En menos de una semana el gobierno nacional tuvo dos clarísimos gestos de apoyo a la gestión de Omar Perotti en Santa Fe: primero desembarcó en Rosario Daniel Arroyo para el lanzamiento de la tarjeta alimentaria que tendrá 200.000 beneficiarios en la provincia, y el jueves el propio Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada al gobernador, junto con el ministro de Seguridad Marcelo Saín.
Por un lado se atiende a la grave problemática social que ha dejado el macrismo en cuestiones que se creían superadas (como que todo el mundo coma, más o menos regularmente), y por el otro se expresa la voluntad de articular esfuerzos para resolver un problema, el de la inseguridad, que se ha agravado dramáticamente en la provincia en las últimas semanas, en un contexto de reacción del crimen organizado a la política de depuración de una fuerza policial fuertemente penetrada por sus relaciones promiscuas con el delito, sobre la que el gobierno provincial viene avanzando con pasos decididos desde el comienzo de su gestión.
Esos gestos políticos tienen el valor de tales, pero además demuestran clara comprensión de la gravedad de las circunstancias que se viven, y como impactan de lleno en la paz social de una de las provincias más grandes del país que no es ni pudo ser nunca -como pretendió el socialismo durante 12 años en que la gobernó- una isla ajena a lo que ocurría y ocurre en el resto de él.
Pero también son gestos que contrastan fuertemente con lo que pasa en el tablero político provincial, o que estaba pasando hasta hace pocos días: una oposición atrincherada en la Legislatura obstruyendo desde el inicio la gestión del nuevo gobierno, y con ex funcionarios de la gestión Lifschitz envalentonados haciendo la apologís de su gestión (como si hubieran ganado las elecciones, en lugar de perderlas), y criticando por todos los flancos al nuevo gobierno. Hasta Bonfatti rompió el silencio, tras su derrota.
Desde que esa oposición rechazara a ley de emergencia que envió Perotti a la Legislatura para acá pasaron cosas, y de golpe ahora entraron en silencio: empiezan a ganar terreno voces al interior de la propia estructura del Frente Progresista (como los intendentes de Santa Fe y Rosario) que, por necesidad o por convicción no temen decir en público que la estrategia de guerrillas para hostigar a Perotti no es lo que el momento reclama, porque le guste o no a Lifschitz, la provincia está en emergencia, y con ella los municipios.
Los efectos de la emergencia en el plano social no se pueden discutir y el propio gobernador socialista terminó su mandato rindiéndose a la evidencia y adhiriendo, bien que por decreto y a desgano, a la ley nacional que la declaró. Y que decir de la situación que vive la provincia y sus habitantes, en materia de inseguridad: que nadie en su sano juicio discutiría hoy en Santa Fe y piense lo que piense de Perotti y su gobierno, que algo hay que hacer al respecto, y ya.
Pues bien, sobre esa percepción social de ambos aspectos (la crisis social y la problemática de la seguridad), que golpean de lleno sobre el relato socialista del "modelo Santa Fe", se imprimen los claros gestos de acompañamiento de Alberto Fernández a un gobernador que, con su estilo propio, ha decidido enfrentar los problemas, y no barrerlos debajo de la alfombra. Y eso a su vez impacta más allá del propio peronismo provincial y nacional, provocando los gestos de Javkin o Jatón que antes se señalaron: han advertido por las malas, que el horno no está para bollos, ni para andar haciendo chiquilinadas propias de los que no tienen ninguna responsabilidad de gestión.
Y así como Fernández respalda a Perotti porque sabe que el éxito de su gestión depende en buena medida de que las situaciones provinciales no se desmadren en ningún aspecto, el gobernador ha ido logrando en ese cometido el acompañamiento paulatino de todos los sectores del peronismo provincial, incluso de aquellos que en la transición privilegiaron sus vínculos con el socialismo, como parte del bloque de senadores. Incluso su política de seguridad, atacando frontalmente los nichos de corrupción de la policía provincial, le ha valido apoyos inesperados, como el del diputado Del Frade.
Por contraste, dicen los que saben que el cuestionamiento a la estrategia "carriotista" de Lifschitz crecen incluso al interior del propio bloque de diputados del FPCyS, por lo que un nuevo intento del Ejecutivo provincial por lograr aprobar las emergencias, caería ahora en terreno más fértil. Al fin y al cabo, los que gobiernan municipios y comunas (en su mayoría radicales) dentro del Frente, tienen las mismas necesidades y estrecheces que padece Perotti, y aun peores.
En un año sin elecciones provinciales o nacionales a la vista (salvo las municipales de San Guillermo, en marzo, donde podría estrenarse una suerte de "Unión Democrática" provincial para cerrarle el paso al peronismo a la municipalidad), la dirigencia política con responsabilidades concretas de gestión ha entendido que las energías tienen que estar enfocadas prioritariamente en resolver los problemas más agudos y graves que afectan a la gente.
Y los que, como Lifschitz o buena parte de su ex gabinete refugiado en la Cámara de Diputados, pensaron que por estar exentos de esas responsabilidades podían dedicarse simplemente a sabotear cualquier iniciativa de la nueva gestión, están recalibrando discursos y posiciones. Tanto que se han llamado a silencio, en la misma medida por ejemplo en que se esclarecen los números reales de la herencia que recibió Perotti, y avanzan las investigaciones de los hechos de inseguridad graves producidos en Rosario, y las pistas conducen a vínculos con las cúpulas policiales que ellos promovieron siendo gobierno.
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