LA FRASE

"EN ÉSTE PAÍS NO SE PUEDE TENER MENTALIDAD EMPRENDEDORA Y ARRIESGARSE EN LA BÚSQUEDA DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PORQUE ENSEGUIDA TE DESTRUYEN CON LA MÁQUINA DE IMPEDIR." (JOAQUÍN BENEGAS LYNCH)
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sábado, 27 de septiembre de 2025

RETENIDOS

 

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martes, 29 de julio de 2025

LAS CUENTAS CLARAS

 

Pasó con el menemismo (tan revisitado en estos tiempos), pasón con el macrismo y está pasando con Milei: hay toda una producción intelectual del discurso de la resignación y la derrota, disfrazada de "complejización analítica" de procesos que en su esencia son bastante claros, y que para entender si no sus manifestaciones si su resultado final, basta ver quienes salen ganando y quienes perdiendo en su desarrollo.

Y si se enfocan las supuestas "complejidades" con esa lente, resulta que todo está más que claro, y no necesita subtitulados ni explicaciones: ganan los dueños del país (como casi siempre) que son pocos (y cada vez más pocos), y perdemos (casi) todos. Llámenlo desigualdad en la distribución del ingreso, capitalismo salvaje, lucha de clases o el rótulo que prefieran: la realidad pura y dura es esa.

Tan pura y dura como el discurso de Milei el sábado en la Rural yendo a rendir examen (como han hecho antes tantos otros presidentes de lo que él llama "casta") frente a los dueños de la tierra, que se autoperciben (no sin algo de razón) como los dueños del país. 

En una pieza oratoria a la que habrá que agradecerle que nos ahorró muchas explicaciones, el tipo anunciaba que el Estado dejaba de cobrar impuestos a uno de los sectores más ricos de la sociedad (y naturalmente fue aplaudido), para acto seguido decir que vetaría cualquier ley que significara gastos, aunque fuera para beneficiar a los más perjudicados por sus políticas, como los jubilados o los discapacitados.

Allí el aplauso de la platea fue más fuerte aún, demostrando que los que realmente mandan tienen muy claras las cosas, y saben perfectamente que para que ellos tengan más es necesario que otros (muchos) tengan menos, en especial cuando (como sucede con el sector agropecuario dedicado a la exportación) lo que les importa es lo que sucede fuera de nuestras fronteras. 

Por más sectores de lumpen protelariado sin conciencia de clase que existan (y como diría Dolina de los boludos, son tantos que terminan eligiendo al presidente),el fenómeno política y socialmente relevante es que las clases dominantes nunca se confunden, cuando de defender sus intereses se trata, quienes son los que mejor los defienden y quienes los amenazan: el aplauso más fuerte fue cuando el presidente de la Rural celebró la condena de Cristina. A buen entendedor, pocas palabras.

Y la política debe tomar nota de eso y obrar en consecuencia, si no quiere renunciar al ideal de representar; y si ellos no se no confunden, no nos debemos confundir nosotros, aprendiendo a distinguir lo principal de lo accesorio, y los intereses concretos, puros y duros, de las percepciones individuales o grupales; aunque estas incidan en los comportamientos sociales, y por ende electorales: una cosa son los modos y los lenguajes con los que encarar la praxis política para conectar con las percepciones sociales, y otra muy distinta perder de vista cuáles intereses concretos aspiramos a representar, y cuáles son las propuestas y los candidatos para defenderlos mejor. Como hacen ellos.

Lo primero se puede pulir, lo segundo es la materia prima básica para empezar a hablar de un proyecto político alternativo al desquicio social que nos gobierna.

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domingo, 24 de abril de 2022

COMO TE VEN, TE TRATAN

 

Con la soja orillando los 640 dólares y todos los demás commodities en alza por la situación internacional, con retenciones planchadas en los mismos valores desde 2019 (las módicas subas recientes de dos puntos fueron en productos industrializados), con récord de producción y exportaciones para el sector, récord de ventas de maquinaria agrícola y camionetas 4 x 4, "el campo" no puede alegar un solo motivo real para la protesta, salvo uno: no les gusta el gobierno actual (con el que se forran de plata, incluso más que con el macrismo), porque no es el que votaron.

Aupados por los medios como en 2008, vehiculizando a los sectores más duros de la oposición al gobierno nacional (como entonces) lo que en realidad quieren va más allá de vetar cualquier intento de modificar la política de retenciones o la política agropecuaria del gobierno en general (con la cual les va muy bien); que por otro lado el propio gobierno se encarga de ratificar: así como Guzmán dijo varias veces que no van a aumentar las retenciones "para evitar conflictos políticos que hemos tenido en el pasado", Julián Domínguez acaba de decir que la protesta lo sorprendió, porque "el campo" no va a pagar el nuevo impuesto "a las rentas inesperadas", que ni siquiera llegó al Congreso.

De modo que el conflicto que plantean los productores "autoconvocados" (porque la Mesa de Enlace se despegó de la protesta, al menos formalmente) tiene la misma filiación de origen que la escalada golpista de la Corte Suprema en el Consejo de la Magistratura, o la campaña sistemática de difamaciones y esmerilamiento que a diario conducen los medios hegemónicos como Clarín, La Nación e Infobae: la debilidad de un gobierno que decidió, desde el primer momento de su gestión, no pelearse con nadie, salvo con su propia base electoral. Y por el contrario, dejar intacto el poder de fuego con el que esos adversarios lo cañonean a diario.

Así es entonces que, mientras la inflación en alimentos no cede y sigue carcomiendo los ingresos de los sectores populares, hay pasividad sindical y se plantea (incluso desde el propio gobierno) sacarles beneficios a las organizaciones sociales que reclaman, otra vez los millonarios panzones disfrazados de peones que están -en cualquier estadística que se analice- dentro del sector más privilegiado de la sociedad vuelven a adueñarse de las rutas del país, desafiando la autoridad del Estado -en todos sus niveles- para protestar por el resultado de las elecciones de octubre del 2019; frente a un gobierno que nunca tuvo la intención real de hacerlo valer, en la orientación de sus políticas.

Lo que nos lleva a una encerrona peligrosa: Alberto Fernández ingresa -por errores y daños autoinflingidos- al tramo final de su mandato en un contexto difícil, habiendo debilitado la autoridad presidencial y su propia figura, con una derrota electoral a cuestas, con cuestionamientos (sistemáticamente desatendidos) desde el interior del propio oficialismo, con el diálogo roto con Cristina (la hacedora de su candidatura) y con la propia base social, política y electoral desmovilizada y desencantada con su gobierno.

