LA FRASE

"EN ÉSTE PAÍS NO SE PUEDE TENER MENTALIDAD EMPRENDEDORA Y ARRIESGARSE EN LA BÚSQUEDA DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PORQUE ENSEGUIDA TE DESTRUYEN CON LA MÁQUINA DE IMPEDIR." (JOAQUÍN BENEGAS LYNCH)
Mostrando entradas con la etiqueta Banco Municipal de Rosario. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Banco Municipal de Rosario. Mostrar todas las entradas

sábado, 4 de julio de 2020

BANCOS PRIVATIZADOS


Las últimas dos campañas electorales para gobernador en Santa Fe (2015 y 2019) transcurrieron bajo el mismo eje monotemático instalado por el socialismo, sus dirigentes y sus trolls (porque los tienen) en las redes sociales: "Perotti privatizó el Banco Provincial".

El tema en sí fue analizado en reiteradas oportunidades acá y a lo dicho nos remitimos: el eje de discusión es falso porque quiere contraponer un "peronismo neoliberal ajustador y privatista" a un socialismo "progresista y defensor de lo público estatal".

Allí están los ejemplos de la autopista Santa Fe-Rosario o los puertos provinciales (el caso más reciente, de esta misma semana, el de Reconquista) para desmentirlo.

El socialismo en sus 12 años de gobierno en la provincia no estatizó nada que estuviera en manos privadas, y por el contrario siguió privatizando: sin ir más lejos renovó en tres oportunidades el contrato del agente financiero del agente financiero de la provincia con el Nuevo Banco de Santa Fe del grupo Eskenazy. Más detalles al respecto, acá.

Pero específicamente hablando de bancos, la muletilla "Perotti privatizó el Banco Provincial" se complementa siempre con el ejemplo del Banco Municipal de Rosario, "único banco público de la provincia", y coso.

Respecto a los curros montados a favor del Banco y su sociedad controlada BMR (Mandatos y Representaciones) hablamos largo y tendido acá, en numerosos posteos que pueden encontrar en la etiqueta respectiva: desde el fideicomiso de la autopista Santa Fe-Rosario (precisamente reestatizada por Perotti en abril de éste año), hasta el manejo de la Tarjeta Única de Ciudadanía, o los depósitos judiciales de Rosario.

La cuestión a preguntarse, a partir del hilo de tuits del amigo Eduardo Toniolli (ex diputado provincial, hoy concejal por Rosario) de la apertura, es cuan público es realmente el Banco Municipal de Rosario: hace unos días comentábamos en ésta entrada que el intendente Pablo Javkin propuso para el directorio a un "brooker" financiero del grupo Vicentín, encargado en su momento de armar el "banco" del hólding hoy en concurso de acreedores, a través de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Según cuenta Toniolli, el jueves los concejales del PJ rechazaron su pliego propuesto por Javkin, junto con el de otro candidato, que es parte del directorio de una de las financieras privadas más importantes de Rosario. Como apunta Eduardo, el actual vicepresidente del Banco Municipal, Fernando Staffieri, es un economista de la Fundación Libertad, el "think tank" del neoliberalismo.  

El campo privilegiado, la derecha económica, el mundo de la bicicleta financiera: todos tienen su lugar en el directorio del "único banco público de la provincia" que el socialismo pone siempre como ejemplo. Y todos llegaron allí con el voto de los concejales del socialismo y sus aliados.

Para los que somos de Santa Fe y conocemos a nuestro particular socialismo amante de "la mano invisible del mercado" (Binner dixit) estas agachadas no nos sorprenden; en otros lados puede que aun existan nabos que les crean el cuento del "progresismo de centroizquierda". 

Tuits relacionados:

viernes, 19 de junio de 2020

EL TIMMING PERFECTO


Proponer para un cargo público a un ex ejecutivo de Vicentín.

Proponer  para un cargo público a un ex ejecutivo de Vicentín que estaba armando el banco del grupo en la Bolsa de Rosario, donde operan buena parte del sector agropecuario.

Proponer para un cargo público a un ex ejecutivo de Vicentín que pasó por el Banco Nación.

Proponer a un ex ejecutivo de Vicentín que pasó por el Banco Nación para un cargo en un banco público.

Proponer para ese cargo a un ex ejecutivo de Vicentín que fue parte de la gestión de González Fraga en el Banco Nación.

Proponer para ese cargo a un ex miembro del directorio del Banco Nación en la gestión de González Fraga, ligado a Vicentín y que renunció al banco porque no estaba de acuerdo con que sus utilidades financien al Estado

No se puede decir que a Pablo Javkin le falte timming. Tuits relacionados: 

miércoles, 1 de abril de 2020

RESTÁLE UNA PRIVATIZACIÓN A PEROTTI


Ustedes son chicos y no se acuerdan, pero hace unos tres meses atrás, allá por diciembre del año pasado, cuando arrancó la discusión en la Legislatura provincial del primer proyecto de ley de emergencia que mandó Perotti, el socialismo (y los medios que le hacen coro) salieron a decir que quería "superpoderes" para -entre otras cosas- privatizar todo: el Laboratorio de Fármacos de Salud, la API, Catastro (todavía lo siguen diciendo) y hasta la Policía si lo dejaban. Buno, la Policía no porque a eso ya lo habían privatizado ellos, dándosela a los narcos.

Desde acá advertíamos que ese argumento (al igual que a la oposición a que el Poder Ejecutivo pudiera renegociar y rescindir contratos del Estado) era la política del tero: pegaban en un lado el grito, y en el otro escondían los huevos, que eran sus propios negocios con la patria contratista por un lado, y los estrictamente propios como los del Banco Municipal de Rosario, entre otros. Ver al respecto acá y acá también.  

