PUESTO MENOR

Néstor y Cristina nos acostumbraron -para bien o para mal- a que el presidente era la persona más importante del país; incluso para los contreras. Mas aun: diríamos que especialmente para ellos, que todo lo explicaban a partir de lo que los presidentes Kirchner hacían, dejaban de hacer o pensaban hacer o dejar de hacer.

Poco importaba si las iniciativas eran reales o producto de su propia imaginación o de las operaciones de los medios opositores; lo cierto es que la mayoría de los análisis de la realidad argentina eran "kirchnerocéntricos"; o para ser más precisos, a casi nadie se le ocurría plantear que había personas más importantes o más poderosas que el presidente de turno, o que podían desafiar su autoridad.

No se nos escapa que era también una visión interesada que abonaba a la idea de la "dictadura" que supuestamente padeció el país por 12 años, y que oscurecía deliberadamente el rol de los poderes fácticos que no están sometidos a las reglas de la democracia, incluso dentro del propio sistema institucional; como es el caso del poder judicial.

Pese a que el kirchnerismo ha sido visto por muchos como una anomalía política que alteró la idea del "país normal" (ese al que al parecer volvimos), lo cierto es que la centralidad presidencial se corresponde estrictamente con lo que dice la Constitución Nacional en su artículo 99 inciso 1) del presidente: "Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país.". Bastante lejos de lo que Magnetto supo llamar un "puesto menor". 

Esa centralidad -que tanto Néstor como Cristina se ocuparon de sostener y reforzar, cada uno a su modo- era consistente con un nuevo modelo de gobernabilidad, donde la política trató de imponer las reglas, y con el retorno del Estado partícipe. Dados ambos factores, la restauración del rol presidencial (perdido en los años que hoy se nos plantean como "normales") era la consecuencia lógica y necesaria; para superar además las fragilidades propias de un sistema político e institucional fragmentado y devastado por la megacrisis del 2001.  

Con Macri parece que las cosas serán distintas, o al menos todo apunta a retornar al "modelo Menem", con variantes: un país entendido como una gran empresa, con un CEO que controla  la organización y toma las decisiones más relevantes (en que contexto y por iniciativa de quien es otro tema, del que se habla más abajo), pero no pierde de disfrutar los beneficios del cargo; comenzando por las vacaciones.

La imagen del ingeniero obsesivo por los detalles y por la exigencia de resultados fue más bien un producto de la publicidad de campaña, abandonado luego por la usina de Durán Barba por otras ideas más productivas, en términos electorales: el jefe comprensivo y dispuesto a revisar sus ideas, que congrega equipos, escucha opiniones y no impone inexorablemente la suya; que "comete errores porque no es perfecto", pero es capaz de disculparse y enmendarlos.

Si se mira bien, es la continuidad de las ideas centrales con que Durán Barba manejó la campaña (sobre todo no salir nunca del glosario de ambigüedades y lugares comunes) por otros medios: mantener a Macri siempre fuera de los problemas y las zonas de conflicto, para que quede exento de los riesgos y los costos de gobernar; y de hacerse cargo de los problemas que supone la realidad, o son consecuencia de sus propias decisiones. En el peor de los casos, siempre habrá un "gerente" intermedio al cual echarle la culpa

Claro que todo esto se corresponde a su vez con la idea del neoliberalismo (la ideología no explícita del nuevo gobierno, que dice abjurar de las ideologías) respecto al retiro progresivo o inmediato del Estado de determinados roles e injerencias: la vieja noción de "liberar a las fuerzas productivas" para que hagan lo suyo haciendo crecer al país (que no sería así más que la sumatoria de sus intereses sectoriales, que además se armonizarían mágicamente); y provoquen el "derrame" de los beneficios de ese crecimiento, sin que el Estado deba meterse, o con una mínima intervención fijando "reglas de juego claras"; que no son ni más ni menos que las pide el capital.