La política de "seducción" de los quejosos ha sido un fracaso estrepitoso, hasta acá, en todos los planos en los que se la ha intentado: con los medios, con la corporación judicial, con los grupos empresarios y el poder económico, lo que incluye a las patronales agropecuarias o los sedicentes "autoconvocados". Ni que hablar de los amargos frutos recogidos de la búsqueda de una "oposición racional y responsable" con la que tejer acuerdos.

De lo que están dispuestos a hacer los que adversan al gobierno tenemos pruebas a diario, la última de ellas el "tractorazo" de ayer. La pregunta es que piensa hacer el gobierno, y con el apoyo de quien. Tuits relacionados:   

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viernes, 29 de octubre de 2021

FALLAS EN LA SEGURIDAD PRESIDENCIAL

 

Que cualquier forma de pacto o acuerdo social debe involucrar a los empresarios (que son los dueños de los medios de producción) o parte de ellos, es cosa sabida. Como también que esos pactos o acuerdos hay que explorarlos con los empresarios realmente existentes y no con los que uno desearía, también.

Sin embargo, eso no implica sentarse a discutir con cualquiera, en cualquier condición; porque aun cuando muchas veces no se pueda andar eligiendo interlocutor, no hay necesidad de exponer a la investidura y autoridad presidencial a conversar de tú a tú con cualquiera, que es como suele plantearse el diálogo entre las autoridades elegidas por el pueblo y los empresarios -a los que no vota nadie- en la Argentina, cuando las primeras no se saben dar su lugar.

Hace unos pocos días atrás, el presidente recibió en la Casa Rosada a un grupo de CEO's de algunas de las empresas más importantes del país, y si nos atenemos a las crónicas periodísticas (incluyendo a las basadas en la información oficial), el encuentro transcurrió en un clima de cordialidad, y amplias coincidencias sobre el rumbo a seguir en beneficio del país.

Por lo general, cuando se producen estas tertulias los empresarios o los sellos de goma que los representan (sorteados en éste caso por Alberto para hablar "cara a cara con los que mandan") son reacios a firmar compromisos concretos por escrito, y si excepcionalmente lo hacen, es difícil que los terminan cumpliendo, y más vidrioso aun, que eso les traiga consecuencias.

Lo que tiene sí, habitualmente, amplia repercusión en esos casos son las demandas o exigencias del sector empresario al poder político, que giran siempre en torno a los mismos temas: rebajas o eliminación de impuestos, flexibilización de las leyes laborales, apertura y desregulación de los mercados y la economía en general, ajuste del gasto público. Poco se sabe, en cambio, de lo que están dispuestos a ofrecer a cambio, como no sean las vaporosas promesas de un futuro venturoso en el que -de accederse a sus demandas- se producirá el "derrame" en forma de "empleos de calidad".

En el encuentro del que hablamos, uno de los contertulios presidenciales fue Francisco De Narváez, quien además de un fugaz paso por la política, tiene una más prolongada actividad empresaria, concentrada hoy en el manejo de las operaciones de la cadena Walmart en el país, y otros negocios similares, como los supermercados Changomás.

El esforzado y flamante Secretario de Comercio Interior Roberto Feletti acaba de denunciar que Walmart y Coto (yo te conozco, diría Néstor) son justamente las empresas más reticentes a cumplir con el acuerdo de precios, y pretenden trasladar la rentabilidad que deberían resignar (que excede toda pauta que sería considerada razonable en los "países serios") hacia el interior de la cadena de valor, en perjuicio de los otros eslabones. Eso, o lisa y llanamente desconocer los precios máximos fijados hasta el mes de enero, para una serie de productos de consumo habitual de los hogares.

Lo cual nos lleva a reflexionar sobre la construcción de la agenda presidencial, y cuanto se puede realmente avanzar en acuerdos con ciertos sectores, que no parecen muy dispuestos a resignar sus privilegios. Sin ir más lejos, otro asistente a la misma reunión fue Eduardo Acevedo de AGD, cuyos productos más populares son denunciados como faltantes en los puntos de comercialización, y Madanes Quintanilla (CEO de Aluar) que se llevó la promesa del congelamiento de las tarifas de electricidad para su empresa (monopólica en el mercado del aluminio, uno de los principales insumos difundidos de uso industrial), a cambio de la promesa de crear 600 empleos adicionales; lo cual de ser cierto confirmaría que no es necesaria a esos fines una reforma laboral flexibilizadora.

En el caso de De Narváez, el tipo se fue contento de la reunión por sus coincidencias con el presidente, y a los pocos días se pasa por el forro de las pelotas una decisión del gobierno que afecta a sus intereses. ¿Tiene sentido un diálogo en esas condiciones, que lo incluya a él, y a los que como él actúan, conduce a algún lado que no sea deteriorar aun más la imagen presidencial?

Hay que mejorar la seguridad de la Casa Rosada y cuidarlo mejor al presidente, incluso de él mismo: no puede ser que termine en un mano a mano con delincuentes. Tuit relacionado: 

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martes, 15 de junio de 2021

MORALES

 


Se puede admitir que la moral es algo particular de cada uno, o que va cambiando según los lugares, las épocas, las costumbres (es conocida la fórmula "moral y buenas costumbres"). También que es difícil traducir una preocupación moral, o por lo moral, en el campo de las normas jurídicas, con efectos precisos: no todas las cosas que se reputan como inmorales son delito, por ejemplo.

También sucede -con mucha frecuencia- que la moral degenera en moralina cuando se la utiliza para traficar ideología, intereses de clase o la defensa de proyectos políticos que, en un debate abierto, son indefendibles. Allí se califica como inmoral aquello que se quiere sacar de cancha o excluir, para o tener que discutir por qué, o para o decir lo que realmente se apoya. 

Hay gente -como Elisa Carrió- que ha construido toda una carrera política de ese modo, considerándose la reserva moral de la sociedad (incluso por encima de las fallas, culpas y pecados de esa misma sociedad), y anatemizando con condenas morales al adversario político, para encubrir la defensa consistente de intereses concretos, mucho más mundanos. 

Veamos como ejemplo de lo expuesto lo que sucede con la famosa "indignidad moral" que se suele alegar para pedir renuncias, o desaforar legisladores. La cosa viene del texto del artículo 66 de la Constitución Nacional: "Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno;...". (Las negritas son nuestras) 

Cobró notoriedad durante el gobierno de Macri, cuando ante ese fundamento y contando con la ayuda de la cobardía de los que debieron defenderlo en el recinto, Julio De Vido fue privado de sus fueros simplemente por tener causas judiciales -armadas- en su contra, sin siquiera un mísero auto de procesamiento. La mayoría circunstancial de entonces pasó por encima del voto popular que lo depositó en su banca, y lo consideró "moralmente indigno" de seguir formando parte del Congreso. 

