ANUNCIOS Y CONFERENCIAS IRRELEVANTES PARA EL CONSUMIDOR

En estos días se encuentra en tratamiento por iniciativa del Gobierno Nacional, el proyecto de ley que propone la reforma de varios aspectos vinculados a los usuarios y consumidores, y entre ellos, la creación de una justicia nacional del consumidor y el establecimiento de un proceso administrativo más breve para los trámites de denuncias que realizan los consumidores, ambos procedimientos gratuitos.

Llamativa y coincidentemente, en la Provincia de Santa Fe se anuncia ahora la presentación de un proyecto de ley para sancionar el Código Provincial de Defensa de los Consumidores y Usuarios, por iniciativa del legislador del Frente Progresista Hugo Marcucci.

Fuera del hecho de que éste mismo legislador provincial presentó ya en el año 2010 un proyecto muy similar (el que perdiera estado legislativo ante el desinterés del oficialismo de ésta provincia), resulta indisimulable el oportunismo del Frente Progresista tratando -después de mucho tiempo de ignorar la temática- de dar alguna respuesta ante la iniciativa del Gobierno Nacional que pone en primer plano los derechos de usuarios y consumidores.

Como lo señaláramos en éste post, en la progresista provincia de Santa Fe, el desinterés del Gobierno provincial por los consumidores y usuarios, se manifiesta en la deliberada ignorancia de las políticas de protección, en la total ausencia de cualquier plan o política relativa al consumo generada desde organismos provinciales e inclusive,  en una actitud del gobierno provincial de boicotear medidas que se establecían a favor de los consumidores; como ocurrió durante el acuerdo de precios instrumentado por el Gobierno Nacional en el año 2013.

En ese año, quien estaba y está a cargo de la Dirección Provincial de Comercio Interior, organismo de aplicación de la Ley 24.240, declaraba insólitamente por lo medios no poseer facultades para aplicar normas nacionales de comercialización, y así intentaba justificar la inacción frente al acuerdo de precios que empezaba a regir en todo el territorio nacional.

En Santa Fe, los funcionarios del Frente Progresista, progresistamente sostenían que no había normas que permitieran a la autoridad provincial intervenir, aunque desde la sanción de los Decretos 762/85 y 850/94 (es decir hace más de veinte años), la Dirección General de Comercio Interior resulta la autoridad de aplicación de normas nacionales de comercialización, entre ellas la Ley 24.240 (Defensa del Consumidor).

Esta actitud inexplicable, tuvo necesariamente que ser variada posteriormente por los funcionarios provinciales, por la sencilla razón que los habitantes de la provincia, como los del resto del país, y más allá de sus preferencias políticas, reclamaban la aparición en las góndolas de los supermercados de los productos integrantes del Plan Precios Cuidados.

De todas formas, pese al forzado cambio en las declaraciones públicas del gobierno provincial en relación al acuerdo de precios, los santafesinos durante los años 2013 y 2014 jamás pudimos ver publicado algún procedimiento de inspección o control por parte de la Dirección General de Comercio Interior, y muchos menos conocer alguna sanción impuesta a los comercios por incumplimientos.

Algunos piensan que ello se debe a que jamás el organismo efectuó relevamiento o control alguno, aunque también es posible que hicieran procedimientos y que aplicando la ley impusieran sanciones, pero que nada de eso fue publicado por razones de modestia.

Todo en un marco de una provincia progresista donde aquel consumidor que llega a una instancia judicial para reclamar su derecho, no tiene el beneficio de gratuidad que consagra la Ley 24.240, porque en la provincia de Santa Fe, una demanda fundada en la Ley del Consumidor debe abonar los sellados provinciales y los gastos como cualquier demanda. 

Y todos sabemos que la enorme mayoría de éstos reclamos ( por ejemplo el cambio de un televisor en garantía o la diferencia de una factura por un servicio de telefonía celular) resultan montos pequeños en relación al costo de iniciación y trámite de un juicio, con lo que en la práctica, ésto se traduce en la imposibilidad de iniciar el reclamo, para beneficio de las empresas incumplidoras. Una progresista denegación de justicia para los usuarios y consumidores santafesinos.

El intento de reacción del progresismo vernáculo con el proyecto de código provincial es tardío. Porque el proyecto nacional que beneficia realmente los derechos de usuarios y consumidores, va camino a ser sancionado, y naturalmente será aplicable en ésta provincia como en todas la demás, a través de la justicia nacional –y gratuita- del consumo.

Por eso, los funcionarios santafesinos podrían haberse ahorrado los anuncios y las conferencias de prensa publicitando un proyecto provincial de código que carecerá de relevancia en el mismo instante en que sea sancionado el proyecto elaborado por el Gobierno Nacional.