legislativo que la oposición -con mayoría en la Legislatura- declarara la emergencia sanitaria, a lo que se negaba porque decía que el sistema provincial era ejemplar, y tenía sobrada capacidad de respuesta. 

Lo mismo que el tantas veces elogiado sistema municipal de salud rosarino, tan colapsado como el resto por la falta de camas; al que la provincia -todos los santafesinos- pagan íntegramente en todo su funcionamiento (personal, equipamiento, medicamentos, insumos, comida) desde 2009, por un convenio aprobado por Binner, nunca remitido a la Legislatura y observado por el Tribunal de Cuentas; y en el que poco antes de asumir el nuevo gobierno introdujeron una cláusula de indexación de los pagos.

Después descubrieron que la mayoría de las escuelas de la provincia carecen de conectividad, como también carecen de ellas muchas localidades de la provincia, y muchos barrios de las grandes ciudades. Eso pese a que en el gobierno de Bonfatti gastaron 38 millones de dólares en un sistema "troncalizado" que en teoría era para resolver esos problemas; y no obstante lo cual la aprobación del plan de conectividad elaborado por Perotti duerme el sueño de los justos hace seis meses en la Legislatura. Eso sin contar que dejaron tiradas en un galpón, sin repartir, 30.000 netbooks del Conectar Igualdad.

Gobernaron 12 años, 8 de ellos (coincidentes con los mandatos de Cristina) con crecimiento y aumento de la coparticipación y la recaudación propia, y los 4 de Lifschitz con la inyección adicional de los fondos que iban a la ANSES, hasta el fallo de la Corte que ordenó que se les dejaran de mandar en la parte que refería a Santa Fe. Plata no les faltó entonces; y en todo ese tiempo no tuvieron pandemias, ni inundaciones, ni catástrofes naturales.

Desde 2009 tuvieron el Fondo Soja (al que no votaron en el congreso, como tampoco votaron las retenciones del cual surgía) que usaron para construir los hospitales (sin camas) y con el cual Binner y Lfschitz -cada uno a su turno- construyeron la única escuela nueva que hicieron en sus respectivos mandatos, porque Bonfatti se limitó a inaugurar las construidas por la nación durante el gobierno de Cristina. También tuvieron desde entonces la AUH, para suplir el vacío de políticas sociales de sus gobiernos, pese al saraseo progresista.

Dejaron el gobierno sin cumplir con la ley de financiamiento educativo, adeudándoles a los municipios y comunas los fondos que les corresponden por ese rubro por los años 2018 y 2019, deuda que éste gobierno canceló; y sin cumplir tampoco la meta prevista en esa ley y la de educación nacional, de que al menos el 30 % de las escuelas localizadas en barrios con alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas en las grandes ciudades, tuvieran escolaridad extendida o de jornada competa: las escuelas bajo ese régimen durante los 12 años de gobierno socialistas apenas llegaron a menos del 2 % del total de las que debían tenerlo, y algún funcionario dijo que garantizar la jornada completa era "una política cara".  

En las etiquetas respectivas del blog pueden encontrar los posteos en los que analizamos las ejecuciones presupuestarias (Cuentas de Inversión) de los 12 años de gobiernos del socialismo en Santa Fe, que marcan dos constantes entre 2007 y 2019: Educación perdió participación porcentual en el gasto total, año tras año, y se dejaban sin ejecutar -en promedio- entre el 85  y el 95 % de los escasos fondos destinados a becas. Ahora les molesta un stand del boleto educativo gratuito en El Molino, porque dicen que afea la estética.

Y en esos mismos 12 años, la participación porcentual de Salud en el gasto total de la provincia se mantuvo (sin crecer) pero contando en su interior el subsidio provincial a los hospitales municipales rosarino. Sin eso, también mermó. Tuits relacionados: 

martes, 18 de mayo de 2021

NO TODOS LOS HÉROES LLEVAN CAPA...

 


...algunos tienen boina blanca. Al menos eso es lo que pretenden que creamos los dirigentes de la UCR, ahora en Santa Fe, pero siempre en todos lados, desde 1945, es decir desde que irrumpió el peronismo en la política argentina. Entonces justificaron formar parte de la Unión Democrática y aliarse hasta con los conservadores del fraude patriótico bajos los auspicios y la conducción del embajador yanqui, en la necesidad de impedir el triunfo del nazifascismo en el país. 

Con argumentos (excusas) parecidas apoyarían las tentativas de golpe contra Perón durante su gobierno, formarían parte (en la persona de Zavala Ortíz, luego canciller de Illía) del intento de asesinarlo en junio de 1955, y de la Fusiladora después, cuya "Junta Consultiva" integraron. Y con argumentos similares habían justificado en la Década Infame el levantamiento de la abstención electoral.

