LA LEGALIZACIÓN DEL BOLSIQUEO

 

En el Boletín Oficial de ayer salió publicado el Decreto 253 de Milei, a cuyo texto completo pueden acceder acá. Por él, el gobierno nacional delega en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz "...la competencia para el otorgamiento de concesiones de obra pública por peaje para la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales emplazados en su territorio, a favor de sociedades privadas o mixtas o de entes públicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley N° 17.520 y sus modificatorias.".

La Ley 17520 -que data originariamente del gobierno de Onganía- fue modificada durante el gobierno de Milei por la Ley 27742 de bases, y regula las concesiones de obras y servicios públicos, incluyendo en el caso de las obras la modalidad de cobro de peaje. Las provincias a las cuáles se les delega responsabilidad en esa materia en los tramos de rutas nacionales que cruzan sus territorios son -como se puede ver en el listado- las gobernadas por los aliados del experimento libertario que acompañaron en el Congreso todas sus iniciativas; aunque algunos de ellos traten ocasionalmente de reconvertirse en opositores como Pullaro acá o Llaryora en Córdoba, que esta misma semana salió a cruzar al gobierno nacional por la crisis del PAMI.

Y hablando de Pullaro -uno de los que anunció esta medida en los días previos, como algo pedido por las propias provincias comprendidas-, leyendo el decreto se puede decir que es un acuerdo incluso peor que el que logró hace poco para empezar a recibir fondos nacionales para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, analizado en su momento en ésta entrada. Para empezar, porque el decreto pretende convalidar el bolsiqueo que viene haciendo Caputo hace 28 meses de los fondos del impuesto a los combustibles líquidos, que estaban destinados a mantener las rutas nacionales y provinciales conforme al propio convenio federal vial (Decreto Ley 505/58) que se menciona en el Decreto 253. 

Del impuesto y de los recursos que representa nada se dice en el decreto de Milei, ni se dispone -por ejemplo- coparticiparles a las provincias la parte que actualmente se queda la Nación, para que con esos recursos mantengan y reparen las rutas que se les "delegan": lo único que pueden hacer es licitarlas para que sean explotadas por privados (o por entes públicos como las Vialidades provinciales), a cambio del cobro de peaje, en el entendimiento de que solo con esos recursos debería bastar para que las rutas sean mantenidas en buen estado, cosa que como sabemos desde los 90', no es cierta ni mucho menos.

Eso sin contar que durante un tiempo habrá transferencia a las provincias de las rutas (por la firma de los convenios con Vialidad Nacional) pero no cobro de peaje, porque habrá que hacer las licitaciones para elegir a los concesionarios, y las rutas seguirán como están: destrozadas. Es decir que el Decreto 253 es la legalización del abandono de las rutas nacionales, consentida por los gobernadores amigos y aliados del gobierno nacional, o peor aún, pedida por ellos; aunque públicamente reclamen por su deterioro.

Por otro lado la delegación a las provincias que dispone el decreto establece que por la sola firma de los acuerdos con Vialidad Nacional se exime a la nación de toda responsabilidad por los accidentes derivados del mal estado de las rutas, la que pasa a las provincias; aun cuando no hayan llamado aun a licitación para otorgar las concesiones (que pueden durar hasta 30 años); lo que significa que cualquier tragedia vial que suceda mientras tanto (como las que están sucediendo cada vez con más frecuencia) será responsabilidad de la provincia en cuestión ante eventuales demandas de los damnificados por el mal estado de las rutas, y no de la nación.

Además la delegación que instrumenta el decreto es revocable en cualquier momento, supeditada a que las rutas se operen si o si bajo el sistema de concesiones por peaje aunque éstas puedan recaer en un organismo público provincial (como Vialidad Provincial); lo que abre el interrogante sobre posibles reclamos de los concesionarios actuales (en algunos tramos de rutas los hay, algunos puestos en esa condición por éste gobierno), y limita la capacidad de las provincias que reciben esos tramos de rutas para instrumentar acciones para mantenerlas, que no sean concederlas para el cobro de peajes por todo el tiempo que duren las concesiones.

Las concesiones que hagan las provincias para el cobro de peaje no pueden superponerse con otras que abarquen rutas provinciales y solo pueden ser sobre los tramos de rutas nacionales transferidos; y las licitaciones y contratos -de acuerdo con el decreto- deben hacerse sí o sí por la Ley 17520 nacional, que no rige en la provincia de Santa Fe para concesiones provinciales u otorgadas por el gobierno santafesino (regidas por los artículos 148 a 150 de la Ley 12510), por lo cual los acuerdos que se firmen con Vialidad Nacional deberían ser autorizados o ratificados por la Legislatura.

En la época de los gobiernos de Néstor y Cristina y bajo la gestión de Julio De Vido existían los convenios TFO (Transferencia de funciones operativas) por los cuáles Vialidad Naconal les transfería fondos a las Vialidades provinciales para que contrataran y ejecutaran las obras de conservación y mantenimiento de las rutas nacionales en las provincias, al mismo tiempo que la Nación ejecutaba otras por el sistema CREMA (construcción, reparación y mantenimiento). Es decir, sin forzar a conceder la explotación de esas rutas con el cobro de peaje.

Lo que hace el Decreto 253 -con la complicidad de los gobernadores aliados a Milei- es blindar una de las principales vías del superávit fiscal trucho del gobierno nacional (construido a base de pedalear o posponer obligaciones, y malversar caudales públicos con destino específico, como en éste caso), y sumarle un costo más a la logística del transporte y la distribución de bienes y servicios; cuestión que algunos -como Pullaro- decían que les preocupaban. Tal vez por eso después del entusiasmo oficial se les empezó a llenar el culo de preguntas. 

Habrá que ver con que empresas amigas arman lo clubes del peaje en cada provincia si siguen adelante con el experimento. Acá nos imaginamos algunas. Tuits relacionados:

El Decreto 253 publicado hoy en el Boletín Oficial que transfiere a 9 provincias (las gobernadas por los aliados de Milei en el Congreso, incluidos Pullaro y Llaryora) las rutas nacionales para que las mantengan y reparen bajo el sistema de concesiones con cobro de peaje es...

