"Hoy el Ejército está de nuevo de rodillas, respondiendo a intereses de potencias extranjeras que nada tienen que ver con los de la patria, hoy vemos pueblos latinoamericanos de pie y Fuerzas Armadas dándoles la espalda.":https://t.co/sHmYDc2ovg— La Corriente K (@lacorrientek) November 30, 2019
Y sí, es así, les guste o no.
Hace más de seis años atrás, cuando comenzaron las denuncias contra César Milani por su presunta participaciones en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, decíamos acá: "La primera enseñanza que deja el caso Milani es que el gobierno termina pagando un costo político, mayor aun que el del caso Reposo: primero porque el entuerto puso en tela de juicio algo mucho más serio como su política de derechos humanos, y segundo porque -a diferencia de aquél- ahora no le faltaban los votos para imponer el ascenso del jefe del Ejército, pero tuvo que ceder ante un contexto político adverso.
Por lo que se sabe hasta acá, los elementos de juicio acumulados no permiten suponer un vínculo de Milani con la represión ilegal en la dictadura y el nuevo dato aportado -y que la justicia deberá investigar- es su participación como sumariante en la presunta deserción del conscripto Ledo, luego desaparecido: es sabido que esa metodología era por entonces un subterfugio usado con frecuencia por los genocidas para encubrir asesinatos y desapariciones, cuestión que deberá demostrarse que en éste caso era de conocimiento del entonces sumariante Milani.
Sin embargo, a la hora de poner la cara por alguien en el Congreso para sostener políticamente un pliego, las exigencias de certezas indubitables (en éste caso, de la efectiva participación de Milani en la represión) no son las mismas que en los juicios por la verdad, y en ese sentido ante el menor atisbo de duda al respecto, la decisión que el gobierno terminó tomando es la correcta; aunque pague el costo del que hablábamos.
Costo que paradójicamente termina pagando el kirchnerismo por haber puesto alta la vara en materia de política de derechos humanos, y de democratización de las fuerzas armadas: como decíamos ayer en Twitter, una curiosa dictadura que baja el pliego de aquél al que propone nada menos que como jefe del Ejército, teniendo los votos para imponerlo, y luego de una impugnación de un organismo de derechos humanos, en un procedimiento público y abierto. También se podría ver en ésto un logro del kirchnerismo, en tanto su política de derechos humanos habría alcanzado el rango de política de Estado, al punto de que los cuestionamientos opositores a Milani debieron partir desde allí, y hasta vimos embanderarse en esa línea a los comunicadores que estaban hartos de hablar de la dictadura (como Lanata), o a los que fueron decididos coolaboracionistas del genocidio, y en el mismo terreno de operaciones en el que se desempeñó entonces Milani; como Morales Solá.".
Seis años y después y conocido el fallo que sobreseyó a Milani de toda responsabilidad en el caso Ledo (antes hubo otro similar, en el caso Olivera), nos remitimos a lo dicho entonces, palabra por palabra; tomando además en cuenta que los sobreseimientos no están firmes, y la justicia no ha pronunciado su última palabra al respecto.
Pero también dijimos entonces, hace seis años: "El episodio deja un sabor amargo, y en más de un sentido, porque queda flotando la sensación de que, aprovechando la sensibilidad que genera en el kirchnerismo y sus apoyos sociales la cuestión de los derechos humanos, se hizo blanco en Milani por su posicionamiento político, como esta nota de La Nación, en la que -bajo la apariencia de las siempre incomprobables "altas fuentes oficiales"- se exterioriza el malestar de ciertos sectores de las propias FFAA por las posturas políticas de Milani.
Un debate (el de la presunta asepsia política de los militares) que viene de lejos en nuestra historia, desde aquéllos tiempos tristemente célebres de la Década Infame (que el abuelo de Pinedo protagonizó y añoraba) del general Manuel Rodríguez -llamado "el hombre del deber"- defensor de la doctrina del profesionalismo militar que convirtió a las FFAA en custodios del fraude electoral y la enajenación del patrimonio nacional; hasta la conformación del partido militar como herramienta utilizada por la derecha argentina para suplir su falta de convocatoria electoral. A esos sectores les ha molestado históricamente que los militares expresaran ideas políticas cuando no coincidían con las propias, y por ende no podían utilizarlos como instrumentos."
