"SI LA TOCAN A CRISTINA..."

 

Listo. Es contra Cristina también la cosa. Esto va más allá de no darle bola a lo que planteó en su carta o en el acto en La Plata. Así les va a ir. https://t.co/Cu2VXJuNQC

— La Corriente K (@lacorrientek) February 4, 2021

En tiempos del macrismo y como parte de la persecución política contra Cristina, el gobierno trató de impedirle por todos los medios que cobrara la asignación mensual vitalicia que se otorga a los ex presidentes por la Ley 24018; tanto la propia como la que le corresponde como viuda de Néstor de acuerdo a la misma ley, que en su Artículo 4 señala claramente: "Si se produjera el fallecimiento, el derecho acordado o a acordarse al titular se extenderá a la viuda o viudo, en concurrencia con los hijos e hijas solteros hasta los dieciocho (18) años de edad.".

La creatividad jurídica aplicada a esos fines no tuvo límites: la Oficina Anticorrupción a cargo de Laura Alonso (que de tan creativa hizo modificar la reglamentación, para prescindir del título de abogada exigible para ocupar el cargo) instó ante la ANSES que privaran a Cristina de su asignación propia con el argumento de que estaba procesada en distintas causas judiciales; el mismo argumento con el cual le dejaron de pagar la asignación a Boudou durante el macrismo, y si la memoria no nos es infiel, se la volvieron a pagar, pero le siguen negando la retroactividad de los meses que no le pagaron, indebidamente.

Luego pasaron a impedirle a Cristina cobrar la asignación que le corresponde por ser la viuda de otro ex presidente, por una presunta incompatibilidad entre los dos beneficios, que en la ley no existe ni existió nunca. Del mismo modo que no hay incompatibilidad entre la asignación de la Ley 24018 y su sueldo como vicepresidenta, aclaración que hacemos porque no faltaron quienes dicen que deberían dejar de pagarle su propia asignación como ex presidenta, por ese motivo.

En efecto, el Artículo 5 de la misma Ley 24018 dispone lo siguiente: "La percepción de la asignación ordenada en el artículo 1, es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal, sin perjuicio del derecho de los interesados a optar por aquélla por estos últimos beneficios. Para tener derecho al goce de esa asignación es condición que los beneficiarios estén domiciliados en el país." 

Cualquiera que haya pasado al menos por la puerta de una Facultad de Derecho (cosa que Laura Alonso no hizo) sabe que tratándose de restringir derechos y más aquellos de naturaleza previsional, no se pueden admitir las interpretaciones extensivas: si la ley no establece una causal de pérdida de los beneficios, no se la puede inventar por vía de "interpretación". 

Que fue exactamente lo que hizo la ANSES en tiempos macristas, primero con Boudou y luego con Cristina, basándose en inverosímiles informes de la OA, cuya titular, como dijimos, no era abogada. Lo mismo sucede con las incompatibilidades: les guste o no, Cristina tiene derecho a percibir las dos asignaciones de la Ley 24018 y su sueldo de vicepresidenta, porque las tres cosas tienen causas distintas e independientes entre sí; y si no les gusta, hubieran modificado la ley y listo, eso sí: dejando en claro que era al solo efecto de perjudicarla a ella. 

Como consecuencia de que le dejaron de pagar la asignación que le correspondía a Néstor, Cristina fue a la justicia y a fines del año pasado un juez le dio la razón, ordenando que dejaran sin efecto la suspensión del beneficio. Ayer nos enteramos que la ANSES apeló la medida. La misma ANSES que se sigue negando a pagarle a Boudou el retroactivo de lo que le dejaron de pagar indebidamente.

No se trata simplemente de defender algo que muchos pueden entender como un privilegio, pero que si se lo entendía como tal, el gobierno pudo haber derogado la ley; cosa que hizo en algunos de sus artículos que referían a los jueces mediante la Ley 27541 de emergencia, pero no en lo relativo a los ex presidentes y vicepresidentes. Ya ni siquiera se trata de reclamar que tomen medidas para resolver la situación de los presos políticos, o revisar las causas fraudulentas del "lawfare": está a la vista que nada se puede esperar al respecto.

La pregunta que cabe hacerse es por qué la ANSES de éste gobierno, el que votamos, defiende en los estrados judiciales los estropicios jurídicos perpetrados durante el macrismo contra Boudou y Cristina, siendo que al primero tuvieron que darle la razón -sin reconocerlo, por supuesto- modificando la fórmula de aumento de las jubilaciones que habían enviado al Congreso, y a la segunda le deben nada menos que el triunfo electoral y por carácter transitivo, los cargos que detentan.   

Durante el macrismo (y antes también) se cantaba "Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar". La tocaron tanto, que hasta la llamaron a 8 indagatorias un mismo día, y no se armó ningún quilombo. Pero eso era con Macri y Bonadío, jamás imaginamos que la cosa seguiría, con éste gobierno. ¿Alguna vez se cumplirá lo que dice el cantito? 

Tuits relacionados: 

Pasamos de "Si la tocan Cristina, que quilombo se va a armar" a "La Anses tiene la obligación de apelar".

— La Corriente K (@lacorrientek) February 5, 2021

https://t.co/xepaojKBLk Decreto 34952 de 1947 (firmado por Perón) Reglamenta la Ley 12954 que crea el Cuerpo de Abogados del Estado. Lean el artículo 15 antes de repetir boludeces. Aún sigue vigente.

— La Corriente K (@lacorrientek) February 5, 2021

NOS LO MERECEMOS POR BOLUDOS

Perfecto, quedamos así. A no quejarse después cuando salga. https://t.co/U2NI4wN8ti

— La Corriente K (@lacorrientek) March 30, 2020

Si hay una empresa y un empresario que están en boca de todo el mundo en éste momento son, respectivamente, el grupo Techint y su CEO Paolo Rocca, por los 1450 despidos que acaban de producir en una de sus constructoras con motivo de la pandemia y en medio de ella.

A ellos estuvo centralmente dirigida la advertencia sobre los despidos de Alberto Fernández en su mensaje del domingo, y de ellos fue -en nombre de la AEA y el poder económico- la amenaza abierta al gobierno para que levantara la cuarentena, y reanudara la normalidad de la actividad, aun a riesgo de perder más vidas humanas por el coronavirus.

Que Techint o alguna de sus empresas despida gente no es ninguna novedad: en tiempos de Macri (que acompañó a Rocca a Houston a inaugurar una planta industrial allá) despidieron a 270 empleados cuando se pararon las obras del reactor CAREM. La diferencia estuvo (o puede estar) en la respuesta del gobierno en cada caso.

Lo curioso (o no) es que ahora la respuesta al reto/advertencia presidencial no vino del propio Rocca (quien no suele rebajarse a esos extremos), sino de Miguel Angel Toma, el ex director de la SIDE y funcionario menemista, devenido miembro del directorio de Siderar, una de las naves insignia del hólding, pero en representación del Estado; que tiene a través de la ANSES y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) el 26 % de las acciones de la compañía.