— La Corriente K (@lacorrientek) April 17, 2026

...del estado desastroso de las rutas. Es insólito que haya gobernadores que no solo aceptaron eso, sino que lo pidieron, como Pullaro. Y que lo quieran vender como un éxito de su gestión.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 17, 2026

Milei les transfiere las rutas a las provincias para que las concesionen para cobrar peaje, mientras se exime de responsabilidad por los accidentes viales y se embolsa la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos que es para mantenerlas. Y el que está preso es De Vido.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 17, 2026

De golpe se te llenó el culo de preguntas, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con lo que uno pide. https://t.co/7iCDhssqTa

— La Corriente K (@lacorrientek) April 17, 2026

Otro pelotudo que recién ahora se da cuenta que lo cagaron. Una astucia increíble la de estos muchachos: https://t.co/5xbC56DHSn

— La Corriente K (@lacorrientek) April 17, 2026

EL PONZI DE PULLARO

 

¡Pará, pará, pará! ¿Vos decís que Pullaro y Enrico nos endeudaron en 50.000 millones de pesos con bonos que suscribieron las exportadoras para que después las obras no se hagan porque la nación va a privatizar esas rutas?, @serdelfino?: https://t.co/3ey7MLgJhs

— La Corriente K (@lacorrientek) February 17, 2025

Pasó medio desapercibido por el escándalo de la cripto moneda promocionada por Milei, pero el lunes pasado se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 97 (completo acá) por el cual el gobierno decide iniciar el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa creada durante el macrismo para la explotación bajo el sistema de concesión por peaje de las rutas nacionales.

El decreto contempla que también se privaticen corredores viales en todo el país y entre ellos, en la provincia de Santa Fe; lo que motivó la queja del ministro de Obras Públicas de Pullaro Lisandro Enrico porque (entre otros) está incluida la ruta A012 que circunvala Rosario. Según Enrico, ese tramo estaba pactado entre nación y provincia (los gobiernos de Milei y Pullaro)que se le transfiriera a Santa Fe para su administración...bajo el sistema de cobro de peaje por concesionarios privados.

Lo que supone que el primer motivo de queja de Enrico y el gobierno provincial es que les soplaron el negocio que iban a hacer ellos, y ahora lo hará Milei. Eso sin contar otra cuestión, que Enrico ni siquiera menciona: Pullaro acaba de endeudar a la provincia en 50.000 millones de pesos para financiar obras en las rutas de acceso a los puertos del sur provincial, bajo un esquema diseñado no por su gobierno, sino por las exportadoras y la Bolsa de Comercio de Rosario.  

El mecanismo fue explicado en su momento en ésta entrada y consiste en que las exportadoras suscriben los bonos de deuda (en pesos y en dólares, con intereses fijos y variables) que emite la provincia para financiar obras que benefician...a las exportadoras, que como dijimos entonces, no pagan impuestos en la provincia de Santa Fe y gozan del lobby del gobernador a su favor para pagar menos retenciones, o directamente dejar de pagarlas. 

La autorización para que Pullaro endeudara a la provincia en hasta 50.000 millones de pesos con ése fin estaba contenida en el artículo 50 de la Ley 14245 de presupuesto para el año pasado, y fue instrumentada mediante el Decreto 510/24., en cuyos considerandos se señalaba "Que el Programa de Emisión de Títulos de Deuda está destinado a financiar una serie de obras de infraestructura claves para la región, diseñadas para impulsar el desarrollo económico y mejorar la conectividad;", entre las que mencionaba el acceso a los puertos (privados) de Timbúes; la intersección de la Ruta Provincial N° 91 con la Ruta Nacional N° 11; el Camino del Mozo; el Camino de la Cremería - Ruta Provincial N° 25S -; y el tercer carril de la Autopista Provincial Santa Fe – Rosario.

De acuerdo con el decreto, el Ministerio de Economía de la provincia fijaría las tasas de interés y demás condiciones de la operatoria de los bonos, y esta misma semana -mientras su ministro se quejaba del gobierno nacional- Pullaro modificó el presupuesto provincial para destinar más de 4935 millones de pesos a pagarles (a las exportadoras, básicamente) en intereses. 

En esa red caminera a refaccionar con el endeudamiento el gobierno de Pullaro también piensa establecer un sistema de concesiones con cobro de peaje similar al planteado para la ruta A012 ahora incluida en el decreto privatizador de Milei, con lo cual el Estado bobo hace las obras endeudándose con los principales (si no exclusivos) beneficiarios de las obras (las exportadoras), y otros se quedan con el negocio de mantener el camino, con inversiones mínimas. 

¿Estamos en presencia de otra estafa piramidal estilo Ponzi, perpetrada en éste caso desde el Estado provincial?

ESTATIZAR LO ESTATAL

 

Leemos en Infobraden que hay preocupación entre los concesionarios de los acceso norte y oeste a la Capital Federal porque una auditoría ordenada por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación (Katopodis, de los funcionarios que funcionan) declararía "ilegítimas" las renegociaciones de los contratos llevadas adelante durante el gobierno de Macri, como consecuencia de las cuales el Estado argentino les terminaba reconociendo millones de dólares en indemnizaciones.

El negociado fue analizado en su momento acá, Macri le hizo poner el gancho a Michetti porque estaba personalmente involucrado por la participación de su familia en el negocio, y todo el acuerdo apuntaba a compensar a Abertis, sus socios españoles. Como informa la nota, el caso motivó una causa judicial, por una denuncia de Rodolfo Tailhade (otro funcionario que funciona) y un grupo de diputados kirchneristas del "Frente de Todos".

Las conclusiones de la auditoría (que remarcan lo obvio: se trata de un negociado ruinoso para los intereses del Estado argentino) encendieron las alarmas, máxime si se considera que, apenas a dos meses de comenzado el mandato de Alberto Fernández, el gobierno retomó el control de otros corredores viales a través del ministerio de Katopodis, y Corredores Viales SA, empresa estatal, aunque como dijimos en su momento, creada durante el gobierno de Macri. 

En éste caso se trató de los que debían funcionar (en tiempos macristas) bajo el también ruinoso esquema de los programas de "Participación Público Privada" (PPP), un estruendoso fracaso -uno más- de la gestión de "Cambiemos"; no obstante estar diseñados con todos los beneficios y privilegio imaginables para las empresas.

Los accesos por autopistas a la Capital Federal son, obviamente, la crema del negocio de los peajes en todo el país; y como señalamos en su momento, ni siquiera en los gobiernos de Néstor y Cristina y bajo la conducción del área por Julio De Vido se avanzó para abandonar el sistema de concesiones a los privados, que viene de los tiempos de las leyes de emergencia económica y reforma del Estado del menemismo.