Hace poco la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó esa injusticia, archivando por abstracta una causa que nunca tramitó en la que se cuestionaba lo actuado, con el simple recurso de dejar pasar el tiempo hasta que De Vido terminara su mandato. Curiosamente, a nadie le pareció moralmente reprochable ese comportamiento, para -por ejemplo- sumarlo a las numerosas causales de juicio político que han ido acumulando los supremos.

Nosotros dijimos en su momento acá que las razones reales del desafuero de De Vido eran otras, y la maniobra era para arrojarlo a las fauces de la justicia del "lawfare" y ofrecer su cabeza en una bandeja, mientras saqueaban al país y a su pueblo; es decir lo mismo que intentaron hacer con Cristina.

Más acá en el tiempo hubo un diputado expulsado de su cargo por "inhabilidad moral" por tocar una teta en una sesión en zoom, pero no lo siguieron aquellos que durante la pandemia militaron en contra de las medidas sanitarias o de las vacunas, promoviendo los contagios, por decir algo. Habrá que ver que pasa con los que son, lisa y llanamente, apologistas del delito, como el diputado provincial por "Juntos por el Cambio" Luciano Bugallo; uno que llegó a ese lugar como activista de los piquetes agrogarcas del 2008.

Bugallo hace una defensa encendida del trabajo infantil, que está prohibido por las leyes laborales desde -por lo menos- las reformas que introdujera la Ley 26390 (2008) a la Ley de Contrato de Trabajo. Y algo que desde el 2013 y por la Ley 26847 que modificó el Código Penal incorporando su artículo 148 Bis, es delito: "Será reprimido con prisión de 1 (uno) a (cuatro) años el que aprovechare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave.", dice textualmente la norma. 

Hablábamos antes de las diferencias entre moral y derecho, y decíamos que no todas las normas morales terminan siendo normas jurídicas. Las que llegan a serlo son -por consenso social, en un momento determinado- aquellas que lesionan bienes tan preciados, que todos se ponen más o menos de acuerdo en que su violación merece una pena.

Pero como aun así hay quienes entienden que son materias opinables, para eso se ha legislado la "apología del delito", para dejar en claro que no lo son: "Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito...", dice el artículo 213 del mismo Código Penal. Si se ha definido que algo es delito (como el trabajo infantil), no hay discusión posible al respecto, hasta que deje de serlo, porque -otra vez- cambiaron las valoraciones sociales o las circunstancias, como pasó con el aborto.

Será cuestión de sentarse a esperar nomás el desafuero del diputado Bugallo, que además de sus ideas despreciables, ha cometido un delito. ¿O en éste caso no aplican las reglas morales?  

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sábado, 24 de abril de 2021

`PATRONES DE CONDUCTA

 


Debe haber pocos temas en los que ya esté todo dicho y sabido desde hace tiempo, como en el uso de las retenciones como herramienta para desacoplar los precios internos de los alimentos de los internacionales; en un país como el nuestro que tiene la particularidad de exportar lo que come. Desde el conflicto con las patronales agrogarcas del 2008 nadie puede alegar ignorancia al respecto.

Si los precios internacionales de los alimentos suben, tendremos en el país (como está pasando) inflación importada en los alimentos para el consumo doméstico, además de los otros factores que puedan incidir, como las estructuras de producción y comercialización, y la apropiación de los excedentes en los distintos eslabones de la cadena.

De allí que cada momento que pasa con el gobierno contemplando como suben los precios de los alimentos sin subir las retenciones, no tiene que ver con "análisis" sobre la complejidad del tema, o dudas sobre la eficacia del instrumento, sino simplemente con relaciones de poder puro y duro: no se interviene a favor de los consumidores porque hay poderosos intereses empresarios que hacen lobby para que así ocurra. En la vida hay que elegir, y se puede elegir hacer, o no hacer; lo que nunca es neutral es el resultado, es decir, quien se beneficia y quien se perjudica.

En ese marco -que no debería ser tan difícil de comprender- no se entiende el sentido de las "advertencias" de los funcionarios en público sobre medidas que se "evalúan" o se "analizan", pero no se toman. Porque las  reacciones de los intereses afectados por una posible suba de las retenciones se conocen de antemano, tampoco  hay misterios en eso.

Es como repetir hasta el cansancio el fracaso político de la fallida expropiación de Vicentín, donde el gobierno dio marcha atrás con su decisión porque protestaron los que era sabido que iban a protestar; dándole así a los que no lo votaron un poder de veto sobre decisiones y políticas que apoyamos los que sí lo votamos. En el caso de las retenciones la cosa es peor aún porque ni siquiera se intentó subirlas, pero se lanza en público la idea, como si se sondeara la posición de los irreductibles: un absurdo político, por donde se lo mire.

Si existe -en éste como en otros temas- la decisión de honrar el mandato electoral  de garantizarle a la gente el acceso a la comida a precios razonables compatibles con su poder adquisitivo, las retenciones se deben aumentar, y listo. Que nos enteremos todos (los que estamos de acuerdo y los que no) cuando se publique el decreto en el Boletín Oficial.

Y si la decisión es seguir reculando en chancletas frente a cualquier amenaza o conato de rebelión de algún sector afectado por las medidas que se toman, mejor no decir nada, y listo. Así nos evitamos todos un desencanto por medidas que no llegarán porque falta la voluntad política para implementarlas, y el gobierno evita seguir autoerosionando su propia autoridad.

Tema éste -el del sostenimiento de la autoridad- que es el prerrequisito como para poder estar en condiciones de implementar cualquier política pública, sea suspender las clases presenciales para evitar el aumento de los contagios en la pandemia, o garantizar que se le devuelva a los usuarios de cable o internet lo que les cobraron de más algunas empresas (como las del Grupo Clarín), por encima del congelamiento de tarifas dispuesto por el gobierno, o la banda de aumentos que éste autorizó, cuando se trata de servicios regulados.

De lo contrario se seguirán sosteniendo -de uno y otro lado de la soga- patrones de conducta como los que hasta acá se ven: unos dudando en avanzar, y con dificultades para hacer cumplir lo que han resuelto; y los otros decididos a resistir cualquier medida del gobierno al que adversan, sin medir ni pagar costos. Y en esa tensión ya sabemos quien termina perdiendo a la larga, que no son precisamente los "rebeldes".

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sábado, 3 de abril de 2021

DESPIERTEN A MORONI

 

Es muy frecuente ver declaraciones de los empresarios del sector agropecuario como las que refleja el tuit de apertura, tipo "los negros no quieren trabajar porque prefieren cobrar el plan". La respuesta que a uno le surge inmediata en forma de pregunta es ¿Qué salarios les están ofreciendo a esos trabajadores, que representan menos que un plan social? (por cierto: nunca aclaran que cosa entienden por tal).

