TODO ROMPEN

Leíamos esta muy interesante nota en La Nación de ayer, en la que se hace un relevamiento de lo que hizo Macri con cinco programas emblemáticos del kirchnerismo: la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Conectar Igualdad, el Procrear, las becas del Progresar y el despliegue de la Televisión Digital Abierta (TDA).

Las conclusiones para cada uno (según surge de la nota y de nuestro propio análisis) son las siguientes:

* AUH: incorporaron unos 156.000 beneficiarios nuevos a partir de la extensión del beneficio a los hijos de los monotributistas sociales, pero a cambio modificaron la fórmula de ajuste de los haberes (que por la Ley 27.160 sancionada en 2015 era la misma que se usa para las jubilaciones; como consecuencia de lo cual el valor pasó de ganarle a la inflación en los años del kirchnerismo,  a perder contra ella ahora.

Eso sin contar con que, como consecuencia de otras medidas del macrismo como la eliminación de las retenciones y de los cupos a las exportaciones de productos primarios, la inflación viene pegando mucho más fuerte en rubros esenciales como alimentos y bebidas; en los que las familias perceptoras del beneficio emplean la mayor parte de sus ingresos.

Y sin contar además que el porcentaje de población bajo la línea de pobreza ha crecido, así como ha empeorado la distribución del ingreso; lo cual haría más necesario aun el programa, y su ampliación.

* Conectar Igualdad: ahora no llega a los alumnos como antes, sino a las escuelas; luego de que el kirchnerismo entregara más de 5 millones de netbooks a escolares de todo el país, se suspendió la entrega, se recortaron partidas del programa luego de haberlas sub-ejecutado, y el año que viene la poda a los recursos del mismo será feroz; con lo cual el programa sustituto está llamada a tener el mismo destino que los famosos jardines de infantes que se iban a construir con la plata del "Fútbol Para Todos".

Para peor, los argumentos para modificar el programa fueron que las máquinas eran caras, se rompían y no se podían arreglar, los que además de ser falsos, no tenían nada que ver con evaluaciones específicamente educativas de su impacto.

* Procrear: se otorgaron mucho menos créditos que durante el gobierno de Cristina (31.000 en tres años, contra más de 173.000 en el mismo tiempo durante el kirchnerismo); antes se subsidiaba la tasa para que fuera más baja que la del mercado, ahora pasó a subsidiarse el capital en un contexto de tasas más altas, y los préstamos pasaron a ser ajustables por UVA, lo que aumenta la incidencia de la cuota sobre los salarios del tomador del crédito, y pone en riesgo la cobrabilidad (el índice de incobrabilidad durante el kirchnerismo era del 0,01 %)

* Becas Progresar: se dejaron de pagar 12 cuotas como durante el gobierno de Cristina, para pagarse 2 (descontando los meses de enero y febrero), se dieron de baja una gran cantidad de becas y se congelaron las partidas asignadas al programa en el presupuesto de año que viene, lo que en un contexto de alta inflación supone un drástico ajuste real.

Los montos no están más vinculados a la situación socioeconómica de los beneficiarios, sino al rendimiento académico: una particular idea de la  meritocracia, absolutamente descontextualizada de las condiciones reales de aprendizaje de los alumnos, fuertemente influidas por el contexto socioeconómico y su impacto en el hogar; contexto que además se viene deteriorando sistemáticamente en los tres años de gobierno de "Cambiemos".

* TDA: se instalaron 5 antenas en los 3 años de gobierno de Macri, contra 92 en seis durante el kirchnerismo (más de 15 por año con Cristina, contra menos de dos con Macri), se abandonó el despliegue territorial de la infraestructura y se vaciaron los contenidos, despidiendo empleados.

Un abandono de una política pública de accesibilidad a la información, la cultura, el conocimiento y el entretenimiento, a favor de los intereses de las empresas de cable, la TV satelital y las plataformas tipo Flow, del Grupo Clarín.

