LA FRASE

"EN ÉSTE PAÍS NO SE PUEDE TENER MENTALIDAD EMPRENDEDORA Y ARRIESGARSE EN LA BÚSQUEDA DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PORQUE ENSEGUIDA TE DESTRUYEN CON LA MÁQUINA DE IMPEDIR." (JOAQUÍN BENEGAS LYNCH)
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martes, 2 de julio de 2024

HECHA LA LEY, HECHA LA TRAMPA

 

La ley bases, sancionada el jueves pasado por la Cámara de Diputados, está todavía en trámite de comunicación al Poder Ejecutivo para su promulgación y posterior publicación en el Boletín Oficial.

Salvo que a su majestad Javier I el de los pies de duende se le ocurra alguna idea genial de último momento, como un veto con enmiendas (y promulgación parcial de las partes no vetadas), para insistir con el texto original de los artículos que fueron modificados, especulando con que ambas Cámaras no cuenten con los dos tercios de los votos que exige el artículo 83 de la Constitución para rechazarlo.

Como sabemos, hasta último momento el gobierno amenazó con insistir en el texto original aprobado por Diputados, desconociendo los cambios que se vio forzado a concederle en el Senado a la "oposición dialoguista", entre ellos reducir la nómina de las empresas del Estado a privatizar, eliminando de ella a Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio y Televisión Argentina, la Sociedad del Estado que administra Radio Nacional y la TV pública. Por lo que tratándose de estos fulleros, nada debería sorprender.

Como por ejemplo que ayer -insistimos: cuando aun la ley bases no fue promulgada, ni está en vigencia- aparecieron publicados en el Boletín Oficial el Decreto 553 (completo acá) y el Decreto 548 (completo acá), ambos directamente vinculados a ésta problemática, e indicativos de que no es gente de la que uno se pueda fiar.

El Decreto 553 (que es un DNU) prorroga por otros 180 días el plazo previsto en el artículo 51 del DNU 70/23 (el mega DNU rechazado por el Senado, y sin tratamiento en Diputados) para "la transformación de las Empresas del Estado.", y el Decreto 548 (también basado en el DNU) transforma a Télam Sociedad del Estado en Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), y aprueba su nuevo estatuto social.

Según él, la nueva sociedad tiene por objeto "...operar como Agencia de Publicidad y Propaganda, entendiendo en la elaboración, producción, comercialización y distribución de material publicitario nacional y/o internacional, tanto dentro del territorio de la República Argentina como en el exterior, en su carácter de Agencia de Publicidad.". O sea, ya no será una agencia de noticias, sino una agencia de publicidad; regida además por la Ley 19.550 de sociedades comerciales, y no por la Ley 20.705 de Sociedades del Estado, norma que -como se ocupan de recalcar ambos decretos- fue derogada por el artículo 40 del mega DNU 70/23. 

La diferencia no es menor: en el régimen de la Ley 20.705 (Sociedades del Estado) las sociedades no pueden ser declaradas en quiebra, ni liquidadas sin autorización legislativa previa del Congreso nacional (artículo 5). En el régimen de la Ley 19.550 (sociedades comerciales) pueden ser disueltas en cualquier momento por las causales previstas en el artículo 94 de la ley, o por otras contempladas por los socios en el contrato de constitución (artículo 89).

Entre esas causales (inciso 1) del artículo 94) está la decisión de los socios, en asamblea convocada al efecto. Lo cual es además muy sencillo de conseguir cuando esos socios son en realidad uno solo, como por ejemplo puede ser en el caso de la sociedad que Milei acaba de crear para suceder a Télam; en un esquema que bien puede replicar en otras empresas y sociedades del Estado (como las que el Senado excluyó de la privatización), mientras rija el DNU 70/23, cuyo plazo para esos fines el propio Milei acaba de prorrogar en seis meses.

Mientras rija el DNU dijimos: como explicábamos acá, de acuerdo con la Ley 26122 no basta el rechazo de una Cámara (en éste caso el Senado) para tumbarlo, y por eso el gobierno demora su tratamiento en Diputados -con la anuencia de la oposición cómplice- porque para ellos es tan importante como la ley bases, o más incluso. Porque sin él -por ejemplo- no podrían estar haciendo este tipo de trapisondas.

sábado, 17 de febrero de 2018

LA NUEVA VERSIÓN DEL "MANUAL DEL ALMACENERO"


Leemos en La Política Online que uno de los "vicejefes" de Gabinete, Lopetégui, impuso un "manual para fomentar la "meritocracia" en las empresas  del Estado". Se refiere a los "Lineamientos de Buen Gobierno para Empresas de Participación Estatal Mayoritaria de Argentina", aprobado por la Decisión Administrativa 25/18 del Jefe de Gabinete de Marcos Peña, publicada éste miércoles en el Boletín Oficial (completa acá, con los "Lineamientos" en documento anexo).