Después del golpe del 55' que apoyaron fervientemente, no hubo acto vergonzoso de claudicación democrática de la UCR (como aceptar concurrir  elecciones viciadas por la proscripción de la fuerza mayoritaria, o asumir el gobierno en esas condiciones), que los dirigentes radicales no presentaran como un acto de heroísmo ciudadano, que ellos, con un profundo desgarramiento interno, debían ejecutar para salvar al país y sus instituciones de terribles acechanzas. Como la democracia y un gobierno peronista, por ejemplo.

Recuperada la democracia en 1983 y luego del juicio a las juntas (en paralelo con el enjuiciamiento a las cúpulas de las organizaciones armadas, aplicando la "teoría de los dos demonios"), el alfonsinismo apeló a la "ética de la responsabilidad" weberiana para volver a darle contenido místico y heroico, a lo que no eran sino sucesivas reculadas: así el Plan Austral y su continuidad el Plan Primavera fueron una "economía de guerra", donde las víctimas éramos la mayoría de los argentinos.

Y así también la obediencia debida y el punto final fueron pensadas para "salvar a la democracia", cediendo a los planteos golpistas de los carapintadas, "algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas", en palabras de Alfonsín. La reculada del Pacto de Olivos y la reforma constitucional de 1994 es historia más conocida: otra vez el "padre de la democracia" justificó la concesión de la reelección a Menem en la "necesidad de evitar el rumbo de colisión que llevaba la república", en sus propias palabras.

Ya de nuevo en el gobierno con De La Rúa, no faltaron los argumentos épicos para volver a convocar a Cavallo a conducir los destinos de la economía, recortarles el 13 % del salario a los jubilados y empleados públicos, introducir el "corralito", otorgarle superpoderes al autor de la Convertibilidad y finalmente decretar el estado de sitio, y reprimir a sangre y fuego la protesta social; hechos por los cuáles no solo no hay condenados, sino tampoco arrepentidos.

La entrega de la UCR con armas y bagajes a los dueños de la Argentina en la persona de Macri en la convención de Gualeguaychú es más cercana en el tiempo, de modo que todos podemos acordarnos como se justificó: otra vez, unirse con el que ellos mismos habían caratulado como representante "de la derecha" y otras sarasas se justificaba, para salvar a la república de las garras del kirchnerismo, que "iba por todo".

Se podrían haber ahorrado las explicaciones: entre el 2003 y el 2015 -es decir, durante los gobiernos de Néstor y Cristina- y con especial énfasis a partir de la revuelta agrogarca del 2008, la UCR formó parte de un bloque compacto con la Coalición Cívica y el PRO, oponiéndose a casi todas las iniciativas que plantearon esos gobiernos. Así sucedió con las retenciones móviles, la ley de medios, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la modificación de la ley de abastecimiento, Argentina Digital, las reformas al sistema de inteligencia y la AFI, y hasta la ley de pago soberano para enfrentar la ofensiva de los fondos buitres.

Es decir que la unidad opositora que en 2015 se presentaría con el nombre de fantasía "Cambiemos" se venía dando en la práctica en el Congreso nacional desde mucho tiempo antes, y hasta llegó a copar las comisiones del mismo con el famoso "Grupo A" en 2010, impidiendo la sanción del presupuesto de ése año. Y siempre con justificativos tales como "ponerle límites al autoritarismo K", y cosas por el estilo.

Acá en Santa Fe en los años 90' con un peronismo en clave menemista en el gobierno -en especial en los gobiernos de Reutemann-, la unidad del antiperonismo se planteó como lo que luego sería la Alianza en la nación: por "izquierda", como la representación del "progresismo" aunque la encabezaran figuras como Usandizaga o Natale, y la integrara hasta el PDP; eterno proveedor de funcionarios civiles a todas las dictaduras. 

Ahora, con la crisis del socialismo y el Frente Progresista agudizada por la muerte de Lifschitz, los radicales cierran filas dejando de lado sus internas en el período macrista (entre quienes mojaron el pancito en el gobierno de Macri en la nación, y quienes lo hicieron en el de Lifschitz en la provincia), otra vez la voltereta se justifica en grandes principios, como se puede ver en los tuits de apertura. Y para eso no les importa aliarse con el PRO en la provincia, como no les importó hacerlo en la nación, y compartir el gobierno: lo único que ha cambiado son las encuestas, o la carencia de candidatos más o menos taquilleros, que proveía el socialismo; y por eso siempre aceptaban ser los furgones de cola del FPCyS.