PARA MACRI, FONTEVECCHIA ES TAN SOLVENTE COMO PARA DARLE DOS CANALES

En el Boletín Oficial de hoy están publicados dos decretos de Macri, el 1107 (verlo acá) y el 1108 (completo acá) por los que se le adjudican dos canales de la TV Digital Abierta en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires a Jorge Fontevecchia y a “Perfil TV Sociedad Anónima” (En formación); propiedad por partes iguales de Nelva Elvira Balbina López de Fontevecchia y Alberto Guido Fontevecchia (su padre).

En ambos casos se llega a la adjudicación de los canales siguiendo el mismo procedimiento: en su momento la AFSCA había llamado a concurso público para la adjudicación de las licencias conforme lo dispone la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, y luego declaró desiertos cambos concursos porque ninguna de las propuestas presentadas (entre ellas las de Fontevecchia y Perfil TV S.A.) fue considerada admisible.

Acto seguido volvió a llamar a concurso público, y en uno de los casos la nueva convocatoria quedó suspendida por una medida cautelar obtenida por el propio Fontevecchia en la justicia.

Según se dijo en su momento en las resoluciones de la AFSCA, se evaluaron las ofertas presentadas en sus aspectos personal y societario; técnico y de la valorización; patrimonial y relativo a no ser deudor moroso de obligaciones fiscales, previsionales, de la seguridad social, sindicales y con las entidades gestoras de derechos; la sujeción de la propuesta de programación a los porcentajes de contenidos y producción establecidos en la Ley N° 26.522, modificada por el Decreto N° 267/15, y su reglamentación y el puntaje asignado en orden a su admisibilidad.

De las evaluaciones se concluyó en que en el caso particular del propio Fontevecchia (en uno de los concursos) y Perfil TV Sociedad Anónima (en el otro) el rechazo de las ofertas se motivó en la imposibilidad de establecer el monto del patrimonio neto computable a los efectos de acreditar la capacidad patrimonial.

Recordemos que se trata de un grupo empresario que ha quebrado distintos medios que gestionaba, dejando tras de sí el tendal de empleados despedidos, e indemnizaciones y otros rubros laborales impagos, en múltiples oportunidades; además de cuentas off shore en paraísos fiscales, sociedades pantallas, sospechas de lavado de dinero y un concurso de acreedores abierto en la justicia hace 14 años.

Sin embargo, el gobierno de Macri a través del ENACOM evalúa ahora que ambos “grupos” (Perfil TV y el propio Fontevecchia) aportaron en su momento (o sea, cuando se hicieron los concursos) la declaración de sus pasivos, a los efectos de determinar el patrimonio neto computable para hacer frente al compromiso de inversión propuesto.; y que por tal razón los actos administrativos de la AFSCA que desecharon las oferta estaban viciados, y en consecuencia los revoca (deja sin efecto).

Pero va más lejos aun: retoma los concursos que en su momento fueron declarados desiertos, y se los adjudica directamente, en un caso al propio Fontevecchia y en el otro a Perfil TV S.A., quienes podrán así operar dos señales de televisión digital abierta en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, por el término de 10 años.

Como si le hiciera falta (acaso sí) Macri sigue reforzando el blindaje mediático del que ya goza.

FIDELIDAD A UNA TRADICIÓN HISTÓRICA

En el 55' se cargaron al Pulqui.

En los 90', al misil Cóndor.

Mirá si el ARSAT 3 se iba a salvar.

Y si se confirman las versiones de la privatización del manejo de la operación de los satélites ARSAT 1 y 2 a una empresa francesa, confirmaremos que la recuperación del manejo del espacio radioeléctrico durante el gobierno de Néstor Kirchner, no estaba entre "las cosas buenas a mantener" por la gestión de Cambiemos.

Lo mismo que la TV digital gratis, en todo el país; cuya subsistencia corre peligro si se reduce la capacidad operativa de ARSAT S.A.

¿Otra medida a pedido de Clarín?

CLARÍN PRESENTARÍA UN AMPARO PARA QUE VUELVA LA TELEVISIÓN EN BLANCO Y NEGRO

Que un grupo empresario de medios presenta un amparo en la justicia para frenar el avance de los procesos de licitación de canales digitales (en los que incluso podría participar, si previamente se adecuara a la ley de medios) demuestra hasta que punto hay gente que se cree dueña del país.

O por lo menos con el poder de imponer ellos las reglas de juego, en lugar de adaptarse a las que fija el Estado, como debe ser.

