MENOS MAL QUE FIRMARON EL PACTO FISCAL

Varias veces hemos hablado acá del déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia, y de la insistencia del gobierno provincial en que Macri y el gobierno nacional lo financien.

Dijimos que con esa excusa/argumento/justificación el socialismo acompañó en el Congreso -el blanqueo de capitales, y Lifschitz firmó el pacto fiscal que dio origen a la reforma previsional, que cambió el régimen de movilidad de los haberes.

Pero dijimos también que Macri nunca cumplió con su palabra: dos meses atrás veíamos en ésta entrada que las transferencias de ANSES destinadas a financiar el déficit de la Caja provincial solo cubren una cuarta parte del mismo, y que a mediados de año había llegado menos de la mitad de lo establecido bajo ese concepto en el presupuesto provincial.

Porque -y esto cabe reiterarlo- a la hora de elaborar el presupuesto para éste años a fines del año pasado, el socialismo ya daba por descontado que la nación no financiaría el déficit del régimen previsional santafesino, pese a lo cual semanas después Lifschitz igual firmaría en pacto fiscal.

Hace un par de semanas atrás veíamos en este otro posteo como Macri tampoco cumplió con su promesa (firmada en el pacto fiscal) de dejar de exigir como requisito para financiar el déficit de la Caja, la "armonización" del sistema jubilatorio provincial, con el nacional.

Y tal parece que el gobierno de Lifschitz se ha resignado a que no vendrá plata de la nación para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones: el decreto cuya imagen encabeza el post está aumentando las transferencias del Tesoro a la Caja para financiar su déficit en algo más de 2505 millones de pesos.

O lo que es lo mismo: un incremento de más de la mitad de los $ 4.052.365.000 del déficit previsto para la Caja de Jubilaciones en el presupuesto de éste año (exactamente del 61,83 %), y un aumento del 83,78 % sobre la parte de ese déficit que financia el Tesoro provincial, de acuerdo a lo aprobado en el presupuesto.

El decreto fundamenta el refuerzo de partidas en que el déficit se incrementó por la traslación de las políticas salariales de los activos a los pasivos (una parte de los cuáles cobra el famoso "82 % móvil") y "la incorporación de nuevos beneficios": dos argumentos a tener en cuenta por estos días, cuando se habla de dar de baja las jubilaciones de las moratorias de Néstor y Cristina, o cuando algunos le echan en cara a la ex presidenta que vetó el 82 % móvil para los jubilados nacionales en 2010, porque llevaba a la quiebra del sistema.

Lo que supone el decreto, claro está, es que además de no recibir financiación de la nación, el déficit final de la Caja de Jubilaciones para éste año será mucho mayor que el previsto en el presupuesto. Eso, sin contar con que de acuerdo con los anuncios de Dujovne el lunes, la provincia (como las demás de todo el país) deberá absorber los subsidios al transporte; que según los propios cálculos de los funcionarios provinciales representarían unos 2800 millones de pesos, aunque el gobernador (que ahora descubrió que no eran tan malos) ayer habló de 2300.

EL 82 % INMÓVIL Y FUGAZ: UNA PROMOCIÓN POR ÚNICA VEZ

Sabido es que es un modus operandi habitual de este gobierno embellecer con algún caramelo de madera los proyectos intragables que manda al Congreso, cuando se decide a mandarlos y no los aprueba por DNU y listo: así pasó por ejemplo con el blanqueo de capitales, que fue "vendido" en combo con la "reparación histórica" a los jubilados.

Exactamente lo mismo sucedió con la resistida reforma previsional, que contuvo un artículo (que venía del pacto fiscal con los gobernadores) que les reconocía "el 82 % móvil a los jubilados que hicieron aportes efectivos"; es decir, excluyó expresamente a los que accedieron al beneficio a través de las moratorias instrumentadas durante el kirchnerismo.

Hace unos días Miguel Angel Fernández Pastor -con mucho más conocimiento que nosotros del tema- desmenuzaba la patraña en éste artículo de Página 12, en cuanto al número de beneficiarios y los alcances reales de la medida; que no es el 82 % del salario que percibe el trabajador en actividad en la misma función o cargo que el jubilado tenía antes de serlo, sino del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que es otra cosa.

Además aun con ese beneficio, el jubilado que lo cobre estará por debajo del aumento del haber que le hubiera correspondido con la fórmula anterior de movilidad, aprobada durante el gobierno de Cristina.

Pero además parece que el famoso 82 % no será móvil, ni permanente, sino fugaz, una especie de "promoción por única vez".

Al menos eso es lo que se desprende de la Resolución 25 dictada por el director de la ANSES Basavilbaso (con Macri en la foto de apertura) el pasado 29 de diciembre, pero recién publicada ayer en el Boletín Oficial (completa acá), o sea 13 días después.

Razones tenían para esconderla, porque el artículo 4 del anexo que contiene el instructivo para liquidar el beneficio dice lo siguiente: "Se excluye de la movilidad establecida en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241, el suplemento dinerario equivalente al OCHENTA Y DOS POR CIENTO (82%) del valor del salario mínimo, vital y móvil. En tal sentido, el monto del suplemento dinerario equivalente al OCHENTA Y DOS POR CIENTO (82%) del valor del salario mínimo, vital y móvil podrá quedar absorbido parcial o totalmente por la movilidad que se establezca a tenor del citado artículo 32 de la Ley N° 24.241" (las negritas son nuestras)

Explicamos: el "82 % móvil" termina siendo un complemento que cubre la diferencia entre el 82 % del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente hoy (de $ 8.860) y el monto de la jubilación mínima que perciben los que se jubilaron por el régimen común (con 30 años o más de aportes efectivos).

Ese complemento no se ajusta luego cuando se ajuste el SMVM (para mantener la relación de proporcionalidad), sino que queda absorbido dentro del valor de la jubilación mínima que se establezca de acuerdo con la nueva fórmula, aprobada por la reforma reciente.

Ojo: si el gobierno decide imitar al menemismo también en mantener hibernador el Consejo Nacional del Salario para no aumentar el SMVM, es posible que los jubilados que cobren la mínima y no provengan de las moratorias, superen el 82 %; digamos todo.

De lo contrario enseguida volverán a quedar por debajo de ese porcentaje, a poco que se aumente el mínimo por una proporción mayor a la que surja del aumento jubilatorio conforme a la nueva fórmula.

