OJO CON LA SEGUNDAS MARCAS

Una de las cosas más notables de la aceleración de la crisis del macrismo es como los "opositores responsables dadores voluntarios de gobernabilidad" tratan de hacerse los boludos como perro que volteó la olla, y silban bajito mirando para otro lado como si no tuvieran nada que ver.

Peor aun: se ofrecen como alternativa para salir de la crisis: desde Pichetto al reaparecido Massa, pasando por Duhalde, el Tony Sorete de Lavagna, todos dicen tener un plan bajo el brazo para capear la tormenta; que en buena medida ellos mismos contribuyeron a crear respaldando medidas cruciales del gobierno que llevaron a ella, como el acuerdo con los fondos buitres, el levantamiento del "cepo" o la eliminación de las retenciones.

Como si estuviéramos en 2002 y no hubiera pasado el kirchnerismo en el medio (a cuya desaparición también quisieron contribuir a fuerza de carpetazos judiciales, apoyando la "ley del arrepentido", la "extinción de dominio" y el desafuero de De Vido) aparecen ahora para ofrecerse como la oxigenación política a una crisis que parece no encontrar salida, luego de que el macrismo hiciera el trabajo sucio de licuar los salarios y jubilaciones con la megadevaluación; como pasó entonces, pero peor.

Y el grado de caradurez de algunos planteos que hacen sorprende. Al respecto, leíamos en El Cronista que los gobernadores del PJ se “subirían” al plan elaborado por Pichetto y su equipo de economistas (Miguel Peirano, “Sanguchito” Bossio, Osvaldo Giordano y Marcos Lavagna) para mejorar los ingresos de las provincias, y poder evitar de ese modo hacer un ajuste como el que les está exigiendo la nación.

El plan consiste en una serie de puntos para mejorar los ingresos del estado nacional, y por carácter transitivo, los de las provincias, vía coparticipación. Las medidas propuestas serían las siguientes:

1) Restituir la alícuota del 1 % del impuesto a los Bienes Personales para las cuentas, sociedades e inmuebles ubicados en el exterior.

2) Restituir la alícuota del 1 % de Bienes Personales para las participaciones en sociedades, tanto en el país como en el exterior.

3) Suspender la baja de la alícuota de Ganancias del 35 al 30 % para las empresas, que empezaría a regir el próximo año.

4) Suspender el ajuste por inflación de los balances empresarios, para el pago de Ganancias.

5) Suspender la baja de aportes patronales para las empresas en general, y para las entidades financieras en particular.

Las medidas señaladas en los puntos 1) y 2) sobre las que Pichetto propone dar marcha atrás fueron aprobadas por la Ley 27.260 aprobada en julio de 2016, que estableció el blanqueo de capitales.

Las medidas señaladas en los puntos 3), 4) y 5) que Pichetto propone suspender fueron establecidas en la reforma tributaria aprobada por la Ley 27.430, aprobada en diciembre del año pasado.

Ambas leyes no podrían haberse sancionado sin el apoyo decisivo de Pichetto y su bloque de senadores (que responden a los gobernadores del PJ), del bloque de “Sanguchito” Bossio que es su espejo en Diputados, y del bloque que responde a Sertgio Massa y que integra -entre otros- Marcos Lavagna.

La segunda ley (la reforma tributaria de fines del año pasado) es consecuencia directa del pacto fiscal que firmaron los gobernadores con Macri, que la contemplaba expresamente.

Todos ellos votaron a favor ambas leyes, pero ahora están proponiendo tumbarlas, como proponían cuando se discutieron en el Congreso los legisladores de los bloques del FPV/PJ en ambas Cámaras. Unos auténticos visionarios los tipos. 

Eso sí: nada de proponer volver a las retenciones, reponer las restricciones a la compra y venta de divisas, los controles al movimiento de capitales, la pesificación de las tarifas o reponer la obligación de los exportadores de liquidar las divisas, con eso no se jode: donde se come no se manicurea. Tuits relacionados:

El plan Pichetto para que las provincias resistan el ajuste consiste en dar marcha atrás con todas las reformas impositivas aprobadas por Macri gracias al voto de Pichetto y los legisladores que responden a los gobernadores. Bienvenidos a la oposición.