Mas cuando de medios audiovisuales se trata, en que -en estricto sentido jurídico- no hay "propietarios" o dueños (aunque coloquialmente se instale el término) sino licenciatarios autorizados por ese Estado para explotarlos; que son sí dueños de los medios materiales, económicos y jurídicos que para eso emplean: nfraestructura, equipamiento, fondos de comercio, etc.

La oposición del Grupo Clarín al avance de la televisión digital en el país viene desde hace tiempo, desde cuando andaba de picos pardos con el kirchnerismo y el gobierno debía definir que norma técnica adoptaba el país parta ingresar en la era digital en radio y televisión.

Para ese entonces el Grupo había invertido más de 100 millones de dólares en "fierros tecnológicos" para utilizar la norma estadounidense, acaso por presión de sus accionistas que son de ese origen.   

El gobierno -es sabido- en consonancia con Brasil, Venezuela, Chile, Uruguay y casi todos los países de la Unasur, adoptó la norma japonesa; que es en consecuencia la que establece la tecnología que debe disponer quien esté interesado en brindar servicios de comunicación audiovisual en formato digital. Así lo dispuso el Decreto 1148, de agosto del 2009.

Como un raro escopetazo para el lado de la justicia, ya son varias las instancias del poder judicial que le viene negando la razón al Grupo, sobre argumentos muy sencillos: no se pueden controvertir las facultades del Estado para legislar y administrar en la materia (que devienen de la propia Constitución y de la ley de medios); ni se advierten cuáles son los derechos concretamente perjudicados que Clarín puede invocar, pues si hizo en su momento una inversión empresarial a puro riesgo (comprar determinados equipos para luego presionar al gobierno a que impusiera como norma determinada tecnología) y le salió mal, no hay responsabilidad alguna del Estado.

Al respecto, conviene recordar lo que dice la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual:  "ARTICULO 2º — Carácter y alcances de la definición. La actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual se considera una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones. La explotación de los servicios de comunicación audiovisual podrá ser efectuada por prestadores de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro, los que deberán tener capacidad de operar y tener acceso equitativo a todas las plataformas de transmisión disponibles.

La condición de actividad de interés público importa la preservación y el desarrollo de las actividades previstas en la presente como parte de las obligaciones del Estado nacional establecidas en el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional. A tal efecto, la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes resulta una actividad social de interés público, en la que el Estado debe salvaguardar el derecho a la información, a la participación, preservación y desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión." (las negritas son nuestras)

Y la propia norma contempló las pautas para el proceso de transición a la tecnología digital, en su artículo 93; por medio del Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales, que sería aprobado por el Poder Ejecutivo nacional, que fijaría además la fecha de finalización del proceso de transición tecnológica para cada servicio (el famoso "apagón analógico").

Ese plan fue aprobado en diciembre del año pasado por el Decreto 2456; que es una de las normas que el Grupo Clarín cuestiona y que los diferentes fallos judiciales vienen validando. 

Es decir que no sólo resisten su adecuación forzada a las disposiciones de la ley de medios que rigen para los servicios analógicos tradicionales (recordemos que han logrado otra cautelar para freezzar la resolución de la AFSCA que los "adecuaba"); sino que pretenden estirar el pleno despliege de la televisión digital en el país a cargo de diferentes operadores (tanto públicos como privados comerciales y del "tercer sector"), retrasando así un desarrollo tecnológico en el que el país (con presencia gravitante del Estado) fue pionero en su momento.

Al sólo efecto de ver si con el nuevo gobierno pueden lograr lo que no pudieron con el actual: cambiar la norma técnica, para poder recuperar la inversión que hicieron en "fierros" que devinieron inutilizables.

Porque en éste caso ni siquiera pueden invocar brumosos "derechos adquiridos" (que tampoco tienen en los servicios analógicos), porque al presente no vienen prestando servicios de televisión o radio digital, al menos como licenciatarios autorizados por el Estado.

En cualquier momento van a ir a los tribunales a presentar un amparo para volver a la televisión en blanco  negro, porque les deben haber quedado equipos viejos de la época de Goar Mestre. 

ACUA MAYOR