Toma fue designado en esa condición por el gobierno de Macri, y aun continúa en funciones porque el gobierno nacional no lo removió de su cargo o no le pidió la renuncia, como tantos ñoquis VIP que el macrismo le dejó plantados, con sueldos astronómicos y presunta protección contra despidos por doble indemnización en tal caso. Para que se entienda: alguien que debió ser despedido con el cambio de gestión, y por negligencia política no lo fue hasta acá, es quien sale a la palestra a enmendarle la plata al presidente, y bancar los trapos del conglomerado de empresas que está despidiendo gente en forma masiva durante la pandemia. Tuit relacionado:

Preguntonta: este muñeco no seguirá siendo miembro del directorio de Tenaris Siderar en representación de ANSES porque no lo rajamos, no? https://t.co/XwK8VqmXQR

— La Corriente K (@lacorrientek) March 30, 2020

Por si todo lo relatado no bastara para tener en claro que hay algunas cosas (como la pandemia) que nos pasan por imperio de las circunstancias, y otras (como ésta) por boludos, recordemos la historia de la participación accionaria del Estado (a través del FGS de ANSES) en varias de las empresas más importantes del país; entre ellas Siderar del Grupo Techint, donde Toma forma parte hoy del directorio.

Esas participaciones eran de las AFJP, cuando en los 90' invertían en obligaciones negociables o ampliaciones de capital de las grandes empresas (como el propio Grupo Clarín), que se financiaban con "la plata de los jubilados", y por eso fueron grandes impulsoras del sistema de capitalización. Cuando en el 2008, en el gobierno de Cristina, liquida el sistema y se pasan los activos al FGS por la Ley 26425, junto con ellos vienen las acciones de varias empresas, entre ellas el 26 % de Siderar.

En el segundo mandato de Cristina, allá por el 2011 y frente a la negativa de las empresas (entre ellas Siderar) de designar directores de la ANSES en proporción a sus tenencias accionarias, la propia presidenta dictó el DNU 441, por el cual modificó el "techo" que creaba la Ley 24241 (la de las jubilaciones privadas) a los derechos políticos del Estado como accionista, según lo cual con independencia del porcentaje del paquete accionario que tuviera, a los efectos políticos dentro de la sociedad (por ejemplo para designar miembros en el directorio) esa participación se consideraba con un máximo del 5 %: ponía la plata (en realidad, los jubilados) pero no tenía acceso a participar del control social.

En ese momento Techint amenazó con ir a la justicia contra el DNU, pero terminó aviniéndose a cumplirlo, y así fue como Axel Kicillof fue designado en el directorio de Siderar, en representación del 26 % de las acciones que detenta el FGS. Cuando se ratificó en el Congreso el DNU 441, los entonces opositores y luego oficialistas en "Cambiemos" votaron en contra, o se abstuvieron; alineándose con los intereses del hólding de Paolo Rocca.

Lo mismo pasó cuando en el 2015 Cristina planteó al Congreso lo que luego sería la Ley 27181, que prohibía vender las participaciones accionarias del Fondo de Garantía de ANSES en empresas privadas (entre ellas en Siderar); "cepo" a las privatizaciones que fue borrado de un plumazo apenas asumió Macri, con el artículo 35 de la Ley 27260, de blanqueo de capitales.

Un Macri que fue más lejos aun (con apoyo de parte de la oposición, al igual que en blanqueo) cuando en el 2018 modificó la Ley 26831 sancionada en 2012 durante el segundo mandato de Cristina, para regular los mercados de capitales: con precisión quirúrgica y a pedido directo de la cúpula de la AEA (básicamente, Clarín y Techint) eliminó de un plumazo el artículo 20, que protegía los derechos de los accionistas minoritarios en las sociedades que cotizan en bolsa, como lo es el Estado en Siderar, en Papel Prensa (con el 28 % de las acciones) o en el propio Grupo Clarín (con el 9 % del capital). En ambos casos (blanqueo y reforma a la ley de los mercados de capitales) el kirchnerismo se opuso a los planes de Macri, a diferencia de otros sectores de la oposición.

¿Será acaso este momento, el de los 1450 despidos de una constructora de Techint en medio de la pandemia, el del abierto desafío no ya de Rocca sino de su empleado Toma al presidente, el de enmendar tantos errores, y dar mínimas muestras de autoridad, además de obligarlos a retrotraer los despidos? ¿Podrán revisarse en éste marco, y atento a la conducta del hólding, los millonarios subsidios estatales que recibe su petrolera Tecpetrol en Vaca Muerta? (Acá Zaiat nos refresca la memoria de la historia de prebendas del hólding)

¿O seguirán prevaleciendo viejas cuitas de los años kirchneristas (o viejas amistades del PJ porteño, por lo de Toma), aunque digamos que "es con todos", porque fue Boudou el que tuvo la idea de liquidar las AFJP, o Kicillof el que planteó la necesidad de hacer valer los derechos del Estado como accionista en esas empresas, o Cristina la que trató de evitar que se volvieran a privatizar esas participaciones sociales? Gran oportunidad para el presidente para demostrar lo contrario, y de paso, dar una respuesta aleccionadora al poder económico que desafía su autoridad, en momentos tan difíciles para el país y la sociedad; que da muestras de confiar en su liderazgo.

¿SIEMPRE SE VUELVE AL MISMO LUGAR? (2º PARTE)

A propósito de las condiciones políticas y económicas en las que peronismo retornó al gobierno en el país tras la experiencia macrista, decíamos acá: "Pero como dicen, nadie se baña dos veces en el mismo río, y volvimos, al mismo lugar del 2003, que ya no está como era entonces. Tampoco está -como hemos dicho otras veces- como estaba cuando cada una de las piezas del rompecabezas armado como "Frente de Todos" se bajó del kirchnerismo (algunos no se subieron nunca, y se suman ahora, y bienvenidos sean), por diferencias con el rumbo que adoptaban Néstor o Cristina.

Ese es un dato de la realidad que haríamos bien en tener cuenta todos, de Alberto Fernández para abajo, hasta el más simple y llano de los militantes; para no meter la pata, sea por exceso de prudencia o espíritu contemporizador, como por apresuramiento y ganas de tensionar, en los dos extremos del análisis.". Ejemplificábamos entonces con el conflicto con el campo por las retenciones, y la pelea con Clarín, que sigue firme como si la que estuviera en la Casa Rosada fuera Cristina, y no Alberto. Pero no son esos los únicos ejemplos.

La deuda por caso, sigue siendo un condicionante estructural que pesa como espada de Damocles sobre el futuro de la Argentina. En esto también el gobierno de Alberto Fernández intenta retomar la política tradicional de las administraciones kirchneristas; desendeudar al país renegociando la deuda con firmeza, en el afán de liberar recursos para sostener el crecimiento, de modo que a su vez genere los recursos (y los dólares) necesarios para pagar la deuda.

Sin embargo, la tarea no es sencilla, pues si bien hoy no hay un default declarado formalmente como en el 2003, con dos años previos de suspensión de los pagos de deuda que prepararon el terreno para una reestructuración agresiva con quita y estiramiento de plazos, en el mercado los tenedores de bonos descuentan que algo de eso habrá, y se preparan para negociar sobre esa base. En ese sentido, el fracaso ostensible del modelo macrista de endeudamiento para la fuga de capitales parece haberlos aleccionado en parte, al menos para no hostigar de plano y de frente la estrategia del nuevo gobierno de "crecer para pagar".