Tan consolidado en el tiempo y los gobiernos está el esquema, que hay gente que tiende a pensar que las rutas y autopistas siempre estuvieron "privatizadas", como si una concesión a una empresa o grupos de empresas privadas para que las mantengan y cobren peaje, supone que el Estado les vende el camino; como ocurre cuando se desprendió de sus empresas, como fueron por ejemplo los casos de Aerolíneas, YPF o SOMISA, también durante el menemismo.

Con las rutas pasa lo mismo que con los corredores ferroviarios: no se puede hablar de que el Estado los "estatice", porque son suyos y nunca dejaron de serlo. Era así en el viejo Código Civil de los tiempos de Vélez (y sus reformas posteriores), y es así en el nuevo Código Civil y Comercial sancionado en 2014, durante el segundo mandato de Cristina.

Y no se trata de cualquier bien del Estado, sino de uno que no se puede comprar o vender, pues integran el dominio público. Así lo establece el Artículo 235 incisos f) del CCC: "Artículo 235.- Bienes pertenecientes al dominio público. Son bienes pertenecientes al dominio público, excepto lo dispuesto por leyes especiales: f) las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común;...".

De modo que lo más lógico y natural del mundo esa que el Estado administre por sí sus propios bienes, y para eso bastaría que revoque la concesión. La anomalía en todo caso es que hace más de 30 años lo hagan los privados, en condiciones ventajosas solo para sus negocios. 

QUE PAREZCA UNA RENUNCIA

Sutilísimo el apriete de la mafia macrista, ni se notó: https://t.co/0Q4l3gYa0m

— La Corriente K (@lacorrientek) July 14, 2020

Canicoba Corral es uno de los jueces de la servilleta de Corach de los que hablaba Cavallo, que lleva 27 años como juez federal. Pasó por todos los gobiernos, y en tanto tiempo, le tocaron varias causas pesadas.

Como por ejemplo el atentado a la AMIA: fue el de las famosas alertas rojas de Interpol para los iraníes, que supuestamente habían sido dadas de baja después del memorándum firmado por Cristina con Irán; cosa (la baja) que como sabemos nunca pasó, precisamente porque Canicoba nunca pidió que las den de baja. Pero convengamos que con él ya son tres los jueces que tuvieron la causa en sus manos, sin grandes avances, en tantos años.

Es cierto que el hombre cumple 75 años, la edad a partir de la cual los jueces -según la reforma constitucional de 1994- pierden la inamovilidad en el cargo, y deben volver a ser nombrados con acuerdo del Senado, para seguir en funciones.

Sin embargo, en su caso hay algo que hace ruido, y mucho: Canicoba presenta la renuncia cuando tiene a su cargo la causa por el negociado de los peajes durante el gobierno de Macri; causa en la que había llamado a indagatoria a figuras muy importantes del gobierno anterior: el ex ministro Dietrich, el ex Procurador del Tesoro (y ex abogado de SOCMA) Saravia Frías, el ex Administrador Nacional de Vialidad Iguacel, y el ex ministro Dujovne.

Indagatorias, no testimoniales, lo cual supone que para el juez todos ellos son sospechosos de un delito, e incluso pueden llegar a ser procesados por él, incluso con una posible prisión preventiva. Y es presumible que la cosa no terminara allí, y siguiera más arriba. Concretamente al propio Macri.

Primero porque está involucrado hasta las manos en el asunto, que se gestó precisamente a partir de su doble rol de presidente, y encargado de los negocios de la familia. "Conflicto de intereses", lo llamaron en sus tiempos, porque de ser durante el kirchnerismo, hubieran hablado lisa y llanamente de corrupción.

Y segundo y más importante, porque era el presidente, o sea el que daba las órdenes para que los demás las ejecuten. Aunque en éste caso le haya hecho poner el gancho a Michetti en los decretos, por lo que no sería de extrañar que también la ex vice debiera desfilar por Comodoro Py.

Acá hay dos interpretaciones posibles: o Canicoba se apuró a hacer avanzar la causa sabiendo que se iba a jubilar, y que en definitivas no iba a llegar a nada; pero él se podía ir sin que lo acusen de haberla dormido.

O Canicoba no tenía pensado presentar la renuncia y jubilarse, y le hicieron ver que le convenía, antes de que siguiera avanzando la causa, e implicara al propio Macri, como todo lo indicaba. Tratándose de la ndrangheta (o sea, la mafia calabresa) no habría que descartar ésta última posibilidad.  

Tuit relacionado:

¿Macri viajó a Paraguay como ex presidente o como representante de La 'Ndrangheta en América Latina?

*Una pregunta que los jueces federales deberán responder cuanto antes.

— Juan Alonso (@jotaalonso) July 14, 2020

UN AJUSTE RARO

Que los tiempos post Macri eran difíciles para todos, no caben dudas. Y que la pandemia vino a complicarlos aún más, ni hablar. Y que acá en Santa Fe a todas esas complicaciones hay que añadirles las que creó el socialismo, ni hablar: desde la situación financiera en la que dejaron la provincia (con una abultadísima deuda con proveedores y contratistas), hasta los elevados niveles de tarifas fruto de varios aumentos al año, durante 12 años.

Sumémosle a eso el rechazo de la ley de emergencia que Perotti envió a la Legislatura en diciembre del año pasado (sin debate, al archivo la mandaron), y la demora en aprobar la ley de necesidad pública, durante casi dos meses, ya en medio de la pandemia.

Precisamente en la ley de necesidad pública se planteaba que el gobierno provincial necesitaba acceder a financiamiento para poder sostener en el tiempo el congelamiento de las tarifas de luz, agua y peajes provinciales que el gobernador decreto en enero, como veíamos acá.

Un congelamiento que ahora prorrogó por cuatro meses más (120 días), a propósito de la crisis por el coronavirus; como muestran las imágenes del  decreto que ilustra el post.

Un poco antes de eso, el 24 de marzo pasado y por el Decreto 283, Perotti se alineó con lo dispuesto por el presidente, en cuanto a que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (ASSA) no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias de los sectores más vulnerables, en caso de mora o falta de pago de hasta tres (3) facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020; prohibición que rige por el plazo de ciento ochenta (180) días corridos.

Entre los beneficiarios de ésta última medida -como en el decreto nacional- se encuentran los que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo; los beneficiarios y beneficiarias de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; los inscriptos en el Régimen de Monotributo Social; los jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles; los trabajadores monotributistas inscriptos y trabajadoras monotributistas inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; los que perciben seguro de desempleo; los electrodependientes, los incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares y los exentos en el pago del Impuesto Inmobiliario Urbano.

