Leemos en El Cronista que sería inminente la firma por Alberto Fernández del decreto que deroga al Decreto 721/16 de Macri que, modificando a su vez uno de Alfonsín, les devolvía a los comandos de las Fuerzas Armadas que éste último les había sacado en los tiempos de la restauración democrática, para producir designaciones en cargos militares de jerarquías intermedias, cambios de destino, bajas y retiros obligatorios, ascensos a suboficiales, licencias y resolución de reclamos contra las sanciones disciplinarias.
El decreto de Macri lo comentamos en su momento en ésta entrada, señalando que "En el caso de los militares el decreto de Macri retrocede peligrosamente en el piso común de nuestra construcción democrática colectiva desde la dictadura, y más allá del signo político de los gobiernos de turno; como ya lo había demostrado al introducir la "ley de derribo" en la emergencia en seguridad, tornando borrosa la frontera entre la defensa nacional y la seguridad interior, y volviendo a comprometer a las fuerzas armadas en ésta última.
Los riesgos de la autonomización de las fuerzas armadas del poder político -de por sí serios en cualquier circunstancia- se agravan cuando se los mira en el contexto de los drásticos cambios que el gobierno está introduciendo en la política exterior y sus alineamientos internacionales; lo que incluye una activa "cooperación" con las agencias de seguridad de los EEUU, desde la DEA al FBI, pasando por el Pentágono y el Comando Sur.".
A casi cuatro años de distancia, huelga decir que la cuestión tiene una acuciante actualidad, tanto que hace poco y a propósito de los acontecimientos de Bolivia, Chile y Ecuador, desarrollábamos en extenso en éste otro posteo la preocupación por el hecho de que los gobiernos democráticos de la región (incluido el nuestro) debían adoptar las diligencias del caso para asegurarse un efectivo control político de sus fuerzas armadas, como elemento de estabilización democrática.
De confirmarse la noticia, sería un primer e importante paso en la dirección correcta del nuevo gobierno para desandar el camino emprendido por el macrismo en la relación entre el poder democrático y las fuerzas armadas, en un momento crucial. No es casual que Alberto Fernández parezca dispuesto a darlo cuando ha confiado en Agustín Rossi la conducción del Ministerio de Defensa, conociendo lo que piensa el "Chivo" en estos asuntos.
Restarán después, si el decreto se firma, otros que vayan desmontando la estructura jurídica armada por el macrismo para convertir a nuestras Fuerzas Armadas en meros apéndices de la estrategia de política exterior de los Estados Unidos para la región (fuente de muchas de sus convulsiones políticas), y comprometerlas en tareas de seguridad interior, rompiendo en éste aspecto el consenso democrático trabajosamente construido desde 1983.
Así por ejemplo habrá que derogar los Decretos 683 y 703 del 2018, que modificaron el Decreto 727/06 de Neśtor Kirchner, que reglamentaba la Ley 23.554 de Defensa Nacional; y los Decretos 1691/06, 1714/09 y 2645/14 firmados por el propio Néstor y por Cristina en sus dos mandatos, fijando la "Directiva de Defensa Nacional", es decir los roles asignados al instrumento militar de la defensa nacional y sus posibles hipótesis de conflicto, y organización funcional.
Con esos decretos Macri modificó la "Directiva de Defensa Nacional", fijando nuevas hipótesis de conflicto para las Fuerzas Armadas, y permitiendo su participación en tareas de seguridad interior. En sus momento ambos decretos de Macri fueron analizados en ésta entrada, y en ésta otra.
Y además el gobierno tendría que derogar la Resolución 1531/19 del Ministerio de Defensa cuando lo conducía (y lo chocaba) Oscar Aguad, por la cual se modificara el organigrama de funcionamiento de las Fuerzas Armadas, vaciando de contenido y funciones al Estado Mayor Conjunto: ver mas información al respecto, acá.
O sea, seguir en relación con las Fuerzas Armadas el mismo camino ya iniciado en relación con las fuerzas de seguridad federales, derogando los "protocolos" de la gestión Bullrich; y con la intervención a la AFI para reorganizar los servicios de inteligencia: reconquistar para el poder civil, representado por el gobierno electo por el pueblo, el gobierno pleno de instrumentos que tienden a autonomizarse y seguir su agenda propia, en desmedro de la calidad democrática y el normal funcionamiento de las instituciones.
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