Bueno, mientras tanto la ley iba y venía de una Cámara de la Legislatura a la otra, y pasaron cosas. Como que se venció la prórroga del fideicomiso de la autopista Santa Fe-Rosario que el socialismo le otorgó al Banco Municipal de Rosario a través de BMR Mandatos y Negocios S.A. en los últimos meses del mandato de Lifschitz, y Perotti decidió no renovarlo y que se haga cargo de la autopista Vialidad Provincial; como lo dispone el decreto cuyas imágenes ilustran el post. (Sobre el fideicomiso, ver acá) Decreto del cual vamos a destacar los párrafos más relevantes, a nuestro entender (las comillas son textual del decreto, las negritas nuestras). Así por ejemplo dice:

"Que conviene detenerse en este punto en particular, en tanto si bien pueden admitirse en abstracto las circunstancias de urgencia aducidas en el Decreto a partir del relato cronológico de los hechos que en él se hacen, el acto administrativo aparece incausado, alegando hechos no probados y en consecuencia, pasible de ser atacado por desviación de poder en la particular solución escogida para la tutela de los intereses públicos en juego;...Que, en efecto, del análisis del informe obrante en el Expediente N° 01801-0044494-9 y producido en fecha 21 de junio de 2017 por la Directora Provincial de Asuntos Jurídicos del entonces Ministerio de Infraestructura y Transporte, surgen una serie de consideraciones teóricas sobre las características generales de los diferentes formatos bajo los cuales podría resolverse la operación del corredor vial, pero sin profundizar en ningún caso en las razones por las cuáles uno u otro de ellos, serían inaplicables al caso; Que con el mismo carácter de afirmaciones dogmáticas sin mayor profundidad argumental o referencia puntual a la situación concreta de la Autopista, se termina sustentando en la citada opinión la solución escogida, es decir el fideicomiso, haciendo más hincapié en los antecedentes del fiduciario propuesto - es decir, BMR S.A. -, que en su experticia concreta en el rubro del que se trataba, esto es operación de corredores viales;...". (Adujeron urgencia luego de que se cayó la concesión a un consorcio de empresas privadas, para darle el fideicomiso a BMR, sin explicar por que esa solución era no solo la mejor, sino la única) 

"Que no resulta ser un dato menor a destacar, en el contexto analizado, que el citado parecer - que terminara siendo esencialmente tenido en cuenta a la hora de decidir como lo hizo el Poder Ejecutivo en su integración de entonces mediante el Decreto N° 1870/17 - no haya emanado de un servicio permanente de asesoramiento jurídico comprendido en los alcances de la reglamentación aprobada por Decreto N° 132/94, sino de una funcionaria política, carente por ende del beneficio de la estabilidad en el cargo, como resguardo de la independencia de sus opiniones;...". (El dictamen legal que habilitó el fideicomiso fue de una funcionaria política, que si se negaba a firmarlo, era despedida y listo)

"Que a la luz de esa habilitación legal, presuntamente aplicable al caso, entendió el Poder Ejecutivo, en su anterior integración, que contaba con la facultad razonablemente implícita de concretar el Fideicomiso, el que fue presentado en el contexto, como el único medio posible de “...garantizar la transitabilidad de dicha vía en forma ininterrumpida en atención al carácter de servicio público que ostenta y velar por la seguridad de los usuarios...”; y para el cual -se dijo- la Administración se encontraba autorizada en uso de los “poderes inherentes” a su zona de reserva, afirmación que resulta notoriamente incongruente con lo anteriormente afirmado en el propio Decreto, en cuanto a la necesidad de aval legislativo para habilitar al Estado Provincial a tomar directamente a su cargo la prestación del servicio público en cuestión: parece absurdo sostener que el bloque de legalidad 10 autorizase a conceder a un tercero, a título oneroso, una actividad que no podría ejercer por sí mismo;...". (El fideicomiso se basó en la absurda idea de que el Estado estaba facultado -por una ley dictada durante el gobierno de Reutemann- a privatizar la autopista dándosela en concesión a empresas privadas, pero no podía explotarla por sí mismo, a través de la Dirección de Vialidad)


"Que asimismo la vinculación inescindible que el Decreto N° 1870/17 pretendió establecer entre la figura jurídica escogida para la administración y operación del corredor (el Fideicomiso) y la necesidad de “...garantizar la transitabilidad de dicha vía en forma ininterrumpida en atención al carácter de público que ostenta y velar por la seguridad de los usuarios...”, luce inconsistente con los propios términos del acuerdo, de los que surge que el Fiduciario (a la sazón, el Banco Municipal de Rosario, a través de su controlada BMR Mandatos y Negocios SA.) queda exceptuado de tomar a su cargo aquellas tareas relacionadas con obras mejorativas de repavimentación, obras de arte y toda otra intervención de cualquier índole sobre la calzada, las cuales continuarían siendo ejecutadas por la Dirección Provincial de Vialidad de acuerdo a la normativa vigente en la materia;...". (Dijeron que armar un fideicomiso con el Banco Municipal de Rosario y BMR S.A. era el único modo de garantizar la transitabilidad normal por la autopista, pero en el fideicomiso lo eximen de hacer cualquier obra para garantizar la transitabilidad, las que quedaban por cuenta de Vialidad Provincial. Recordemos que BMR cobraba el peaje, y que el mismo decreto que creó el fideicomiso dijo que Vialidad no tenía facultades para tomar directamente a su cargo la autopista)