En el caso de los usuarios no residenciales, quedaron comprendidos en el beneficio las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), conforme lo dispuesto por la Ley N° 25.300 afectadas en la emergencia, las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), las instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia y las Entidades de Bien Público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.

El congelamiento de tarifas -que ahora se extendería hasta el mes de agosto,- beneficia por supuesto a todos los usuarios de los servicios, residenciales o no residenciales.

Lo interesante del caso es que éstas medidas llegan en un contexto difícil para la gente, pero también para el Estado, que ve mermar sus ingresos, por la caída de la actividad; mientras debe hacer frente a gastos cada vez mayores en el marco de la emergencia por coronavirus.

Y un gobierno (el de Perotti) que toma éstas medidas mientras la oposición política en la provincia y los medios que le hacen coro anuncian a diario ajuste, privatizaciones y penurias para el conjunto de los santafesinos, por acción de ese gobierno.

SE HACE CAMINO AL ANDAR

Acertadísima decisión: https://t.co/jWr2zZsfWY

— La Corriente K (@lacorrientek) February 4, 2020

Tal como da cuenta el tuit de apertura, el Ministro de Obras Públicas de la nación Gabriel Katopodis anunció que el Estado retoma la operación de cinco corredores viales que estaban privatizados bajo el sistema de concesiones con cobro de peaje, por incumplimientos de los respectivos concesionarios de los contratos respectivos.

Esos corredores (que cubren algunas de las rutas más transitadas del país) fueron en su momento licitados por el macrismo bajo el fallido sistema de los "contratos de participación pública privada" (PPP), previo haberles renovado la concesión a los operadores en el año 2016.

La operación de los corredores correrá ahora, como se dijo, por cuenta del Estado nacional a través de Corredores Viales S.A., la empresa formada por el macrismo en 2017 y con participación accionaria del Ministerio y Vialidad Nacional: en su momento en ésta entrada analizábamos el decreto de creación de Macri y los riesgos que entrañaba, en especial porque el estatuto de la sociedad contempla la incorporación de socios privados. 

Acaso para desalentar el temor a que los privados que son echados por una puerta (rescindiéndoles las concesiones) entren por la otra (como accionistas de Corredores Viales S.A.), Katopodis anunció que la operación y administración de los corredores viales correrá exclusivamente por cuenta del Estado nacional, sin participación de operadores privados; lo que es una decisión que sin dudas debe celebrarse.

Muchas veces dijimos acá que el kirchnerismo encaró en sus gobiernos la cuestión de la prestación de los servicios públicos esenciales y las obras de infraestructura sin criterios dogmáticos preestablecidos, y viendo caso por caso cual era la solución más aconsejable, en cuanto a una mayor o menor presencia del Estado o del capital privado. Y también desde esa óptica, "estatizando" cuando no quedaba más remedio, porque los privados fracasaron: así pasó con el Correo, Aerolíneas, YPF, AYSSA y tantos otros casos. 

Esa parece ser la lógica que funciona en este caso de los corredores viales, pero como fuere, lo recalcamos, la decisión es acertada. En una gestión que muchas veces acá hemos bancado como la del hoy preso político Julio De Vido, la concesión de rutas nacionales bajo el sistema de peajes, y el sostenimiento de los prestadores privados en los servicios de distribución y transporte de gas y electricidad (esto último admitido por el propio De Vido), fueron sin dudas las principales asignaturas pendientes.

En ambos casos, el esquema de negocios montado en torno a las privatizaciones se remonta al menemato, pero en el caso de las rutas además reúne a los principales exponentes del "club de la obra pública", del que por ejemplo SOCMA (es decir, el Grupo Macri) fue principalísimo protagonista y beneficiario por décadas, bajo todos los gobiernos; para luego descubrir -cuando uno de los suyos llegó a la Casa Rosada- que allí anidaba la corrupción en la Argentina.

Todo lo que se habló y habla en el país sobre corrupción y cartelización en la obra pública, y beneficios para los privados a costillas de negocios armados con el estado, se habló a partir de la experiencia de las rutas, y de las concesiones con cobro de peaje: son el "leading case" imprescindible para entender como funcionan la patria contratista, y sus negocios. Y todo mucho antes de Lázaro Báez y las excavadoras de Marijuan, hay profusa literatura al respecto.

Y si no, remontémonos más acá en el tiempo y veamos como en breve el propio Macri (ojalá) deberá dar explicaciones en la justicia por la escandalosa renegociación de otros contratos de concesiones viales, durante su presidencia, para favorecerse a sí mismo, a las empresas de su familia y a sus socios. 

UN ENERO DISTINTO

Los últimos 12 años los santafesinos nos acostumbramos a que si algo era seguro y sabido, era que todos los servicios que estaban a cargo del gobierno provincial, o cuyo precio o tarifa determinaba éste, aumentaban. Y no una vez, sino dos, tres y hasta cuatro veces por año.

La luz, el agua, los peajes y el transporte de pasajeros, en este caso el interubano que vincula dos o más pueblos o ciudades de la provincia. 

Excusas nunca faltaban: que los peajes no tenían subsidios nacionales (recordar los cartelitos en las barreras de la autopista), que el transporte sí tenía pero eran discriminatorios para Santa Fe, que la EPE tenía subsidios pero "hay que garantizar un plan de obras" y coso, y así todo el tiempo. 

Y si bien, como dijimos, los aumentos venían en cuotas a lo largo de todo el año, todos los años en los que el socialismo gobernó la provincia, enero era un mes especial: acá Barricada recordaba hace poco con las capturas de los diarios, como era el mes preferido para descerrajar tarifazos, justo cuando uno usa más la luz porque prende el aire acondicionado, o el agua porque llena la Pelopincho, o viaja al interior para visitar a algún familiar por las fiestas o las vacaciones: era como que los tipos tenían un ensañamiento especial a la hora de aumentar las tarifas.

Pero este enero vino distinto, y mientras el diario de Nahuel Caputo le pega al gobierno de Perotti por "el apagón administrativo" (léase receso, léase "no nos definieron la pauta del año para poder pagar los sueldos"), el gobernador apagó los tarifazos, aun en medio de las dificultades financieras que tiene la provincia.