— La Corriente K (@lacorrientek) 28 de agosto de 2018

"Se blanquearon 110 mil millones de dólares y se bajaron bienes personales, es una locura":https://t.co/GDDcBuFq1V. Sí, las dos cosas en la misma Ley 27.260, que ustedes votaron

— La Corriente K (@lacorrientek) 30 de agosto de 2018

Atentos a esto, lo que este sorete llama "lo mejor del peronismo" son los requechos del menemismo y el duhaldismo, que ahora los quiere subir al bote, y algunos tienen ganas: https://t.co/BtyOwVJeuC

— La Corriente K (@lacorrientek) 30 de agosto de 2018

No sea cosa que lo rajen a Peña para ponerlo a Massa con la venia de la embajada y la AEA (o sea, Clarín, Techint y Arcor), y nos lo quieran vender como un "gobierno de unidad nacional" con apoyo de Pichetto, los gobernadores y la CGT. Y Lavagna por Dujovne

— La Corriente K (@lacorrientek) 31 de agosto de 2018

CON LA FÓRMULA DEL FMI, LA CGT LES SUELTA LA MANO A LOS JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE LA AUH

Sobre los acuerdos que avanzan entre el gobierno y la CGT preparando el terreno para la reforma laboral, leemos en Ambito Financiero: “El Gobierno avanzó ayer con la CGT en un esquema global de rebaja del costo laboral que, además de un blanqueo amplio con perdón de deudas para los empresarios con trabajadores informales, incluirá una reducción de las cargas patronales para todos los salarios del sector privado con un tope en torno de 10 mil pesos. Fue una de las precisiones que conversaron ayer con la cúpula de la central el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y Mario Quintana, vicejefe de Gabinete, en la reanudación del diálogo bilateral y previo a la convocatoria multisectorial de Mauricio Macri pautada para el lunes.

La rebaja de aportes, una medida que sostuvo en su gestión el expresidente Carlos Menem sin un aumento consecuente del nivel de empleo, será compensada por aportes del Tesoro nacional para no desfinanciar la Anses, según les explicaron los funcionarios a los gremialistas. Por ese concepto en Hacienda estiman que las empresas destinan unos 80 mil millones de pesos al año. El mecanismo, tal como fue presentado, implicaría que el primer segmento de los sueldos (en un rango no precisado de 8.000 a 15 mil pesos) no devengará cargas patronales.” (las negritas son nuestras)

Tal como dice la nota, la rebaja de los aportes patronales a la seguridad social es uno de los tradicionales caballitos de batalla del empresariado vernáculo, con la excusa de que bajando de ese modo el “costo laboral” se facilita la generación de empleo; hipótesis jamás verificada en la experiencia histórica, al menos en nuestro país: con baja de aportes patronales se destruyó empleo en los 90’, y con reposición parcial de los existentes antes de Cavallo en su paso por el menemato, se crearon 6,4 millones de puestos de trabajo en los gobiernos de Néstor y Cristina.

Como además la solución supone sustraerle recursos genuinos al finaciamiento de la seguridad social, nos enteramos que la brecha sería cubierta con aportes del tesoro vía impuestos, no afectados sino de Rentas Generales, cosa que ya hoy sucede: cuando la Corte Suprema falló en contra del Estado nacional en los reclamos de Santa Fe, Córdoba y San Luis por el 15 % de la masa precoparticipable que se detraía para destinarla a la ANSES, Cristina emitió el DNU 2635/15, disponiendo que se creara un aporte adicional del Tesoro para financiar el bache, por el mismo monto de los recursos afectados que dejaban de ingresar. Más información al respecto, acá.

Pero además dispuso en el artículo 3 del DNU que ese aporte adicional se tuviera en cuenta en la aplicación de la ley de movilidad previsional por la cual se ajustan semestralmente los haberes de jubilados y pensionados; en base a la fórmula que pueden ver en la imagen de apertura. Macri derogó luego el DNU por otro, que firmó en enero del 2016. 