"Que con el mismo carácter de afirmaciones dogmáticas exentas de respaldo documental en las actuaciones que le dieron origen, el Decreto en cuestión consideró “...conveniente recurrir a un ente público con sólida experiencia en el rubro y que cuente prácticas exitosas en este tipo de contrataciones que revelen estándares de transparencia, eficiencia y eficacia comprobada...”, sin que afirme ni pruebe que, más allá de su posible experticia en la instrumentación de negocios fiduciarios, el Banco Municipal de Rosario y su controlada BMR Mandatos y Negocios, acrediten experiencia alguna en la operación de corredores viales, bajo el sistema de cobro de peajes, que era y es de lo que se trataba y trata en el caso, en definitiva;...". (O sea, dicen que acuden al Banco Municipal y BMR por su gran experiencia en el tema, pero no hay absolutamente nada en los expedientes que dieron lugar al decreto del fideicomiso, que demuestre que tenían alguna experiencia en administrar obras públicas bajo concesiones con cobro de peajes)

"Que asimismo lo afirmado en el Decreto en cuanto a que “...Ia oferta formulada por el Banco Municipal de Rosario -BMR Mandatos y Negocios- en orden a su gestión y retribución representa condiciones ventajosas de mercado para la Provincia de Santa Fe, máxime en consideración de que se trata de una entidad íntegramente pública, ajena a las especulaciones propias de los intereses privados...”, tampoco tiene apoyo en los antecedentes del acto, en tanto se invocó por un lado la causal exceptiva de urgencia para habilitar una contratación directa sin compulsar otras ofertas (o sin que al menos conste tal diligencia en las actuaciones que dieron origen al Decreto), y por el otro se hizo hincapié en el carácter público del fiduciario y, en consecuencia, su carencia de finalidad de lucro, omitiendo en este punto que se trata en definitiva de una entidad financiera, y un ente controlado por ella que opera bajo una forma societaria del derecho privado;...". (Dijeron que la oferta de BMR para el fideicomiso fue la mejor, pero no hubo otras, porque adujeron urgencia y la contrataron en forma directa; para luego desdecirse en el mismo decreto afirmando en realidad que la contrataron de ese modo por ser un organismo público, aunque esté organizado como sociedad comercial, y su dueño sea un banco)

"Que la afirmación contenida en el Decreto N° 1870/17 en punto a que la solución escogida, esto es la conformación del Fideicomiso, sería excepcional y transitoria en atención a las particulares circunstancias que le dieron origen, y se prolongaría hasta tanto la Provincia definiese el nuevo modelo de gestión del corredor vial, no encuentran sustento en los hechos posteriores, al menos durante la anterior administración de gobierno, pues con posterioridad al fracaso del proceso licitatorio convocado mediante Decreto N° 212/17 y hasta la finalización del mandato de las autoridades que precedieron a este Poder Ejecutivo - es decir, durante más de dos años - no se concretó acto alguno tendente a propiciar un nuevo procedimiento en ese sentido, ni a obtener de la H. Legislatura las autorizaciones que se dijeron necesarias, para que la Provincia tomara directamente a su cargo la operación del corredor, sino que por el contrario y como queda dicho, por el Decreto N° 2595/19 se dispuso prorrogar el contrato por nueve (9) meses, a partir del 1° de julio de dicho año;...". (Dijeron que la solución del fideicomiso era transitoria y duró tres años, porque no tenían facultades legales para que Vialidad se hiciera cargo directamente de la autopista -cosa que es falso-, pero tampoco hicieron nada durante esos tres años para darle esas facultades, promoviendo los proyectos que creían necesarios ante la Legislatura. Y eso es porque las dos cosas que dijeron son falsas: Vialidad sí tiene facultades para administrar la autopista -lo hizo desde su construcción hasta 1994-, y nunca pensaron en terminar con el fideicomiso, hasta que no les quedó más remedio porque perdieron las elecciones)


"Que de todo lo hasta aquí expuesto surge, a criterio de este Poder Ejecutivo, la manifiesta inconveniencia de continuar la administración de la Autopista Santa Fe - Rosario “Brigadier General Estanislao López” bajo el modelo del Fideicomiso establecido por el Decreto N° 1870/17 o alguno similar, correspondiendo instruir a la Dirección Provincial de Vialidad para que tome posesión del corredor...Que en tal sentido y atento a que se han controvertido, por actos expresos de la anterior administración de gobierno, las atribuciones de la Provincia y sus órganos competentes para disponer en ese aspecto, corresponde recordar que, conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley Orgánica de Vialidad Provincial N° 4908, los caminos provinciales así como sus ensanches y obras anexas serán de propiedad exclusiva de la Provincia, y no caben dudas que la Autopista “Brigadier López” lo es, de acuerdo con lo formado en los artículos 4 inciso a) y 5 del mismo cuerpo legal;...". (Perotti, el privatizador, está diciendo que la autopista puede ser administrada por Vialidad Provincial que es la dueña, de acuerdo con su ley de creación, que es de 1958, o sea del primer gobierno de Sylvestre Begnis)

"Que el corredor vial citado constituye un bien del dominio público provincial, en los términos y con los alcances del artículo 235 inciso f) del Código Civil y Comercial de la Nación, y como tal inenajenable, inembargable e imprescriptible (artículo 237 del mismo ordenamiento), razón por la cual resulta a todas luces improcedente que se lo haya puesto como garantía del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Provincia en el marco del contrato de fideicomiso... (Pusieron como garantía del fideicomiso un bien del Estado que no se puede ni comprar, ni vender ni embargar. Pero el privatizador serial es Perotti)

"Que vinculado a lo anterior y en relación al Decreto N° 51 94/16 del Convenio para la extinción por mutuo acuerdo del Contrato de vale destacar que ni del acto en sí mismo, ni del expediente que acoge el procedimiento administrativo seguido surgía la información que permitiera concluir que la compensación dineraria que el acuerdo significaba era equilibrada y con ello que debía ser reconocida por el Estado Provincial; tampoco se justificaba por qué la Provincia tenía que hacerse cargo del riesgo empresario asumido por quien fue concesionario adjudicado en base a su oferta, que definía determinadas inversiones a las que se comprometía y acompañaba el Plan Económico Financiero para concretarlas satisfactoriamente;...". (Rescindieron el contrato de concesión con las empresas del consorcio privado "sin penalidades para las partes" y de mutuo acuerdo, sin explicar por qué les perdonaron sus incumplimientos contractuales, las multas millonarias que como consecuencia de eso debieron pagar y por qué le trasladaron al Estado el riesgo empresario de los privados, y su obligación de hacer las obras, para lo cual cobraban el peaje)