Porque si representan menos que un plan, también son menos que el ya exigüo Salario Mínimo Vital y Móvil definido por el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo como "...la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.". Salario que según la misma ley en su artículo 117, se debe pagar a todo trabajador mayor de 18 años, aclaración que en el "campo" deviene imprescindible.

Precisamente la Ley de Contrato de Trabajo fue modificada en el 2008 por la misma Ley 26390 que estableció el régimen de prohibición del trabajo infantil, precisando en el texto del artículo 199 de la LCT que "Por ninguna causa podrán abonarse salarios inferiores a los que se fijen de conformidad al presente capítulo, salvo los que resulten de reducciones para aprendices o para trabajadores que cumplan jornadas de trabajo reducida, no impuesta por la calificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 200." (el artículo 200 es el que refiere al trabajo nocturno, aclaramos)

Pero supongamos que alguien diga -no sin razón- que la Ley de Contrato de Trabajo no rige en la actividad agropecuaria. En efecto, así lo establece su artículo 2º inciso c) conforme al texto introducido en el 2011 por la Ley 26727 de trabajo agrario, el nuevo "Estatuto del Peón de Campo" aprobado durante el gobierno de Cristina. Sin embargo, esa misma norma precisa que las disposiciones de la LCT serán aplicables a los trabajadores agrarios, en forma supletoria, en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del Régimen de Trabajo Agrario.

¿Y qué dice respecto a los salarios del sector? Más o menos lo mismo que la LCT. Por ejemplo su artículo 32 dispone que "Las remuneraciones mínimas serán fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, las que no podrán ser inferiores al salario mínimo vital y móvil vigente. Su monto se determinará por mes, por día y por hora."; y el artículo 33 permite al empleador "...convenir con el trabajador otra forma de remuneración, respetando la mínima fijada.". 

Para el caso que la remuneración se pacte por rendimiento mínimo del trabajo, el artículo 34 del Régimen de Trabajo Agrario aclara que "La remuneración por rendimiento del trabajo se determinará en la medida del trabajo que se haya efectuado, pero en ningún caso podrá ser inferior, para una jornada de labor y a ritmo normal de trabajo, a la remuneración mínima que la Comisión Nacional de Trabajo Agrario fije para la actividad y para esa unidad de tiempo. En los casos de actividades cuyas remuneraciones no hayan sido fijadas o actualizadas conforme lo previsto en la presente ley, se aplicarán las dispuestas con carácter general. La remuneración mínima sustituirá a la que por aplicación del sistema de rendimiento del trabajo pudiere corresponder cuando el trabajador, estando a disposición del empleador y por razones no imputables al primero, no alcanzare a obtener ese mínimo y aun cuando ello ocurriere a causa de fenómenos meteorológicos que impidieren la realización de las tareas en la forma prevista o habitual.". (las negritas son siempre nuestras)

La nota de Infobraden a la que corresponde el tuit de apertura dice que los empresarios esclavistas del "campo" le piden al gobierno que tome medidas. ¿En qué consistirían, en eliminar los planes sociales, en eliminar el Salario Mínimo?

Los mismos empresarios a los que -en las provincias del norte, parte importante de las "economías regionales" basadas en la explotación intensiva de la mano de obra- el gobierno acaba de beneficiar con una virtual eliminación de las cargas patronales a la seguridad social; una medida insólitamente presentada como beneficiosa, en un gobierno peronista.

Mientras tanto, el gobierno podría efectivamente "hacer algo". Como despertarlo al ministro Moroni de su larga siesta al frente de la cartera de Trabajo, para fiscalizar que se cumplan las leyes laborales, ponéle.


 

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jueves, 11 de febrero de 2021

REVERSO FERNÁNDEZ

 

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viernes, 15 de enero de 2021

"LA MESA DE LOS ARGENTINOS"

 


Con mucho más rigor del que podemos tener nosotros, lo anticipó acá Claudio Scaletta en El Destape: estamos en un ciclo de alza de los precios de los commodities que el país exporta, provocado por un conjunto de factores que describe: debilidad del dólar, exceso de liquidez por la baja de las tasas internacionales de interés, crecimiento de la demanda china que genera una mayor demanda.

Es decir, un panorama no muy distinto del que había en el 2008, cuando el gobierno de Cristina dispuso las retenciones móviles a través de la Resolución 125, y eso detonó el conflicto con las patronales del campo. Entonces y ahora -como lo señala Scaletta en la nota- ese aumento de los precios internacionales tensiona sobre el precio interno de los alimentos y la inflación, a menos que se haga algo para desacoplarlos, como por ejemplo ponerles retenciones más altas o móviles; instrumento que posiblemente no sea el único para conseguir ese objetivo, pero sí el más disponible para lograrlo.

Junto con otras regulaciones del comercio exterior (como el cierre de determinadas exportaciones, o la fijación de cupos), que permitan contar con ciertas garantías para conseguir abastecimiento interno de alimentos, a precios razonables y compatibles con el poder adquisitivo de los sectores de ingresos fijos, como sueldos y jubilaciones.

Mientras tanto, se supo que en diciembre la inflación aceleró a un 4 % mensual, fundamentalmente empujada por los aumentos en alimentos y bebidas; en contra de la tendencia descendente que registraron los números globales del IPC 2020, comparados con los del últimos año de gestión de Macri.

Estamos en presencia entonces de un problema económico y social de primer orden -en tanto la inflación compromete los ingresos de la población, y la inflación en alimentos, su accesibilidad a bienes esenciales-; pero por sobre todo un enorme problema político: todos los sectores vinculados a la producción y comercialización (en el país y en el extranjero) de materias primas y productos alimentarios elaborados tratarán por todos los medios a su alcance de aprovechar la oportunidad que crea la coyuntura, para maximizar ganancias.

Y resistirán en consecuencia cualquier regulación estatal o medida de política pública que vaya en la dirección de intentar morigerar el impacto de esa coyuntura sobre los precios de los alimentos para preservar los ingresos y el nivel de consumo de la población, lo cual es la otra cara de la moneda: supone necesariamente un recorte de la tasa de ganancia posible o esperada, en ese mismo contexto.

Es decir un conflicto que ya existe y está sucediendo, aun cuando el gobierno no haya hecho nada al respecto. Suponer lo contrario es como pensar que la asonada patronal del 2008 comenzó con la Resolución 125, confundiendo el disparador, con las causas. De hecho, no se nos ocurre otro conflicto más relevante que deba afrontar el poder político, acá y en todos lados: como garantizar que la población coma, y pague por ello precios razonables, acordes a sus ingresos.