Y ya que nos estamos citando, hace muy poquito y a propósito de los lamentables hechos de Bolivia y otros países de América Latina, dijimos acá: "Más allá de las disquisiciones teóricas que alguno pueda hacer sobre el origen de clase de sus miembros (en especial de las fuerzas policiales), lo cierto es que en América Latina las fuerzas armadas y de seguridad (instrumentos indispensables de todo Estado moderno, casi sin excepciones, no es esa la discusión), pese a los roles constitucionales que tienen asignados para defender las instituciones democráticas o el orden público, en tiempos en que la doctrina de la seguridad nacional de las dictaduras es revisitada bajo la forma de las “nuevas amenazas” diseñadas por el dispositivo militar de Estados Unidos, terminan siendo en la mayoría de los casos guardianes de un determinado orden político, social y económico, que puede o no coincidir con la orientación política del gobierno al cual en teoría sirven; con roles claves (repetimos, por acción u omisión) en el control de la protesta en el espacio público, la arena en la que se dirimen los conflictos en la región, casi con más frecuencia que en las urnas.
Con dispares avances en los diferentes países no puede decirse que, a la vista de los hechos, se haya avanzado mucho en la efectiva democratización de las fuerzas armadas y de seguridad, si se entiende por tal su pleno acatamiento a las órdenes de las autoridades civiles en cualquier circunstancia, y una aceptación sin fisuras de las doctrinas, objetivos y estrategias definidos para sus instrumentos armados por el poder político, incluso en leyes y constituciones: la penetración ideológica de la agenda de los Estados Unidos por diferentes vías en las fuerzas armadas y de seguridad, introduce una tensión permanente hacia su interior, pues tiende a incrementar su pulsión (que viene de los tiempos de las dictaduras) a operar con agenda propia, desvinculada de la que fijan los gobiernos elegidos por los pueblos. Y cuando ambas agendas entran en conflicto, por regla general atienden sus propias prioridades, más allá de sus obligaciones legales o constitucionales.
Y en circunstancias críticas como las que está viviendo Bolivia, esa “doble dependencia” o “doble comando” (el formal legal por un lado, el real conceptual por el otro) hace crisis, y los resultados son más o menos previsibles: que un gobierno sea ungido por los votos no quita que en determinadas circunstancias deba sostener su legitimidad mediante el uso legítimo de la fuerza monopolizado por el Estado, pero si no tiene un control político efectivo sobre el instrumento que lo debe desplegar (sean las fuerzas armadas o de seguridad), se verá amputado de una parte esencial de sus facultades, y corre el riesgo de ingresar en zona de inestabilidad permanente, o caer.
Lo cual no es poco en un contexto en que los Estado nacionales (más allá de la orientación política de sus circunstanciales gobiernos) ven restringida su capacidad de decisión soberana por el peso del endeudamiento, y adoptan o les son impuestas políticas de desregulación del flujo de inversiones o los movimientos de capitales que los ponen a tiro de los “golpes de mercado”, con eficacia desestabilizadora más poderosa que un regimiento de tanques desplegado en la calle; y en el que los grupos económicos más grandes acumulan un poder efectivo mayor que el de muchos de esos propios Estados.
Sumemos a eso la prédica disolvente, golpista y antidemocrática de conglomerados de medios hegemónicos que representan los intereses de las fracciones más concentradas del capital y obran en consecuencia socavando la legitimidad de los gobiernos electos cuando no les responden, los poderes judiciales reproduciendo comportamientos de casta que los aíslan de la sociedad mientras vehiculizan estrategias de “law fare” para intervenir decisivamente y con un sentido bien definido en las disputas política, y servicios de inteligencia que travesaron indemnes años de democracia operando con agenda y conexiones propias; y tendremos un combo explosivo que mina desde adentro la fortaleza de los Estados democráticos, con tanta mayor velocidad si sus gobiernos deciden imprimirle a su gestión un rumbo hacia la ampliación de derechos de los sectores populares, lo que supone necesariamente avanzar sobre las minorías del privilegio.
He allí un inmenso desafío no solo para la gobernabilidad presente, sino para la subsistencia futura de la propia democracia en América Latina que, más temprano que tarde, sus gobiernos deberán afrontar porque está en riesgo su propia supervivencia.".
En sus últimas palabras antes de escuchar el veredicto de los jueces que lo terminarían absolviendo, Milani formuló las reflexiones que destacamos en el tuit de apertura, que van en la misma línea de las que por nuestra parte expresamos, y por supuesto compartimos; lo cual nos lleva a una conclusión: hay cosas que se pretenden discutir por algunos cuando no debieran discutirse más (como las políticas de memoria, verdad y justicia en materia de derechos humanos), y otras que, a la inversa, no se discuten cuando deberían discutirse.
Como el rol de las fuerzas armadas en la democracia, como un instrumento al servicio no solo del orden constitucional, sino de un proyecto de liberación nacional sin la cual -a la larga o a la corta- ese mismo orden no puede sostenerse.