"Que por lo demás, la genérica y dogmática referencia a incumplimientos de ambas partes es insuficiente, y si de hecho hubieren existido atribuibles a la Provincia requerían de su detalle, su examen particular uno por uno en relación a su procedencia legal y determinación económica precisa para hacer valer las responsabilidades de todo tipo a que dan lugar;...Que asimismo, la solución consagrada en el Decreto N° 5194/16 se desentendió de justificar por qué si la concesión de la autopista era un contrato de obra pública a financiar mediante el sistema de peaje, no se aplicaban las consecuencias que prevé el artículo 13 de la Ley de Obra Pública N° 5188;....Que por lo demás, la genérica y dogmática referencia a incumplimientos de ambas partes es insuficiente, y si de hecho hubieren existido atribuibles a la Provincia requerían de su detalle, su examen particular uno por uno en relación a su procedencia legal y determinación económica precisa para hacer valer las responsabilidades de todo tipo a que dan lugar;...". (Expresaron -en nombre del Estado- que el Estado también había incumplido por su parte el contrato de concesión, sin decir en que, y cuáles fueron las razones de "fuerza mayor" contempladas en la Ley de Obras Públicas de la provincia que justificaran que se le perdonaran a los concesionarios privados sus incumplimientos)

En ese marco, no sorprende que el decreto de Perotti, además de dar por terminado el fideicomiso y ordenarle a Vialidad Provincial que tome posesión de la autopista y la opere bajo una Unidad Ejecutora, ordene una auditoría de corte de la Sindicatura General de la Provincia, y una investigación de la Fiscalía de Estado para determinar si existieron daños a los intereses de la provincia y a sus derechos como concesionaria, e incluso delitos que deban denunciarse a la justicia.

Detalle no menor: el decreto manda en su artículo 10 a preparar un proyecto de ley a remitir a la Legislatura, para crear una sociedad que administre definitivamente la autopista; sociedad cuyo capital (según ordena) deberá estar íntegramente (o sea en un 100 %) en manos del Estado, con carácter intransferible: no podrá vender las acciones, o sea privatizarla en todo o en parte. Una privatización menos que endilgarle a Perotti. Más información al respecto, en ésta nota de Gustavo Castro en Diario Santa Fe.  

lunes, 24 de febrero de 2020

EL MANDATO DE LOS NEGOCIOS


Ustedes son chicos y no se acuerdan, pero en una época (más precisamente, durante el kirchnerismo) para el socialismo los fideicomisos eran mala palabra, sinónimo de cosa oscura, y mecanismo turbio para manejar dineros públicos sin ningún control, que iban a parar a los bolsillos de los funcionarios, o servían para financiar las campañas políticas del oficialismo.

Simplemente por recordar un caso sonado, cuando en el 2008 el gobierno de Cristina creó por el Decreto 2067 un fideicomiso para financiar con un cargo en las facturas de gas, las importaciones que eran necesaria para atender la demanda en invierno, Giustiniani y el resto del bloque socialista en el Congreso fueron a la justicia y, vía amparo y cautelar, lograron que no se cobrar el cargo, ni se constituyera el fideicomiso.

Sin embarga, acá en Santa Fe y mientras fueron gobierno, la cosa la miraron con otros ojos, y empezaron a armar fideicomisos a lo pavote, para cualquier cosa y siempre con el mismo encargado (fiduciario) BMR Mandatos y Negocios S.A., la sociedad propiedad del Banco Municipal de Rosario.

Acá pueden ver en su propia página como la mayoría de los fideicomisos que manejan son con el sector público, en especial con la provincia (creados durante los tres mandatos de gobierno socialista) y con la propia Municipalidad de Rosario. En este posteo tienen un detalle de los conformados con la provincia, que hoy está desactualizado porque aparecieron otros, como el del Aeropuerto Rosario para financiar las obras que la provincia hizo para sostener el curro de los "low cost"; o el del Polo Logístico Sauce Viejo en los terrenos de la ex FIAT, donde BMR cobró 323.600 dólares, y el 1 % del producido de la venta de los lotes, por no hacer nada,salvo elegir según su exclusivo criterio (o sea, a dedo) a las empresas que hagan las obras, para lo cual la provincia comprometió un aporte inicial de 60 millones de pesos.

En ese caso, el fideicomiso tiene un plazo de vigencia de diez (10) años, prorrogable por acuerdo de partes, cuando su objeto es simplemente adaptar el inmueble cedido a la provincia por Rogolex S.A. para que allí funcione un parque logístico industrial. En el caso del fideicomiso "Santa Fe + Deporte", la situación es más oscura aun: se ha triangulado el otorgamiento de las becas pagadas desde 1990 con el Fondo Provincial del Deporte (conformado con parte de la recaudación de los juegos de la Lotería de Santa Fe), a través de BMR S.A. y la Fundación Banco Municipal de Rosario, sin que existiera jamás desde 2015 (cuando el fideicomiso fue creado) decreto alguno del Poder Ejecutivo que apruebe el contrato, o establezca sus términos.

Acaso el caso emblemático sea el de la autopista Santa Fe Rosario analizado en detalle acá, por el cual BMR S.A. se queda con el 2 % de la recaudación por el cobro de peajes, solo por cortar el pasto, manejar las ambulancias, y pagarles los sueldos a los empleados de las cabinas.