Y explica en el decreto porque decidió hacerlo: porque "...resulta necesario contribuir a la atención de la situación de vulnerabilidad económica y social de la población y a dar viabilidad a los sectores productivos, (y) ... aliviar el peso de los gastos vinculados a las tarifas de los servidos públicos, en la economía de los hogares santafesinos, y en la estructura de costos de las empresas, industrias y comercios de la provincia;...".

O sea, algo bastante parecido a lo que suele decir Máximo Kirchner, y repitió esta semana en el Congreso en el debate sobre la deuda: "los números tienen que cerrar, pero con la gente adentro".

Claro que esto no es gratis, ni puede durar para siempre, si la cosa no mejora: las medidas nacionales ayudan (como dice el decreto), pero la Legislatura tiene que poner su parte para poder sostenerlas en el tiempo, dándole al gobierno las herramientas que necesita para salir del pozo financiero en el que la dejó el socialismo.

Otra vez, en palabras del decreto: "...a esos fines resultan especialmente necesarias las autorizaciones legislativas que este Poder Ejecutivo ha solicitado y sobre las que cree por ello indispensable insistir ante la H. Legislatura, para poder concertar operaciones de crédito público con el objeto de atender renegociaciones de contratos públicos, la cancelación de deuda flotante, el pago de la deuda consolidada en los términos del artículo 54 de la Ley N° 13938 de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, y para recomponer las existencias del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales a la Vista (FUCO);...".

La semana que viene aterriza en la Legislatura el nuevo proyecto de "necesidad pública" en diversos aspectos, que incluyen desde la emergencia alimentaria y sanitaria, hasta el boleto educativo gratuito, promesa de campaña de Perotti. A ver si los que nos vienen contando que no hace falta porque vivimos en Suecia entienden como viene la mano.

EL AJUSTE INVISIBLE

Desde que arrancó el gobierno de Alberto Fernández, venimos escuchando y leyendo que lanzó un ajuste, con lo que uno podría preguntarse que fue entonces lo que hizo Macri en sus cuatro años de gobierno, cuando esos mismos medios evitaron cuidadosamente usar esa palabra, de tan poco grato recuerdo para los argentinos.

Los medios pasaron de pedir que el nuevo presidente y su gobierno hicieran el ajuste -como la única vía para salir de la crisis y resolver los problemas del país-, a plantear en tono crítico que lo estaba haciendo, aun cuando nadie lo palpe: es el famoso ajuste invisible.

Tanto es así que se viralizó en las redes sociales una columna de opinión de un paparulo menor como el hijo de Mauro Viale, en la que presuntamente "desenmascaraba" la impostura peronista de llamar "solidaridad" a lo que (decía) no era sino un brutal ajuste. Y como siempre, las categorizaciones son previas a los hechos, y prescinden de ellos.

Pensábamos en estas cuestiones cuando nos topamos con esta nota de El Cronista en la que se desglosan las principales medidas que efectivamente ha dispuesto Alberto Fernández desde que comenzó el gobierno: o sea, una enumeración puntual de hechos concretos, no una presunción de un tira postas del periodismo.

Claro que en éste caso el repaso se hace desde otro lugar, que es el de plantear las dudas respecto a si esas medidas surtirán el efecto buscado al diseñarlas, que es el de reactivar la economía apostando al consumo, y a la recuperación del poder adquisitivo de los sectores más golpeados por las políticas del macrismo: trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH.

Sin embargo, lo importante es que el repaso está, y desde los puros hechos que expone, se pueden sacar conclusiones. Así siguiendo el orden el que están planteados en la nota, tenemos que el gobierno en menos de un mes de gestión hizo lo siguiente:

* Otorgó un aumento de emergencia para los jubilados que cobran la mínima (que son la gran mayoría) consistente en un bono de 5000 pesos que cobraron en diciembre, y otro igual que cobrarán este mes. También hubo un bono extra para los beneficiarios de la AUH, en las mismas condiciones.

* Puso en funcionamiento la tarjeta alimentaria, que entrega a sus beneficiarios una suma mensual que oscila entre los 4000 y 6000 pesos por cada uno, con destino a la compra de alimentos para los sectores más postergados.

* Ratificó la prórroga por 90 días del programa Precios Cuidados, cuyo listado de productos amplió, y del "Ahora 12", con una baja en la tasa de interés que se cobra por la financiación; mientras el Banco Central flexibilizó los encajes bancarios y dispuso dos bajas de la tasa de referencia, para facilitar el acceso al crédito.

* El presidente frenó el aumento de combustibles que había dispuesto YPF, congeló los peajes de las rutas nacionales y acaba de anunciar una suspensión por 120 días de todo aumento en el transporte público de pasajeros, de jurisdicción nacional. El congelamiento del precio de los combustibles podría extenderse 120 días.

* A la hora de reglamentar el impuesto que pagan los servicios que se abonan en dólares, el Ejecutivo redujo del 30 % al 8 % el recargo en el caso de las plataformas de contenidos para entretenimiento.

* Tal como pasó con las jubilaciones, en las que los bonos tuvieron por objeto incrementar los haberes más bajos de la escala, se dispondría un aumento por decreto para todos los trabajadores registrados, a cuenta de lo que pacten los respectivos gremios en las paritarias, para favorecer a los más rezagados. El mismo alcanzaría a los estatales nacionales.

* En función de la ley de emergencia, se suspendieron por 180 días los aumentos en las tarifas de la luz (en la jurisdicción nacional) y el gas.

* Se mantuvo el "cepo hard" heredado del macrismo, que prohíbe las compras de dólares para atesoramiento por más de 200 dólares mensuales, y esas compras están recargadas con un impuesto del 30 %

Eso es lo que el gobierno hizo en materia económica y social, más allá de lo que medios digan que hizo, piensa hacer o estaba por hacer. Esos son los hechos. La pregunta es, en ese contexto y con esos hechos a la vista: ¿dónde está el ajuste del que tantos hablan? Tuit relacionado:

A ver globerto, contáme en estas 9 medidas donde está el ajuste, please: https://t.co/ORHoiPPolD

— La Corriente K (@lacorrientek) January 3, 2020

EN ESTO ANDAN

Conforme la crisis se agrava y los indicadores económicos y sociales son cada día más espantosos, muchos se preguntan en que anda el gobierno, como ocupan el tiempo el presidente y sus funcionarios, y si están tratando de hacer algo para revertir la situación. Otros tenemos en claro que nada, y casi tenemos la certeza de que aunque quisieran, nada podrían hacer. el tránsito de Macri de acá al final de su mandato será una larga agonía para todos, sin esperanza de mejoría alguna.