Sin dejar de lado la discusión -que nos corresponde a nosotros, y no a ellos- sobre cuanto kirchnerismo hay en el actual gobierno nacional, no era necesaria tanta justificación salvo que uno sea tan tonto como para creerse el cuento de la fracción "progresista" de la UCR: un radical es, antes que nada, un gorila antiperonista, lo demás se va viendo. De hecho, los socios "progres" de una parte de la UCR en la experiencia provincial del FPCyS adversaron al kirchnerismo en el orden nacional, se opusieron a sus gobiernos y a sus medidas, y usaron el mismo discurso para ganar electores, como que pescan en la misma pecera de votos (los antiperonistas): "hay que frenar al kirchnerismo".

En el caso de los radicales como Barletta, si uno les creyera, parece que estuviéramos ante gente de manos callosas, que se retira de la cosa pública para recluirse en su hogar y su trabajo, pero que se ve obligada por circunstancias extremas a dejar el arado para volver a empuñar las armas cívicas y salvar a la patria, cuando bien sabemos que básicamente son presupuestívoros, y no pueden estar mucho tiempo sin un cargo público. 

miércoles, 12 de mayo de 2021

"SE PRUEBAN LA ROPA QUE VAS A DEJAR"

 


Tres días después de las elecciones provinciales a gobernador de 2019 que consagraron el retorno del peronismo a la Casa Gris tras 12 años de gobiernos del Frente Progresista con gobernadores puestos por el socialismo, decíamos acá: "Bonfatti obtuvo 119.928 votos menos que Hermes Binner en el 2007, y 14.209 votos menos que él mismo para el mismo cargo en el 2001, con un padrón considerablemente aumentado desde entonces. Y si no obtuvo menos votos que Miguel Lifschitz en el 2015, es por el estrepitoso derrumbe del PRO/Cambiemos desde Miguel Del Sel a Corral. Perdieron las senadurías de los dos Departamentos más importantes de la provincia por cantidad de electores (La Capital y Rosario), como consecuencia de lo cual a partir de diciembre el partido no tendrá representación en el Senado provincial. Ya la habían perdido en el Senado nacional en el 2015, cuando Hermes Binner perdió en su intento por ser al menos senador por la minoría, frente a Reutemann y Omar Perotti. 

En la Cámara de Diputados de la nación y como consecuencia del desastroso resultado en las elecciones legislativas del 2017 (apenas arañaron) tenían un solo diputado (Luis Contiggiani) de los 11 que supieron tener en su mejor momento, que para peor formó un monobloque separado del partido desde que votó en contra de la despenalización del aborto. La lista encabezada por Miguel Lifschitz ganó en la categoría de diputados provinciales y en consecuencia tendrá las 28 bancas que le asigna  la mayoría automática la Constitución de la provincia, lo que les hace pensar que desde allí podrá intentar volver a la Casa Gris en el 2019. Lo mismo pensaba Bonfatti cuando estuvo en esa misma posición entre el 2015 y las elecciones de este año, y ya vimos como terminó la cosa.

Los electos intendentes de Rosario (Pablo Javkin) y Santa Fe (Emilio Jatón) no pertenecen al Partido Socialista, ni son afiliados al mismo. Javkin incluso derrotó en las PASO a la candidata socialista para la intendencia que manejaron los últimos 30 años. Después de apoyar la candidatura presidencial de Elisa Carrió en el 2007 y ponerle el candidato a vice (Rubén Giustinianni), llevaron como candidato a presidente a Hermes Binner en el 2011, para que terminara segundo pero a 38 puntos porcentuales de distancia de Cristina.

En el 2015 apoyaron a Margarita Stolbizer, que obtuvo apenas el 2,51 % de los votos para presidenta, y ya entre las PASO y la primera vuelta de la elección general, le soltaron la mano con la campaña de la tijerita, para intentar salvar la lista de diputados, y la candidatura de Binner a senador nacional, con los resultados ya señalados. Para las presidenciales de este año, en teoría apoyarían la fórmula Lavagna-Urtubey, porque Lifschitz se quedó afuera de la candidatura a vicepresidente.

Datos, no opinión. Datos que marcan una línea continua de declive electoral, político y de espacios de representación de un partido que nació municipal porteño, habilitó una sucursal municipal santafesina con éxito para proyectarse a la provincia durante algunos años, que desperdició sin poder afianzarse territorialmente en Santa Fe (a lo largo y a lo ancho de su territorio), ni mucho menos proyectarse a nivel nacional como una fuerza en condiciones de terciar en la disputa con alguna chance más o menos cercana de éxito. Salvo cambios sustanciales de mediano plazo que no se avizoran en el presente (entre ellos, remover a la gerontocracia que conduce el partido como un club de bochas, sin demasiada discusión interna, aunque no exento de puteríos), tienen cantado el mismo destino del Partido Demócrata Progresista: una lenta pero paulatina extinción.".