En condiciones de turbiedad absoluta (como todo lo que rodea al Banco Municipal de Rosario y BMR), los fideicomisos en la provincia fueron, sí y como planteaba el socialismo en la nación durante el kirchnerismo, otro mecanismo para fondear a un banco que es sistemáticamente vaciado por su propietario (el municipio rosarino, bajo las gestiones del socialismo), y que sin esos "ayudines" financieros del Estado provincial, habría quebrado, o hubiera sido suspendido para operar por el Banco Central, porque carece de solvencia propia.

Todo esto viene a cuento de la discusión que se está planteando en la Legislatura por el proyecto de ley de "necesidad pública" enviado por Omar Perotti, algunos de cuyos artículos facultan al Poder Ejecutivo a renegociar los contratos del Estado, y llegado el caso, resolverlos (o sea, rescindirlos).

Al respecto se han colado los reclamos de la patria contratista local (encabezada por el dueño de Mundo Construcciones, a la cual el socialismo le otorgó por 30 años la operación de la terminal de contenedores del puerto de Santa Fe), y del propio socialismo; pisándose solo al revelar cuáles eran sus preocupaciones: los contratos con sus principales aportantes de campaña, como decíamos acá.  

Sin embargo de este tema de los fideicomisos (que es una preocupación real, para ellos) se habla poco, acaso porque no quieren levantar la perdiz; porque están todos flojitos de papeles (muy), pero bien ataditos para que al Estado provincial no les resulte fácil desprenderse de estas garrapatas. Por eso el proyecto de ley molesta.

miércoles, 12 de febrero de 2020

LA IDEA ERA QUE NO SE NOTARA, MUCHACHOS


"El Poder Ejecutivo pide contratar en forma directa no solo temas alimentarios. Sino medicamentos con laboratorios, insumos hospitalarios, equipamiento policial, el servicio de tarjeta alimentaria que hoy gestiona el Banco Municipal de Rosario. (El mensaje del Gobernador y el texto de la ley dicen expresamente que no pide contratar en forma directa. (Que loco que lo primero que se les ocurre es el contrato del Banco Municipal por la tarjeta alimentaria, que se hizo por contratación directa)

"El Poder Ejecutivo pide luz verde y libertad total para renegociación directa de contratos de todo tipo (no solo de obra pública). Como viene el proyecto de ley, el Poder Ejecutivo hasta se podría renegociar el contrato del agente financiero, el contrato de captura de apuestas de lotería, el servicio 911, el servicio alimentario de los hospitales.... es decir, contratos que fueron realizados en grandes licitaciones y donde hay muchos recursos en juego."

"Y hasta rescindir esos contratos. Si combinamos la posibilidad de rescindir contratos con la de contratar directamente estamos ante un permiso de hacer cosas que en ningún momento de la historia de la Provincia alguien hizo. (A lo mejor lo que quieren es que la ley diga cuáles contratos no pueden ser renegociados, que son los que mencionan, porque les interesan a ellos) Yo si fuera ellos no nombraría esos contratos en particular, porque se notan mucho los intereses: el agente financiero (Eskenazy, tres veces renovado como único oferente), la lectura de las apuestas de la Lotería (Boldt, desde 1984 como único oferente), el 911 (Telefonica, en licitación que armaron a su medida y sigue prorrogado de hecho hasta hoy porque perdía la licitación), la comida de los hospitales (las dos mismas empresas en Santa Fe y Rosario desde 2012))

"El proyecto de ley si uno lo lee con detenimiento prevé que se pueda tercerizar parte de la tarea de fiscalización o recaudación de impuestos que hace el API. Esto no es un tema menor y solo de privatización, es ver a quien se le permite conocer datos impositivos de los santafesinos. Y una universidad manejando ese tema no vemos la razón o al menos nadie explicó el por qué." (¿En serio hay que explicar cuando se contrata a una Universidad? No quieren que se contrate a una Universidad para mejorar la recaudación porque eso le daría acceso a la base de datos fiscales. Tendrán miedo que los divulguen. Lo raro es que ellos contrataron a la UNR para las licencias médicas de los docentes. Ahí no tuvieron miedo de que revoleen las historias clínicas.)

"En diciembre cuando vino el proyecto anterior el gobierno decía que necesitaba endeudarse en $15.000 millones para recomponer el Fuco. Ahora parece que ya se recompuso más de la mitad el Fuco ... entonces ¿qué dice este proyecto nuevo? Endeudarse en $15.000 millones para recomponer el Fuco y también para aguantar el congelamiento de tarifas y el boleto gratuito.... Nadie pone en duda la importancia de lo tarifario y el boleto escolar gratuito pero atender esos gastos no se hace con deuda sino discutiendo seriamente un financiamiento sustentable. El peronismo siempre hizo una oposición responsable en los últimos años y repetía siempre que el endeudamiento solo debía ser para gasto de capital y ahora vemos que se quiere endeudar para gasto corriente." (Se endeudaron con Eskenazy para bancar el fallido proyecto de reelección de Lifschitz, pero no quieren que Perotti se endeude para mantener las tarifas congeladas y aprobar el boleto educativo gratuito. Lo que es tener claras las prioridades.)