En el caso del presidente y de su entorno más cercano (el jefe de gabinete, más que nada) parece bastante claro que todos sus esfuerzos están puestos exclusivamente en la elección, y en como conseguir el improbable logro de revertir la paliza de las PASO: no hay una sola medida tomada o anunciada que ni apunte en esa dirección; como se pudo comprobar penosamente con el derrumbe en las obras del aeropuerto de Ezeiza que se cobró una vida: la prioridad era inaugurarlas en campaña antes de que llegara la veda, a como diera lugar.

Por fuera de eso, las gestiones infructuosas de Lacunza ante el FMI para que destrabe el desembolso de 5430 millones de dólares del stand by, y los emparches al “cepo” y los controles cambiarios que van saliendo uno tras otro para flexibilizarlo, pese a que la sangría de reservas continúa: si hubiera que juzgar al gobierno por eso, se podría decir que quieren acelerar su propio final.

Sin embargo, si se presta atención por detrás de lo visible, hay otro rubro en el que el macrismo, el presidente y sus funcionarios parecen sostener los esfuerzos hasta el final, y dedicarles atención prioritaria: es todo lo que tiene que ver con cerrar asegurar o fortalecer los negocios de la banda gobernante, y tratar de salir impunes por ello. Ahí no hay distracciones, ni vagancia.

Se “reestatizan” corredores viales que se licitaron bajo el fracasado sistema PPP, en la creencia que de ese modo lograrán zafar de la causa que les abrieron en la justicia a Macri, Dietrich e Iguacel por haber prorrogado ilegalmente las demás concesiones, y los abogados del presidente/empresario siguen intentando todos los recursos a su alcance para dilatar el pago de la deuda del Correo, mientras tratan de pasar la causa a la justicia de la CABA, que por supuesto les sería más amigable.

Y hablando de traspasos: son cada vez más fuertes las versiones en el sentido de que Macri dispondría por DNU el traspaso a la CABA de la Inspección General de Justicia (IGJ), y del puerto de Buenos Aires; para perfeccionar en éste caso el negociado de transferirle su administración a “Niky” Caputo (para lo cual previamente Macri lo áceptó como cónsul honorario de Singapur), y concretar al mismo tiempo un fenomenal negociado inmobiliario en los terrenos que hoy ocupa.

En el caso de la IGJ, el traspaso a la ciudad sería para que ésta tenga el control del Registro de Sociedades por Acciones, y desde allí convertir a Buenos Aires en la nueva Panamá: una plaza ideal para crea sociedades off shore, con la que vehiculizar negocios turbios y lavado de dinero.

Por si todo esto fuera poco, Dietrich presionó a la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) para que emitiera en tiempo récord una pericia determinando que los ruidos que generan los vuelos de las “low cost” en el aeropuerto de El Palomar no superan los niveles tolerables y así lograr que la justicia habilite las frecuencias que el gobierno otorgó y fueron suspendidas por una cautelar; mientras que aparecía publicada en el Boletín Oficial del jueves (verla acá) la Resolución 586 firmda por él mismo, por l cual prorrogan por 15 años (hasta 2035 y 2036, respectivamente) las concesiones de rutas aéreas que tiene otorgadas LAN (la empresa a la cual ¿perteneció o pertenece? Lopetegui) en el país y hacia el exterior.

Si bien la Ley 17.285 (Código Aeronáutico) dispone en su artículo 103 que la prórroga debe ser pedida por la concesionaria con un año de anticipación al vencimiento (para las rutas al exterior faltaban dos), no dice que deban ser otorgadas inmediatamente después de solicitadas; y el gobierno lo hizo al instante, sin audiencia pública y sin ningún informe previo sobre la conveniencia del pedido para el interés público: la cosa es dejar atado todo para cuando llegue la próxima administración, y se encuentre con situaciones creadas.

Lo cual nos lleva, para concluir, a otro aspecto a destacar: dejando claro así en que están ocupando su tiempo Macri y su gobierno, la pregunta es ¿qué piensa hacer al respecto la futura administración, quedarse de brazos cruzados y dejarlos que consoliden sus negociados? Porque una cosa es desechar la idea de un “Ministerio de la Venganza”, y otra muy distinta es pasar por pelotudos.

¿EN QUÉ QUEDAMOS AL FINAL?

¿La idea de los “contratos de participación pública privada” (PPP) no era que de ese modo se reactivaba la obra pública, haciendo que los privados aportaran el financiamiento que no podía aportar el Estado?

¿No fue con esa excusa que en el régimen legal se les dieron a las empresas contratistas todo tipo de privilegios, y el Estado renunció a un montón de prerrogativas legales que tiene cuando contrata, porque es el que gestiona el interés público?

Prerrogativas que incluyeron beneficios impositivos, libre acceso a las divisas, pagos por anticipado, eliminación de todo límite para repatriar utilidades si eran empresas extranjeras, y hasta la posibilidad de pactar cláusulas arbitrales y prórrogas de jurisdicción, para no tener que ventilar en el país los pleitos derivados de los contratos.

Y que fueron retocadas varias veces por decreto, en contra incluso de la propia ley de los PPP que el gobierno logró sancionar en el Congreso, siempre en el mismo sentido: otorgar cada vez más beneficios y privilegios a las empresas, para conseguir que se tentaran por ingresar al sistema.

Con ese mismo esquema se licitaron varios corredores viales nacionales con el sistema de peaje, en condiciones gravosas para el Estado y favorables para los grupos económicos que se presentaron a la licitación, para obras que nunca arrancaron; entre otras cosas porque la propia política financiera y económica del gobierno generó las condiciones para que las tasas de interés se fueran a las nubes, y resultara muy difícil (o inconveniente) para las empresas tomar un crédito para financiar las obras.

Todo eso para que ahora y según nos cuentan en este nota de El Cronista, para que la cosa al fin arranque el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior), o sea el estado, o sea todos nosotros, les “anticipe” a las empresas adjudicatarias un préstamo de 45 millones de dólares (como si además al Estado le sobraran dólares), para que las obras arranquen de una buena vez. 

Siendo además que de acuerdo a los pliegos de las licitaciones, y los contratos firmados en su consecuencia, las empresas ya están en condiciones de ser sancionadas con la pérdida de las garantías y la rescisión de los contratos, por no haber conseguido el financiamiento en los tiempos comprometidos.