Y es también claro que ese bagaje teórico es funcional al asalto del Estado y su colonización por intereses corporativos que tenderán a seguir su propia lógica aunque eso conlleve desguazarlo, como sucedió en el pasado. Paradojalmente, el presidente CEO nos dice que "encontraron un Estado vaciado" y "puesto al servicio de la militancia y la política"; constatación que Macri entiende ampliamente justificativa de los despidos masivos que se están dando, con un fuerte tufillo a persecución ideológica que no se veía entre nosotros desde los tiempos de las leyes de prescindibilidad de las dictaduras militares.

Creencia ideológica a priori, o teorización ex post del saqueo en curso, lo cierto es que el sistema de toma de decisiones del Estado macrista pone en entredicho si verdaderamente el presidente es la persona más importante del país, o apenas un "puesto menor" tal como lo describió en su momento el CEO del Grupo Clarín, cuyo caso es arquetípico al respecto: la brutalidad del ataque contra la ley de medios solo puede entenderse desde la perspectiva de los intereses de un grupo económico, y no las urgencias de gobierno alguno, ni siquiera el más opuesto filosóficamente a las regulaciones estatales.

Y lejos de la idea que se pretende transmitir "mostrando gestos de autoridad" que siempre apuntan para el mismo lado (no precisamente el de los más poderosos), a cada nueva muestra de ese tipo, se corresponde una degradación de la institución presidencial, en términos democráticos e institucionales. 

Claro que el de la ley de medios y Clarín no es el único caso, ni una simple golondrina que no hace verano: no olvidemos que fue el propio Macri en campaña quien prometió a los empresarios en el coloquio de IDEA "volver aquí con mis equipos para elaborar juntos el plan de gobierno". Considerando el cásting para la conformación del gabinete, y las medidas que hasta acá vino tomando, tal parece que una nueva visita sería innecesaria, salvo para exhibir los resultados. 

Pero toda esta operación tendiente a "bajarle el precio" al rol presidencial omite que nuestra tradición presidencialista es más fuerte; y es quizás el único rasgo distintivo de nuestras costumbres políticas recogido en plenitud en el texto constitucional, junto al federalismo.

De suerte que Macri es responsable de todas y cada una de las medidas de su gobierno, lo quiera o no. Y es nuestra obligación tenerlo presente y recordárselo, a él y a sus votantes: responsabilidad suya son los despidos masivos que se están produciendo en el Estado, y los que se están dando en el sector privado a partir de la luz verde que aquéllos significan, y también es reponsabilidad directa suya (en términos políticos) la represión que se desencadena cada vez que asoma la protesta social; sea que las fuerzas de seguridad actúen siguiendo estrictas y precisas instrucciones, o golpeen primero y pregunten después. 

De hecho, en los casos en que se ha reprimido, no se le escuchó ni al presidente ni a los funcionarios más prominentes de su gobierno reproche o condena alguna, ni medidas contra los ejecutores de los palazos y las balas de goma.

Responsabilidad primaria y principal de Macri son las medidas de liberalización del mercado financiero que están reinstalando todos los días alguna nueva "bicicleta" para que los bancos engorden sus ya abultadas ganancias, y la brutal transferencia de ingresos a favor de los exportadores y grupos más concentrados de la economía, resultante del combo de devaluar, eliminar retenciones y liberalizar exportaciones; acelerando la inflación.

Absoluta responsabilidad final suya es la amenaza abierta de Prat Gay de elegir entre salarios o empleo, y el intento de combatir la inflación a costa del salario real y una distribución regresiva del ingreso; aunque hubiera pasado buena parte de los días de mandato jugando al golf en Villa La Angostura, o fisurándose una costilla con Antonia. Y serán responsabilidad suya los despidos que lleguen de ahora en más como consecuencia del achicamiento del mercado interno o la apertura de las importaciones; cosa que habrá que recordarle al que tenga la infausta nueva de recibir el telegrama fatídico.

