SE ACABÓ LO QUE SE DABA ¿O EL CUENTO DE NUNCA ACABAR?

Finalmente ayer la AFSCA decidió rechazar la propuesta de adecuación voluntaria del Grupo Clartín a la ley de medios, y ordenar el inicio del procedimiento de adecuación de oficio.

Hace un tiempo marcábamos acá las nuevas maniobras dilatorias de Magnetto y cía. para eludir la aplicación de la ley (tratando de retener señales de contenidos de las que en un principio prometió desprenderse), logrando además dejar una "cautelar en suspenso" ante la justicia civil y comercial (incompetente para entender en todo lo vinculado a la aplicación de la LSCA), para abrir el paraguas por si se venía lo que finalmente sucedió: el proceso de adecuación de oficio.

Sobre lo que es importante señalar que no significa la "expropiación" o "confiscación" de las licencias porque no son de los licenciatarios, sino del Estado: así lo dice claramente la propia Ley 26.522. Lo que sucederá (si no median nuevas y esperables trabas de Clarín ante la justicia es que se aplique el procedimiento contemplado en la Resolución 2206/12 de la AFSCA: tasación de las licencias y de los bienes imprescinbles afectados a las mismas por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, llamado a concurso público (empezando por las licencias y activos de menor valor económico), y una vez adjudicadas (a compradores que no pueden a su vez vulnerar los límites de la ley en cuanto a la multiplicidad de licencias), depositar lo que paguen en una cuenta bancaria, a la orden del Grupo Clarín; como compensación. 

Tampoco se trata de "otro ataque a la libertad de expresión" como han salido a decir a coro todos los medios del Grupo (empezando por el mismísimo "gran diario argentino"), porque tal aspecto ya lo dejó perfectamente aclarado el fallo de la Corte que declaró (hace más de un año) la constitucionalidad de la ley: las normas de desmonopolización -además de válidas conforme al artículo 42 CN- no conculcan la libertad de expresión; que no está vinculado al tamaño y sustentabilidad económica o nivel de ganancias de un grupo mediático, tal el disparatado argumento ensayado por los abogados de Clarín en la audiencia pública.

La decisión que tomó la AFSCA contó (como era de esperarse: ver acá) con la abstención de los directores designados en representación de la oposición (Gerardo Milman y Marcelo Stubrin) in pèctoreone eutexcto enlace al post sobre directores de la opo; que aducen que la medida obedece a "una decisión política del gobierno". Claro, la de hacer cumplir una ley del Congreso votada hace más de cinco años, y declarada constitucional por la Corte Suprema hace uno.  

Y a propósito de los dichos de los directores opositores, aclaremos un punto: lo que la AFSCA hizo hace un tiempo cuando el Grupo Clarín presentó su propuesta de adecuación, fue declararla "formalmente admisible"; es decir que el modo de desguazarse que proponía el multimedios (en seis unidades de negocios, supuestamente independientes entre sí) se ajustaba a las pautas de la ley.

Quedando por cuenta del Grupo ponerle "nombre" a las sociedades gestoras de esas 6 unidades de negocios, y detallar la composición de sus accionistas, y los miembros de los órganos de administración y fiscalización; para evitar que se burlaran las restricciones de la ley de un modo indirecto (a través de testaferros, sociedades pantallas, directores o administradores cruzados, etc).

Ni más ni menos que lo que dice el artículos 26 de la LSCA, que transcribimos para mayor ilustración: "ARTICULO 26. — Las personas de existencia visible como titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisual, las personas de existencia visible en cuanto socios de las personas de existencia ideal con fines de lucro, los integrantes de los órganos de administración y fiscalización de las personas de existencia ideal con y sin fines de lucro y las personas de existencia ideal como titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisuales y como socias de personas de existencia ideal accionistas o titulares de servicios de comunicación audiovisuales, no podrán ser adjudicatarias ni participar bajo ningún título de la explotación de licencias de servicios de comunicación audiovisuales cuando dicha participación signifique de modo directo o indirecto el incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 45 de la presente ley (Multiplicidad de licencias). (las negritas son nuestras)

Según lo constatado por las autoridades de la AFSCA (en este enlace pueden descargar el documento) la presentación del Grupo Clarín contiene múltiples vinculaciones entre quienes son propuestos como fiduciarios de algunos de los accionistas (fundamentalmente dos estudios jurídicos); que comparten a su vez participaciones accionarias en otras sociedades constituidas en Panamá, los EEUU, Nueva Zelanda y la Argentina; no denunciadas oportunamente a la autoridad de aplicación de la ley.

Además de eso, el informe de la AFSCA revela que en su propuesta de "adecuación voluntaria", el Grupo condiciona a los futuros compradores de las unidades de negocios de las que se desprendería; para conservar su control.

Así por ejemplo el comprador de alguna de las unidades de negocios no podrá vender ni transferir acciones o activos ligados a las licencias durante plazos que varían -según los casos- entre 6 y 8 años; y durante ese plazo el Grupo Clarín sería el único que podría readquirir las licencias y activos de los que deba desprenderse (lo que deja perfectamente claro que especulan con lograr en un futuro gobierno la derogación de la ley); así como tendría derecho preferencial para recomprarlos, una vez vencido el plazo.

También se pactaron otras condiciones de venta que denotan que Clarín no perdería el control sobre determinadas licencias para la explotación de señales audiovisuales, como por ejemplo que se reservaba la exclusividad del suministro de contenidos (en televisión), o recibiría una comisión mensual de más del 80 % de las ventas brutas en el caso de los cables que vendería, con un "piso" garantizado de varios millones de pesos mensuales por los ingresos provenientes del abono de esos cables.

Condiciones todas que demuestran claramente que el Grupo nunca tuvo en verdad la intención real de cumplir con la ley, aun cuando no le quedara más remedio luego del fallo de la Corte; y que espera llevar las cosas más a la larga en una batalla en tribunales con juicios de "segunda generación"; en este caso cuestionando todos y cada uno de los pasos del proceso de adecuación de oficio; especulando con un futuro gobierno más amigable para sus intereses.