Tal como lo señala el artículo 32 de la Ley 24.241 (modificado en 2008 por la Ley 26.417 de movilidad previsional) los haberes se ajustan tomando en cuenta –entre otros factores, como la evolución de los salarios de los trabajadores en actividad- “la variación de los recursos tributarios por beneficio (netos de eventuales aportes del Tesoro Nacional para cubrir eventuales déficits de la Administración Nacional de Seguridad Social)” y “la variación de los recursos totales por beneficio de la Administración Nacional de Seguridad Social (netos de eventuales aportes del Tesoro Nacional para cubrir déficits de la Administración Nacional de Seguridad Social)” (las negritas son nuestras)  

Es decir entonces que si se bajan los aportes patronales la ANSES perderá recursos propios, y en consecuencia la “formulita” de la movilidad jubilatoria tirará para abajo los aumentos futuros a jubilados y pensionados, sin que la baja la puedan compensar los aportes del Tesoro para cubrir el agujero, porque no se cuentan a esos fines de acuerdo con la ley. Distinta sería la situación si se tratara de afectar impuestos o parte de ellos, específicamente a la seguridad social, pues entonces serían recursos “propios” de la ANSES.

El efecto negativo de la baja de aportes patronales si es aprobada como acordaron el gobierno y la CGT también se hará sentir en los montos que perciben los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), porque por la Ley 27.160 (2015) se reajustan semestralmente por la misma fórmula de la ley de movilidad previsional.

Lo notable del caso es que mientras asistíamos al show televisado de la detención de De Vido, los dirigentes cegetistas le soltaban la mano a jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH en línea con los reclamos del FMI, las calificadoras de riesgo y los economistas de la ortodoxia; que le piden al gobierno “retocar” la fórmula, para poder contener el gasto previsional, que se lleva entre el 36 % y el 42 % del gasto público total del Estado nacional. 

LA REVOLUCIÓN DE LA ALEGRÍA PATRONAL

Se puede catalogar de obsesiva, la misión de Dujovne, el ministro no asumido (y no por una cuestión psicológica de él, sino por algo formal y postergado -la jura-, debido a las lindas vacaciones de Macri), consistente en el recorte del llamado "costo laboral", que no es otra cosa que bajar los aportes patronales.

Si hacemos memoria, en tiempos de Cristina el que reclamaba era Cristiano Rattazzi -como voz cantante de los empresarios-,  pregonando la baja del costo laboral, tanto en materia de salarios como de aportes y contribuciones. Lo primero empezó a lograrse con la tremenda devaluación inicial y la tabla comparativa de inflación y paritarias, coadyuvada por la ola de despidos provocada por Macri. 

Ahora van por más, y apuntan a esos aportes que debe hacer la patronal (señalados en la imagen) y que se lograron gracias a las permanentes luchas sindicales, y que sólo vieron sus frutos durante los gobiernos nacionales y populares.

El Gobierno, con esta política que cercenará, sobre todo en materia de salud, los derechos de los trabajadores, dice que ello permitirá acrecentar el trabajo "en blanco" y favorecerá la "lluvia de inversiones", tantas veces prometida.

Anoche escuchábamos al economista Andrés Asiain, quien manifestaba que la permanente contradicción del oficialismo es evidente: por un lado el sometimiento al FMI, que ha provocado Macri, traería como consecuencia del aumento de la edad jubilatoria -un atentado a la movilidad laboral- y, por otro lado, se pregona que se ampliarán las fuentes de trabajo. 

Con esto pasa lo mismo: En épocas de cierre de comercios y pequeñas y medianas industrias, lo que habrá es menos trabajo y más barato. Porque si no hay qué exportar y la gente no puede mantener el consumo, de qué necesidad laboral estamos hablando? 

La escasez de trabajo va de la mano de la recesión y toda la política económica del gobierno está orientada hacia la timba financiera y a la actividad del campo, sobre todo la agrícola, que carece de necesidad de empleo. No es que habrá más empleo, al contrario y con menos costo. 