Suya es la responsabilidad de la cacería de brujas desatada en el Estado y en los medios para acallar toda voz disidente, desde Víctor Hugo Morales hasta la más humilde radio comunitaria; y también la decisión conciente y deliberada de volver a endeudar al país con la banca extranjera, para financiar la fuga de capitales.

Ya permitimos que nos volvieran a vender otro buzón electoral como el de la Alianza, no permitamos ahora que nos vendan otro De La Rúa que el día de mañana niegue sus responsabilidades concretas (reiteramos: en estrictos términos electorales) por los efectos que causan sus medidas de gobierno. 

SE SUMAN MÁS CUESTIONAMIENTOS A LA CONSTITUCIÓN, Y HAY POLÉMICA

Primero cuestionaron el artículo 114 inciso 3), que dice que el presupuesto del Poder Judicial lo tiene que manejar el Consejo de la Magistratura y no la Corte Suprema.

Ahora leemos en la corneta: "La presidente Cristina Kirchner pondrá hoy en funciones a los nuevos jefes de las Fuerzas Armadas después de su resolución y varios decretos de la semana pasada en los que, pudo saber este diario, se encubren virtuales despidos, entre ellos de nueve generales, 13 contralmirante y un capitán de navío. En total fueron los 35 uniformados dispuestos a “retiro obligatorio”, según reza el texto de los decretos y resoluciones, que mantiene sumamente molestas e inquietas a las “nuevas” y “viejas” camadas de estas fuerzas por la forma en que se produjo el anuncio de los retiros y su propio futuro, aunque algunos de los desplazados ya están negociando que sean “voluntarios”, contrariamente a la normativa.

Fuentes uniformadas señalaron a Clarín que dos son las razones en el formato elegido por el Gobierno: una económica, porque varios no habrán alcanzado los tres años necesarios para retirarse con el grado ejercido y ahorrarán al Estado en jubilación, teniendo en cuenta más aún que el 40% del sueldo lo reciben en negro. Otra razón es política, dijo una fuente,: los nuevos mandos militares han sido elegidos a dedo y no como parte de la tradición militar en la que las fuerzas van eligiendo y “juzgando” a sus superiores. “Las fuerzas deben ser leales a la Constitución y a los gobiernos de turno, pero nunca en las últimas décadas de democracia se exigió tanta lealtad de índole económica y política”, señaló a este diario un alto militar ya enviado a su casa." (las negritas son nuestras)

La insólita acogida mediática del diario a un soterrado planteo castrense (propio de otros tiempos del país) por los cambios que el gobierno dispuso en la cúpula de las FFAA, hace necesarias algunas elementales precisiones al respecto.

Como recordar por ejemplo que el Presidente de la Nación (de acuerdo con el artículo 99 inciso 1) de la Constitución) es "el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país"; y (esto ya es más conocido) el "comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación" (inciso 12) del mismo artículo).

Y como tal, le corresponde proveer los empleos militares de la Nación; "con acuerdo del Senado, en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas; y por sí solo en el campo de batalla." (inciso 13) artículo 99); requisito éste (el del acuerdo del Senado) que se exige para los grados del escalafón militar (general, almirante, brigadier, etc), y no los cargos o funciones que se le puedan encomendar en las fuerzas, como por ejemplo Jefe del Estado Mayor de cada uno, o del Estado Mayor Conjunto.

Por eso los decretos de designación de los nuevos jefes (verlos acá) citan los incisos 1) y 12) del artículo 99 de la Constitución, y Cristina pondrá hoy en funciones a los nuevos jefes del Estado Mayor de cada fuerza, y del Estado Mayor Conjunto. 

Hace poco en ésta nota se incurría (probablemente de un modo deliberado) en el error, para dar a entender que Cristina necesitaría el apoyo de Menem para votar el pliego de los nuevos jefes que acaba de designar. 