Claro que hay otro actor que juega, y en una posición muy diferente en toda esta cuestión, y es el FMI: en el 2003 bastaron dos años de renegociar la deuda sin pagarla en el proceso que llegó al primer canje, para acumular la disponibilidad de divisas suficientes como para cancelar al contado la deuda con el Fondo con las "reservas de libre disponibilidad" del Banco Central, un instrumento diseñado por Carlos Zannini, entonces Secretario Legal y Técnico de Néstor (también lo sería de Cristina hasta el último día de su mandato), y flamante Procurador del Tesoro designado por Alberto.

Hoy, la gestión de Martín Guzmán desempolvó el concepto (que en el primer mandato de Cristina llevó al conflicto con Redrado, y el conflicto a la "bolilla negra" al ex presidente del BCRA para ocupar cargos en el actual gobierno) para cancelar vencimientos de deuda privada, en un escenario de aguda restricción externa; otro condicionante estructural de nuestro desarrollo. Sin embargo y por esas mismas razones, no sería posible sostener esa estrategia para cancelar la deuda con el FMI contraída por Macri (cuyos vencimientos se acumulan a partir de los dos últimos años del mandato de AF), que más que quintuplica la que entonces canceló Néstor.

Otro tanto pasa con la energía y las tarifas de los servicios públicos: el gobierno apostaba al petróleo, el gas y Vaca Muerta para aportar los dólares que alivien la restricción externa (en tanto se les exija a las petroleras liquidar las divisas en el país, aclaramos nosotros), pero al mismo tiempo debió congelar tarifas y buscará "desdolarizarlas" para ayudar a contener la inflación. Alberto puso a Nielsen (un "pro mercado" que se fue del kirchnerismo cuando Néstor eyectó a Lavagna del gobierno) al frente de YPF, pero debió desautorizarlo cuando aumentó los combustibles de la petrolera estatal, porque conspiraba contra el objetivo macroeconómico de estabilizar la economía, y moderar la puja distributiva.

Claro que para ello hizo valer el peso del 51 % de las acciones que el Estado tiene en YPF, gracias a la decisión estratégica que tomó Cristina en el 2012 (cuando ya AF no estaba en el gobierno, y lo cuestionaba) de recuperar el control de la empresa, por consejo de Axel Kicillof y para contribuir a superar la restricción externa, agravada por el peso de las importaciones de combustibles; que iban en alza por la política del kirchnerismo de desacoplar los precios internos del petróleo de los internacionales, y de sostener la política de subsidios: como ven, nada es sencillo en éstas cuestiones.

Y hablando de Kicillof: hoy el gobierno ha revalorizado la importancia de "Precios Cuidados" (un programa lanzado por él, cuando era ministro, que no tuvo entonces comprensión ni acompañamiento por fuera del kirchnerismo) como herramienta para contribuir a bajar la inflación, mientras el hoy gobernador bonaerense se proyecta como la figura de mayor peso a futuro en el escenario político nacional; razón por la cual lo cascotean de todos lados, como veíamos acá. Pero para eso debe sortear un posible default de la deuda provincial, con ayuda del gobierno nacional, al que no le sobra plata, en especial dólares.

Del mismo modo, el gobierno de Alberto apuesta a recomponer el valor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, estragado por el macrismo. Un fondo que no paró de crecer en los años de kirchneristas, y que tuvo su origen en la decisión política de liquidar el oprobioso sistema de las AFJP, sugerida a Cristina por Amado Boudou (también cuando Alberto ya no era el Jefe de Gabinete), otro preso político del macrismo que aun no ha recuperado su libertad, como debe ser: otra vez, los matices que nunca hay que perder de vista.

El triunfo electoral que desalojó al macrismo del poder (ese hecho por sí mismo ya es un logro extraordinario: nos ahorró cuatro años más de oprobio y pérdida de derechos) fue consecuencia de una serie de decisiones acertadas a la hora de recomponer las alianzas políticas y sociales que sostuvieron al movimiento nacional y popular en el poder durante el período 2003-2015, pero nada asegura que a futuro no vuelvan las tensiones que, durante ese lapso, fueron provocando desgajamientos. 

Podrán ser con los sectores sindicales, si el proceso de recomposición salarial no avanza a la velocidad que esperan y les demandan sus bases, y no faltará el que vuelva a plantear en algún momento la discusión por Ganancias, resignificada por la larga crisis macrista que arrasó empleos y salarios. Otros volverán a plantear la necesidad de flexibilizar las imprescindibles restricciones a la compra de dólares (otra medida que la provocó costos al kirchnerismo, resignificada por la crisis), o adoptar políticas "manoduristas" de seguridad, para no granjearse la antipatía de las clases medias volubles: ése fue el electorado base sobre el que pivotó el intento presidencial de Sergio Massa, sin ir más lejos, hoy contenido en el FDT y con responsabilidades institucionales.

Pero también el rival juega, y mueve sus piezas: el kirchnerismo disfrutó durante 12 años de una oposición rabiosa pero fragmentada en su oferta electoral, que hoy intentará organizarse para capitalizar ese 40 % que acompañó a Macri, en las peores circunstancias posibles, tras el fracaso de su gobierno. El intento de vertebrar ese antiperonismo social está en cabeza de Clarín y los medios hegemónicos, a la espera de que aparezca el liderazgo político que lo expresa, más que de una posible "vuelta" de Macri como "líder natural de la oposición".

Estará entonces en la inteligencia y madurez de los sectores políticos y sociales que confluyeron en el "Frente de Todos" para hacer posible el triunfo de la fórmula FF y el desalojo del macrismo del gobierno, para sacar provecho de la experiencia kirchnerista, reivindicarla sin complejos (aun con los necesarios señalamientos y "autocríticas"), entender que hay allí un piso de realizaciones posibles que retomar y profundizar, y leer con atención la coyuntura, para no repetir (todos y cada uno) los errores del pasado.

NO ESPEREMOS A LA PRÓXIMA NAVIDAD

Amado Boudou: "Estoy preso por todo lo bueno que pude hacer en el Gobierno" https://t.co/dVobsnJVRo

— Radio Mitre (@radiomitre) December 25, 2019

Luis D'Elía espera que le den prisión domiciliaria: "Pronto tendremos novedades"
https://t.co/HYSM901Cd0

— El Destape (@eldestapeweb) December 25, 2019

Se nos fue la Navidad sin cumplir con el sueño de que estén libres todos los compañeros que son presos políticos del régimen macrista, cuya injusta detención perdura. En la lista de tuits de apertura faltan -entre los más conocidos- Julio De Vido (al que hace poco le concedieron la prisión domiciliaria) y Milagro Sala, aun prisionera de Gerardo Morales.

No cambió absolutamente ninguna de las condiciones que nos llevan a considerarlos presos políticos, aunque a Alberto Fernández la expresión le pueda molestar, o prefiera hablar de detenciones arbitrarias, que sin dudas lo son: son presos políticos porque política fue la decisión de perseguirlos, políticas fueron las maniobras para encausarlos, procesarlos y detenerlos; y políticas han sido todas y cada una de las maniobras para condenarlos en algunos casos (los menos), o mantenerlos privados de su libertad en todos.