Como siempre en este gobierno, haga lo que haga, a algunos de los sectores más vulnerables termina cagando. Pero ¿qué se puede esperar del burro, sino patadas?

ADIVINANZA: ¿QUIÉN Y CUANDO LO DIJO?

"...para afrontar los beneficios a los que se alude en el proyecto que nos ocupa se establece que deberán ser financiados con los recursos que actualmente establece el artículo 18 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias y de los resultados financieros de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) incluidos los rendimientos anuales del FONDO DE GARANTIA DE SUSTENTABILIDAD (FGS) del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA)...."

"...postula que los valores acumulados en el mencionado Fondo no podrían superar el importe equivalente a las erogaciones de prestaciones anuales autorizadas para la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) en la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional..."

"...en las condiciones en que el proyecto se ha sancionado, su promulgación implicaría prácticamente la quiebra no sólo del Sistema Previsional Argentino sino del propio Estado, prestaciones que llevarían sin más a prontos futuros incumplimientos, frustrando el cumplimiento de las finalidades propias de la previsión social, constituyendo una estafa a los jubilados..."

"...una decisión de la envergadura como la que se pretende imponer, con tal incidencia económica y financiera, sólo debería tomarse adoptando todos los recaudos necesarios para que no se convierta a corto plazo en una trampa para millones de jubilados y por supuesto para toda la sociedad y no proponerlo en forma demagógica y nefasta intentando engañar a todos los argentinos..."

"...hasta los propios postulantes reconocen públicamente que el financiamiento para el incremento propiciado se encontraría asegurado sólo para este año y el año venidero, sin saber explicar cómo se sustentaría en el tiempo la sanción de una Ley de tanta implicancia social..."

"... la creación del SIPA y el traspaso de la administración de los fondos del sistema previsional desde las AFJP a la ANSES significó una mejora sustancial en dos ámbitos diversos: por un lado el fortalecimiento de la recaudación y por el otro la mejor custodia de los recursos con la creación del Fondo de Sustentabilidad respectivo que permite mejorar la performance de las inversiones productivas a que esos fondos que garantizan la sustentabilidad del sistema aporten al crecimiento nacional..."

"...el FONDO DE GARANTIA DE SUSTENTABILIDAD (FGS) del SIPA tiene como naturaleza y finalidad la de constituirse como fondo de reserva a fin de instrumentar una adecuada inversión de los excedentes financieros y atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público a efectos de preservar la cuantía de las prestaciones previsionales..."

"...la eventual liquidación de los activos que conforman el FGS, en forma no previsible, podría generar distintos efectos negativos en diversos planos, como el monetario, el económico y el financiero, atento que no existen posibilidades prácticas de ventas masivas de instrumentos financieros en cartera, debido a lo reducido del mercado de capitales y a la composición patrimonial del Fondo..."

"... la asunción del Fondo de una posición vendedora, no estudiada con previsibilidad, provocaría el deterioro de los precios de los activos financieros argentinos, generando una desvalorización del mismo, ocasionando una baja en el precio de los bonos argentinos, un incremento de la tasa de interés de nuestro país y del riesgo país, y restringiendo además, las posibilidades de endeudamiento del sector privado, perjudicándose en consecuencia, las valuaciones actuales de los activos financieros..."

"... hasta este momento el destino de las rentas ha sido la reinversión en el FGS en activos financieros que garanticen la actualización según la fluctuación del mercado de bienes y, al mismo tiempo, las inversiones han sido destinadas a actividades productivas que valoricen las actividades económicas del mercado doméstico de bienes y servicios, garantizando la demanda de empleo sostenida y provocando así, los aportes de rigor..." 

"...el proyecto de que se trata genera desigualdad ante distintas tasas explícitas de sustitución, por lo que todos aquellos beneficiarios que quedan por encima del haber mínimo, pretenderán mejorar su tasa de sustitución o directamente pedir el 82%, generando mayor litigiosidad que la actual..."

"...dicha litigiosidad se verá incrementada atento que el proyecto también produce la superposición de índices distintos en períodos iguales con evoluciones muy diferentes entre ellos, no respetando tampoco el concepto de salario previsional que es aquel sobre el cual se aporta a la seguridad social..."

"...si se aplicara, pasado muy poco tiempo, el Estado no podrá cumplir con sus obligaciones, y seguramente reaparecería —sobre la base del desprestigio de lo público— el discurso privatizador y tras el ajuste de los derechos de trabajadores y jubilados, los nuevos voceros de las soluciones drásticas para el retorno de las AFJP..."

Una ayudita: no fue nadie que hubiera analizado el proyecto de pago de los juicios de los jubilados que acaba de enviar Macri al Congreso.

La respuesta, siguiendo este enlace.

¿"CAMBIEMOS" CAMBIÓ?: JUBILACIONES Y AUH

Cuando en el año 2008 el gobierno de Cristina decidió liquidar el sistema de jubilación privada de las AFJP establecido en los tiempos de Menem y Cavallo desde el PRO se opusieron frontalmente, y votaron en contra en el Congreso. El propio Macri calificó a la medida (que posibilitó el lanzamiento original de la AUH, que ahora reivindica) como “un acto criminal”.

Por esos mismos días el Congreso aprobaba la ley que estableció el índice de movilidad de los haberes jubilatorios, ley que tuvo también el voto en contra de los legisladores que responden a Macri.

Sin embargo, con el paso de los años, votaron a favor exactamente el mismo índice para actualizar con la misma periodicidad (semestralmente) la asignación universal; aunque una semana más tarde (cuando el Congreso la había aprobado) Macri protagonizó un furcio célebre por prometer que de llegar al gobierno la convertiría en ley, algo que ya había pasado.

Y reivindica la AUH "porque el gobierno hizo bien en recoger el proyecto de Carrió", que votó también en contra de la estatización de las AFJP. Un año después del lanzamiento de la AUH, la calificaba como "uno de los planes sociales que no suman".

Para esa misma época y cuando el “grupo A” controlaba las comisiones del Congreso, el PRO impulsó junto a los demás bloques opositores el 82 % móvil para todos los jubilados (no sólo para los que cobran la mínima como ahora plantea Scioli), más el pago retroactivo de los fallos “Badaro I”, “Badaro II” y “Eliff” de la Corte Suprema; proyecto que fue vetado por Cristina.