Lo que supone que, tenga o no la decisión el gobierno de afrontar ese conflicto, conflicto tendrá: o con las fracciones del capital que antes mencionamos (que son poderosas, organizadas y sin mucho ánimo de consensuar), o con la sociedad si no actúa oportunamente y con eficacia, incluida su propia base electoral. Haciendo un corte electoral de clase por ingresos, diríamos que sobre todo con ella.

Si se toman las medidas que indican las circunstancias, habrá escalada del conflicto, como ya se pudo ver con el cierre de las exportaciones de maíz. Y en ese caso la respuesta del gobierno no puede ser siempre la misma -recular- porque de tal modo no se complicaría solo la economía, por la previsible escalada inflacionaria y sus efectos sociales; sino la propia gobernabilidad.

Y si hay escalada del conflicto -insistimos: más por imperio de las circunstancias, que por acción u omisión propia- entonces hay que alinear correctamente las fuerzas, y tener muy en claro en que cosas no se está dispuesto a ceder. Para lo cual hay que tener no sólo decisión política, sino acompañamiento social; y no hay peor cosa para eso que una "fuerza propia" (electorado y militancia) desmotivada porque no se ve una decisión clara de sostener determinadas posiciones, pese a las presiones en contra; porque del otro lado si algo no hay, es solidaridad ni dudas sobre lo que hacer para defender el propio interés.

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viernes, 23 de octubre de 2020

ESCENAS DE LA EDAD MEDIA

 


El pleito de la familia Etchevehere por su herencia, o por las tierras fiscales que dicen son suyas, la verdad, nos importa tres belines. Cierto es que el culebrón pone una vez más en el tapete la cuestión de las dificultades para el acceso a la tierra, sea para vivienda o para producir.

Tampoco vamos a analizar acá la cuestión desde la óptica de una posible reforma agraria, o el rol que juegan en todo estos Juan Grabois y su organización, que después de todo están allí por invitación de la dueña de al menos una parte de esos campos. Lo que nos preocupa del video de apertura, que se ha viralizado en las redes sociales, es otra cosa. 

Se puede ver allí como se arriman a la tranquera unos "parlamentarios" presuntamente enviados por el resto de los hermanos Etchevehere -que no hicieron la tarea por sí mismos- para conseguir el "desalojo pacífico" del campo, y ofrecer "un salvoconducto" para que la gente de Grabois pueda dejar tranquila el campo, y la provincia. El tipo que hace las veces de vocero -no dice de quien o quienes- señala que él está tranquilo y lo pide de buenas maneras, pero no puede garantizar que "las demás personas" que están allí hagan lo mismo.

La amenaza de usar la violencia es casi explícita, flota en el aire, tanto como el derecho que este señor y la gente a la que ¿representa? cree tener a establecer u otorgar la "documentación" necesaria para que alguien pueda ejercer un derecho que le reconoce la Constitución Nacional a todo habitante del país, en una parte de su territorio. En éste caso la provincia de Entre Ríos.

Todo eso frente a la mirada atenta y la actitud pasiva de los miembros de la fuerza pública estatal (los policías entrerrianos que aparecen en el video), que dejan claro de tal modo quien manda en la provincia, o en todo caso a quien obedecen ellos. Se puede adivinar por las propias palabras del lenguaraz (y porque han circulado imágenes) que en las cercanías y rodeando el campo hay gente armada, y dispuesta a usar sus armas para desalojar por la fuerza a los que presuntamente ocuparon un campo que no es propio -aunque lo hayan hecho con autorización de una de las dueñas, dato no menor-, pero que tampoco es de ellos, los integrantes de la milicia privada que se autoatribuye el rol de patrulla de los caminos, o algo así.

La escena tiene un poderoso aire de familia con los "piquetes de la abundancia" agrogarcas del 2008,y es altamente probable que los que acudieron en auxilio de los Etchevehere más cagadores -si es que es posible hacer distingos al respecto-, hayan participado de la revuelta contra las retenciones móviles Hay un modus operandi común.

Es difícil condensar en imágenes y en tan poco tiempo, una postal del feudalismo que subsiste en la Argentina en muchos lugares, y que no consiste precisamente en la imagen que al respecto suelen dar los medios hegemónicos cuando emplean el término: la de un gobernador peronista varias veces reelecto en su cargo, como los Rodríguez Saá o Gildo Insfrán. De hecho, Entre Ríos es una de las provincias que tuvo alternancia de signo político en sus gobiernos desde 1983 para acá.

De sus gobiernos, dijimos, no de los que realmente mandan, que es la gente que está del otro lado de la tranquera, amenazando veladamente a los ocupantes del campo, con el respaldo de la policía, es decir, del Estado. 

La rusticidad de esta gente no tiene que ver con sus tareas rurales -altamente tecnificadas y delegadas en otros, hace décadas-, ni con su atuendo, cuando cometen la ridiculez de disfrazarse de gauchos pero con boinas: "hijo 'el país, con gorra e' vasco", como diría Jauretche.

Son rústicos porque viven al margen de conceptos elementales de la sociedad moderna como las instituciones y las leyes -de las que solo les interesan las que protegen su propiedad privada-, como una mezcla de señores feudales de horca y cuchillo con colonos del Far West con 4 X 4 en lugar de carretas, con la escopeta lista para arreglar a los tiros cualquier diferendo. Gente que, como decía De Angelis, ese de ellos que llevó su bochorno al Senado de la nación, "no está acostumbrada a pagar impuestos", y esas cosas.

De la modernidad lo que conocen o les interesa es el paquete tecnológico aplicado a la agricultura (por el que no quieren pagar patentes) y las técnicas asociadas al mismo, y la vasta ingeniería jurídica y contable destinada a evadir el pago de impuestos; de extrema sofisticación en algunos casos. Los métodos que emplean para desalojar a Grabois y los suyos no difieren sustancialmente de aquellos que usaron para presionar a los legisladores para que votaran contra las retenciones móviles en el 2008, o los que usó Biolcatti cuando encabezó un intento de toma de la Legislatura bonaerense, para impedir un aumento del impuesto inmobiliario.  

Y lo peor de todo es que los tipos se sienten la Patria misma, los dueños de la bandera -que no se les cae nunca de las manos, hasta para pedir que dejen a Vicentín defraudar tranquilo a sus acreedores- de ese mismo Estado al cual desconocen. Y son, a su vez, parte (y no menor) de nuestra esplendente "burguesía nacional", o élite o clase dirigente empresarial, como la quieran llamar.

