LEY PENAL CAMBIARIA Y GOLPE DE MERCADO

 

Por A. C. 

El mercado negro del dólar en Argentina, llamado simpáticamente “dólar blue” por los medios, implica operaciones que oscilan entre 3 y 4 millones de dólares por día.  Es un “mercado” muy pequeño, marginal, si se lo compara con el volumen del dólar financiero (contado con liquidación y dólar bolsa o MEP), que mueve diariamente entre 50 y 60 millones de dólares.  Y también muy pequeño comparado con las operaciones de importación y exportación, las que se realizan unicamente a través del dólar oficial, y que de acuerdo a las liquidaciones de cada jornada, varian entre los 500 a 1.000 millones de dólares diarios. 

Sin embargo, el pequeño mercado del blue resuena diariamente y ocupa títulos y títulos en los medios de comunicación, y es el instrumento predilecto del “mercado” para generar intranquilidad y encabezar la pantalla de las corridas cambiarias.  

Pero la cotización del blue en estos días de incesante incremento, es la consecuencia también de haber desatendido el dólar financiero, el instrumento a través del cual las grandes empresas dolarizan sus ganancias en pesos y fugan del país esa rentabilidad generada aquí, con medios y recursos argentinos. El contado con liquidación y el dólar bolsa, a través de los cuales compran títulos pagando con pesos y los venden en dólares en el exterior, se implementa a través del sector financiero no bancario.  

Este sector financiero no bancario, y como sucede en otras áreas de una economía monopolizada por pocos jugadores, es manejado por cuatro grandes empresas que combinan agencias de cambio y sociedades de bolsa, asociadas en su operación con algunos Bancos.  A través de ellas, los tenedores de grandes montos en pesos dolarizan ese excedente, y como están posicionados en dólares, presionan para elevar el precio del dólar, y devaluación mediante, disminuir sus costos en pesos e incrementar su margen de ganancias, mayores ganancias que vuelven a dolarizar.  

Son los eternos fundamentalistas de la devaluación permanente, que tienen como conducta reincidente encabezar golpes de mercado para forzar una devaluación que incremente las ganancias de los sectores exportadores y financieros, en perjuicio de la enorme mayoría de la población que tiene sus ingresos en pesos.  

Y este sector financiero no bancario golpista, es –o debe ser- controlado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), que es el organismo que tiene a su cargo –entre otras atribuciones- la supervisión y control de los mercados de valores, incluído por lo tanto, los bonos que se utilizan (y quienes son los que los compran) para acceder a dólares financieros-

Nada se hizo durante casi tres años de gestión de quien fuera titular de la CNV, el reciente renunciante Adrián Cosentino, hombre tan identificado con el “mercado” que se confundía con éste. En la cotización actual del dólar financiero y del blue, y en sus consecuencias nefastas sobre la economía, está el reflejo de la gestión de Cosentino, deliberada conducta que fuera siempre respaldada por un ex ministro twittero. 

Para el dólar financiero y el control que debe efectuarse sobre el mismo (control que se realiza estrictamente en cualquier país del primer mundo), la nueva gestión a cargo de la CNV, cuenta con la normativa vigente que otorga las herramientas necesarias, tanto de índole legal como operativas. 

Y para el mercado negro, el Gobierno debería recordar la vigencia de la Ley 19.359 (Ley Penal Cambiaria), y las facultades que la misma otorga al Banco Central de la República Argentina. 

A modo de ejemplo, el artículo 5 de dicha ley otorga al BCRA la atribución de fiscalizar a las personas físicas y jurídicas que operen en cambios y a investigar las infracciones previstas en la ley penal cambiaria. Para ello, el BCRA cuenta con  numerosas facultades, entre ellas requerir informaciones a cualquier persona física o ideal; exigir libros y registros especiales vinculados con operaciones de cambio; citar y hacer comparecer, si fuere necesario con el auxilio de la fuerza pública, a las personas a quienes considere pertinente recibirles declaración, como infractores o testigos; realizar pericias técnicas en toda clase de libros, papeles, correspondencia o documentos de las personas físicas o entidades que intervengan directa o inmediatamente en operaciones de cambio o de terceros que interesen a los fines de la investigación; requerir de los tribunales competentes las órdenes de allanamiento necesarias, las cuales deberán ser expedidas sin demora; requerir el auxilio de la fuerza pública frente a inconvenientes o resistencia para practicar allanamientos, secuestros, registros o inspecciones de oficinas, libros papeles, correspondencia o documentos de las personas investigadas; el BCRA podrá requerir en cualquier momento, de las entidades financieras autorizadas, casas, agencias y corredores de cambios, exportadores, importadores y cualquiera otra persona física o de existencia ideal que intervenga directa o indirectamente en operaciones de cambio, la exhibición de sus libros o documentos y el suministro de todas las informaciones relacionadas con las operaciones que hubiesen realizado o en las que hubiesen intervenido. 

Y además establece la Ley 19.359 que más allá de las atribuciones del BCRA, otros organismos (como AFIP) que intervengan en el trámite o fiscalización de operaciones de cambio, si comprueban o presumen la comisión de infracciones, deben remitir los antecedentes al BCRA para si corresponde iniciar sumario o proseguir la investigación. 

En éste panorama cambiario, es necesario un cambio de dirección del Gobierno Nacional, comprender que el golpe de mercado también es político.  Las actitudes y funcionarios “market friendly” llevaron al país al borde del abismo. No se puede continuar esperando la “normalización” del mercado”, que se estabilice en tal o cual número, porque el cañón devaluatorio ya fue disparado.  Hay que actuar de forma inmediata y con la ley en la mano.