O FICHÁS CON LA FAPNELCO, O SOS DESTITUYENTE

El disparador ésta vez fue la nota del "Perro" Verbitsky en Página 12 exponiendo el testimonio de la madre del narco Medina, que afirmaba que su hijo -asesinado en un ajuste de cuentas entre mafiosos- había aportado plata para la campaña electoral del socialismo. 

Algo que declaró en el seno de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y que en Santa fe ya era conocido por la desgrabación de escuchas de la justicia federal (ver acá) que también llegaron a la comisión. Claro que dicho en un medio nacional y con una pluma pesada como la del "Perro", tuvo otra repercusión, y activó las alarmas del aparato político-mediático del socialismo.

Primero salieron en fila los periodistas paraestatales a desacreditar a la comisión y a los diputados que la integran; tanto como a la hermana Marta Pelloni que denunció el robo de los mellizos Montenegro, que derivó en una causa judicial en trámite que podría llegar a involucrar al hermano de Binner.

Nota: la vinculación entre ambos casos -en tono de denuncia de una conspiración destituyente contra el gobierno de Bonfatti- la hicieron los periodistas menesterosos de la pauta oficial y los referentes del FPCyS, más que la propia oposición santafesina. Casi tanto, que poco menos que consideraron a la hermana Pelloni como parte de ésta.

Nosotros acá no abrimos juicio sobre la validez o no de ninguno de los testimonios (el de la madre del narco Medina, el de la monja) ni sobre la verosimilitud de los vínculos políticos del gobierno con el narcotráfico; simplemente reclamamos que las cosas se aclaren debidamente. Sin embargo, la airada reacción progresista, y la sobreactuada indignación de la dirigencia del oficialismo provincial, marca a las claras que algo pasa: no todo es tan normal, en la provincia normal, modelo para el país normal del que tanto habla Binner.

Reacciones airadas decíamos: vemos acá en La Capital y también acá en La nación como los legisladores de los distintos partidos del FPCyS cerraron filas en defensa del gobierno de Bonfatti; al que consideran víctima de una operación desestabilizadora. El propio Bonfatti dijo lo mismo en relación a los diputados del Movimiento Evita, simplemente por cumplir el rol para el que los votaron: controlar y fiscalizar los actos del gobierno. 

Se cuidaron bien -sin embargo- de despegar de las acusaciones al gobierno nacional, por lo menos por ahora: se entiende, no sería de buen tono acusarlo de que te quiere destituir, cuando anuncia inversiones nacionales en Santa Fe (como la llegada del tren a Rosario), o cuando te envía y mantiene gendarmes para apagar los incendios que provocó en la seguridad pública la calatimosa gestión del gobierno provincial.

Que tiene una idea rara de cual es el rol de la oposición en el sistema político, bastante alejada por cierto del papel que los mismos socialistas, radicales y sus aliados cumplen al respecto, en relación con el gobierno de Cristina.

Porque recordemos que esta misma oposición -cuestionada por "destituyente" por Bonfatti y los referentes del FPCyS- fue la que votó la ley de emergencia en seguridad y la creación de la policía judicial; para darle al gobierno herramientas para combatir el delito. Ambas leyes vetadas por Bonfatti, cabe recordar también.

Que desnaturalizó por completo esas leyes con sus vetos, y que utiliza discrecionalmente la emergencia en seguridad no para resolver los problemas de inseguridad de los santafesinos (el fracaso en la materia está a la vista, y es de público y notorio); sino para realizar contrataciones sospechosas, sea por su objeto (como la compra de camiones hidrantes), o por sus condiciones de realización (como el alquiler o la compra de helicópteros). 

Y de las que no rinde cuentas porque tiene paralizado el funcionamiento de la comisión legislativa de contralor de la emergencia en seguridad, merced al pacto con parte de los senadores del PJ, lubricado con los 63 millones de la Fapnelco para subsidios: ¿será ése el modelo de la oposición responsable y no "destituyente" que pretende Bonfatti?   

Los legisladores y referentes del FPCyS que hoy sobreactúan indignación dicen estar en perfectas condiciones de justificar hasta el último centavo de la plata con la que solventaron sus campañas electorales, y que así lo han demostrado en la justicia electoral: ni mas ni menos que lo que corresponde, por lo que no se entienden entonces tanta indignación. A menos que no sea tan así, y de allí el nerviosismo.

Cuestionan también que la comisión legislativa que investiga las circunstancias en las que funcionarios políticos del gobierno provincial abrieron -sin orden judicial- la computadora del narco Medina (porque eso fue lo que pasó, más allá de que hayan movido sus alfiles judiciales para intentar demostrar lo contrario), solo tenga participación de legisladores de la oposición.

Lo que no dicen es que eso es porque ellos se negaron a integrarla, temperamento que repitieron con la comisión que investiga la gestión de Vorobiof en el puerto de Santa Fe: si prefirieron entonces cerrar filas en defensa de la impunidad de los funcionarios, vaciando de su presencia a los órganos de investigación -luego de intentar por todos los medios impedir que se conformaran- no pretendan ahora desplazar las culpas por su decisión, a la oposición.

Conviene recordar también que la misma indignación que hoy muestran por la nota de Verbitsky (al que el vicegobernador Henn tildó de "periodista-ministro", vinculando así al gobierno nacional con la denuncia, a contrapelo de los demás referentes del FPCyS), es la que exhibieron en aquélla famosa conferencia de prensa en Rosario en la que -en pleno escándalo Tognoli- denunciaban un intento del peronismo santafesino y del gobierno nacional, por promover la intervención federal a la provincia; mientras defendían al ex jeje de policía como un perseguido político.

Luego de eso, pidieron la venida de los gendarmes a la provincia para contener el desmadre de la inseguridad y celebraron su llegada, mientras el "preso político" atravesaba en la justicia las etapas de la indagatoria, el procesamiento, su confirmación y la elevación de la causa que lo vincula con el narcotráfico, a juicio oral.

Porque habrá que recordar también que si todo vínculo entre el oficialismo provincial y el narcotráfico puede lucir verosímil, es porque el que está preso con ese motivo es el ex jefe de Drogas Peligrosas de Binner cuatro años, catapultado por sus "méritos" a la jefatura de la policía provincial por Bonfatti; a menos que en ambos casos se los haya plantado el kirchnerismo, o el peronismo santafesino.

Junto con una larguísima lista de altos jefes policiales presos o con causas judiciales abiertas por vínculos con el narcotráfico; muchos de ellos ascendidos por los gobiernos del FPCyS y colocados luego en cargos claves de la estructura de la fuerza.

En su defensa de la pureza republicana del gobierno los dirigentes del FPCyS aducen que el propio Bonfatti sufrió en carne propia en su casa un atentado, por haber encarado una lucha frontal contra el narcotráfico: una afirmación tan contundente, como carente de pruebas concretas y firmes hasta hoy, a un año de la balacera.

Porque habrá que recordar también que desde el gobierno provincial se lanzaron (a minutos del atentado) cientos de hipótesis distintas y probables líneas de investigación (dando por bueno el pescado podrido que vende la cana, por conveniencia política mutua), que hasta ahora no llevaron a ningún lado. ¿Le van a echar también a la oposición la culpa de eso?

Bien harían los "progresista" santafesinos -en lugar de indignarse y denunciar operaciones desestabilizadoras- en poner manos a la obra en la gestión, para resolver los graves problemas de inseguridad que tiene Santa Fe; y para aclarar todas las cuestiones que están oscuras, que son bastantes.