Es decir a la hora de sumarle recursos al sistema previsional votaron en contra prefiriendo un esquema de capitalización individual; e impulsaron un proyecto que le creaba enormes obligaciones económicas y llevaba a hacer desaparecer -a corto plazo- los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al cual se habían opuesto al liquidarse las AFJP; además de trasladar a la pasividad las inequidades retributivas del mercado laboral en las últimas décadas.

En campaña para la presidencia, los spots de Macri dicen que va a estar al lado de quien lo necesite, y no va a dejar a nadie librado a su suerte; y sin embargo la mitad del bloque de diputados del PRO (incluyendo a Federico Sturzenegger) se ausentó a la hora de votar la segunda moratoria previsional; que permitió acceder a la jubilación a más de 600.000 argentinos (un 87 % mujeres) que quedaron desempleados o dejaron de aportar entre 1993 y 2003.

Al mismo tiempo, Melconián hablaba de la necesidad de achicar el gasto público, y ponía como ejemplo los más de 3 millones de nuevas jubilaciones otorgadas por el kirchnerismo, y cuanto pesaban como gasto en el PBI y en el déficit fiscal.

Por otro lado Macri promete rebaja generalizada de impuestos (eliminación de Ganancias para todos los que no lo pagaban en los sueldos en el 2007, ajuste por inflación de los balances de las empresas para pagar menos del impuesto, eliminación de las retenciones a la soja), omitiendo señalar que buena parte de la fórmula de la movilidad jubilatoria (la que determina los aumentos, la misma que votaron hace poco en el caso de la AUH) está dada por los recursos tributarios afectados a la seguridad social: dicho en criollo, menos impuestos significan menos aumentos en las jubilaciones, pensiones y asignaciones.

En el reportaje que le hizo Lanata el domingo pasado preguntado por el 82 % móvil Macri se atajó diciendo que había que “estudiarlo bien a ver si era posible”, no sin recordar que ellos (junto al resto de la oposición) lo plantearon en el 2010 y la presidenta lo vetó.

¿Será que hace 5 años era posible pero ahora no, o el tema es que hace 5 años eran oposición y apostaban a sabotear la gestión de gobierno desde el Congreso, y ahora pueden ser gobierno y eso los obliga a ser prudentes, o están preparando un ajuste que alcanzará también al gasto previsional, siguiendo el señalamiento de Melconián?

¿Hay que creerles entonces cuando dicen que "no van a dejar a nadie librado a su suerte" y "estarán al lado de los que lo necesiten"? 

INTERCAMBIO EN TWITTER

Los troscos deben tener en Twitter algo parecido a los sistemas de la ASN en EEUU, que se activa cuando mencionás alguna palabra clave, como "terrorismo", "Al Qaeda" o "Bin Laden".

O como Mariano T cuando escucha "retenciones" o "impuestos". 

Como vemos en éste caso, el disparador de la alerta fue la mención a Las Manos de Filippi.

Y seguro esta gente tiene un problema con el humor o la ironía, que se agrava cuando intenta internarse en ese terreno, pero bueno: cada uno se ríe de lo que puede, y como puede.

Lo curioso es este intercambio twittero (además de que Lucho parece compartir la idea clarinesca de que todo artista que adhiere al kirchnerismo es exclusivamente por guita) fue el asunto del 82 % móvil para los jubilados; que viene formando parte del programa del frente de izquierda, hoy en trance de disolución.

En ésta entrada decíamos al respecto: "Los otros días escuchábamos en radio a Pitrola diciendo que sus dos primeros proyectos serían el 82 % móvil para los jubilados, y la derogación del impuesto a las Ganancias sobre los salarios; en ambos casos sin matices ni discriminación: 82 % para todos los jubilados, Ganancias para ninguno que cobre salario.

Lo cual supone por ejemplo pagarle el 82 % de su salario al CEO de una multinacional jubilado, o que deje de pagar Ganancias si está en actividad; convalidando con tales propuestas la inequidad salarial del mercado laboral, y extendiéndola a la etapa de la pasividad, con una propuesta (la del 82 % móvil) que tiene mucho más de la lógica de un sistema de capitalización, que de reparto solidario." .

Como nos parece una propuesta rara para una fuerza de izquierda, le preguntamos al amigo Lucho si era para todos, incluso para el más amigazo aun de Aranguren.

Y como pueden ver, tras un lapso de 3 horas (¿tuvo que consultar con Altamira y Pitrola la respuesta?) nos dijo que sí, que el 82 % móvil es para todos "porque uno aporta toda la vida".

Una respuesta más esperable en un defensor de las AFJP, que en un militante de la izquierda.

Y lo del traba en actividad directamente no lo entendimos: desde acá apostamos a defender la opción sexual que cada uno elija libremente, y nuestro entuerto con Aranguren no pasa por ahí (es más: no sabemos si le atrae ponerse o no medias de red), sino simplemente en que es flor de garca.

ALFONSÍN DIJO HACE MUCHO QUE INSAURRALDE TIENE RAZÓN

El domingo en "6 7 8" decía Martín Insaurralde que el gobierno no iba a apelar -para ganar en octubre- a prometer lo que no se puede cumplir, porque cada vez que se hizo eso, al país le fue mal.

Y entre los ejemplos, mencionó el famoso asunto del 82 % móvil para los jubilados, diciendo que era imposible darlo porque las finanzas del Estado quebrarían: lo mismo que dijo en su momento Cristina cuando vetó el proyecto aprobado por el "Grupo A" en el Congreso en el 2010 (ver acá el decreto).  (*)

Relacionado al tema, leemos al hermano de Altamira muy preocupado en Clarín por la cancelación de los juicios contra los jubilados, por reajuste de haberes; y en ésta otra nota asociada, recurriendo a la opinión de los auditores radicales de la Auditoría General de la Nación y al también radical diputado Santín (el que tenía el micro en Crónica asesorando a los jubilados, para que hagan juicios, como María América González) para cuestionar las cifras oficiales sobre juicios previsionales.

Resulta obvio decir (en la misma línea de pensamiento de Insaurralde) que si el gobierno no instaura el 82 % móvil es porque no lo puede hacer, y no porque no quiera, porque además ponerlo y luego no poderlo pagar, lo único que lograría es que la cantidad de juicios de jubilados contra el Estado subiera a las nubes.