La Ley 19101 que se cita en el artículo (ver acá) regula la carrera del personal militar, y dispone en su artículo 45 (en línea con la Constitución) que "El ascenso del y a personal superior de las fuerzas armadas lo concede el Poder Ejecutivo, y previo acuerdo del Senado de la Nación a la categoría de oficial superior y dentro de ella";  y en su artículo 46 que "Para ser ascendido al grado inmediato superior es necesario, además de contarse con vacantes en dicho grado, cumplir con las exigencias que determine la reglamentación de esta ley y tener en el grado el tiempo mínimo, en años simples de servicios, que establecen los anexos 3 y 4".

Sin embargo, la propia ley establece excepciones a ese requisito del tiempo mínimo en el grado anterior, justamente cuando el oficial superior en cuestión es designado como Jefe del Estado Mayor de alguna de las fuerzas, o el Estado Mayor Conjunto.

Lo dice el mismo artículo 46, en su segundo párrafo: "El requisito del tiempo mínimo en el grado, no será exigible respecto de los oficiales superiores que sean nombrados para ocupar los cargos de Jefe de Estado Mayor General del Ejército, Jefe de Estado Mayor General de la Armada, Jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea y Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. ".

Y esa salvedad fue justamente incorporada por el kirchnerismo por la Ley 25.744 (2003), para posibilitar la reorganización de las cúpulas militares que hizo Néstor Kirchner apenas asumió, sin ataduras y en uso de las atribuciones constitucionales del presidente.

Incluso la misma Ley 19101 establece en su artículo 47 que las Juntas de Calificaciones de cada una de las armas (que son las que evalúan a los propuestos para el ascenso) son simples asesores del Ministro de Defensa y del Comandante en Jefe de las FFAA, que es el presidente de la Nación; y que los máximos grados de cada escalafón (teniente general, almirante y brigadier general) sólo pueden ser otorgados a los oficiales que sean nombrados por el Presidente para ocupar los cargos de Jefes de Estado Mayor (artículo 49 inciso 2), según la modificación de la ley 23.554 de 1998).

Para instrumentar esos ascensos (no para resolver sobre las Jefaturas) es que el gobierno enviará los pliegos al Senado. 

Como ven, ya en democracia se introdujeron modificaciones a la ley del personal militar para ponerla en línea con los atributos constitucionales del Presidente como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

De modo que los cuestionamientos a los que Clarín les da prensa, más que destinados a las decisiones que tomó Cristina (aunque éstas hayan sido el disparador) parecieran enderezados a la propia Constitución; que pone a las FFAA (desde 1853) bajo el control del poder civil, en la persona de aquél a quien el pueblo vota para que gobierne el país.

A lo mejor se les ocurre proponer una reforma constitucional, para que los militares se manejen sólos.

PRESIDENCIALISMO, PARLAMENTARISMO Y HELADOS EN LA FRENTE

Por Raúl Degrossi

Después de una semanas de ostracismo (impuesto por el electorado el 14 de agosto), volvió Carrió con todo; denunciando un nuevo Pacto de Olivos entre el gobierno y Binner para reformar la Constitución, y permitir en el 2015 otra reelección de Cristina, disfrazada bajo la adopción del sistema parlamentario. 

Es obvio que la intención de la pitonisa naranja es limar las chances de Binner de crecer de cara al 23, pero sus operaciones son como las del profesor Neurus: tan intrincadas y complicadas que generalmente por eso, terminan fallando. Y conste que quien esto escribe es un ferviente admirador de Neurus, injustamente relegado al lugar del ridículo por García Ferré en beneficio de Hijitus, un completo insoportable.

Pero Carrió habla, y como bien  destaca acá Gerardo, logra que todos giren alrededor de sus delirios: desde Macri hasta Alfonsín, pasando por Binner, todos se apresuraron a desmarcarse del pacto, que sólo existe en la imaginación de la chaqueña; algo tan serio como discutir sobre la existencia del viejo de la bolsa.

Curioso lo de los radicales: Alfonsín dice que no haría jamás un pacto con el kirchnerismo porque no confía en que respete las instituciones, pero no tuvo ningún problema en pactar con el menemismo residual de De Narváez, y consentir que le sea infiel con otros candidatos, pero eso sí: solo con uno por día, eh.