Para colmo, de esa parte que, en nuestra estructura productiva dual y desequilibrada, genera buena parte de las divisas que nuestro país necesita para desarrollarse: piensen que nuestra suerte, la de todos, está en buena parte en manos de ésta gente; que se sienta en los silos bolsa o encanuta los dólares para forzar una devaluación. Y si no son ellos en persona los que están en esa posición, ya han demostrado que pueden perfectamente alzarse en armas en defensa de los intereses de los que sí lo están, como es justamente este caso.

El sábado pasado conmemoramos el Día de la Lealtad, y los 75 años de peronismo. Pensemos como le deben haber caído a ésta gente cosas como el Estatuto del Peón de Campo o la creación del IAPI, y por ahí nos ayuda a entender estas cuestiones.

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miércoles, 7 de octubre de 2020

QUEMADOS

 

En medio de la pandemia, al país no le faltan desgracias; como por ejemplo que la mitad de las provincias -y acaso la mitad del territorio nacional- tienen focos abiertos de incendios que causan graves estragos ambientales, y hasta amenazan las áreas urbanas.

Casi la totalidad de esos incendios son intencionales, por razones variadas, todas vinculadas a negocios: la ampliación de la frontera agropecuaria, la generación de pasturas para el ganado, desarrollo inmobiliarios VIP y cosas por el estilo. No se salvan de las quemas los bosques nativos, ni los implantados; o las humedales y áreas naturales protegidas. 

Lo único que no se queman son los silos bolsa, o los stocks de cosecha retenidos en ellos; lo cual sumado al hecho de que quienes protestan por las roturas de ellos en sus campos, no reclaman por los incendios, nos estaría dando una pista precisa sobre los posibles responsables.

Los gobiernos provinciales y el gobierno nacional resultan impotentes frente a la magnitud del fenómeno, sin que alcancen los esfuerzos de bomberos y brigadistas para contener los incendios; y sin que desde la justicia se den señales de someter a la ley a sus responsables. El grado de complicidad de la justicia es tal que en Entre Ríos, por ejemplo, el juez federal que interviene en las denuncias por las quemas en las islas frente a Rosario ni siquiera toma medidas para identificar a los dueños de los campos quemados.

La preocupación ambientalista es, de la boca para afuera, aparentemente compartida entre todas las expresiones del arco político nacional, y parte de la "agenda blanda" en la que sería posible construir consensos. Sin embargo, no es lo mismo hablar de minería y glaciares -por ejemplo- que de quemas de campos, bosques y pastizales que involucran como responsables directos a los actores del modelo de agronegocios, que reciclan excedentes en el "real state" y los negocios inmobiliarios VIP: ahí la cosa cambia.

Y si no nos creen, pruebas al canto en un ejemplo cercano: tal como da cuenta el tuit de apertura, se presentó en Diputados un proyecto con la firma de Máximo Kirchner y diputados del oficialismo y otros bloques, para modificar la Ley 26815 sancionada en 2013 durante el segundo mandato de Cristina y por la cual se creara el Sistema Federal de Manejo del Fuego.

La propuesta consiste en modificar el artículo 22 Bis y agregar otros dos artículos restringiendo a futuro  y por plazos que llegan a los 60 años, los usos posibles de los predios en los que existieron incendios, que impliquen cambios a los que tenían al momento de producirse éstos. Por ejemplo no se podrían subdividir o lotear, ni parcelar ni realizar en ellos emprendimientos inmobiliarios; ni realizar otros usos agrícolas distintos a los que tenían hasta ese momento.

El proyecto está tomado de la legislación que en su momento adoptó España para hacer frente al mismo problema, y que allá redundó en una baja sustancial de los incendios provocados, y acá en Ámbito pueden acceder al texto completo. 

Pese a que una de las características que deslumbraban a Natanson cuando imaginaba en el país el advenimiento de una "nueva derecha moderna y democrática" era su adhesión a las causas ambientalistas, una cosa es proyectar metrobuses en todos lados, y otra muy distinta atentar contra los intereses del núcleo duro de su base electoral, y sus principales financistas de campaña: ningún legislador de "Juntos por el Cambio" adhirió a la iniciativa; lo que es cualquier cosa menos sorprendente.

Como tampoco sorprende que, en una táctica -y no tan tácita- admisión de culpabilidad por las quemas, desde la Sociedad Rural y por boda de su presidente Daniel Pelegrina, salieron a cruzar el proyecto porque -dicen- "atenta contra las inversiones". Gracias por la sinceridad muchachos, ya que no podemos dárselas por el fuego.

El destino de las causas judiciales por los incendios es conocido: hasta acá, destinadas al cajoneo; porque evidentemente el largo brazo agrogarca aprieta fuerte en los estrados tribunalicios y los juzgados; esos que muchos marchan para que no se reformen, y para "preservar su independencia" (del gobierno, claro). Habrá que ver que suerte corre el proyecto en el Congreso, lo que se diría una prueba de fuego para nuestras instituciones democráticas. 

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martes, 28 de julio de 2020

"EL PODER ES IMPUNIDAD"


Le atribuyen a Alfredo Yabrán haber dicho que el poder es impunidad, aun cuando la idea no sea novedosa, y muchos otros la hayan expresado antes. Se la suele asociar inmediatamente a la política, los políticos y su responsabilidad por hechos de corrupción, en la medida que se entiende (de modo ingenuo o deliberado) que el "poder" solo reside en las instituciones formales del Estado, y quienes las dirigen.

Esa visión oscurece la realidad completa del poder, y sus múltiples dimensiones: como suele decir Cristina, en todo caso solo muestra una pequeña fracción del poder, la más visible. El poder "real" (o buena parte de él) prefiere mantenerse oculto, pero que es poder y como tal se despliega, no existen dudas.

Y si no veamos lo que pasa con las quemas constantes y masivas de campos en forma intencional, para favorecer los negocios de la actividad ganadera: nadie duda que son intencionales, tampoco nadie duda que los que las hacen son los propios productores agropecuarios y para su propio beneficio. Los perjuicios están a la vista de todo el mundo, y ni siquiera el más "anti ambientalista" los cuestiona ni discute. Nadie duda que estamos en presencia de un delito, tipificado en el artículo 186 del Código Penal, y reprimido con hasta diez años de prisión.

No estamos hablando de incendios en la inmensidad del Amazonas, sino frente mismo a una de las ciudades más grandes del país como Rosario (y en otros lugares también), y no de ahora, sino desde hace años: recordemos que en pleno conflictos con las patronales agrarias por las retenciones móviles, el humo de las quemas llegó hasta Buenos Aires, logrando así captar por un momento la atención de los porteños y los medios nacionales, que sin embargo no salieron a manifestarse en contra, como han hecho tantas veces, con tantas "causas".