El gobierno tomó otro camino que fue la ley de movilidad de los haberes 26.417 (2008), que desde su puesta en práctica vino mejorando los haberes; porque la fórmula que estableció para los aumentos viene superando todos los años el promedio de los aumentos obtenidos en paritarias por los trabajadores, con lo cual además mejora la tasa de sustitución (la relación sueldo del activo-haber de pasividad) -ver al respecto acá cifras del año pasado, antes de los dos aumentos de éste año-; y además disminuye la litigiosidad del sistema: ver acá la evolución de las cifras de juicios nuevos iniciados desde el 2010.  

Pero hablando de radicales (tan preocupados ellos por la litigiosidad del sistema, o el famoso 82 % móvil) e irresponsabilidades electorales, es bueno recordar que no sólo cargan en sus alforjas con el descuento del 13 % instrumentado por Cavallo, Patricia Bullrich y De La Rúa durante el gobierno de la Alianza.

La cosa viene de antes, como que en 1986 Alfonsín se vio obligado a dictar el DNU (decreto de necesidad y urgencia) 2196 (verlo completo acá) por el cual decretaba la emergencia previsional, suspendía todos los juicios contra el Estado por cuestiones previsionales y modificaba por decreto el sistema de reajuste de los haberes; que ya no era el famoso 82 % móvil, pero aun así era impagable. 

Transcribimos algunos párrafos del DNU que nos parecen sumamente ilustrativos:

"Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su sentencia del 30 de setiembre de 1986, en los autos: "Rolón Zappa, Víctor Francisco s/Jubilación", ha declarado que los magistrados judiciales carecen de facultades para apartarse de su función de órganos de aplicación del derecho vigente o ejercer atribuciones legislativas ajenas a su potestad constitucional, y en consecuencia para ponderar el estado de emergencia económica o tomar decisiones que impliquen configurar tal estado de emergencia.

Que la imposibilidad de hallar soluciones dentro del actual marco legal, que esa doctrina pone de manifiesto, hace imperioso adoptar medidas respecto de los reclamos por reajuste de las prestaciones actualmente en trámite, así como prever el inminente y sustancial incremento de peticiones de contenido análogo.

Que las articulaciones desarrolladas por los representantes del Estado en el caso citado y otros similares, se fundamentaron en la inexistencia de fondos para hacer frente a las erogaciones resultantes de las sentencias que declaran la obligación de los organismos previsionales de reajustes los haberes jubilatorios y abonar retroactividades, intereses y costas, y en la imposibilidad material de obtener o recaudar tales fondos, en las actuales circunstancias, en cantidad suficiente como para dar cumplimiento a todo los fallos de que se trata, cuyo número según se ha señalado precedentemente, podría verse aumentado a corto plazo en una medida muy considerable.

Que la liquidación de los primeros juicios de reajuste con sentencia firme, puso en evidencia la imposibilidad de que el sistema nacional de previsión atendiese tales erogaciones con los recursos presupuestarios, dado que éstos se destinan íntegramente a abonar los beneficios corrientes, las prestaciones médico-asistenciales que brinda el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y los gastos de la gestión administrativa.

Que el pago de esos primeros juicios significó, además, introducir una irritante e inaceptable desigualdad en menoscabo de la situación de los beneficiarios que no iniciaron acción judicial, pues mientras éstos seguían percibiendo bajos haberes, los demandantes favorecidos por los fallos obtenían reajustes importantes, que incluso superaban el máximo fijado como tope por la ley, aparte de retroactividades que en algunos casos fueron del orden de los cientos de miles de australes.

Que estas circunstancias hicieron indispensable la interposición de los recursos extraordinarios ante la Corte Suprema, planteando la gravedad institucional como fundamento de la cuestión federal, en razón de que, no siendo ilimitados los recursos disponibles y no existiendo tampoco la posibilidad material ni jurídica de incrementarlos más allá de las previsiones presupuestarias, fundadas, a su vez, en los límites financieros reales de todo el sistema, el cumplimiento de las sentencias de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hubiera representado, a muy corto plazo, el riesgo cierto de que faltasen fondos para el pago en tiempo de los haberes normales del conjunto de los beneficiarios.

Que incrementar las prestaciones en curso de pago hasta equipararlas al referido Ochenta y Dos por Ciento (82 %), exigirá disponer de recursos adicionales.." (las negritas son nuestras)

Reiteramos: lo dijo Alfonsín, en 1986; no Martín Insaurralde el domingo en "6 7 8".

(*) Para los que se apuren a replicar que "en Santa Fe se paga el 82 % móvil, sugerimos leer este post; además de recordarles que el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia proyectado para éste este año (antes de los aumentos) es de 621 millones de pesos.

SUSTITUCIÓN

La política previsional ha sido sin dudas uno de los puntales del kirchnerismo, tanto medida en términos de lo que aportó al crecimiento económico verificado en el país desde el 2003, como a los triunfos electorales del 2007 y el 2011; que estuvieron en línea con los logros de esa política.

Al mismo tiempo el comportamiento de la ANSES como organismo de ejecución de esa política es uno de los ejemplos más contundentes de la recuperación de la capacidad de acción estatal en los gobiernos de Néstor y Cristina.

Sin embargo, la implementación de esa política previsional no estuvo exenta de tensiones y no sólo por el emblemático caso de la liquidación de las AFJP, poniendo punto final al oprobioso sistema de jubilación privada diseñado en el menemismo; o por los demás roles institucionales que se le asignaron a la ANSES en la ejecución de las políticas públicas, como es el caso del manejo del Fondo de Garantía de SAustentabilidad (FGS), el plan Conectar Igualdad o el programa de viviendas Procrear.

Aun dentro del conjunto de las fuerzas políticas que adhieren a la idea de un sistema previsional público de reparto (aunque algunas de ellas, como el radicalismo, no votaron la disolución de las AFJP), no existe un consenso unánime respecto a los principios centrales que deben sustentarlo.

Desde el kichnerismo y en el marco de las políticas macroeconómicas implementadas en la post convertibilidad, se puso el acento en la ampliación de la capacidad de cobertura del sistema de seguridad social (tendiendo a universalizar sus beneficios tanto como fuera posible), y en paralelo con eso, en su sustentabilidad financiera.