La pregunta sería en tal caso (además de la obvia estafa que siempre supimos que eran los PPP), ¿por qué no le dieron ese préstamo por ejemplo a la Dirección Nacional de Vialidad para que haga las obras, y se quede con los peajes, en lugar de favorecer los negocios de unos pocos vivos?

Obviamente la pregunta es retórica, y la respuesta es obvia: porque si no sería macrismo. Y también porque en el medio y pese a hacer cáscara en la campaña con las obras viales (aunque las propias cifras oficiales marcan que la inversión pública se viene cayendo a pedazos, por el ajuste pactado con el FMI), el macrismo ensayó una privatización encubierta de Vialidad Nacional, luego dejada en el limbo ante las reacciones en contra.

Lo que queda claro es que se trata de otro caso más de “apurémonos a cerrar negocios, porque perdemos las elecciones y se nos termina el curro”.

LA IMPORTANCIA DE REGULAR

La imagen de apertura corresponde a esta nota del Cronista, que da cuenta de las empresas que prefirieron este año distribuir más dividendos entre sus accionistas, que reinvertir sus ganancias (utilidades) en mejorar los servicios que prestan. El motivo sería “la incertidumbre electoral”, y la posibilidad de que surja de las elecciones un gobierno menos afín a sus intereses.

Claro que como para poder distribuir ganancias primero hay que generarlas, rankean alto en ese renglón tres sectores particularmente favorecidos por las políticas del gobierno de Macri, con regulaciones a su favor: los bancos, las generadoras y transportistas de energía y las concesionarias de rutas por peaje.

En el caso de los bancos, no hay que abundar demasiado respecto a las “regulaciones desreguladoras” del macrismo que han incrementado de modo exponencial sus ganancias: desde la eliminación de las normas del Banco Central que fijaban un techo a las tasas que cobran por sus préstamos y un techo a la que pagan por sus plazos fijos a los ahorristas, pasando por las generosas comisiones que muchos de ellos embolsan por las abundantes colocaciones de deuda del gobierno; y en un lugar estelar, las exorbitantes tasas que fueron pagando en todo este tiempo todos los papeles de deuda emitidos por el Estado, con el supuesto fin de contener al dólar: LEBAC’s, LELIQ’s y toda la serie.

De las energéticas se habló mucho por estos días a consecuencia del apagón, y se había hablado antes por los tarifazos: les dolarizaron las tarifas mientras siguen teniendo buena parte de sus costos internos en pesos y -sobre todo- los brutales aumentos de tarifas en los que descansan sus abultados márgenes de ganancias de los que surgen las utilidades que hoy reparten con generosidad entre sus accionistas, nunca tuvieron como contrapartida la exigencia de realizar inversiones acordes con la mejora en la calidad de los servicios; pese a que fue justamente ese el argumento esgrimido para aumentar las tarifas.

Las mismas consideraciones caben para las concesionarias de rutas por peaje, las que incluso les condonaron penalidades contractuales por incumplimiento de inversiones previstas, o les valoraron de un modo exorbitante las presuntamente realizadas: ver más información acá.

Si bien es natural en el capitalismo que una empresa quiera obtener ganancias, y sus accionistas repartírselas, en todos lo casos comentados la característica en común es que se trata de sectores regulados de la economía, acá o en cualquier parte del mundo; y por ende el nivel de sus ganancias y el destino de las mismas depende no solamente de las reglas de juego del mercado, sino de decisiones que adopta el Estado.

Decisiones que toma incluso cuando desregula, o elimina regulaciones: se ha dicho hasta el cansancio que eso no es sino otro modo de regular, a favor del capital. Pero trae consecuencias, que van desde el apagón del domingo, a la aceleración de la fuga de capitales, que son resultado de la apropiación del excedente social, y se van de la economía real cuando no se reinvierten.

O cuando se trata de empresas que en todo o en parte son propiedad de capitales extranjeros, esa desregulación provoca fuga de divisas, y genera presiones adicionales sobre el tipo de cambio, con todo lo que eso implica en países con estructura productiva desequilibrada como el nuestro.

Precisamente este aspecto (los límites a la repatriación de utilidades) era uno de los menos criticados en público del conjunto de medidas de restricción de acceso a las divisas que los medios hegemónicos dieron en llamar “cepo”, pero más resistido en privado: las compañías extranjeras utilizaron su poder de lobby en los medios para que sus intereses fueran tutelados sin ser mencionados casi, poniendo el foco en los pequeños ahorristas que no podían comprar dólares.

Podemos discutir la profundidad de las regulaciones públicas, los instrumentos y su eficacia. Lo que no admite discusión es que, como decía Scalabrini Ortíz, "lo que no se regula explícitamente en favor del más débil, se determina implícitamente en favor del más fuerte. ". Ni hablar si se regula explícitamente a favor de los más fuertes, como lo ha hecho este gobierno.

OJO, POR AHÍ ES EL PRIMER ARREPENTIDO

Un rato antes ya había derrapado calificando a la AFIP, la Aduana y el SENASA como "cucos", siendo como es el presidente, o sea la máxima autoridad del Estado.

Claro que no debería sorprender que el tipo se ponga más en empresario, que incluso fue (o es todavía) dueño de un frigorífico, y por eso le tenga miedo a la AFIP justo cuando esta semana se conocieron las cifras escalofriantes de evasión impositiva en el comercio de carnes.

Tampoco luce ilógico que piense así el que armó el blanqueo más generoso de la historia para evasores y lavadores (en primer lugar, para él y sus familiares/testaferros), y que además está vaciando sistemáticamente al SENASA, y limitando sus facultades de control; como viene haciendo con tantos otros organismos estatales.

Pero vamos a lo de las mafias: acá dicen que en realidad hablaba de "la mafia de los juicios laborales", justo el fin de semana en el que se conmemora "la noche de las corbatas",  por el secuestro y desaparición de un grupo de abogados laboralistas durante la dictadura; entre ellos Norberto Centeno, uno de los autores de la Ley de Contrato de Trabajo.

Aunque a nosotros repasando el video (desde el minuto 10.58 en adelante) nos quedan dudas si en realidad no estaba hablando de los concesionarios de los peajes de las rutas nacionales; lo cual sería llamativo, porque te contábamos acá en la semana que salió (firmado por Michetti, porque el tipo "se excusó) el decreto que le renueva a Autopista del Sol (AUSOL) la concesión del Acceso Norte a la capital hasta el 2030, y le reconoce 540 millones de dólares en presuntas inversiones no amortizadas, a pagar por el Estado argentino.