El fallecimiento de Miguel Lifschitz producido éste domingo no hace sino agravar ese panorama, porque pierden a su principal figura en términos electorales, y no hay reemplazos a la vista. Sobre la obra de gobierno del fallecido, hemos escrito mucho acá en tiempo real -es decir, cuando gobernaba- y a ello nos remitimos. Y sobre su actitud luego de la derrota electoral del 2019, también. Dijimos que, con absoluta irresponsabilidad institucional, diseñó un cronograma electoral de resultas del cual hubo una larguísima transición de seis meses entre dos gobiernos que además resultaron de distinto signo político; en la que además le condicionaba la futura gestión a su sucesor, con leyes aprobadas a las apuradas en complicidad con un sector de los senadores del PJ.

Y ya con Perotti en el gobierno, dijimos: "En primer lugar, el socialismo y buena parte de sus socios en el FPCyS, que han instalado en la Cámara de Diputados de la provincia y bajo la presidencia del anterior gobernador Lifschitz, una especie de "gobierno en el exilio", con un "gabinete en las sombras", formado por ex funcionarios que o son legisladores, o integran el nutrido plantel de asesores del presidente de la Cámara.

En su ínsula Barataria legislativa, Lifschitz permanece ajeno desde hace meses a la derrota electoral del año pasado, y aparece todo el tiempo proponiendo planes de gobierno y anunciando soluciones para todo -incluso para los problemas que no supo resolver cuando fue gobernador-, en un mundo mágico en el que en realidad no tiene la responsabilidad real de gobernar, ni los costos de hacerlo. Y desde allí además de torpedear la gestión de Perotti -como cuando sus diputados rechazaron sobre tablas y sin dictamen la primera ley de emergencia que envió el nuevo gobernador-, plantean las soluciones más disparatadas para problemas reales o inventados, que para el caso lo mismo da.". 

En eso estaba Lifschitz cuando lo sorprendió la enfermedad, que devino en su prolongada convalescencia y deceso; algo que además debería hacer reflexionar a los dirigentes del FPCyS que hoy resisten las medidas sanitarias tomadas por Perotti, y llaman abiertamente a desacatarlas-, y que desató la puja al interior del ex oficialismo provincial, por el control de la presidencia de la Cámara de Diputados, en una puja aun hoy no resuelta por la billetera, la lapicera y el manejo de los recursos que ello implica: contratos, becas, subsidios, publicidad, nombramientos.

Un espectáculo penoso que terminó en que, mientras el ex gobernador peleaba por su vida en el mismo sanatorio privado rosarino (raro que nadie dijera que no apeló a la alabada salud pública provincial o municipal, ¿no?) en el que aun continúa internado otro ex gobernador (Reutemann), socialistas y radicales que aun quedan en el FPCyS (todo indica que por poco tiempo) hayan llevado su disputa por la herencia, al punto de dejar acéfala de autoridades legalmente electas en los tiempos que marca la Constitución de la provincia, una de las Cámaras de la Legislatura en el preciso momento en que el gobernador inauguraba el período de sesiones ordinarias, y aun hoy: otra cuestión a recordarles a los "republicanos" pulcros e inmaculados que ven atropellos a las instituciones por todos lados, cuando de endilgárselos al peronismo se trata.

Tuits relacionados: 

miércoles, 3 de marzo de 2021

¡BASTA, GILDO!


El último año del segundo mandato de Jorge Obeid (2003-2007), se aprobó la reforma del Código Procesal Penal de la provincia, que fue puesta en marcha en 2007, ya con Hermes Binner y el Frente Progresista en el gobierno. Esa reforma puso en marcha el sistema acusatorio con el Ministerio Púiblico de la Acusación, que nuclea a los fiscales encargados de perseguir judicialmente el delito.

Durante los 12 años de gobiernos del FPCyS, los cargos del MPA fueron "loteados" concienzudamente entre socialistas y radicales, que se repartieron áreas de inluencia: el partido de la rosa en Rosario y la zona sur, y los boinas blancas en Santa Fe y el norte.

Buena parte de los cargos fueron cubiertos por funcionarios políticos de los gobiernos provinciales, que en algunos casos saltaban directo del gabinete del Ejecutivo a cargos en la justicia, en concursos organizados por ellos mismos. Y sus pliegos fueron aprobados por la Legislatura en acuerdo con sectores del PJ (en especial los senadores), y en no pocos casos, en forma tácita, por el mero transcurso del tiempo sin ser tratados por la Asamblea Legislativa.