Desde la oposición en cambio (en espejo con la instalación del tema en la agenda de los medios hegemónicos, y con los planteos de la corporación judical) se pone el acento en la discusión sobre la tasa de sustitución, es decir el porcentaje que cobran los jubilados, medido sobre el sueldo que percibe quien desempeña en actividad su misma función, o corresponde al mismo sector de la fuerza laboral: a esa lógica responden la cuestión del famoso 82 % móvil (que el Grupo A impulsara en el Congreso sin atender a ninguna fuente cierta de financiamiento) y los juicios por el reajuste de los haberes previsionales.

La diferencia no es menor en términos de sustentabilidad financiera del sistema de seguridad social, y (sobre todo) de equidad distributiva de los recursos disponibles; como tampoco de lectura del impacto de las políticas neoliberales de los 90' en el entramado social.

En efecto, si al diseñar la política previsional se pone el acento (como lo hizo el kirchnerismo) en la ampliación de la capacidad de cobertura, se está reparando en parte el desmadre que produjeron en la sociedad los altísimos niveles de desempleo, informalidad y precarización laboral de las políticas neoliberales, sea al permitirle acceder a un beneficio jubilatorio a quien no podría lograrlo en condiciones ordinarias (programa de inclusión previsional, con 2,5 millones de nuevos jubilados), u otorgándole los beneficios de la seguridad social a los excluidos del sistema o informalizados (3,7 millones de beneficiarios de la AUH, por ejemplo).

Si por el contario, se pone el acento en la tasa de sustitución (como lo hace la oposición al plantear el 82 % móvil), por más loables que sean las intenciones, se está congelando y perpetuando la inequidad laboral, salarial y distributiva con la que la sociedad argentina emergió de los 90' y de la crisis de la convertibilidad; y además se está poniendo en riesgo la sustentabilidad financiera del conjunto del sistema.      

Y sin embargo y aun expuestas así las dos posturas que han primado hasta acá al respecto, vemos en Página 12 -a través del informe de Diego Bossio en el Congreso- como las políticas previsionales del kirchnerismo pudieron también recomponer progresivamente la tasa de sustitución, o sea la relación entre el haber jubilatorio y el salario de los trabajadores en actividad.

El informe de Bossio revela que esa tasa llegó al 73,88 % en el caso de los trabajadores en relación de dependencia que no accedieron al beneficio por los programas de inclusión previsional; y si se incluye a los autónomos, la tasa pasó del 43,2 % en 1997, al 62 % en la actualidad.

Para el conjunto del sistema (es decir incluyendo a las nuevas jubilaciones fruto de la inclusión previsional) la tasa de sustitución pasó del 45,2 % en el 2006 al 52,9 % el año pasado

Y además también se ha logrado bajar la tasa de litigiosidad del sistema; que es otro caballito de batalla con el que la oposición y los medios cuestionan al gobierno: una lógica consecuencia de la mejora en la tasa de sustitución, para lo cual ha aportado además decisivamente el régimen de movilidad de las prestaciones aprobado en el 2008 por la Ley 26.417, con el voto en contra de la mayoría de la oposición.

Régimen de movilidad que aplica una fórmula que le viene ganando desde su instauración a la inflación (aun a la medida por las consultoras privadas, o los índices provinciales), y al promedio de aumento de las remuneraciones de los trabajadores en actividad, pactados en paritarias; y que a su vez tiene una base de sustentabilidad, en tanto incorpora a la fórmula los recursos con los que se alimenta el sistema, además de la cantidad de beneficios que paga, y la evolución de los salarios de los trabajadores en actividad, como se explicó acá.    

Lo que nos lleva al famoso caso del reclamo hecho por Binner cuando era gobernador, para que se deje de afectar el 15 % de la masa coparticipable global a la financiación de la seguridad social; reclamo que demuestra la inconsistencia del discurso opositor: por un lado plantea la mejora en la tasa de sustitución y la cancelación más acelerada de los juicios previsionales, pero por el otro -a partir de un federalismo trasnochado que encubre la falta de decisión de captar otras rentas en sus propios distritos-; reclama que al sistema se le resten recursos con los que hoy cuenta.

Y recursos de los que no puede prescindir, como lo demostramos con números acá.  

SOBRE VALORES Y REPARTO

Coinciden con los valores que sustentan el sistema de reparto, pero le hacen juicio a la Nación para dejar de aportar la parte de la coparticipación que la va a la ANSES, con lo cual el organismo se desfinanciaría y los jubilados nacionales tendrían problemas para cobrar sus haberes, y recibir aumentos.

Están en contra de la ineficiencia del régimen de la jubilación privada, pero cuando se discutió en el Congreso la liquidación de las AFJP el radicalismo (el partido al cual pertence Henn, y forma parte del Frente Progresista en Santa Fe) votó en contra; y junto con el socialismo se oponen a usar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en la economía real, promoviendo el empleo, la inversión y el consumo.

Coincide con los valores del sistema de reparto (uno de los cuáles es la solidaridad), pero pretenden que el gobierno nacional (mientras pierde el 15 % de la coparticipación para la ANSES, si prosperara el reclamo de Santa Fe) les subsidie el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia, que paga haberes mucho más altos que los nacionales.

Reclaman por la presunta deuda de la Nación con la Caja diciendo que los jubilados de Santa Fe necesitan esa plata, pero la provincia no inició nunca -hasta ahora- juicio alguno por ese tema: medio complicado decretar ya que te deben algo, cuando ni lo reclamaste.

Rescatan los valores que reivindica el sistema de reparto, pero con los reclamos que le hacen a la Nación ponen en riesgo los dos más importantes, que son la universalidad de la cobertura y la sustentabilidad financiera del pago de los beneficios, y su ajuste periódico.

Al mismo tiempo, mientras critican a la jubilación privada, al poner el acento en el famoso 82 % móvil (que es falso además que lo paguen) están apuntando a la tasa de sustitución (relación entre el sueldo en actividad y el haber de pasividad), que es justamente el factor en el cual más se parecen la jubilación pública de reparto y la privada de capitalización; y que además reproduce en el sistema previsional las asimetrías salariales (profundas) del mercado laboral, acentuadas justamente en las últimas décadas.

Y para terminar, sobre que en Santa Fe el gobierno provincial se hace cargo de las políticas sociales, nos remitimos a lo dicho acá; hubiera estado bueno que Henn mencionara al menos una -sólo una- política social consistente, relevante, extendida y con recursos que esté implementando el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social.