Violando sistemáticamente en todos los casos las garantías constitucionales que da el Estado de derecho, truchando pruebas y preparando testigos, rechazando sistemáticamente todos los planteos de las defensa, inventando "doctrinas" extrañas para dictar y sostener prisiones preventivas, contradiciendo incluso su propia jurisprudencia: para mayor abundamiento al respecto, nos remitimos a todas y cada una de las palabras dichas por Cristina con la claridad que la caracteriza sobre el "law fare", en la cara de los mismísimos camaristas de Comodoro Py que la juzgan por la causa de la obra pública en Santa Cruz.

Palabras que fueron compartidas en su totalidad por Alberto Fernández, quien señaló al respecto que nunca había escuchado una defensa tan rotunda en una causa penal. Pues bien, lo que Cristina dijo para ella, vale para todos: les aplica a la perfección, lo que ella tuvo que padecer de parte del régimen macrista, también lo sufrieron los compañeros que siguen detenidos, aunque sea en prisión domiciliaria.

El mismo Alberto Fernández que hace un tiempo pasó las fiestas con Milagro Sala en su cárcel jujeña, y que acaba de pasar Navidad con los pobres que acampan en San Cayetano; al que la subsistencia de presos políticos le crea un imperativo que debe resolver. Porque de lo contrario implicaría consentir que las arbitrariedades del régimen macrista subsistan aun después de que este fuera barrido en las urnas, y llegara al poder un gobierno nacional y popular.

Con comprensión de las dificultades que cada caso puede tener en sí mismo, a punto tal que el de Milagro Sala excede a la jurisdicción federal; aun cuando por sí mismo bastaría para disponer la intervención al Poder Judicial jujeño, una extensión del brazo de Gerardo Morales. Pero sin falsos cálculos electoralistas, pensando si una foto con tal o cual "suma o resta".

Sin complejos ni vergüenzas, ni pruritos basados en rencillas de gabinete del pasado, en tiempos kirchneristas, o cosas por el estilo: si hablamos de cerrar la grieta y le tendemos la mano aun al peor de nuestros enemigos que no dudará en morderla (como Clarín), no podemos negársela a compañeros que están padeciendo cárcel por lo que hicieron bien cuando formaron parte del gobierno o lo acompañaron, y no porque hubieran cometido delitos.

Nadie está pidiendo acá la libertad de Jaime o de Julio López, pero sí del tipo sin el cual no andarían dando vueltas por el espacio esos satélites de los que tanto nos enorgullecemos (Julio De Vido), del que hizo posible que nuestros abuelos recuperaran la dignidad y termináramos con la vergüenza de las AFJO (Amado Boudou), del que se jugó por el gobierno de Cristina cuando la asonada agrogarca amenazaba con llevárselo puesto durante el conflicto por las retenciones móviles (Luis D'Elía), y de la que organizó a los pobres y excluidos jujeños para darles casa, trabajo, educación y dignidad, en la huella de Evita, como Milagro Sala.

Eso, como para empezar a recordar de quienes hablamos, al igual que otros compañeros y compañeras que están en la misma situación. Ojalá que no lleguemos a la próxima Navidad reclamando por la libertad de presos políticos en la Argentina. No esperamos menos de un gobierno que votamos, y que acaba de voltear de un plumazo los oprobios de Patricia Bullrich. Tuit relacionado:

Navidad en San Cayetano, Año Nuevo en Ezeiza con los compañeros, Alberto. Ni un preso político más.

— La Corriente K (@lacorrientek) December 25, 2019

QUE NO NOS DE VERGÜENZA DEFENDERLO

El lunes pasado les contábamos acá como el gobierno emitió dos Letras del Tesoro (LETES) para que las suscribiera obligatoriamente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, por 35.000 millones de pesos en un caso y por 275 millones de dólares en el otro. Decíamos que ésta última tenía la sugestiva coincidencia de que le permitía al gobierno hacerse con dólares cuando todo indica que el nuevo desembolso del FMI no llegará, y esta semana debe cancelar el BOPOMO (Bono de Política Monetaria) por 410 millones de dólares.

No es la primera vez que el macrismo apela a "la plata de los jubilados" (tal la denominación generalizada por los medios en tiempos kirchneristas, que hoy no se usa) para tapar agujeros financieros; pero en este caso en particular la maniobra roza lo delictivo, en tanto el Estado le "enchifa" al fondo de respaldo del sistema previsional argentino activos depreciados, porque hace poco el mismo gobierno y a través del DNU 596 "reperfiló" sus vencimientos, provocando que se convirtieran en activos tóxicos.

Es muy curioso como el gobierno "honesto" que "lucha contra la corrupción" y debió lidiar con "la pesada herencia" de los que "se robaron un PBI" (tal las coordenadas del relato oficial) no solo echó mano del FGS, sino que lo hizo disminuir drásticamente su valor medido en divisas, como consecuencia de sus políticas económicas: cuando terminó el mandato de Cristina y tomando en consideración un dólar que cotizaba a $ 9,82 en el mercado oficial, los activos del Fondo representaban unos 67.620 millones de dólares.

Al 31 de marzo pasado (último dato oficial disponible en la página oficial del propio FGS) y con un dólar que por entonces cotizaba a $ 44,37, esos activos habían pasado a costar 41.920 millones de dólares: una merma de 25.700 millones de dólares en su valor, equivalente a poco más de la mitad de las reservas actuales del Banco Central. Imaginen ustedes lo que valen hoy, con un dólar que superó los $ 59: la pérdida de valor de los activos en moneda dura debe haberlos reducido a casi la mitad de lo que valían cuando Cristina terminó su mandato.

Además del desastre en términos de preservación de los activos, todo lo que rodea al FGS está teñido durante el macrismo de la más absoluta oscuridad: el último informe presentado ante la Comisión Bicameral del Congreso que debe controlar el manejo del Fondo data de noviembre del año pasado (hace 10 meses, y antes de la fase final de aceleración de la crisis económica); y la última acta del Consejo Directivo de administración donde constan las razones por las que se invierten los recursos del Fondo es del 10 de abril, o sea, hace más de cinco meses. Finalmente, el último informe sobre la evolución de los activos es del 31 de marzo.

Conocer en detalle por qué se invierten los recursos del Fondo de Garantía como se invierten es crucial no solo porque se trata de recursos públicos que obran como respaldo de las obligaciones del sistema de seguridad social, sino para vertificar si se cumple con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley 26.425 en cuanto a que "...el activo del Fondo se invertirá de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, contribuyendo al desarrollo sustentable de la economía real a efectos de garantizar el círculo virtuoso entre crecimiento económico y el incremento de los recursos de la seguridad social....".

Al ejemplo señalado de las LETES que lo obligaron a suscribir este lunes, hay que sumarle que, por ejemplo, la Auditoría General de la Nación (AGN) acaba de dar a conocer un informe sobre la gestión del FGS para los primeros años del gobierno de Macri en el que señala precisamente la falta de transparencia en el proceso de toma de decisiones de inversión, sumado a situaciones de ostensibles "conflictos de intereses" (vulgo por delitos de negociaciones incompatibles con la función pública) 

Frente a este panorama, no deja de sorprender el silencio al respecto de la mayor parte de la dirigencia y los candidatos de la oposición, que no menciona este tema con el mismo énfasis con el que -por ejemplo- toman nota de la sangría diaria de las reservas del Banco Central; con algunas excepciones como la diputada Luana Volvonich que se viene ocupando del tema.

La defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES de la depredación macrista debería ser un asunto de primer orden; no solo porque se trata del respaldo del pago de las obligaciones del sistema de seguridad social en un contexto en el que caen los empleos, aumenta la informalidad laboral y caen la recaudación impositiva y de los recursos propios del sistema previsional, sino también porque también es una de las pocas fuentes de recursos disponibles para inyectar recursos en la economía real, contribuyendo a reactivarla y generar empleo.

Por solo citar dos ejemplos, recordemos que durante los gobiernos de Cristina, el FGS fondeó el lanzamiento del modelo Agile por GM ern su planta de General Alvear en el sur de esta provincia (contribuyendo a generar 2200 empleos directos y otros tantos indirectos), y el PROCREAR, con el que se construyeron más de 136.000 viviendas particulares en todo el país, estimulando a la construcción y las industrias asociadas a la misma.

Es de esperar que el silencio no tenga que ver con el hecho de que el gestor intelectual de la liquidación del sistema de jubilación privada (que le dio pleno sentido a la creación del FGS que dispusiera Néstor Kirchner en 2007) fuera Amado Boudou, preso político del régimen macrista; y ese sea otro asunto espinoso del cual no conviene hablar en campaña porque "resta". Tuits relacionados: 

Vamos a salir a bancar fuerte que estos chetos ladrones no sigan saqueando el fondo de ANSES, o nos da vergüenza porque lo creó Boudou y no garpa electoralmente defender a los presos políticos?

— La Corriente K (@lacorrientek) September 17, 2019

En un contexto de serias restricciones como tendrá el futuro gobierno por la devastación macrista, lo que quede del FGS de ANSES podría ser una herramienta para inyectar recursos en la economía real. Solo eso justificaría defenderlo con uñas y dientes. No sé, digo, es una idea.

— La Corriente K (@lacorrientek) September 17, 2019

Le sacamos 275 palos verdes al fondo de reserva para los jubilados, para pagarle un bono a Pimco, más macrista no se consigue: https://t.co/rkzOE5vOUu

— La Corriente K (@lacorrientek) September 17, 2019

DE ESTO NO LE VAN A ECHAR LA CULPA A BOUDOU. O A KICILLOF.

La imagen de apertura corresponde a ésta nota de Burgueño en Ambito de hoy, en la que da cuenta del posible inicio de otro juicio contra el país en el tribunal arbitral del CIADI; en este caso por la norteamericana Met Life, un gigante mundial en el negocio de los seguros que armó en el país su AFJP, y fue afectada por la disolución del sistema en el 2008, durante el primer mandato de Cristina. 

Alguno podrá preguntarse -y no sin razón- como es posible que estudien iniciar hoy, 11 años después, un juicio por algo decidido en el 2008, y la primer respuesta podría ser porque en el mundo de los TBI (Tratados Bilaterales de Inversión) y el impresentable tribunal del CIADI todo es posible. Por eso es real (como apunta Burgueño en la nota) que el envión para decidirse se lo dio a Met Life el propio CIADI, con su reciente laudo sobre la estatización de Aerolíneas.

Sin embargo y aun así, este caso es particularmente bochornoso, por varios motivos, el primero de ellos es que no se conoce que cuando se aprobó la Ley 26.425 que disolvió las AFJP, la empresa yanqui haya iniciado algún reclamo ante los tribunales nacionales; y posiblemente no lo haya hecho porque en su momento (2013) la propia Corte Suprema de Justicia de la nación convalidó la constitucionalidad de la ley, y la transferencia de los activos de las administradoras privadas de fondos de jubilación y pensión al Fondo de Garantía de la ANSES: ver más información al respecto acá.

Y lo peor de todo es que este juicio en particular no lo origina la decisión del gobierno de Cristina de terminar con el curro de las AFJP (como van a salir decir rápidamente si el juicio finalmente se inicia), sino la barbaridad cometida por el actual gobierno al decir explícitamente, con la firma de Sturzenegger y Dujovne, y nada menos que ante el FMI, en documentos oficiales, que los activos de las administradoras fueron "incautados".

Como si se los hubieran sacado por la fuerza, con tanques y soldados, y no por una ley del Congreso de la Nación, sancionada por amplias mayorías: ver al respecto más información acá. Eso, sin contar que en realidad los dueños de esos activos eran los aportantes al sistema de jubilación privada; por lo que el fondo del reclamo en sí mismo es más que dudoso. 

Dijimos entonces, justamente en esa entrada: "...parece que estuvieras preconstituyendo prueba para que algunos de los bancos que manejaban las AFJP (entre ellos, los que empleaban a varios miembros del actual gabinete y otros que lo dejaron) demande al Estado argentino en los tribunales internacionales, y si ya lo han hecho (como Met Life), ofrezcan como prueba el propio reconocimiento del demandado.".

Y por esa misma época, el diputado Rodolfo Tailhade denunciaba que Macri puso al frente del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) de la ANSES, para administrar los activos que venían de las AFJP a Juan Martín Monge Varela; ex empleado suyo en SOCMA y -lo más importante- ejecutivo de Met Life entre 2000 y 2016, a cargo de las operaciones de la multinacional en Chile y Argentina.

O sea, el ejemplo número un millón de este gobierno de poner zorros a cuidar las gallinas, con los resultados previsibles. Para las gallinas.  

APRENDAN DE BOUDOU

El llamado "Plan de Inclusión Previsional" fue aprobado por la Ley 25.994, sancionada en 2005 durante el gobierno de Néstor Kirchner. Por entonces Sergio Massa era el Director Ejecutivo de ANSES y como tal, no hizo más que cumplir una ley sancionada por el Congreso nacional, a instancias del Poder Ejecutivo de ese momento. De Diego Bossio no sabemos en que andaba, acaso pidiendo sanguchitos por los despachos oficiales.

La segunda moratoria previsional (en la que la mayoría de las beneficiarias fueron mujeres, exactamente el 87 %) fue aprobada por la Ley 26.970, sancionada en el 2014 durante el segundo mandato de Cristina. Por entonces, Diego Bossio era el Director Ejecutivo de ANSES (designado por la presidenta de la nación), y le caben las mismas generales de la ley señaladas para Massa: hizo lo que tenía que hacer, ejecutar una política pública plasmada en una ley del Congreso nacional, dictada a instancias del Poder Ejecutivo de ese momento.

Para entonces Massa ya no solo no estaba en la ANSES, sino que ni siquiera estaba en el kirchnerismo, con el cual rompió en el 2013 para formar el Frente Renovador; y por lo menos accedió a una banca en el Congreso por votos propios, no como Bossio que ingresó en las listas del FPV (acaso como reconocimiento de CFK a su gestión en ANSES), para luego actuar negando haber sido parte de sus gobiernos, como Pedro a Cristo.  