Por otro lado, si yo fuera radical, omitiría prolijamente por estos días toda mención a la intransigencia para negociar, para evitar las comparaciones que siempre son odiosas: los radicales no tuvieron intransigencia con Menem en el Pacto de Olivos (claro que con papá, y no Ricardito, haciendo todo lo contrario pero con el mismo argumento: inmolarse por las instituciones, y el tercer senador); ni con Duhalde, para terminar de tumbarlo al tambaleante De La Rúa, e imponer la mega devaluación con pesificación asimétrica que reclamaban Clarín, Techint y Pérez Companc.

Por el contrario, estamos viendo por estos días el spot de campaña de Ricardito con los "20 senadores" -que en realidad son 15-, todos obtenidos gracias al Pacto de Olivos; y serían intransigentes para pactar con Cristina, que eliminó las AFJP (inventadas por Menem), y aprobó la ley de medios; que posibilitará desmantelar las casi 300 licencias de Clarín. Son interesantes a veces los límites del republicanismo.

Los radicales (incluyendo a Carrió, que viene de ese palo) y fuerzas afines como el socialismo, tienen cierta pulsión (compartida con algunas izquierdas latinoamericanas) por el fetichismo constitucional, un reduccionismo que pretende explicar la complejidad de los procesos políticos por las puras formas institucionales; o desvelarse por encontrarle cauce en ellas a fenómenos que son más complejos, como el liderazgo político.

Un ejemplo histórico: caído Perón en el 55´, los partidos opositores nucleados en la Junta Consultiva impulsaron el sistema proporcional D´Hont en el 57´ con el propósito de repartirse el caudal electoral del peronismo soñando con su desaparición; una ilusión sostenida obtusamente durante 18 años, como quedó demostrado apenas se levantó la proscripción.

Todos los presidentes argentinos tuvieron los mismos atributos constitucionales, la diferencia está en como los usaron: comparemos por caso a De La Rúa -elegido con más del 48 %- con Kirchner,  que asumió con apenas el 22 %, Menem bajado del ballotage y la Corte Suprema extorsionándolo; y eso solo nombrando la oposición de factores institucionales que figuran en la Constitución escrita. 

Cristina fue elegida con el 46 % (casi las mismas cifras de De La Rúa) y tuvo que pelear durante todo su mandato para que se respete la Constitución Nacional: al país lo gobierna el presidente, no los medios, el campo o el Banco Central -que ni siquiera figura en la CN- autónomo.

El presidencialismo es -quizás junto al federalismo- el único rasgo genuinamente nacional de nuestra Constitución, y el que más tributa a nuestra tradiciones políticas; y suele ser el más valorado electoralmente, como lo demuestra el 50,24 % de Cristina en las primarias; de modo que agitar ahora el fantasma de la re-reelección es una torpeza política mayúscula: la idea tendría un alto consenso social.

Y el parlamentarismo -como el que, por caso, plantea Binner en su plataforma- en la Argentina sería un absoluto disparate; algo para que se entretenga Zaffaroni (cuyo genio como penalista está a la altura de sus divagues como politólogo), como se entretuvo Alfonsín en la reforma del 94´ introduciendo el Jefe de Gabinete; un engendro inocuo en términos de atenuación del poder presidencial, del que Menem -si pudiera acordarse- se reiría con ganas. Esta parte no se la cuenten a Alberto Fernández, porque se podría deprimir.

El gobierno de Duhalde tuvo de parlamentario sólo el origen: gobernó casi un año y medio a fuerza de DNU (batiendo los récords en la materia, midiendo cantidad por tiempo de mandato) leyes de emergencia y facultades delegadas (las que el Grupo A le negó a Cristina el año pasado), con escasísimas leyes surgidas del acuerdo en el Congreso; entre un puñado, la de protección de bienes culturales que salvó a Clarín de la quiebra y de ser dominado por capitales del exterior.