En ese mismo marco el ex Fiscal de Estado de Binner (Barraguirre) llegó a la Procuración General de la Corte Suprema, y la esposa del presidente de la Corte fue designada Defensora General. Se registraron poquísimos casos de pliegos rechazados o retirados, pese a que hubo muchas impugnaciones, precisamente por las conexiones políticas de los propuestos.

Para instrumentar los concursos que terminaron en esas designaciones, el socialismo modificó once veces la reglamentación de funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que en Santa Fe no tiene rango constitucional ni legal, sino que está creado por decreto. 

En el 2017 radicales (o parte de ellos) y socialistas se pelearon, al irse parte de la UCR a "Cambiemos", pero en una cosa estuvieron de acuerdo, junto con un sector de los senadores del PJ: en modificar la ley del MPA para establecer que seas la Legislatura la que pueda sancionar, suspender y hasta remover a los fiscales. El disparador del acuerdo que hizo que la ley se votara en minutos fue que algunos de ellos investigaban por entonces al gobierno de Lifschitz por los concursos de ascenso policiales y las horas OSPE (adicionales de policía), a Corral por las cooperativas truchas armadas con punteros políticos, y a los senadores por el manejo de la Banelco de los subsidios.

Antes pasaron otras cosas, que en su momento reseñamos acá; como que tuvimos un jefe de policía preso y condenado por vínculos con el narcotráfico, honor que compartirían muchos otros, que condujeron la fuerza policial durante los gobiernos de Binner, Lifschitz y Bonfatti. En ese contexto asumió Omar Perotti en diciembre del 2019, y en su discurso inaugural en la Legislatura señaló que venía a cortar todos los vínculos de la política con el delito.

Meses después, en una causa en la que se investiga una red de juego clandestino, caen presos dos fiscales -designados durante los gobiernos socialistas- y uno de ellos denuncia al senador Traferri (PJ) como implicado en una organización delictiva. Otros fiscales toman la denuncia, y piden al Senado el desafuero del acusado, que el cuerpo -por mayoría, con parte de los votos del PJ y todos los de la UCR porque el socialismo no tiene senadores- rechaza.

Pero hacen más: en estos días -con los votos del mismo sector del PJ y todos los senadores de la UCR aprueban una resolución instando al juez que investiga la causa del juego clandestino a archivarla, porque entienden que así debe ser al haberse rechazado el pedido de desafuero. Es decir, se atribuyen como cuerpo funciones judiciales. Al mismo tiempo crean una "comisión" de vigilancia del trabajo de los fiscales, para que la gente les denuncie irregularidades.

Los fiscales y el MPA rechazan el planteo, y le desconocen autoridad al Senado para juzgarlos, habiendo planteado antes la inconstitucionalidad de la ley que así lo establece. Los senadores que votaron el proyecto dicen que lo hicieron porque no funciona el sistema de auditoría del MPA, que está a cargo de una ex funcionaria de los gobiernos de Binner y Bonfatti, a la que ellos en ese momento y no obstante eso, le dieron el acuerdo. Acusan a los fiscales de protegerse entre ellos, como los senadores, digamos.

Si el 1 % de lo que acabamos de describir pasaba en Formosa, teníamos denuncias en la CIDH, la OEA, la ONU y Amnistía Internacional, éramos tapa de todos los diarios del país, Lanata nos dedicaba una temporada entera del programa y nos visitaban diputados porteños para ver in situ como era una dictadura. 

De más está decir que muchos de los que protagonizaron -y protagonizan- estos hechos bochornosos, por éstas horas se están golpeando el pecho "en defensa de las instituciones de la república", porque el gobierno nacional quiere impulsar cambios en la justicia, o crear una comisión bicameral del Congreso que investigue a los jueces. Tuits relacionados: 

martes, 12 de enero de 2021

FIN DE LA MENTIRA PROGRESISTA

 


Allá por los años 90', con un peronismo santafesino hegemonizado por Reutemann, la oposición antiperonista armó la "Alianza Santafesina", pergeñada por la UCR conducida por Usandizaga, el PDP de Natale (principal proveedor de cuadros civiles a las dictaduras militares en la provincia) y el socialismo de Estévez Boero y Binner. Con ese peronismo, podrían hacer oposición "por centroizquierda" y ponerse la etiqueta de "progresistas", si es que alguna vez nos terminamos de poner de acuerdo en lo que tal cosa significa.