Puede que ambos hayan sido -en su momento- eficaces gestionando en la función que se les asignó, pero eso no quita lo esencial: en un gobierno presidencialista como el que tiene nuestro país, las decisiones -para bien o para mal- le corresponden al presidente de turno; y si requieren una ley para ser concretadas, de su aprobación por el Congreso.

Este vicio (o miserabilidad política) de atribuirse a título personal decisiones políticas de un gobierno del cual se es parte pero con el que luego se tienen diferencias no es nuevo: le pasó a Lavagna cuando se atribuía el éxito del primer canje de deuda (omitiendo que el que lo presionó para que la oferta fuera más agresiva con los acreedores fue Néstor Kirchner); y más acá en el tiempo le pasó a Florencio Randazzo, cuando se lanzó a competir contra Cristina (y antes, en su intento de ser candidato presidencial) basándose en su buena gestión en el tema ferroviario (que la tuvo), como si no hubiera sido el resultado del respaldo político de Cristina, y de los recursos que le asignó para llevarla a cabo.

Un caso interesante desde este punto de vista es el de Lino Barañao, el único ministro que Cristina y Macri compartieron, y exactamente en el mismo cargo: el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva: con Cristina, su gestión fue celebrada y exitosa, porque logró incrementar los recursos asignados a la ciencia y la investigación, repatriar más de 1000 científicos a través del Plan Raíces, fortalecer el CONICET y los institutos de investigación.

Con Macri es todo lo contrario: es el ministro de la poda y el ajuste presupuestario que le quita recursos al sector, del retroceso en el proceso de formación de nuevos investigadores, del abandono de los planes de expansión y del éxodo (otra vez) de hombres de ciencia que se van del país, buscando mejores horizontes. ¿Cambió entonces Barañao, se volvió bruto o hijo de puta de repente, o cambió el gobierno en el cual cumple sus funciones, y sus prioridades?

El ejemplo opuesto (el del que teniendo méritos de los que vanagloriarse no lo hace, porque no pierde vista la perspectiva política) es Amado Boudou: fue el que les acercó primero a Cristina y luego a Néstor (contra la opinión de Sergio Massa) la idea de terminar con el sistema de las AFJP y transferir sus activos al Estado para salvarlos del temporal que se venía con la crisis de las sub prime en el primer mundo; medida clave para evitar la destrucción del sistema previsional argentino, y que posibilitaría otras de gran impacto como la Asignación Universal por Hijo (AUH), o el Programa Procrear.

También fue el autor de la fórmula de movilidad de los haberes previsionales que el Congreso aprobó a instancias de Cristina en el 2008 con la Ley 26.425, y que el gobierno de Macri modificó en perjuicio de los jubilados, en diciembre del 2017. Sin embargo, jamás se atribuyó ni una ni otra cosa a título personal; sino que reconoció en todo momento el mérito político de Cristina, de haber apoyado esas iniciativas, hasta convertirlas en realidad. 

Y si bien es cierto que cuando se modificó la ley de movilidad Massa y Bossio recordaron que eran opositores y la votaron en contra, preocupados como están con la no continuidad de la política de inclusión previsional y los ingresos de los jubilados, omitieron decir que se clausuró cuando la Ley 27.260 de "reparación histórica" que ellos votaron, decidió no prorrogar la moratoria, y reemplazarla por la "Pensión Universal del Adulto Mayor", que fija haberes menores a la jubilación mínima, a la que se podía acceder por las moratorias.

Misma ley en la que se derogó la Ley 27.181 que Cristina había hecho aprobar por el Congreso en 2015, para evitar que se vendieran los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, sin autorización del Congreso por ley especial, con el voto de la mayoría de los dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara. O sea, cuando tuvieron que decidir por ellos solos (y no ejecutar las órdenes de un presidente del cual eran funcionarios) los dos, Massa y Bossio, le erraron como a las peras. Tuit relacionado:

"Lino Barañao" como respuesta a todo ex funcionario nuestro que (como Sanguchito Bossio) se atribuya a título personal el éxito de alguna política pública del kirchnerismo. Deberían aprender de Boudou

— La Corriente K (@lacorrientek) 10 de enero de 2019

Y NADIE LE PIDE EL TÍTULO

Lo que no vamos a poder explicarles es como a vos te dieron el título de abogado (si es que lo tenés) siendo tamaño burro que desconoce las normas mínimas del Derecho Penal y Procesal Penal: https://t.co/NZT0NNtoyz

— La Corriente K (@lacorrientek) 12 de diciembre de 2018

1) La "ley de extinción de dominio es un mamarracho antijurídico, que viola los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional: más información al respecto, acá y acá. 

2) La condena contra Boudou por el caso Ciccone (otro mamarracho exento de toda prueba) no está firme porque fue apelada, por ende sigue siendo inocente, hasta tanto una sentencia firme, pasada en autoridad de cosa juzgada y no susceptible de recursos posterior, determine lo contrario. 

3) Aunque se hubiera aprobado la "ley de extinción de dominio", y la condena contra Boudou estuviera firme, no puede aplicarse retroactivamente a hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigencia, de acuerdo con el Artículo 18 de la Constitución Nacional ("Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso"), y el principio de la extractividad de la ley penal más benigna (artículo 2 del Código Penal): "Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna."

4) Sabsay será constitucionalista porque -como diría Aníbal- toma el tren en Constitución, pero de derecho penal y procesal penal no entiende un pomo.

Es raro que nadie la pida el título de abogado, ¿no?

ALGO ESTÁ POR PASAR

Después de que -rápidamente- bajó la espuma del G20 y la cruda realidad lo golpeó en la cara a Macri (resultado de la final de la Libertadores incluido), daba la impresión de que, contra lo que indica la tradición, diciembre pintaba tranquilo: el paro de la CGT desactivado con el "bono", otro tanto pasó con las protestas de las organizaciones sociales (lo que alejaba el fantasma de los saqueos), y la renovación de las autoridades en el Congreso transcurrió en paz; tras el mal trago para el oficialismo del Consejo de la Magistratura, y los cuestionamiento de los socios del PRO en "Cambiemos".

Hasta el polémico (por decir poco) protocolo de Patricia Bullrich sobre el uso de armas de fuego por las fuerzas federales de seguridad que tantas críticas ha levantado, parecía haberle dado al gobierno un eje de acumulación política, tanto que difundían encuestas que marcaban que la mano dura cuenta con el apoyo de buena parte de la población.

Y sin embargo, esto es Argentina, y gobierna Macri, y pasaron cosas: la presión sindical se traslado de la CGT (donde nunca estuvo) a cada sindicato, y tras la paritaria de Aceiteros cerrando en un 75 %, el gobierno se vio forzado a volver a plantear "techos" para las negociaciones salariales del año que viene, en torno al 23 %. Que consiga imponerlo es otra cosa, pero donde tenía paz (relativa) volverá a tener conflicto; y la paz con la organizaciones sociales alcanza solo a pasar las fiestas en calma. Más allá, es difícil saber que ocurrirá.