Como por ejemplo la Asignación Universal por Hijo, que la Nación ejecuta a través de la ANSES, y que se financia en parte con los recursos que ellos quieren quitarle por medio del reclamo que está en la Corte.

O el plan de viviendas PROCREAR, que se solventa con los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que ellos no quieren que se usen porque son (en la mejor lógica del sistema de capitalización y jubilación privada) "la plata de los jubilados".

DESPUÉS DE ADRIÁN VENTURA, AHORA MARIANO OBARRIO SE SUMA AL RUBRO VENDEDORES DE FRUTAS Y VERDURAS

El anuncio del programa de créditos para construir viviendas que anunció Cristina los otros días volvió a correr el eje de la discusión y marcar agenda, y como la prensa opositora se resiste a perder ese rol (político por definición, disfrazado de periodismo independiente) intenta aceleradamente articular un discurso alternativo y una agenda paralela: ahora la cosa sería "jubilados versus aspirantes a la vivienda propia"; a partir de la decisión de financiar al Procrear con los recursos de la ANSES.

Ayer Mendieta en éste post desnudaba la impúdica venta de fruta al mayorista de Adrián Ventura en La Nación, pretendiendo echar un manto de sospecha sobre la legalidad de usar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para finaciar el programa.

Hoy sigue por la misma huella Mariano Obarrio con ésta nota en la tribuna de doctrina, en la que incluso apela al remanido recurso de las fuentes incomprobables (el famoso "alto funcionario", que por ejemplo no le avisó antes del anuncio de Cristina.

Del conjunto de fruteadas que dice (o hace decir a otros) Obarrio en la nota, nos quedamos con las que figuran en la imagen que ilustra el post: la Corte Suprema habría ordenado en los fallos "Badaro" y "Eliff" algo así como "82 % móvil para todos"; y el famoso 82 % móvil regiría en la ley que dice actualmente como se calculan los haberes de los jubilados, y el gobierno ni lo cumple, ni se anima a asumir el costo de derogarlos, porque sería impopular.

Las dos cosas son mentira: ni la Corte dispuso lo que dice Obarrio, ni el 82 % móvil rige para los jubilados nacionales comprendidos en el régimen de la Ley 24.241. Y los 460.000 jubilados que reclaman en la justicia el reajuste de sus haberes son apenas el 8,18 % del total, pero sus demandas ponen en riesgo la sustentabilidad de todo el sistema. 

Hace casi un año en ésta entrada (y a propósito del bolaceo de Binner acá en Santa Fe con el 82 % móvil) nosotros decíamos: 

"El famoso 82 % móvil, que según alguna idea generalizada sería algo consolidado históricamente, presupone que el Estado debe garantizarle a los jubilados percibir ese porcentaje, calculado sobre el haber que cobra a su vez quien desempeña en el momento en la actividad laboral, el cargo o función que aquél desempeñaba cuando ingresó a la pasividad.

Con esos términos, para todos los beneficiarios del sistema, podría decirse que el 82 % móvil nunca existió en la Argentina, pero lo más parecido a eso fue consagrado (para alguno de los tramos de jubilaciones) por la Ley 14.499 dictada en 1958 durante el gobierno de Arturo Frondizi; claro que en un contexto político en el que, por ejemplo, los trabajadores de la carne del frigorífico municipal Lisandro De La Torre de Buenos Aires desarrollaban una histórica huelga, duramente reprimida con la intervención de las Fuerzas Armadas, o que los ferroviarios eran movilizados militarmente en el marco del tristemente célebre Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado), por oponerse a los planes de racionalización ferroviaria del mismo Frondizi.

A poco de andar el sistema, se reveló que no era sustentable financieramente en el tiempo, por lo que fue suspendido en su aplicación, luego modificado por la Ley 16.945 (1966) y finalmente derogado en 1969 por la Ley 18.037, antecesora de la actual 24.241 que regula el Sistema Previsional Argentino.

Así como fue variando en el tiempo el porcentual del salario del activo garantizado al pasivo (y por las mismas razones), fue variando el método de cálculo del haber jubilatorio inicial, desde el que permitía al titular del beneficio optar (por el mejor sueldo percibido durante los 30 años de aportes, o los últimos 10), hasta el que rige en la actualidad que toma el promedio de los últimos 10 años de haberes percibidos por el trabajador.

Otro tanto sucedió con el sistema de movilidad o reajuste de las prestaciones una vez establecido el haber inicial de pasividad, sobre lo cual existe en la actualidad la fórmula establecida por la Ley 26.417 (2008), que contempla los recursos con que cuenta la ANSES (provenientes tanto de los aportes y contribuciones personales y patronales, como de los impuestos afectados a la seguridad social y otras fuentes de financiamiento), la cantidad de beneficiarios del sistema y la evolución de las remuneraciones de los trabajadores en actividad, como variables para establecer los aumentos.".

Es decir entonces que el 82 % móvil no rige hoy, y prácticamente tampoco rigió nunca antes, con lo que cabe preguntarse entonces: ¿cómo podría la Corte en "Badaro" y "Eliff" haber dicho lo que dice Obarrio, y el gobierno estar analizando su derogación?

Más aun, si el 82 % móvil está vigente, ¿nos podría explicar Mariano Obarrio por qué razón el hoy desaparecido "Grupo A" lo impulsó en el Congreso cuando tenían mayoría en ambas Cámaras con la absoluta irresponsabilidad de no asignarle financiamiento, con el exclusivo afán de provocar que Cristina lo vetara como todos sabemos?

 

Lo que hizo mediante el Decreto 1482/10 al que pueden acceder acá; y donde hay un contundente y clarísimo racconto de lo que hizo cada uno -cuando le tocó en suerte gobernar- en materia de seguridad social. 

Y si el veto pone algo en claro es justamente que a Cristina no le tembló el pulso para decir la verdad: el 82 % móvil es impagable, y llevaría a la quiebra del sistema, y mal no le fue en términos de costos políticos: nos remitimos a los resultados del 23 de octubre, de ella y de los irresponsables promotores de la quiebra del sistema previsional. 

FACILÍSIMO

¿Cómo no se le ocurrió antes al gobierno?: que todos los jubilados ganen 67.937 pesos por mes como un juez, o 58.312 como un diplomático, y listo; nadie tendría motivos para quejarse ni hacerle juicio al Estado.