Con el advenimiento del kirchnerismo las cosas se complicaron un poco, porque si bien el peronismo en la provincia seguía hegemonizado por Reutemann y Obeid, había sectores internos que se referenciaban en el proyecto iniciado en el 2003 por Néstor Kirchner, y continuado por Cristina. El antiperonismo y sus sellos viraron entonces hacia lo que luego sería el "Frente Progresista Cívico y Social", que sumó a los dos socios mayoritarios (la UCR y el socialismo) a una serie de Pymes electorales "de centroizquierda" (?) como el GEN o Libres del Sur, e incluso Binner llegó al gobierno con votos kirchneristas en el 2007; derrotando al candidato oficial del PJ, Rafael Bielsa (ex funcionario K), que previamente había vencido en las PASO y con el apoyo de Obeid, al "Chivo" Rossi.

A partir del 2007 y hasta el 2015 coexistieron el FPCyS (claramente hegemonizado por el socialismo) en la provincia, y el peronismo en su versión kirchnerista en el país, con los gobiernos de Cristina. En forma unánime, todos los partidos que formaban la alianza antiperonista provincial se alinearon como oposición al gobierno de Cristina, rechazando todas sus iniciativas más transformadoras, con la sola excepción de la recuperación de YPF en el 2012.

Socialistas, radicales y sus socios menores votaron en contra de las retenciones móviles (Binner le cedió los balcones de la Casa de Gobierno santafesina a la Mesa de Enlace para profundizar el lock out y los cortes de ruta en el 2008), la recuperación de Aerolíneas Argentinas, las reformas a la ley de abastecimiento, la reforma judicial, el pago soberano a los fondos buitres, las reformas a la Carta Orgánica del Banco Central y a la ley de los servicios de inteligencia, y hasta se abstuvieron o votaron en contra cuando el Congreso discutió la ratificación de los DNU que crearon la AUH primero, y el Procrear después. Lo mismo pasó con el Fondo Federal Solidario, creado con la participación de una porción de las retenciones a la soja. 

Y si bien el socialismo votó a favor la recuperación de las AFJP y la ley de medios (la UCR votó en contra en ambos casos), en la discusión en particular votó en contra del artículo que establecía como invertir los activos del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) de ANSES en el primer caso, y en contra de las cláusulas de desinversión forzada para los multimedios que tenían licencias acumuladas en exceso, en el segundo. 

Este raro "progresismo" además no pudo exhibir en sus 12 años de gobierno en la provincia políticas "progresistas" concretas: nosotros en éste blog demostramos, con las propias cifras oficiales, que la inversión en Salud, Educación y Desarrollo Social retrocedió invariablemente, año tras año, su participación porcentual en la ejecución efectiva de los presupuestos provinciales; del mismo modo que retrocedieron las transferencias directas de recursos a los sectores sociales más vulnerables.

Con la llegada del macrismo en el 2015 -luego de haber combatido al kirchnerismo por ocho años con el argumento de la discriminación a Santa Fe- el Frente Progresista se enroló los dos primeros años en las filas de la "oposición responsable" al gobierno de la derecha, a las cuales se sumaron también el massismo y sectores del FPV: socialistas y radicales le votaron a Macri el blanqueo de capitales, la "ley del arrepentido", el acuerdo con los fondos buitres y Lifschitz firmó el pacto fiscal que eliminaba el fondo sojero, reducía los subsidios al transporte y convalidaba los tarifazos; cosa ésta última que los gobiernos del FPCyS practicaron impiadosamente como política de Estado en los servicios provinciales de luz, agua y peajes, durante sus 12 años de gobierno, pese a la vigencia de la política de subsidios del kirchnerismo.

Lo que ocurrió entonces -más precisamente luego del 2017, cuando el macrismo soñaba con perpetuarse en el poder- fue que un sector de la UCR, encabezado por Corral y Barletta resolvió cortar con el ninguneo del socialismo a los radicales saliendo del Frente Progresista para alinearse con la decisión tomada dos años antes por la UCR nacional en Gualeguaychú (a la que en su momento se opusieron porque "el límite es Macri", pero después corrieron los mojones) , e integrar "Cambiemos".

Comenzaron así dos años de disputa en la provincia ya no para ver cual era más "progresista", sino quien podría frenar al peronismo en las elecciones provinciales del 2019. Y así como lo habían conseguido tres veces (en 2007, 2011 y 2015, cada vez por menos margen) al dividirse el voto peronista, en el 2019 y conocida la oferta electoral, el final estaba cantado: si el peronismo se mantenía unido y no dispersaba sus votos, vencería al gorilismo que se presentó partido en dos ofertas electorales, y Perotti fue electo gobernador. 

En la campaña de esas elecciones y durante estos 13 meses del nuevo gobierno provincial, el discurso del socialismo en sus dos versiones (la oficial del PS y la del radicalismo lifschista que expresa Pullaro) fue pretender correr al peronismo por izquierda, con el argumento de que con Perotti en el gobierno, volvían los 90', Reutemann, el menemismo, las privatizaciones y el ajuste.