En las sesiones extraordinarias del Congreso lo único seguro por ahora es que el proyecto sobre Papel Prensa marcha sobre ruedas, porque ahí no canta Macri sino otros gallos, con espolones más grandes: tanto la reforma a la ley de financiamiento de las campañas para permitir los aportes empresarios, como el promocionado (y marketinero) proyecto "anti barras" en el fútbol, están en duda; claro que el primero con mucha mayor densidad política que el segundo.

Pero desde el lunes para acá, y mientras Macri trataba de digerir el golpe de Madrid, los tribunales fueron pródigos en novedades: condena a los responsables civiles de violaciones a los derechos humanos en Ford durante la dictadura (causa emblemática si las hay), llamado a indagatoria de Bonadío para el padre y el hermano del presidente en otra derivación de la causa de las fotocopias de los cuadernos, fallo de la Corte Suprema rechazando el planteo de los radicales santacruceños contra la ley de lemas de la provincia, y excarcelación de Amado Boudou. Hasta el Tribunal Fiscal de la nación (que depende del Poder Ejecutivo) resolvió que existe una deuda impaga de los Macri con la AFIP por una empresa (Yacylec) de la que el presidente era accionista hasta varios meses después de asumir.

Por supuesto que sería demasiado conspiranoico establecer una coordinación perfecta entre todos esos jueces y tribunales para decidir al unísono en la forma que lo hicieron, en cada una de las causas, pero sí es cierto que el Poder Judicial (poder político si los hay) es especialista en olfatear climas, y obrar en consecuencia: tiene una mano amiga en las buenas, suelta la mano que porta el ataúd, apenas vislumbra la puerta del cementerio.

Y algo supone pensar que el macrismo está pasando por esa etapa, o al menos así se lo percibe: el fallo Ford apunta a los respaldos civiles de la dictadura (de los cuáles el clan Macri, hoy salpicado por escándalos judiciales, fue importante representante), pero al mismo tiempo se enlaza con otro fallo de la Corte, aquel en el que daba marcha atrás con su oprobiosa sentencia que extendía el beneficio del "2 x 1" a los genocidas: si bien se percibe cierto revival del discurso "pandista", los jueces huelen que no hay plafond social y político para retroceder en las políticas de memoria, verdad y justicia; aunque el Estado (en cabeza de Macri y el Ejecutivo) no las impulse, ni mucho menos.

La causa de las fotocopias de los cuadernos (como toda aquella que pase por las manos de Bonadío) es cuestión aparte: en el país Bonadío todo es posible, siempre que se trate de servir a los intereses superiores que representa, específicamente la embajada de los Estados Unidos: la citación a indagatoria de los Macri por supuestos pagos de coima para retener los peajes es simultáneo al desembarco de empresas yanquis para invertir allí vía los PPP (que esta misma semana pasaron al control pleno de Marcos Peña, o sea del propio Macri); y al recrudecimiento de las tensiones de la guerra comercial entre China y los EEUU tras la presunta "paz" sellada en Buenos Aires en el G20, que con su torpeza característica, Macri intentó aprovechar para sobreactuar los gestos de acercamiento a Beijing, así como al inicio de su gestión sobreactuó el alejamiento hasta que tuvo que pedir la escupidera del financamiento amarillo.

Acaso el mal trago judicial del patriarca familiar (que habrá que ver si declara) y el hermano blanqueador de la suya, sean un llamado de atención por ese acercamiento al principal rival -hoy por hoy- de USA en el tablero internacional. Por lo pronto, supone un intento de Bonadío por salvar la causa del descrédito social, porque el jurídico es ilevantable: si mete a los Macri (aunque no al presidente, como sería lo lógico atento a la real estructura de los negocios familiares) en el baile, nadie podría dudar de su "independencia" y "objetividad", y de la "seriedad" de su investigación, sería su razonamiento. Todo modo, la brasa de una prisión preventiva está aun lejana.

La excarcelación de Amado Boudou es, además de un hecho de estricta justicia, otra señal de que los jueces "perciben algo": ¿acaso el macrismo ha ingresado en la fase en la que despide un olor a nardo y a calas tan fuerte, que se huele desde Comodoro Py? Como sea, aun quedan presos políticos en el país y ayer mismo Casación rechazó una recusación de Cristina contra los jueces de la causa de "la ruta del dinero K"; pero algo es irrefutable: el avance de las causas judiciales contra los opositores ya no depende del impulso del gobierno, y del inmediato alineamiento de los jueces con los deseos de la Casa Rosada. Esos tiempos ya pasaron.

La Corte no solo rechazó de plano el planteo de Costa y la UCR santacruceña contra la ley de lemas, sino que lo hizo con fundamentos, en lugar de apelar al cómodo expediente del artículo 280 del Código Procesal Penal de la nación para sacárselo de encima en tres líneas, o la tradicional doctrina de no inmiscuirse en las cuestiones electorales provinciales. 

Y lo hizo por unanimidad de sus miembros, incluyendo al presidente Rosenkrantz: acaso el hombre sintió que seguir en soledad dentro del tribunal, con el solo respaldo externo de un gobierno con acciones en baja no fuera conveniente, más allá de los reales apoyos con que cuenta, y lo llevaron al sillón. De cualquier modo, la Corte pasó a ser un terreno áspero para el gobierno: para el martes que viene se espera otro fallo en contra de sus deseos, sobre el reajuste de los haberes jubilatorios, que tendrá gran impacto político y económico. 

Y por si hicieran falta más señales de que se percibe debilidad política en el oficialismo en general, y en Macri en particular (la descomposición de la autoridad presidencial es casi toda mérito suyo), Massa se muestra hiperactivo y no es para menos: en cuestión de días debe inventarse e instalarse como opositor a un régimen que pensó perdurable y da cada día más muestras de agotamiento político; y las fuerzas que realmente lo mueven (no muy distintas de las que manejan la pluma de Bonadío) necesitan una alternativa de recambio, que además le empioje el camino a Cristina.

Finalmente, así como cada día se habla con más firmeza de la posibilidad de un default o reestructuración de la deuda (para no generar más pánico en mercados sensibles se coloca el evento en el 2020, fuera del mandato de Macri, pero el rigor estadístico debería traerlo al año que viene, por el cúmulo de vencimiento y la escasez de divisas disponibles para atenderlos) y sigue subiendo en consecuencia el riesgo país (la causa real es ésa, no el posible retorno del populismo), desde el propio oficialismo y su núcleo duro, el PRO, se discute abiertamente sobre un posible desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Que los voceros de Vidal digan que fijarán la elección bonaerense "en la fecha que le convenga al presidente" no es solo una guasada en términos "republicanos": es la más ramplona confesión de que para los candidatos del oficialismo Macri es -a esta altura de los acontecimientos- un collar de melones electoral, que hay que remontar con esfuerzo. 

CARTA DESDE LA CÁRCEL

(Texto enviado desde la cárcel por el compañero Amado Boudou, preso político del régimen macrista, sobre el presupuesto nacional que discute el Congreso. Tomado de la cuenta de Twitter de su abogado Alejandro Rúa)

ESTA ES LA PRUEBA PARA CONDENAR A BOUDOU.

Poco podemos decir del fallo por el cual condenaron a Amado Boudou, porque no se conocen aún sus fundamentos. Deben ser muy fuertes y máxime si aplicaron dos meses menos que el monto mayor de la pena prevista por el Código Penal.