Los poderes públicos no han sido indiferentes al problema, aun cuando distaron mucho de ser eficaces: todos manifiestan su preocupación, se suman las partes querellantes en sede judicial, y no mucho más. No hay sospechosos, no hay detenidos, no hay procesados, nunca hubo -en todos estos años- ningún condenado por estos hechos.

Lo cual, sin dispensar las responsabilidades de los gobiernos,  nos remite a la inexcusable  responsabilidad que le cabe al Poder Judicial, el menos democrático y más corporativo de todos los poderes, y al mismo tiempo y precisamente por esa causal (en tanto no depende del humor electoral) el más permeable a las presiones del verdadero poder, que es el poder económico.

Un poder económico que literalmente pone y saca jueces (y si no, que le pregunten a Marquevich, por ejemplo), y les impone que hacer, como y cuando actuar, y -sobre todo- cuando no actuar, porque si lo hicieran, iría en contra de sus intereses. Y si no, ver lo que está pasando con Vicentín, y el juez Lorenzini.

La nación y la provincia de Santa Fe han instado la actuación del juez federal de Victoria por las quemas de campos frente a Rosario, han pedido que se individualice a los responsables y se los detenga. Se sabe donde están los incendios, cuando se iniciaron y, como se dijo, no estamos en presencia de un área tan grande que no se pueda controlar, para evitarlos. 

La actitud de la provincia de Entre Ríos y el gobierno de Bordet no ha sido igual de clara, precisamente porque los intereses que están detrás de las quemas tienen mayor peso específico allí: otra vez, la cuestión del poder, crudo y duro, desplegando sus efectos.

Cuando se dice que el poder asegura impunidad, se piensa en un político poniendo y sacando jueces, llamándolos por teléfono para decirles como tienen que fallar, o que cajoneen expedientes. Sin negar que eso pueda existir, en la realidad funciona de otro modo: ni siquiera hace falta la llamada, cuando el que se beneficia con la inacción judicial es el poder económico. 

Y si ese poder económico es "el campo", como en éste caso, ni hablemos.  
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miércoles, 17 de junio de 2020

INTERESES Y CREENCIAS


Los que estudian las múltiples dimensiones de la inteligencia humana dicen que se parece a ir pelando las capas de una cebolla, hasta que se llega al núcleo, representado por las creencias: estas representan el "disco rígido" de la configuración de alguien, su núcleo de ideas, valores, conceptos, que resulta imposible (o casi) de modificar; o que resiste toda evidencia, intercambio de opiniones o experiencias, o argumentos disuasorios. 

Y si uno observa determinados comportamientos sociales que se traducen en comportamientos políticos, debería darles crédito: gente que se planta en una convicción, y no hay fuerza en la tierra capaz de sacarla de allí, ni hechos que la hagan cambiar de opinión. 

El antiperonismo, sin ir más lejos, es un claro ejemplo de eso: haga lo que haga el peronismo, se presente como se presente, ellos estarán en contra, por reflejo; y como bien apunta Sergio De Piero en ésta excelente nota en El Destape, "No les gusta el peronismo que apuesta a la decisión. No les gusta el peronismo que admite debates. Ya sabemos qué es lo que no les gusta.".

Cuando se  discute sobre el rol de los medios o su influencia en la sociedad y sus preferencias políticas, se suele omitir un detalle no menor: su prédica impacta sobre un sistema de creencias previamente existente, y en eso radica la eficacia del mensaje, en el famoso "sesgo confirmatorio".

Y hasta allí con las creencias, y con la sociedad: cuando se ingresa en el terreno más árido pero más concreto de los intereses en pugna, la cosa no se puede presentar tan llanamente, y es necesario disfrazarla un poco, sobre todo cuando los intereses que se defienden son inconfesables, o es difícil que una gran mayoría pueda empatizar con ellos. Que es lo que está pasando con la empresa Vicentín y su posible expropiación por el Estado nacional, y los intentos de algunos sectores de transformar el caso en "la nueva 125".

Analizado éste con objetividad, no deberían existir mayores dudas respecto a de que lado ponerse, a menos que uno defienda los intereses de una empresa que expresa como pocas todas las opacidades conocidas del modelo de agronegocios: evasión impositiva, comercialización en negro, estructura societarias montadas para facilitar la fuga de capitales, maniobras de vaciamiento en perjuicio de los acreedores. Nada que llame por sí a la simpatía social, salvo que muevan las palancas precisas los que defienden intereses, movilizando en su apoyo a los que tienen un determinado núcleo de creencias, como sucedió en el conflicto por las retenciones móviles.

Al anunciar la expropiación (y es de esperar que el anuncio se concrete), el gobierno dio un paso importante en defensa de determinados intereses, pero afectando otros, y desató reacciones previsibles. Lo que no debe perder de vista -ni con Vicentín ni nunca- es  que, por más consensual que se imagine, es imposible en política contentar a todos; y que en casos como estos es difícil (como decía Perón) desplumar a la gallina sin que grite.

Tomemos como ejemplo el caso del conflicto del 2008 con las patronales agrarias: entonces se asumió como una "autocrítica" (es decir, crítica de la conducción del conflicto por parte de Cristina) que se manejaron las cosas de modo tal que se "emblocó" a los pequeños y medianos productores junto con los grandes jugadores del modelo de agronegocios, en contra de una medida (las retenciones móviles) que solo afectaba los intereses de éstos, que aprovecharon con astucia el error para ampliar sus apoyos, y terminar torciéndole el brazo al gobierno con el "voto no positivo" de Cobos.

El tiempo demostró que el análisis era demasiado simplista, precisamente porque ignoraba como se entrelazan en un conflicto los intereses y las creencias, siendo parte esencial de éstas últimas los grandes núcleos ideológicos respecto a la necesidad y límites de la intervención del Estado en general en los asuntos sociales, y en particular en los económicos; tal como bien apunta acá Claudio Scaletta.

Vistas las cosas desde este ángulo, no debería sorprender que hoy algunos de los propios productores estafados por el grupo Vicentín, o que quedaron prendidos de la brocha con deudas por cobrar en el gigantesco concurso del hólding agroexportador, resistan la intervención del gobierno, y la eventual expropiación de la empresa: prefieren el socio privado que los cagó, que el Estado que les cobra impuestos, los regula o -peor aun- pueda llegar a tener acceso a información privilegiada sobre los mecanismos habituales de comercialización en el sector.