Con las tarifas provinciales congeladas 13 meses, sin ningún área del Estado que haya pasado a manos privadas (antes bien, la nueva administración recuperó el control de la autopista Santa Fe-Rosario, ratificó la permanencia de la EPE en la órbita estatal y planteó la creación de una empresa pública para prestar servicios de TIC's), el discurso se les complica un poco para encontrar anclaje en la realidad.

Pero no se arredran: empezaron las gestiones de todas las líneas internas de la UCR (las que estaban en "Cambiemos" primero y "Juntos por el Cambio" después, y las que permanecieron en el FPCyS) para forzar una alianza antiperonista amplia que incluya al PRO, para poder pelearle las elecciones al peronismo con más chances de éxito, con la experiencia a la vista del 2019. Y si bien en público los promotores de la idea son radicales (Pullaro y el senador radical Michlig), quien verdaderamente quiere que el deseo se concrete es Miguel Lifschitz, el más liberal de nuestro socialismo liberal santafesino; que quiere volver a ser gobernador en el 2023; y quiere conseguirlo de la mano de quien sea, con tal de que no sea peronista, aunque ojo: una manito del traferrismo no le vendría mal; explícitamente o bajo cuerda, boleta única mediante. 

El recurso (aglutinar a todo el antiperonismo para ganarle al peronismo) no es nuevo, ya se inventó en 1945 y se llamó Unión Democrática, claro que entonces no funcionó muy bien que digamos. Y la excusa tampoco: en palabras de Pullaro "hay que frenar al kirchnerismo", envuelto en esa pseudo mística de "sacrificio por las instituciones y la república", con la que -sin ir más lejos- Alfonsín justificó entregarle el rosquete a Menem con el Pacto de Olivos y la reforma constitucional del 94'. Lo que se les va a complicar si se terminan juntando con el PRO es el verso del "progresismo", y la retórica contra los 90', los ajustes y las privatizaciones.

domingo, 20 de diciembre de 2020

CARADURAS

 


Hay una lectura -interesada- del episodio Traferri en términos de pase de facturas dentro de la interna del PJ, de la cual la oposición provincial (el socialismo y la UCR, más que nada) sería ajena. De hecho, es la lectura que sostiene el propio Traferri, sin reparar en que de ese modo no hace más que confirmar -por ejemplo- los dichos de Marcelo Saín sobre el "bloque transversal de poder" que manejó la política en Santa Fe los últimos 12 años.

Recordemos que estamos hablando de una causa judicial por una red de juego clandestino, en una provincia que tuvo preso y condenado a un jefe de policía por vínculos con el narcotráfico, y un montón de otros jefes policiales con causas similares, o por enriquecimiento ilícito. Dicho esto colmo disgresión para entender el contexto: de lo que vamos a decir, todo lo vinculado al "narcosocialismo" queda afuera, esto es un plus, digamos.

Juego clandestino, decíamos: pues bien, en la provincia y -y en el país- el juego es una actividad prohibida, a menos que esté autorizada por el Estado: dice el artículo 301 Bis del Código Penal (el que aparece mencionado en los cruces telefónicos del senador con un capitalista del juego clandestino) "Será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente...".

En  la provincia además el Código de Convivencia (ex Código de Faltas) reprime las apuestas prohibidas en sus artículos 94 y 95, para los organizadores uno y para los apostadores el otro. Los casinos y bingos están habilitados por la Ley 11998, y esa norma en su artículo 6 establece cuantos bingos y casinos pueden funcionar, y donde, en manos de concesionarios elegidos por licitación, a llevar adelante y adjudicar -en todos los casos- por la Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe; que depende del Poder Ejecutivo provincial. No del Senado o la Legislatura.

¿A dónde vamos con ésto? A que así como es muy difícil explicar qué conversaba un senador con un "empresario del juego" para ver como "hacerlo ingresar al juego legal en la provincia", acá -como en todos lados- no puede existir juego clandestino (sean casinos, garitos, o lo que fuere) sin complicidades en la política, la policía y la justicia.

Lo de la justicia está tan claro que en la causa que afecta a Traferri ya hay presos dos fiscales (Serjal y Ponce Ashad) y está pendiente de resolverse la situación de uno o dos más. Lo de la policía no es necesario aclararlo, como tampoco es necesario decir quien manejó (o al menos tenía la responsabilidad de hacerlo) la fuerza de seguridad provincial en los últimos 12 años hasta diciembre pasado: el Frente Progresista Cívico y Social, o sea la alianza entre radicales, socialistas y socios menores.