El asunto arranca con la Decisión Administrativa de Peña, que señala en sus considerandos que “Que de acuerdo a relevamientos efectuados, la gestión de dichas empresas y sociedades no se caracterizó por el seguimiento de prácticas de buen gobierno corporativo ni por promover la utilización sustentable y transparente de los recursos públicos.”, y agrega: “Que como consecuencia de una gestión ineficiente, las empresas comenzaron a incurrir en déficits operacionales significativos, lo que requirió la transferencia de importantes aportes del Estado Nacional.

De lo cual interesa destacar dos cosas: 1) Ni en el acto administrativo de Peña ni en el “manual” anexo existe la más mínima mención a informe, dato o número alguno; ni a empresa puntual del Estado de las 41 que se mencionan genéricamente, que permita inferir como llegaron a tan lapidaria conclusión, y 2) La única preocupación es que las empresas tengan o no déficit, y que el Estado deba o no hacerles aportes. Quemar 21.000 millones de dólares en dos años en intereses de las LEBAC’s. En cambio, no les generó la inquietud de elaborar ningún “manual” ni nada parecido.

Seguidamente transcribimos algunos párrafos de los “Lineamientos” que nos parecieron sugestivos. Las comillas son textuales y las negritas, nuestras:

Desde diciembre de 2015 hemos llevado adelante un ambicioso programa de mejora del desempeño de las empresas de mayoría estatal. En este mismo contexto, Argentina ha sido admitida como miembro del Comité de Gobernanza Corporativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organización que hoy lidera la conceptualización de mejores prácticas de gobierno corporativo en empresas de capital estatal. Las empresas de mayoría estatal de Argentina se encuentran actualmente en proceso de evaluación de su gobierno corporativo por parte de OCDE.(O sea que toda esta saraza se reduce a cumplir con otro requisito más para ingresar al “Club VIP” de “países serios”, que entre otras cosas nos exige -por ejemplo- abrir las compras y contrataciones del Estado a sus empresas y derogar regímenes como el del “Compre Argentino”, o darle preferencia en las contrataciones y compras del Estado a las empresas del propio Estado. Como diría Jauretche, vamos a ir a comprar con el manual del almacenero)

El Estado como accionista de las empresas promueve la utilización eficiente de sus recursos propios y de los que reciba del Tesoro y/o Ministerio sectorial. Cuando la empresa se encuentre sujeta a obligaciones de tipo social o alineadas con políticas públicas, el origen y monto del financiamiento de tales obligaciones será cuantificado y reportado de manera explícita por la empresa.(¿Cuál sería el caso de una empresa manejada exclusiva o mayoritariamente por el Estado que no esté “sujeta a obligaciones de tipo social o alineadas con políticas públicas”? A veces los cosos estos dicen cosas que debieran callar)

El Estado como accionista promueve la maximización del impacto que las empresas de mayoría accionaria estatal tienen en la economía. Las empresas deben promover la generación de valor (social y económico) a lo largo de toda la cadena del negocio, siempre considerando los principios de transparencia y eficiencia de los recursos.(Claro, por eso Aerolíneas levantó vuelos en muchas localidades del país, e YPF virtualmente abandonó la exploración y explotación en Tierra del fuego, Chubut y Santa Cruz, y está resignando áreas en Vaca Muerta, o compra pelotas chinas para las promociones del Serviclub)

El Estado espera que las empresas en donde el mismo es accionista adopten estándares de gobierno corporativo alineados con los de empresas listadas en la Bolsa de Valores. La adopción de dichos estándares debería constituir para las empresas una preocupación constante y requerir de esfuerzos sostenidos en el tiempo.(Ahí está: el objetivo máximo de una empresa manejada por el Estado es cotizar en bolsa. ¿Qué otra cosa se podía esperar del gobierno de los CEO’s?)

El Estado no sólo cumple el rol de accionista o dueño de las empresas, sino que también puede desarrollar actividades como formulador de políticas públicas y como regulador de la calidad de los servicios prestados por las empresas. Esperamos que los ministros sectoriales desempeñen dichos roles manteniendo la independencia de los mismos. Es decir, que puedan ejercer distintas funciones (regulador, formulador de políticas, prestador de servicios) aunque se trate de la misma autoridad.(Claro, como Aranguren, que se desdobla entre accionista de Shell -la mayor parte del tiempo-, ministro y responsable de vaciar YPF, a ver si la pueden privatizar y Shell la compra. O Dietrich, que alterna entre lobbista de las low cost y vaciador de Aerolíneas, o pagador de facturas por aportes de campaña a Tienda León, y liquidador de Ar Bus)

Como Estado accionista promovemos la transparencia de los procesos de contrataciones de bienes y servicios por parte de las empresas. Recomendamos la implementación de portales web de compras que permitan la participación amplia y efectiva de proveedores y el conocimiento por parte de la sociedad de los participantes, sus antecedentes, y resultado final de la adjudicación.(Buenísimo, no sea cosa que 7 de cada 8 compras de gas licuado del exterior que haga Enarsa las gane Shell, ponéle)