De modo que si desde algunos sectores se busca plantear el caso Vicentín en términos sobreideologizados ("Venezuela", "chavismo", "comunismo") hay que tener en claro que eso tiene un rebote social limitado, circunscripto a "audiencias cautivas", y no desesperarse por salir a desmentir que lo que el gobierno quiere hacer vaya en esa dirección. Y vale lo mismo para las "etiquetas" a las que podemos apelar desde éste lado, para argumentar a favor de la expropiación: "soberanía alimentaria", "empresa testigo" o conceptos similares pueden ayudar a comprender en determinados ámbitos, pero al grueso de la gente le resultan tan abstractos como las consignas de los que están en contra.

Sin desechar la importancia que tiene en política argumentar, convencer y persuadir, la posibilidad de que una iniciativa (en éste caso la expropiación de Vicentín) se concrete depende más de las concretas relaciones de fuerza de los intereses en pugna, que de la capacidad de "meloneo" de lo que está suelto, en términos de opinión. Y no perder nunca de vista que, así las cosas, los que se han expresado en contra no son solo los que era previsible que lo hicieran, sino los que estarán en contra de todo lo que haga un gobierno del peronismo, haga lo que haga y lo haga como lo haga. Tuit relacionado: 
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martes, 10 de marzo de 2020

CRISIS SIGNIFICA OPORTUNIDAD


El relato instalado por el sentido común gorila presenta al peronismo como el resultado inesperado (por ellos) de una coyuntura económica feliz (la de la segunda post guerra), que fue desperdiciada por políticas populistas. Y persiste: el kirchnerismo en su hora fue definido como un "veranito" posibilitado por los altos precios de los comodities, en especial la soja y sus derivados; que de haberlo tenido De La Rúa (dicen) otra hubiera sido la historia de su gobierno.

Ahora mismo, frente a las dificultades con las que se encontró Alberto Fernández al asumir el gobierno, el latiguillo es "no hay populismo sin chequera", o cosas por el estilo. Como hemos dicho otras veces, si eso fuera cierto, y a ellos les toca gobernar en circunstancias difíciles, habría que dejar de votarlos, porque son mufas.

La realidad, por supuesto, es otra: en política no hay coyunturas felices, a menos que uno las sepa aprovechar, o que las cree desarrollando políticas al efecto; cosa que nuestros liberales -al parecer- no saben hacer: se empecinan siempre en desplegar políticas que nos hacen más vulnerables a las crisis externas, aumentando el poder de daño que tienen sobre nosotros.

Por estas horas no son pocas las voces que alertan  sobre un conjunto de factores que se precipitan sobre la economía mundial para crear la tormenta perfecta, en forma de una nueva crisis financiera internacional: desde el impacto del coronavirus en el comercio internacional, hasta la "guerra del petróleo" desatada por Arabia Saudita con su decisión de incrementar la producción causando un desplome de los precios del crudo,  se sacudió el tablero en una suerte de "efecto mariposa"; con consecuencias que hoy por hoy son aun imprevisibles.

En ese marco, la situación nos encuentra con un gobierno que lleva solo tres meses en el poder, e intenta acomodar las cargas, mientras cierra con sus acreedores externos una reestructuración de su deuda que, lo hemos dicho ya, en las condiciones actuales es impagable. 

Para peor, la baja de los precios internacionales del petróleo torna incierta la apuesta por el desarrollo de Vaca Muerta como fuente de dólares genuinos para atender los pagos de la deuda, y las demás demandas de divisas que requiere la economía para funcionar; y la sicosis mundial por el coronavirus está impactando en los niveles del comercio internacional, y disminuyendo los precios de algunos de nuestros principales productos exportables, afectando también por ese lado la disponibilidad efectiva de dólares para sortear el cuello de botella de la restricción externa.

Por contraste, la caída de los precios del petróleo podría darle al gobierno de Alberto Fernández un respiro en las presiones del sector para aumentar los combustibles, o facilitar su estrategia de pesificar las tarifas de los servicios públicos, para disminuir la inflación. Del mismo modo, el desplome general de los activos financieros (incluyendo el precio de los títulos de deuda a renegociar) podría acelerar la reestructuración de la deuda externa con los acreedores privados, que estarían más dispuestos a aceptar quitas de capital e intereses, y a estirar los plazos de cobro.

Hasta aquí, solo especulaciones que deberán ser corroboradas con el tiempo; pero lo que sí podemos decir es que la crisis en ciernes es preferible afrontarla con un gobierno que no tenga miedo de apelar a precisas regulaciones públicas cuando sea necesario, o a sostenerlas para evitar males mayores, como el mal llamado "cepo" o los controles a los movimientos de capitales: pensemos por un momento este mismo contexto difícil, con el macrismo en el poder, y su modelo de desregulación financiera para la valorización y fuga de capitales, funcionando a pleno.

El cambio de escenario posiblemente obligue al gobierno a revisar algunos de los supuestos de su plan económico (ése que "los mercados" le exigen conocer), como poner el énfasis en las exportaciones para salir de la recesión y el estancamiento, profundizando aun más las políticas tendientes a reactivar la demanda agregada y el consumo interno, dentro de las restricciones existentes.

Y hacia el interior, el nuevo contexto le imponen también a AF y su administración revisar ciertas premisas políticas de la gestión, porque si la hora impone acentuar un modelo de desarrollo "autocentrado" (es decir, "vivir con lo nuestro"), es clave el modo en el que el gobierno reparta las cargas del peso que la crisis en ciernes pueda descargar sobre el país.

En ese sentido, el conflicto que plantean los sectores más intransigentes de las patronales del campo privilegiado supone menos un trastorno económico, que un desafío a la autoridad política del gobierno elegido en las urnas, como lo demuestra el inadmisible intento de poner "aduanas" privadas en las rutas, controlando los movimientos de carga para asegurar el resultado de un lock out que carece evidentemente de consenso social.

Un sector (el agroexportador) que tradicionalmente piensa en términos de su inserción económica en el mercado mundial y se maneja exclusivamente en divisas, no parece advertir que las circunstancias internacionales podrían estar cambiando drásticamente en su contra, y continúa replicando comportamientos del pasado, como si las cosas fueran iguales: en 2008 el alzamiento agrogarca fue espoleado por una coyuntura excepcional de alza de los precios internacionales de las materias primas, cuyos beneficios quisieron capturar en exclusividad, sin que la sociedad en su conjunto participara de ellos, a través del Estado.

Frente a esa exacerbación peligrosa de las lógicas corporativas, se requiere que el gobierno actúe con decisión, transmitiendo claramente el mensaje de que, por contraste, entiende perfectamente lo que está en juego; y no le tiembla el pulso para ejercer la autoridad legítima de la que está investido. Porque como dicen que dicen los chinos (los portadores originales del coronavirus que tiene en vilo a millones), crisis significa oportunidad.
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