Como sabrán (y si no lo saben se están enterando) AUSOL estaba integrada hasta abril del año pasado en un 7 % por SIDECO, una empresa del Grupo Macri, que tiene una larga historia en eso de pararse en el medio del camino, y no dejarte pasar si no le pagás.

El mismo día martes también salió en el Boletín Oficial el Decreto 608 (completo acá), este sí firmado por Macri sin "excusarse", por el cual se le prorroga hasta el 2030 la concesión del Acceso Oeste a Grupo Concesionario del Oeste, una sociedad cuyo accionista mayoritario es la española Abertis, la misma del Acceso Norte y por ende también socia del Grupo Macri en ese emprendimiento. 

Dato de interés: otro 21,6 % de las acciones están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, y el gobierno se comprometió a venderlas (junto con las demás que tiene en empresas privadas) en el acuerdo con el FMI.

Lo curioso en este caso (en el que también se le reconocen a la concesionaria millones de dólares en "inversiones no amortizadas") es que cuando se supo el año pasado de la intentona de Macri por privatizar Vialidad Nacional a través de la creación de una sociedad llamada Corredores Viales S.A. (ver más info acá), el ministro Dietrich se justificó diciendo que en realidad la creaban para reemplazar a los concesionarios a los cuales les iban a rescindir el contrato por incumplimientos graves; entre ellos los del Acceso Oeste.

Y por supuesto, como olvidar que el promocionadísimo sistema de "contratos de participación pública privada" se estrenó justamente con la licitación de la mayoría de las principales rutas nacionales, bajo el sistema de peaje. O sea el tipo que te para en el camino y sin hacer nada, te pide guita para dejarte pasar, o te termina cobrando por las obras el doble de lo que costarían si las hiciera el Estado.

Por ahí en realidad en su discurso en el frigorífico de Carcarañá cuando hablaba de las mafias Macri se estaba convirtiendo en el primer arrepentido.

CON RAZÓN SE EXCUSÓ

¿Se acuerdan que días atrás se conoció un decreto por el cual Macri -por consejo de la Oficina Anticorrupción- se "excusaba" de intervenir en el trámite de renegociación del contrato de concesión del Acceso Norte a la Capital Federal entre el Estado nacional y Autopista del Sol (AUSOL), consorcio integrado entre otras empresas por la española Abertis y otras empresas, entre ellas y hasta abril del año pasado SIDECO, una de las empresas controladas de SOCMA; el hólding controlante del clan familiar.

Cabría preguntarse por qué razón Macri se excusaría, si su familia se desprendió el año pasado del 7 % de Autopistas del Sol que detentaba a través de SIDECO, y acaso la respuesta esté en el Decreto 607 publicado en el Boletín Oficial de hoy (completo acá), firmado por Michetti en su reemplazo; y que aprueba el acuerdo de renegociación contractual, sin pasar por el Congreso nacional pese a encontrarse vencida la Ley de Emergencia Pública 25.561, que el propio Macri optó por no prorrogar.

Por el acuerdo, AUSOL (la española Abertis, accionista principal) "modera" sus pretensiones de resarcimiento ante el Estado argentino por la presunta "ruptura económica financiera" de la concesión, que la había llevado a instaurar una demanda contra el país en el CIADI por 1135 millones de dólares, y el gobierno acepta incluso apartarse del mecanismo de renegociación que el propio Macri -sin excusarse entonces- había aprobado para todos los corredores viales con peaje por el Decreto 367/16, dictado cuando la ley de emergencia aun estaba vigente. 

Según dice el acuerdo, AUSOL "limita sus pretensiones" a la recuperación de lo invertido y no amortizado en la concesión, que calculó en unos 995 millones de dólares (cálculo hecho en el año 2000, durante el gobierno de la Alianza, que lo "rebajó" a 927 millones de dólares en diciembre del 2001) a "sólo" algo más de 540 millones de la misma moneda; y acepta además "reducir" la tasa de retorno de la inversión garantizada en el contrato original (firmado en 1994, en plena convertibilidad) de 15,83 % en dólares, a "sólo" un 8 % en dólares.   

Recordemos que el contrato original fijaba las tarifas en dólares (a los fines del contrato entre las partes, no para el usuario), ajustables por la inflación de los Estados Unidos; pero con una paridad cambiaria de 1 a 1 que rigió hasta enero del 2002; salvedad que hacemos para poner las cosas en contexto actual: esa inversión no amortizada a recuperar por la concesionaria (algo más de 540 millones de dólares) y esa tasa de retorno de la inversión garantizada por el Estado (del 8 %) se pactan hoy, con un dólar por encima de los 29 pesos, y en disparada.

Y a cambio de su "generosidad", AUSOL se compromete a realizar inversiones por 7312 millones de pesos (estas sí pesificadas, al tipo de cambio de ayer, unos 251 millones de dólares, y licuándose en pesos al compás de la corrida); y se le extiende la concesión (que terminaba en el 2020) hasta el año 2030, es decir por 10 años más.

En el acuerdo también se le perdonan a la concesionaria las penalidades por incumplimientos en las inversiones previstas en el contrato que le aplicaran los gobiernos kirchneristas, dándole la razón el Estado (ahora, en tiempos macristas) en cuanto a que no las hizo porque con la salida de la convertibilidad "se rompió la ecuación económica de la concesión", cuyos extremos estaban dolarizados como se dijo.

De acuerdo con el nuevo contrato y por los 12 años que ahora faltarán para que termine la concesión que se prorroga, la concesionaria tendrá derecho a un aumento anual de las tarifas de los peajes, ajustables por el Indice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) en un 30 %, y el índice de Mano de Obra de la Construcción (ICC), en el otro 70 %.

Eso sin perjuicio de su derecho a pedir una actualización semestral de las tarifas por el CER (Coeficiente de Estabilización y Referencia), y en cualquier momento  cuando entre una redeterminación y otra la variación de los costos supere el 10 %.

Demás está decir que aunque SIDECO ya no forme parte de AUSOL (o al menos eso se dijo), todo lo que la concesionaria cobre del Estado nacional por compensación de las inversiones no amortizadas le debe ser repartido por sus socios en proporción a sus tenencias accionarias entre 1994 (fecha del contrato original) y 2017, cuando cedió su 7 % en el consorcio.

¿Se entiende ahora por qué Macri se excusó de firmar el decreto?