En seguridad hay dos artículos que combinados significan ni más ni menos que se haga una purga policial pero como al ministro Saín le parezca conveniente. No hay nada objetivo. Sino que dice "el ministro puede pasar a disponibilidad a quien quiera, así el agente policial haya hecho algo o no" y luego otro articulo dice que "si un agente estuvo 30 días en disponibilidad se lo puede pasar a retiro obligatorio"." (Chocolate por la noticia, claro que hay que purgar la policía. De las cúpulas corruptas entongadas con los narcos que pusieron ustedes. Que los defienden dice mucho más de ustedes, que de la ley)

"¿Qué es eso sino una purga totalmente discrecional? ¿Y quien paga los costos de esa purga? Todos los santafesinos porque pasan a cobrar una jubilación de la Caja de Jubilaciones de la Provincia. Y ese gasto no entra en lo que Anses está comprometido a financiar el déficit de la caja." (La defensa de la gorra ya es inverosímil pero no sorprende. Arrancó con Tognoli. Parece que para estos muchachos en la cana está todo bien y no hay que tocar nada. Ahora descubren que la ANSES no financia todo el déficit de la Caja, cuando se pasaron 12 años diciendo lo contrario, y lo pusieron en el presupuesto)

(Las negritas son nuestras. El texto lo están haciendo circular los asesores del Frente Progresista (o sea, los ex funcionarios del gabinete de Lifschitz) en la Cámara de Diputados entre el periodismo amigazo, tal vez con la idea de que lo repliquen en sus medios).

Posteos con información necesaria para entender:







PD: Que no te tomen por boludo hablando de "superpoderes", "facultades extraordinarias", y esas huevadas. No están defendiendo las instituciones, simplemente los negocios que hicieron desde el gobierno, y los aportantes de campaña. De eso hablan cuando dicen "contratos con muchos recursos en juego".

jueves, 12 de diciembre de 2019

EN SANTA FE NO HAY HAMBRE


¿Se acuerdan de la emergencia alimentaria? No ¿no?

Parece que fue hace tanto tiempo, y sin embargo pasaron apenas dos meses desde que el Congreso aprobó la ley, y acá en Santa Fe Lifschitz adhirió por decreto después de dos años de negarse a enviar un proyecto a la Legislatura declarándola por ley, como le pedían las organizaciones sociales.

Bueno, ahora, dos meses después (es raro lo que el socialismo entiende por emergencia" dicen que refuerzan las partidas del Ministerio de Desarrollo Social para eso, aunque en realidad es mentira: modifican el presupuesto en forma compensada, y lo que les dan a algunas municipalidades lo sacan de la partida de subsidios destinados a entidades sociales.

Lo curioso es que el decreto dice que la ayuda estará destinada a las ciudades "con mayor densidad poblacional, con gran cantidad de personas en situación de vulnerabilidad y criticidad social"; pero no está Santa Fe.

¿No hay acaso hambre en la capital de la provincia, algo que amerite que le tiren parte de los fondos como a las otras municipalidades o Rosario, que se lleva el 73,51 % de la asistencia?

Y que decir del "aporte extraordinario" para que la gente pueda comprar algo "para la mesa navideña de los hogares": 4,8 millones rasposos, casi lo mismo que un stand de la provincia en Expoagro, a valores del 2009. Y encima hay que devolver esa suma al Banco Municipal de Rosario, porque la anticipó (con guita que la provincia deposita) en las Tarjetas de Ciudadanía precargadas.

¿Qué qué tiene que ver con todo esto el Banco Municipal?

Que desde el 2014 viene prestando el servicio de administrar las cuentas de la Tarjeta Unica de Ciudadanía en las que se acredita la plata que la provincia destina a la compra de alimentos a los sectores más vulnerables, y se lo acaban de prorrogar hasta marzo del año que viene, porque le dejan a la nueva gestión resolver la licitación en marcha:



Eso sí: como en ese caso, nunca sabremos por que no se terminan las licitaciones en tiempo y forma, y sobre todo quienes se presentaron y quienes estaban en condiciones de ganar.

jueves, 24 de octubre de 2019

UN DECRETO MENOS PARA PEROTTI

En varias oportunidades reseñamos acá como durante los 12 años del gobierno del socialismo en Santa Fe, se cansaron de darle "ayudines" del Estado provincial al Banco Municipal de Rosario, tantas veces "capitalizado" como puesto al borde de la quiebra o de quedar fuera de las regulaciones técnicas del Banco Central, por la ineptitud de los que lo manejaron.

Acá hablábamos por ejemplo del último de los "fideicomisos" que le inventaron, para manejar los recursos del Aeropuerto Internacional de Fisherton, y acá hicimos una reseña de todos los contratos y vinculaciones que obtuvo de la provincia en estos años, entre ellos el de la gestión de los depósitos judiciales de Rosario, al cual refiere el decreto que abre el post. 

Hay para hacer dulce, y estaría a la firma el decreto adjudicándole (como único oferente presentado) el manejo de los fondos de la Tarjeta Unica de Ciudadanía, para los programas alimentarios del Ministerio de Desarrollo Social.

Hace pocos días supimos que el gobierno de Lifschitz le dejará para resolver a Omar Perotti la nueva adjudicación del contrato del agente financiero del gobierno provincial, pero con una licitación armada a medida del único oferente presentado: el Nuevo Banco Santa Fe de Eskenazy, al cual el socialismo le otorgó dos veces esa condición, y se aprestaba a hacerlo una tercera, cuando se pudrieron las discusiones por la transición.

En esos casos no tuvieron empacho en acudir a un banco privado para que maneje los fondos públicos provinciales, pese a que hicieron campaña con el latiguillo (falso además) de que "Perotti privatizó el Banco Provincial".

Sin embargo en el caso de los depósitos judiciales de Rosario, el argumento cambia: en ese caso es conveniente, oportuno y necesario que lo maneje un banco público. Y al parecer, es imprescindible que ese sea el Banco Municipal de Rosario, por eso lo contratan en forma directa por cinco años (todo lo que queda del mandato de Lifschitz, y el de Perotti completo), con opción a prórroga por otros cinco años más.

Seamos buenos: a lo mejor le van adelantando trabajo a Omar, para que tenga un decreto menos que firmar.

martes, 18 de junio de 2019

PREGUNTAS SOBRE LA TRANSICIÓN

lunes, 22 de abril de 2019

¿EL BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO ES MUNICIPAL?