Como accionista deseamos contar con el mejor talento humano en nuestras empresas. Recomendamos que ante la ocurrencia de una vacante las empresas definan el perfil deseado como sus responsabilidades y actividades y lleven adelante búsquedas abiertas destinadas a contratar aquellos con las mejores habilidades para cumplir con dicho perfil. La publicación de las vacantes debiera llevarse adelante en los sitios web de las empresas.(Una pena que no aplicaran ese criterio para ponerlo al yerno de Aguad al frente de ARSAT, cuando reconoció que no sabía un pito de satélites, o al que pusieron en Aerolíneas que dijo que no conocía nada del negocio aeronáutico, salvo que los aviones despegan y aterrizan)

Se recomienda especialmente la coordinación continua y la habilitación de canales de diálogo con las agencias estatales especializadas en las políticas de transparencia e integridad, como la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Acceso a la Información Pública, así como con organismos de control como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). La Oficina Anticorrupción es el organismo competente dentro del Estado que tiene como uno de sus objetivos la promoción de la integridad. Para efectuar consultas es posible dirigirse al 5167-6400 o al correo electrónico anticorrupcion@jus.gob.ar. Una buena coordinación permitirá promover las mejores prácticas en materia de integridad, identificando y mitigando potenciales riesgos de fraude y/o corrupción.(Les dan el teléfono y el mail de Laurita Alonso, porque no la registra nadie; para que los asesores como hacer los curros “sin que técnicamente constituya delito”, o como “delegar la firma”)

El gobierno argentino promueve abiertamente la diversidad en la integración de sus recursos humanos. Esta política incluye tanto a la administración pública como a aquellas empresas en donde el mismo es accionista. Como accionista esperamos ver una participación mayor de las mujeres tanto en posiciones jerárquicas como no jerárquicas.(Debe ser por eso que rajaron a Isella Costantini, que era la única mujer que habían puesto al frente de una empresa manejada por el Estado)

Como Estado accionista creemos en empresas gestionadas en base a resultados. La identificación de resultados medibles y evaluables permite no sólo aumentar la eficiencia de la empresa sino también la supervisión por su accionista y por la sociedad en general.(Imaginamos que el que maneja YPF -que tuvo un balance con pérdidas por primera vez en 18 años- ya estará vaciando el escritorio)

Mucho ha sido discutido sobre el tipo de incentivos necesarios para el cumplimiento de metas en empresas en donde el Estado es accionista mayoritario. Como accionista preferimos dejar en manos de las propias empresas la definición de los mismos, teniendo en consideración algunos elementos que necesariamente deberían estar presentes: Que los incentivos tengan fuerte contenido motivacional de tipo moral. Es decir que sean reconocimientos ante sus pares, y posiblemente de otras empresas, del esfuerzo y motivación por alcanzar sus metas.(Estuvieron evaluando el nivel de los bonos de fin de año -por derecha- o las coimas -por izquierda- y convinieron en que es mejor que lo defina cada empresa y no Macri por decreto, no sea cosa que se arme quilombo con el cepo que quieren ponerle a las paritarias. Y de última, que se conformen con un aplauso de todos, y un cuadrito en la pared que diga que fue el mejor empleado del mes, como en Mc Donald´s)

Las deudas generadas entre empresas de capital estatal y/o con organismos del Estado son tan exigibles como las deudas que las empresas mantengan con sus pares del sector privado. A tales fines deben extremar los recaudos y acciones para proceder al cobro de las mismas. Las excepciones debieran ser aplicadas e interpretadas de manera estricta.(Con el ejemplo del Correo Argentino a la vista, éste párrafo lo deben haber escrito los de la revista Barcelona)

Se recomienda a las empresas establecer mecanismos tendientes a prevenir la ocurrencia de conflictos de interés por parte de la alta gerencia. Dichas políticas, como, por ejemplo, la publicación por parte de los directores de la empresa de manifestaciones de conflicto de interés, contribuirían no sólo a generar confianza en la sociedad sino también a atraer talentos.(Otro párrafo de la redacción de la Barcelona, seguro. Igual, si lo que buscan son talentos que a su vez no tengan conflictos de interés, habrá que esperar a otro gobierno, porque en éste conseguir las dos cosas juntas, imposible)

No podrán ser contratados, bajo modalidad jerárquica y/o no jerárquica, aquellas personas que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro. Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial.(Cagaron los Triaca, no les va a quedar más remedio que conseguir otro sindicato intervenido para conchabarse, al final les cierran todas las oportunidades de trabajo)

El Estado como accionista promueve la aplicación permanente de estándares y buenas prácticas de transparencia en la adquisición de bienes y servicios por parte de las empresas de mayoría accionaria estatal. La transparencia en los procesos de abastecimiento refiere a la necesidad de que a proveedores existentes y potenciales se les garantice la posibilidad real y efectiva de participar en procesos de contratación.(Eso, así Aerolíneas no termina contratando los hoteles de la familia Peña para los pilotos y tripulaciones)