Y por supuesto, que ninguno pague Impuesto a las Ganancias -que viene a ser como un ataque al bolsillo- pero ninguno: ni los legisladores, ni los funcionarios políticos, ni los empresarios ni los banqueros.

Así nivelamos para arriba, como dice el salame éste que estaba en contra de expropiar YPF, pero votó a favor "por respeto a la UCR".

Ay los radicales, con este tipo de razonamientos profundos impulsaron en el 2010 el 82 % móvil sin financiamiento, y ahora el coso éste dice que se comprometen a garantizar que la gente lo cobre, pero cuando fueron gobierno terminaron con la emergencia previsional (con Alfonsín), o el descuento del 13 % (con De La Rúa).

Y después se preguntan por qué la gente no los vota.

MATERIAL PARA NUEVOS LECTORES DEL BLOG

Resulta que los docentes santafesinos (públicos y privados) realizaron medidas de fuerza reclamando cambios en la ley de jubilaciones, y en rechazo a la propuesta que les hizo sobre el particular el gobierno de Binner en el marco de las paritarias.

Frente al reclamo de AMSAFE y SADOP el subsecretario de Seguridad Social de la provincia dice que el reclamo docente de bajar la edad jubilatoria "no tiene sustentabilidad" ; y el propio Binner  dice que "es imposible que los docentes se jubilen con 20 años de servicio".

Los dos mienten o tergiversan el reclamo de los gremios docentes, como queda claro con esta carta del Secretario General del SADOP, Pedro Bayúgar, que publica Barricada.

Hasta acá el reclamo que afronta Binner, el gobernador, pero Binner, el candidato presidencial, promete el 82 % móvil para todos los jubilados del país, sin decir como lo financiaría.

Lo mismo que hicieron los legisladores de la oposición cuando sancionaron el año pasado el famoso 82 % móvil que Cristina vetó mediante este decreto. 

Decreto que invitamos a leer en detalle, en tanto historia lo que ha venido sucediendo con el sistema previsional argentino desde 1958 hasta hoy (con especial énfasis en lo actuado desde el 2003 en la materia); y del que destacamos éstos párrafos:

"Que en las condiciones en que el proyecto se ha sancionado, su promulgación implicaría prácticamente la quiebra no sólo del Sistema Previsional Argentino sino del propio Estado, prestaciones que llevarían sin más a prontos futuros incumplimientos, frustrando el cumplimiento de las finalidades propias de la previsión social, constituyendo una estafa a los jubilados.

Que el mencionado quiebre del Sistema Previsional traería aparejado el desfinanciamiento del propio Estado, que debería volcar ingentes recursos para paliar tal déficit y desatender con ello otras áreas importantes de su accionar.

Que al parecer se trata de una maniobra o ardid para obligar el veto de la norma, especulando sacar de allí algún mezquino rédito político, pues pareciera que sólo se puede avanzar en tal idea descontando que otro, con responsabilidad en el gobierno de la cosa pública pare tanto dislate.".

Clarito, ¿no?, dislate dijo Cristina, y eso es lo que está proponiendo Binner como uno de los ejes fundamentales de su campaña presidencial; todo lo contrario además de lo que dice como gobernador cuando tiene que afrontar reclamos de sus empleados, en este caso los docentes.

Pero el título de este post promete material para los nuevos lectores de Nestornautas, y vamos a cumplir.

Aquí pueden acceder a todo lo que nosotros publicamos en referencia al famoso 82 % móvil que Binner dice pagar en la provincia; y que también pueden encontrar yendo a la voz "82 % móvil" en  el glosario de etiquetas que está a la derecha del blog. En cada post tiene a su vez los enlaces con otros anteriores vinculados al mismo tema.

A los que les intereses, se ruega leer y difundir, para ayudar entre todos a desmitificar una mentira (una más y van) del socialismo, a la que ya se le están viendo las patas cortas.

¿BINNER O PINOCHO?

¿Cómo es la cosa muchachos?

Binner candidato a presidente dice en todos los spots de campaña que él paga en Santa Fe el 82 % móvil, y que si fuera presidente lo podría pagar en la Nación.

Pero resulta que cuando los docentes provinciales le reclaman modificar el régimen jubilatorio para poder acceder antes al beneficio, sus funcionarios dicen que no sería sustentable, y que le representaría a la Caja de Jubilaciones de la provincia un quebranto adicional de 250 millones de pesos por año. Lo mismo que nosotros dijimos acá. 

Binner se atribuye la autoría del 82 % móvil en la provincia, y su propio Subsecretario de Seguridad Social lo desmiente: sólo los docentes lo cobran, los demás empleados públicos deben trabajar más años para acceder a ese porcentaje (que tampoco es tal), y todo por una ley del 2005; o sea antes que Binner llegue al gobierno. Ya se dijo antes acá.

Binner le reclama a la Nación que le deje de descontar el 15 % de la coparticipación que va a la Anses, pero su gobierno se niega a atender el reclamo de los docentes, porque eso demandaría más aportes del Tesoro provincial a la Caja: lo dicen sus propios funcionarios. 

Aunque en la misma nota insistan con la presunta deuda de la Nación (como siempre, para echarle la culpa de todo), lo que ellos mismos están diciendo (por ejemplo cuando hablan de la situación de los docentes transferidos) demuestra claramente que no tiene por que pagarle un peso del déficit de la Caja. Invitamos a releer lo dicho al respecto en este blog.

¿Quién dice la verdad y quien miente, el gobernador-candidato que promete el 82 % móvil sin decir como lo financiaría y sin preocuparse por su sustentabilidad en el tiempo, o sus funcionarios que le dicen que no al reclamo docente?

Hay que ver a quien le viene creciendo la naricita en los últimos tiempos.

EJEMPLO PRÁCTICO PARA EL 14 DE AGOSTO

 

Este post de Gerardo Fernández (con enlace a otro del Escriba en Artepolítica) nos hizo pensar como teníamos que cambiar la forma de encarar la campaña de cara a las internas del 14 de agosto, y las generales del 23 de octubre.

Tal como señalan ellos, hasta ahora la cosa vino transcurriendo más o menos así: nosotros defendemos los logros del modelo y en base a eso pedimos el voto para Cristina; mientras ellos bombardean todos los días desde la tapa de los diarios para demoler la idea de que esos logros son frutos de un programa de gobierno y decisiones concretas, e instalar socialmente la teoría del viento de cola.