Hemos hablado varias veces acá sobre los cuantiosos fondos que el gobierno de Lifschitz viene invirtiendo en Rosario para atender los negocios de las low cost, que superan los 1750 millones de pesos, casi lo mismo (o más) que piensa gastar este año en subsidiar el boleto de colectivo, por ejemplo.

Eso, pese a que el aeropuerto es manejado por un ente autárquico que, como tal, recauda y administra sus propios recursos: tasas por pasajeros, por vuelos, por aterrizaje y balizamiento, por explotación de locales comerciales y servicios. Y no son pocos: al menos unos 704 millones de pesos previstos para este año, según el presupuesto provincial.

O acaso más, porque en ese mismo presupuestos contemplan como recursos otros 400 millones de pesos destinados al "Fideicomiso Financiero AIR" (Aeropuerto Internacional Rosario), sin aclararse de donde salió tal fideicomiso, y si esos fondos son propios del Ente, o aportados por el Tesoro provincial.

Y nos preguntamos de donde sale tal "fideicomiso financiero" porque, como pueden ver en el decreto cuyas imágenes ilustran el post, recién ahora Lifschitz estaría autorizando su creación, sin indicar la más mínima referencia a los recursos con los que se va solventar, cuáles serían estos y a que estarían destinados, más allá de alguna vaga referencia a obras "para mejorar las ventajas competitivas de los distintos sectores productivos" y "las condiciones necesarias para la exportación e importación de productos", siendo que el aeropuerto de Fisherton es, más que nada, una terminal de pasajeros, no de carga. 

Lo que sí sabemos es quien estará a cargo del "fideicomiso financiero", que no es otro que el Banco Municipal de Rosario, a través de BMR Mandatos y Negocios S.A., la estructura legal que utiliza para estos casos:


No es la primera vez que cumple con esa función de administrador de "fideicomisos financieros": veíamos acá como por la misma vía maneja "...de los fondos del cargo solidario para las obras de cloacas y agua potable en Rosario, que se cobra sobre las facturas de Aguas Santafesinas (Decreto 2734/12), los recursos aportados por la provincia al Area Tecnológica Nodo Rosario, (Decreto 3589/13), los préstamos de la Secretaría de Energía para el desarrollo de energías renovables, con fondos de la provincia y no propios (Decreto 741/15), los fondos privados aportados por sociedades controladas para las refacciones en el edificio de la Inspección General de Personas Jurídicas (Decreto 4436/15, caso que terminó en una denuncia penal por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública), los fondos destinados a la “puesta en valor” del Patio de la Madera de Rosario (Decreto 4435/16) y los créditos para instalar centros comerciales a cielo abierto en Rosario, con fondos aportados por la provincia (Decreto 4554/16)."

Además, por supuesto, de los recursos del peaje de la autopista Santa Fe-Rosario, las becas a los deportistas santafesinos a través del programa "Santa Fe Más Deporte", los depósitos judiciales de Rosario, el fideicomiso del Laboratorio Productor de Fármacos de la provincia, y la Tarjeta Unica de Ciudadanía a través de la cual el Ministerio de Desarrollo Social transfiere fondos para compras de alimentos en locales adheridos.

El Banco podrá ser nominalmente municipal, pero hace años que está flojito de papeles, y siempre al borde de no quedar encuadrado en las regulaciones del Banco Central por su escasa solvencia patrimonial; y hace rato hubiera caído ya si no lo sostuviera el gobierno provincial, inyectándole depósitos e ingresos vía comisiones por sus servicios, a través de todos los "fideicomisos" mencionados y otros curros varios, en los que realmente no aporta nada; salvo oscuridad en el manejo de los fondos. Como parece ser este caso del aeropuerto de Fisherton, a juzgar por el mismo decreto:  


Para que se entienda: aunque el "fideicomiso" figura en el presupuesto provincial con nada menos que 400 millones de pesos, en el decreto no se brinda ninguna precisión al respecto; aunque en el presupuesto toda esa plata no figura como "Recursos Propios de Libre Disponibilidad" (o sea, no son originados en las tasas que percibe el ente administrador de Fisherton), y estaría destinada a obras en la nueva terminal internacional para vuelos de pasajeros, no de carga.

Y por otro lado, también en el presupuesto $ 176.376.000 destinados a cancelar intereses y amortización del endeudamiento con el fideicomiso AIR-BMR, la empresa controlada por el Banco Municipal de Rosario. ¿Cómo es que ya en diciembre del año pasado (cuando se aprobó el presupuesto) se sabía que había que pagarle toda esa plata a un fideicomiso que Lifschitz recién autoriza en abril?

De solo mirar el presupuesto y contra lo que dicen los considerandos del decreto, surge que el fideicomiso sí compromete los aportes del Estado provincial destinados a obras en el aeropuerto; siendo a su vez que no sabemos con que porcentaje de esa plata se queda BMR S.A. (o sea, el Banco Municipal de Rosario) como comisión por "administrar" el fideicomiso.

Si leen atentamente el decreto, verán que todas las opiniones son en potencial, porque nadie sabe a ciencia cierta sobre que base está opinando: ni la Fiscalía de Estado, ni la Secretaría de Finanzas e Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, que manifiesta que "...respecto de las condiciones del negocio propuesto (el fideicomiso financiero, aclaramos nosotros), el mismo constituye un instrumento de uso generalizado en el mercado de capitales cuyo resultado dependerá en gran medida de la oportunidad en que se decida instrumentar el mismo y asimismo de las condiciones financieras que se asumen en dicho momento, las cuáles, por razones obvias, no figuran en los actuados..." (las negritas son nuestras). Y eso es así porque el "fideicomiso" está pensado para emitir deuda, con la finalidad (presunta) de financiar las obras, que hasta acá vino financiando la provincia.  