Un ejemplo que demostraría que las diferencias entre un sistema parlamentario y uno presidencialista no serían tantas como sostienen los teóricos: hay quienes sacaron pingües beneficios bajo los dos, del mismo modo que con gobiernos dictatoriales (Papel Prensa, la estatización de la deuda privada) o democráticos, como la derogación del artículo 45 de la ley de radiodifusión de la dictadura, para que un diario pueda, por ejemplo, tener una radio o un canal de televisión; o la prórroga de las licencias por 10 años, por DNU.

Además es falso -como dice Binner- que el parlamentarismo no permita la reelección indefinida, todo lo contrario: Tatcher, Felipe González y ahora Berlusconi gobernaron y gobiernan mientras sus partidos o alianzas tengan mayoría en el Parlamento, para lo cual obviamente tenían y tienen que ganar elecciones.

Plantear el parlamentarismo en un sistema político en crisis y que se está reconfigurando después de la implosión del 2001, y cuando recién comienzan a verse los efectos ordenadores de la reforma política del 2009, es como mínimo un absurdo.

Sería además la forma más segura de alentar el transfuguismo (borocotización que le dicen) y la proliferación de pymes parlamentarias conformadas por uno o dos diputados, dispuestos a arrimar un voto -nada menos que para formar o no gobierno- a cambio de un puñado de contratos, o el aliento a algún proyecto de glorietas culturales, como el de Fernando Iglesias. No es casual que forma parte de la plataforma del FAP, una cooperativa de monotributistas políticos, en busca justamente de expandir su mercado de contratos.

Como bien señalaba Wainfeld en su columna de Página 12 de ayer, en un sistema parlamentario el gobierno hubiera cambiado de manos tras el voto no positivo de Cobos en la discusión la 125; siempre que el Grupo A se hubiera podido poner de acuerdo: hace pocos días Bélgica logró formar gobierno tras quince meses de intentos fallidos; y la oposición fracasó (una vez más, y van) esta semana en el Congreso, cuando no consiguió quórum para tratar el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

Imaginemos por un momento todas estas alquimias institucionales cuando -desde la misma oposición y los medios hegemónicos que les dan letra- se plantea que el país no está blindado frente a la crisis internacional, y más tarde o temprano nos impactará. Poco importa a los fines del análisis si se trata de algo real, o de una expresión de deseos.

La denuncia de Carrió explica en buena medida su tremendo poder auto-destructivo: plantear hoy -a menos de dos semanas de las elecciones- un escenario de triunfo del kirchnerismo en el lejanísimo 2015, es de una torpeza mayúscula: no se podría encontrar un mejor aliciente para que la ya menguante tropa propia se decida a abandonar el barco.

Y es completamente funcional al gobierno: cuando Carrió denuncia el pacto re-reelecionista contribuye a alejar en el tiempo el fantasma de la pelea dentro del peronismo por la sucesión de Cristina; introduciendo lo que a Zuleta Puceiro le gusta llamar una ficción ordenadora. Para decirlo más fácil: un placebo para entretener a la muchachada (Urtubey, Scioli, Capitanich), y que no se dedique a rosquear por anticipado.

Por otro lado discutir (aun en el plano de los delirios mesiánicos de Carrió, y sobre todo en ese plano) ya dan por sentado que la crisis internacional no afectará al país: es como decir a los cuatro vientos que  no habrá "efecto Atocha" ni antes ni después de las elecciones, ni durante todo el segundo mandato de Cristina.

¿O acaso alguien en su sano juicio (lo que excluye a Carrió, obviamente) puede pensar que se pueda armar una ingeniería re-reelecionista de Cristina para el 2015 si la crisis golpeara de lleno?   

No me animaría a decir que -enzarzándose en la discusión propuesta por el trueno naranja- la oposición ha desperdiciado la última bala de plata que le quedaba de cara a sostener sus ya módicas expectativas de cara a octubre, porque la cosa no da para tanto.

Apenas diré que, para variar y como ha sido una constante del 14 de agosto para acá, se pegaron otro helado más en la frente.