Y ahí perdemos por varios lados, porque eso exime a los opositores de plantear sus propuestas concretas (todo queda reducido a slogans de un spot de campaña), y de definir claramente en términos concretos a que se oponen del kirchnerismo, más allá de los malos modales.

El mensaje sería algo así como "nosotros haríamos todo lo bueno que se hizo, pero sin crispación y sin robar", muy simplificadamente dicho.

De modo que pareciera que debemos buscar cambiar el eje de la discusión -como plantea acertadamente Gerardo- para obligarlos a decir que harían si fueran gobierno, y como lo harían; y como para explicar la cosa siempre viene bien un ejemplo, tomemos a Binner y el famoso 82 % móvil para los jubilados.

Vimos acá que en sus spots de campaña plantea que él como gobernador lo viene pagando en Santa Fe (lo que le daría una ventaja sobre otros candidatos que no tienen responsabilidad actual de gestión), y que eso demuestra que es posible hacerlo en la nación, si él fuera presidente. 

Nosotros demostramos acá ampliamente que es mentira que el 82 % móvil se esté pagando a todos los jubilados estatales (recalcamos: estatales) santafesinos, y que eso obedezca a una decisión o medida del gobierno de Binner.

Pero ahora nos interesa detenernos en otro punto: mientras pregona el 82 % móvil con el antecedente de pagarlo en la provincia, uno de los ejes de campaña (exitoso, habrá que decir) de Bonfatti a la gobernación y Binner a la presidencia fue victimizarse frente al gobierno nacional por una presunta discriminación en la distribución de recursos, y en ese marco, ambos ponían como ejemplo que la Nación no cumplía con un convenio por el cual debía financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe; y desde el gobierno provincial le iniciaron juicio al Estado nacional ante la Corte Suprema por el 15 % de la coparticipación que se destina a financiar a la ANSES.

El convenio también fue analizado en este blog, porque estaba vinculado a la campaña (también exitosa, hay que decirlo) de mails anónimos que circularon durante la campaña provincial. 

Pero quedémonos con las dos afirmaciones de Binner, y por un momento démoslas por válidas: yo pago -diría el candidato a presidente del FAP- el 82 % móvil en mi provincia, y mi Caja de Jubilaciones tiene déficit; y vamos a ver algunos números que nos pueden ayudar.

El año pasado la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe proyectó en el Presupuesto provincial que necesitaría aportes del Tesoro por $ 202.237.579 para cubrir sus obligaciones (pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares), porque no le alcanzaba con sus recursos propios: aportes personales de los empleados públicos, contribución patronal del Estado empleador y (adivinen: sí, acá también) una parte de la recaudación impositiva que se destina específicamente a la seguridad social; en el caso santafesino parte de la coparticipación del IVA y el impuesto sobre los Bienes Personales.

Pero andando el ejercicio 2010 y con los aumentos a jubilados y pensionados (insistimos: supongamos que para pagar el 82 % como dice Binner que paga), más los nuevos beneficiarios que se fueron sumando, los aportes del Tesoro a la Caja para cubrir su déficit terminaron siendo $ 298.012.575,30, es decir un 47,35 % más de lo previsto en el Presupuesto.

Si se suman esos fondos aportados por el Tesoro a los $ 136.715.004,96 de coparticipación de impuestos destinados a la Caja, tenemos que el año pasado el 13,69 % de su presupuesto fue solventado por otros recursos que no son los específicos de la seguridad social (aportes personales y contribución patronal); el 9,38 % proveniente directamente de aportes de Rentas Generales para tapar el agujero del déficit.

Y este año el Presupuesto provincial enviado por Binner y aprobado por la Legislatura contempla aportes del Tesoro a la Caja para cubrir su déficit por $ 336.141.000, o sea un 66,21 % más de lo previsto para el año anterior, y un 12,79 % más de lo finalmente ejecutado. En este caso los recursos que hay que sumar para tapar el agujero (los del Tesoro más los de la coparticipación afectada a la seguridad social) sumarían este año el 15,15 % del total del presupuesto de la Caja, y sólo los fondos del Tesoro, el 10,16 %, sin considerar los aumentos. 

Esto quiere decir que el sistema jubilatorio santafesino tal cual está (el que Binner dice que paga el 82 % móvil) genera un déficit de la Caja cada vez mayor, año tras año; y el agujero se cierra con recursos que vienen de otro lado, y Binner como gobernador le echa la culpa al gobierno nacional, que no le quiere financiar ese déficit.

Recordemos ahora que el 82 % móvil votado por la oposición en el Congreso fue vetado por Cristina porque no establecía ninguna fuente concreta de financiamiento, y reparemos en que los jubilados y pensionados nacionales son 5,7 millones más o menos (más las pensiones no contributivas), o sea unos cuantos más que los pasivos estatales provinciales, y con un empleo en negro del orden del 35 % más o menos.

Pensemos que pagarles a todos ellos el 82 % móvil (como Binner dice que puede hacer) significaría un esfuerzo financiero mucho más grande entonces que hacerlo con los pasivos provinciales santafesinos (repetimos: siempre suponiendo que sea verdad lo que Binner dice que hace, aunque no lo sea).

Lo que tendríamos que hacer entonces es obligar a Binner candidato a presidente (y a quienes conocemos que estén dispuestos a votarlo) es preguntarle como se hace para pagarles el 82 % móvil a todos los jubilados y pensionados nacionales, sin generar en las cuentas del ANSES un agujero mayor año tras año (como el que se viene produciendo en la Caja de Jubilaciones de la provincia) que termine como sabemos (emergencia previsional, descuento del 13 % de los haberes), y mientras le devolvemos a las provincias el 15 % de la coparticipación que va justamente a la ANSES para pagar los actuales niveles de jubilaciones y pensiones, como él mismo y su gobierno han reclamado ante la Corte.

Todo eso con diálogo y consenso, y mientras se le bajan al campo las retenciones (algo que el mismo Binner también plantea), y por ende se le sacan más recursos al Estado nacional. Y sin echarle la culpa a las Naciones Unidas, la Unasur, el FMI o alguna otra instancia superior, porque no le financia el déficit.

Si puede explicar eso de un modo claro y concreto, con cifras y números, la verdad que se merece ser presidente. Mientras tanto, seguirá siendo otro chanta más.