Por empezar, nos parece oportuno destacar un párrafo de la nota de Infobae que dice:"Todos los mandatarios argentinos que padecieron cárcel -caso de Arturo Frondizi o de Isabel Martínez de Perón- fueron víctimas de persecución política en contextos dictatoriales" A contrario sensu, se podría decir que Amado Boudou es el primer condenado y puesto en la cárcel como víctima de persecución política en contextos "democráticos".

El golpe efectista para los medios de comunicación de poner inmediatamente en prisión a Boudou, es decir sin que la sentencia pase por autoridad de cosa juzgada, no es más que otra muestra del tándem mediático-judicial que es funcional a los intereses del gobierno, máxime en tiempos de desprestigio político y moral de Cambiemos. No nos olvidemos que, quien presidió el Tribunal y leyó la condena, Pablo Bertuzzi, se encuentra negociando con el gobierno su ascenso. Por tal motivo Boudou lo recusó sin éxito, claro.

No haremos una defensa a ciegas de Boudou, pero no conocemos una prueba directa y concreta para inculparlo del delito que se le imputa, más que un me dijo que dijeron. Son tiempos de cuaderno fácil y decires oportunos para poder encarcelar y perseguir políticamente a quienes, ejerciendo el poder, tocaron altos intereses económicos de bancos, medios de comunicación y grupos financieros que tenían en los aportes jubilatorios, el mejor negocio pensado en nuestro país.

CONTÁLA COMO QUIERAS

ADVERTENCIA A LOS SEÑORES JUECES

Vemos aquí que “La Sala I de la Cámara Federal porteña rechazó ayer el pedido de excarcelación de Amado Boudou y resolvió también que el juez Ariel Lijo siga a cargo de la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la cual dispuso la detención del ex vicepresidente.”

“La decisión del tribunal no implica, de todos modos, que Boudou vaya a seguir detenido en el penal de Ezeiza: los mismos camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero le solicitaron al magistrado que evalúe una posible morigeración del arresto, lo que podría traducirse en una prisión domiciliaria o el control mediante una pulsera electrónica.” “Para justificar la detención de Boudou, el juez de primera instancia argumentó que mantiene “relaciones residuales que podrían configurar una vía de colaboración para eludir la actividad jurisdiccional y poder económico para la elusión o la obstaculización del proceso”.

“Bruglia y Ballestero no acompañaron la idea de Lijo de que Boudou pudiera entorpecer la investigación en su condición de ex funcionario y que eso obligara a mantenerlo preso, tal el criterio aplicado para mantener detenido al ex ministro de Planificación Julio De Vido.” “Nótese que la generalización indiscriminada de tal lógica supondría ignorar cualquier singularidad, imponiendo el automático encarcelamiento del funcionario -tanto pretérito, como actual- por la mera imputación de un delito, con el caro precio de avasallar fronteras fundamentales del Estado de Derecho”, expresa y advierte Ballestero en su voto. 

Y luego vemos aquí que “En su avanzada contra la Justicia, el gobierno de Mauricio Macri no descartó hoy ir por el juez Jorge Ballestero. Así lo confirmó Pablo Tonelli, diputado de Cambiemos y miembro del Consejo de la Magistratura. La causa: el haber desestimado como camarista la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por encubrimiento a Irán en el atentado a la AMIA.”

Por un lado, el Camarista Ballesteros hace una advertencia en el fallo: si bajo el argumento del posible entorpecimiento de la investigación, se exige al juez encarcelar a los funcionarios, bastaría solo una denuncia para que cualquier funcionario del gobierno anterior o del gobierno actual termine en la cárcel. 

Como ocurre con De Vido y Boudou, presos sin sentencia y sin  que siquiera se les hubiera dictado un auto de procesamiento, es decir avasallando “fronteras fundamentales del Estado de Derecho”. El Camarista hace una advertencia, y el gobierno de Macri le responde al Camarista con un pedido de destitución, como lo confirma por los medios el diputado Pablo Tonelli.

Boudou está detenido por una causa de supuesto enriquecimiento ilícito, una causa que se tramita desde hace años y en la cual siempre estuvo a derecho, es decir se presentó siempre que fue citado. Pero el Juez Lijo tomó la decisión de detenerlo –sin procesamiento, sin sentencia- pocos días después que el Juez fué denunciado por el Gobierno de Macri por supuestos retardos en causas de corrupción contra ex funcionarios kirchneristas. 

Entonces Lijo, obediente al gobierno, le imputó a Boudou ser parte de una supuesta asociación ilícita para lavar dinero. Mandó a detenerlo y que le sacaran la foto en pijamas y descalzo, como le ordenó el gobierno de Macri. Y se paralizaron automáticamente las denuncias del gobierno contra Lijo.

Como el entorpecimiento de la investigación para encarcelar a un ex funcionario es un argumento insostenible, ya que dejó de ser funcionario y por ejemplo no tiene acceso alguno al ministerio u organismo donde se desempeñaba y a las pruebas que allí pudieran existir, los camaristas –para cumplir el deseo del gobierno- cambiaron el argumento para justificar la permanencia de Boudou en la cárcel: sostienen que es objeto de una investigación por hechos de corrupción y que está involucrado también en una “multiplicidad de causas”, que “se encuentran en pleno desarrollo con un considerable número de medidas probatorias” y que del “análisis armónico de los distintos expedientes” se deduce que existen “motivos suficientes para restringir su libertad”.

En esa “multiplicidad de causas” tampoco hay sentencia alguna. Pero había que cumplir la orden de Macri, y para eso que mejor que un fundamento nebuloso como el del incomprobable “análisis armónico de los distintos expedientes”.

De todos modos, los camaristas no cumplieron al pié de la letra las órdenes del gobierno. Si bien mantuvieron la prisión de Boudou y confirmaron a Lijo al frente de la causa, conscientes del avasallamiento de garantías constitucionales, pidieron a Lijo, es decir a Macri, “una posible morigeración del arresto”.

Y como el Camarista Ballesteros fue más allá, advirtiendo en la sentencia que por éste camino de persecución política, bastaría solo una denuncia para que cualquier funcionario -anterior o actual-  termine en la cárcel, la respuesta del gobierno fue inmediata: la amenaza de denuncia ante el Consejo de la Magistratura para su destitución. Como hicieron hace pocos días con Freiler, otro Camarista de la misma Sala

Los Señores Jueces conocen sobradamente que el instituto de la prisión preventiva, es la medida de coerción más gravosa prevista en la normativa procesal y que por lo tanto, su aplicación debe ser de carácter excepcional.

Por ello, los Jueces saben que no habiendo sentencia condenatoria firme, solamente pueden ordenar detenciones si concurren presupuestos que hagan peligrar la eficacia del sistema tanto penal como procesal penal, sea por peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, y saben que tanto en los casos de Boudou como el de De Vido, los argumentos utilizados para encarcelarlos sin sentencia son insostenibles.

La advertencia que hace Balleteros en su fallo, no la hace solo al gobierno de Macri que viola sistemáticamente garantías constitucionales y la división de poderes. La advertencia es también para los demás jueces, porque las consecuencias futuras para los magistrados pueden ser muy graves.