Danos una a favor del pueblo, Mauricio. Una.

¿Y la CGT? Bien, ahí en Azopardo.

RECALDE Y DIEZ MÁS

Leemos en Noticias Argentinas: "El oficialismo presentará en el Congreso un proyecto para elevar el nivel de aportes patronales con el fin de robustecer las arcas del Fisco tras las modificaciones en el impuesto a las Ganancias que demandarán unos 4.500 millones de pesos este año. 

El proyecto, que por estas horas trabaja el diputado Héctor Recalde y sería suscripto por al menos seis legisladores, establece un incremento en las alícuotas de las contribuciones patronales sobre la nómina salarial con destino a los subsistemas de Seguridad Social.

El incremento de los aportes representaría un aumento en el costo laboral que promete generar ruido en el sector privado, en el caso de que prospere a nivel legislativo.

Sería en el caso de empleadores que registren en el ejercicio anual ganancias netas que superen el 10 por ciento de los ingresos netos del período, según pudo saber Noticias Argentinas.

Según el anteproyecto que se baraja en el Congreso, quedan exentos de este incremento en la alícuota de las contribuciones patronales las entidades reguladas por las leyes 23.551, 23.660 y 23.661, y las empresas que no superen el límite de facturación para ser considerada Mediana Empresa dispuesto por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de Desarrollo Regional, dependiente del Ministerio de Industria de la Nación.

El incremento de alícuotas dispuesto en el artículo anterior será aplicable de manera escalonada y progresiva, a razón de un 25% del incremento por cada trimestre calendario, a partir de la entrada en vigencia de la ley, de forma tal de completar el total del incremento de alícuotas al cumplirse un año de su vigencia.".

Un proyecto necesario, que apunta a dotar de financiamiento genuino al sistema de seguridad social (que igualmente seguirá necesitando de la contribución de parte de la recaudación de impuestos), y con un claro sentido progresista (o peronista, si prefieren); gravando más a las empresas que tienen mayores márgenes de ganancias, de modo que la alícuota o los puntos de aportes patronales adicionales sean mayores, cuando la tasa de ganancia sea mayor por encima del 10 % anual sobre balance (ver en la nota la escala).

Excluyendo expresamente a las Pymes (donde con seguridad la incidencia de los salarios y contribuciones patronales en los costos es mayor, y los niveles de ganancias, menores); y con una aplicación progresiva en el tiempo, como se hizo en su momento con la eliminación de los tickets canasta del salario (¿se acuerdan de los tickets canasta?).

Un proyecto hecho con sensatez; por uno de los tipos más lúcidos que tiene el kirchnerismo, autor intelectual de la mayoría de las reformas laborales de los últimos años que significaron restituirles derechos a los trabajadores, o reconocerles otros nuevos.

De paso, repasémoslos (se nos puede escapar alguno, y no incluimos los que fueron iniciativas del PE): derogación de la ley de flexibilización laboral (ley "Banelco"), inembargabilidad de las sumas percibidas en concepto de prestaciones asistenciales, opción para el trabajador afectado por cambios del empleador en su contrato de pedir el restablecimiento de las condiciones modificadas, el ya señalado de eliminación del pago de parte del sueldo en vales y tickets canasta, prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, aplicación del principio "in dubio pro operario" a la apreciación de la prueba en sede judicial, extensión de la irrenunciabilidad de los derechos laborales a los contratos individuales de trabajo, cuentas sueldos para los salarios de los trabajadores sin costo ni límites de extracciones, modificación de la LCT sobre desigualdades compensatorias creadas por la ley para proteger al trabajador, eliminación de la prohibición de considerar el Salario Mínimo Vital y Móvil para el cálculo de suplementos salariales.

Más otros que fueron aprobados por Diputados, y esperan su turno en el Senado, ver el detalle acá.

Todos copyright de Héctor Recalde, uno de esos tipos que son imprescindibles en cualquier proyecto político.