Como todo lo vinculado a las relaciones entre la provincia y la Municipalidad de Rosario, en especial su Banco Municipal, este nuevo "fideicomiso" (uno más y van) está rodeado de la más absoluta oscuridad; con el agravante en este caso de que no queda claro cuáles son los "sectores productivos" que se beneficiarían. Porque hasta acá las únicas beneficiarias de toda la movida vienen siendo las aerolíneas "low cost", esas del modelo de flexibilización laboral que tanto le gusta a Lavagna, el candidato presidencial del socialismo. 

lunes, 28 de mayo de 2018

DEPORTES EN LA OSCURIDAD


La imagen de apertura corresponde a ésta nota de El Ciudadano de hace unos días; que daba cuenta de la audiencia en la que Lifschitz recibió a los hermanos Chiaraviglio, atletas santafesinos integrantes de la delegación argentina que está compitiendo en los Juegos Odesur que empezaron el sábado pasado en Cochabamba, Bolivia. Germán fue el abanderado de la delegación argentina.

Leíamos en el artículo: "El gobernador les entregó a los atletas, becas deportivas en el marco del programa Santa Fe Más Deportes, que alcanza también a 81 competidores y entrenadores por un total de $ 4.740.000. El programa articula lo público con lo privado para complementar la asistencia a deportistas que participan de competencias panamericanas, parapanamericanas, olímpicas y paralímpicas.

Durante el 2017, con vistas a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 y los Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, un total de 86 deportistas y entrenadores recibieron un aporte que superó los $ 4.000.000." (las negritas son nuestras) Por contraste, en la semana previa al inicio de los juegos hubo una protesta de atletas rosarinos que denunciaron que no habían cobrado las becas, y les dijeron que se las pagarían al finalizar su participación en ellos.

Lo cierto es que es absolutamente imposible corroborar la veracidad de los dichos oficiales, porque todo lo vinculado al programa "Santa Fe Más Deportes" tiene la más absoluta oscuridad, a punto tal que no tiene un instrumento formal de aprobación (decreto del Poder Ejecutivo, por ejemplo); y ni siquiera figura identificado en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social o en ninguna otra parte, con la correspondiente asignación de las partidas presupuestarias.

La provincia tiene sí un sistema de becas de apoyo a los deportistas destacados en las diferentes disciplinas (incluyendo las que se practican por equipos) establecido por el Decreto 2436/01; y que se sostiene con los recursos del FOPRODE (Fondo Provincial del Deporte) creado por la Ley Provincial del Deporte 10.554 (1990) en sus artículos 19 a 21. El Fondo se nutre principalmente con una parte del producido de los juegos de azar que administra la Caja de Asistencia Social (Lotería de Santa Fe), y éste año tiene asignados recursos por $ 9.753.000, de los cuáles $ 9.105.000 están destinados específicamente al programa de becas.

Sin embargo, "Santa Fe Más Deportes" es otra cosa: se trata de un fideicomiso administrado por BMR Mandatos y Negocios S.A., la empresa del Banco Municipal de Rosario que viene acumulando negocios similares con el gobierno provincial desde que gobierna el socialismo; así por ejemplo la administración del cobro de peajes de la autopista Santa Fe-Rosario, que es el más relevante, pero no el único (acá el listado completo).

En la página institucional del Banco Municipal, se dice que BMR Mandatos y Negocios S.A. es la administradora fiduciaria del fideicomiso "Santa Fe + Deportes"; cuyo objeto sería "...permitir que personas y empresas puedan aportar bienes o servicios, con el objeto de facilitar el desarrollo de los deportistas y entrenadores de nuestra región." (otra vez las negritas son nuestras)

Ahora bien, hasta donde se puede saber, como "fiduciante originario" aparecía la Fundación Banco Municipal de Rosario, que solo aportó unos $ 5000 originalmente; y los verdaderos fiduciantes de hecho (es decir, los aportantes de fondos) son la provincia (mediante transferencias del Ministerio de Desarrollo Social) y la Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe; lo cual no se condice con que no son los fiduciantes originales. 

No existirían aportes de particulares o empresas, o al menos no hay registros de ello; y el Ministerio de Desarrollo Social dicta cada año desde 2015 una resolución disponiendo cuantos fondos transfiere al fideicomiso "Santa Fe + Deporte", según este detalle: Resolución 473 del 3 de mayo de éste año ($ 400.000), Resolución 891 del 19 de septiembre del año pasado ($ 400.000), Resolución 662 del 4 de agosto del 2016 ($ 300.000) y Resolución 562 del 18 de junio del 2015 ($ 300.000).

Como se ve. los montos son mínimos, de modo que no pueden constituirse en el soporte financiero de las becas presuntamente entregadas por la provincia a los deportistas según los dichos del gobernador, becas que tampoco son financiadas por privados como dice el objeto del fideicomiso. La única posibilidad que queda entonces son los recursos de la Caja de Asistencia Social (Lotería de Santa Fe), en cuyo presupuesto tampoco existe la más mínima mención al respecto.

Y en cuanto a la demora en el pago de las becas que aducen algunos deportistas que fueron beneficiados con ellas, la explicación admite dos posibilidades: o hay demoras en las transferencias desde la provincia a través de la Lotería (descartados los aportes privados y de la Fundación del Banco Municipal de Rosario), o -lo más probable- BMR Mandatos y Negocios S.A. (que es en un 99 % propiedad del Banco Municipal y el 1 % restante de la Municipalidad de Rosario) retiene los fondos para poder sostener los encajes con los que el Banco cumple las reglas técnicas del Banco Central para poder funcionar; que es además la razón por la cual el socialismo le viene "inventando" negocios desde el Estado provincial en los últimos 10 años.