SI LO HACE GIOJA LO MATAN

No hay demasiado discusión respecto a que la política de medio ambiente del kirchnerismo ha sido una de las que recogió más críticas, quizás solo comparable con la de transporte; e incluso con mayor repercusión mediática: pensemos simplemente en la ley de glaciares, o en la polémica por la minería a cielo abierto, o los peces del Riachuelo.

Dentro de las pocas cosas concretas que trascendieron de la reunión entre Cristina y los empresarios en Santa Cruz, se destaca la queja de la UIA porque las empresas que desarrollan actividades potencialmente riesgosas para el medio ambiente, están obligadas a contratar un seguro por los daños ambientales que pueden ocasionar: pueden ver en ésta nota de de Clarín el reclamo que le hizo Méndez a Cristina al respecto.

Una medida que está contemplada en el artículo 22 de la Ley 25.675 (verla acá), llamada "Ley General del Ambiente", o de los presupuestos mínimos en materia ambiental, y que fue reglamentada por Cristina mediante el Decreto 1638/12 (verlo acá), que establece dos tipos de seguros que deben constituir las empresas: uno de caución por daños ambientales de incidencia colectiva, y otro de responsabilidad por daños ambientales de incidencia colectiva.

Tenemos hasta acá que en una materia en la que el gobierno viene cobrando seguido (y a veces con razón) como es la protección del medio ambiente, hace lo correcto (reglamentar una ley del Congreso que establece una obligación de las empresas), incluso en términos institucionales (otro flanco desde el cual le pegan siempre).

Pero los empresarios le plantean que no lo haga, porque obviamente la obligación de contratar los seguros ambientales incide en sus costos, y por ende en sus ganancias.

No hacen falta mayores esfuerzos para imaginarnos lo que pasaría si Cristina tumbara el decreto o lo suspendiera, a pedido de la UIA: los mismos que le piden que escuche los reclamos empresarios le pegarían porque se caga en el medio ambiente, o en una ley del Congreso; para favorecer negocios: el síndrome YPF/Chevron/inversiones extranjeras digamos. 

Eso (que Cristina no hizo, porque rechazó el planteo de Méndez) es ni más ni menos que lo que acaba de hacer acá en Santa Fe Bonfatti, con este decreto del 13 de agosto (o sea, después de las PASO, pero antes de la reunión de la UIA con Cristina en Río Gallegos); a pedido de la FISFE (Federación Industrial de Santa Fe).

¿Qué hace el decreto?

Muy sencillo: suspender por 180 días (seis meses) el plazo que el mismo Bonfatti había fijado apenas 41 días antes por este otro decreto, para que las empresas radicadas en Santa Fe y cuyas actividades pueden ocasionar daños ambientales, constituyeran los seguros obligatorios exigidos por la Ley 25.675, a los fines de poder obtener las habilitaciones y permisos necesarios para sus actividades.

Entre los argumentos del decreto (que en rigor son los de la FISFE, y el gobernador hace suyos) está que no hay suficientes compañías aseguradoras que ofrezcan cobertura en esos tipos de seguro; y que es complejo calcular los costos sobre la base de las probabilidades de riesgo de cada industria, según su tipo.

Por supuesto que no van a escuchar a ningún ambientalista (ni a los dirigentes políticos habitualmente preocupados por éstas cuestiones, como el "Toni" Riestra) quejarse por el decreto de Bonfatti porque casi seguro ni se enteran, ni se calientan en enterarse; dado que acá no tenemos petróleo, ni minería a cielo abierto; apenas glisfosato.

Y el periodismo local hará mutis por el foro como de costumbre, y eso que no les falta preocupación por el medio ambiente: fijáte como le dieron manija a otro decreto de Bonfatti (que nos parece bien, aclaramos), que prohíbe fumigar con agroquímicos en zonas urbanas.  

Descuidáte que no va a faltar alguno que salga a elogiar la apertura del gobernador al diálogo, y su sensibilidad para atender los reclamos empresarios.