Pues bien, la causa que está sacudiendo al sistema político provincial se inició en el Departamento General López, concretamente en Venado Tuerto y Melincué. Y tuvo ramificaciones en Rafaela, para luego estallar en Rosario, San Lorenzo y Villa Gobernador Gálvez. El senador por el Departamento General López es Lisandro Enrico, un facho notorio cultor de la "mano dura" que impulsó (y logró sancionar) en la Legislatura leyes para endurecer la prisión preventiva en el sistema procesal provincial, al que acusa de "garantista".

Sin embargo, en el caso Traferri, Enrico se volvió "garantista" de golpe y se negó a votar su desafuero a pedido de los fiscales que llevan la causa por juego clandestino, como todo el bloque de la UCR en el Senado santafesino (el socialismo no tiene senadores provinciales), basado en que todos somos inocentes, hasta que se demuestre lo contario. Los dos fiscales que están "en remojo" por sus vínculos con el juego clandestino, son de su Departamento.

Y en Rafaela cayó preso por ésta causa el ex "coordinador de seguridad" del Nodo en tiempos del socialismo, funcionario de la gestión de Maximiliano Pullaro en el Ministerio de Seguridad. Así como también está investigado en la misma causa el secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, en manos del socialismo.

Los dos fiscales presos (Ponce Ashad y Serjal) fueron designados durante los gobiernos del socialismo, con pliegos remitidos a la Legislatura por Bonfatti en el primer caso y Lifschitz en el segundo, luego de los concursos llevados adelantes en un MPA que radicales y socialistas -no Saín, como pretende Traferri- manejan a piacere desde 2007. El abogado de Peiti (el "empresario" del juego clandestino investigado) fue asesor durante años de la Guardia Urbana Municipal de Rosario, en las gestiones del socialismo.

De modo que pretender que todo esto es simplemente un "ajuste de cuentas" de la interna del PJ, o un "carpetazo" de Saín y Perotti contra Traferri no resiste el menor análisis de los hechos: es un poquito más compleja la cosa, y hay más embarrados. Y definitivamente hay que ser muy caraduras para decir, muy sueltos de cuerpo, como los diputados socialistas en el comunicado al cual refiere el tuit de apertura, que "...es imperioso que todos los representantes de los poderes del Estado se pongan a disposición de la Justicia sin condicionamientos ni privilegios de ningún tipo...". 

Porque en octubre del 2017, cuando convergieron en la justicia causas que involucraban a Corral (la de las cooperativas truchas) y al gobierno de Lifschitz (más concretamente a su ministro de Seguridad Pullaro, por las horas OSPE y los concursos policiales), y pese a que no se hablaban hace un año, se juntaron y en un ratito pergeñaron la ley que la Legislatura votó en horas (con el inestimable concurso de los senadores del PJ conducidos por Traferri), para que sean los legisladores quienes controlen y sancionen a los fiscales del MPA. Antes, apartaron de las causas a los fiscales que los investigaban, y lograron que los suspendieran en sus cargos.

Apéndice final para aclarar los tantos: Como mucho periodismo "lanattista" local ya salió a comparar la situación de Traferri con la de Cristina en las causas judiciales que la involucran, precisemos que los fueros (o "garantías de funcionamiento" de los poderes legislativos) funcionan distinto en Santa Fe, que en la nación.  

Acá el artículo 51 de la Constitución provincial dice: "Sin autorización de la Cámara a que pertenece, acordada por dos tercios de los votos de los presentes, no puede ser sometido a proceso penal. Sin la misma autorización tampoco puede ser detenido, o de alguna manera restringido en su libertad personal, salvo si es sorprendido en el acto de cometer un delito que no fuere excarcelable, en cuyo caso se comunicará a la Cámara respectiva, con sumaria información del hecho, a fin que resuelva sobre la inmunidad del detenido." (las negritas son nuestras). O sea, los fiscales que investigan a Traferri para poder interrogarlo por los delitos que se le atribuyen (audiencia imputativa) y poder incluso procesarlo, necesitan su desafuero.

En la nación, en cambio, el artículo 1º de la Ley 25320 ("ley de fueros") dice lo siguiente: "Cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político. En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo. Sin perjuicio de ello el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión. El tribunal solicitará al órgano que corresponda el desafuero, remoción o juicio político, según sea el caso, acompañando al pedido las copias de las actuaciones labradas expresando las razones que justifiquen la medida." (las negritas son otras vez nuestras).

Por esa razón a Cristina -con fueros y sin ellos- la investigaron todo lo que quisieron, la citaron varias veces a declaración indagatoria (algunas el mismo día), la procesaron y siguieron con algunas de las causas, hasta el juicio oral. Nunca estuvo en rebeldía, ni se negó a declarar. Los fueros -cuando los tuvo- no impidieron nada de eso, así que si van a comparar, muchachos, comparen cosas iguales. Y actitudes también.