ESTADO RESERVADO

 

Hay que tener claro que el mismo estado inoperante que no puede garantizar el libre acceso de los ciudadanos a un lago nacional es el mismo estado incapaz de aplicar la Ley de Góndolas, dragar el Río Paraná, combatir a los narcos o frenar el contrabando de cereales.

— Ricardo Aronskind (@RicardoAronski1) February 8, 2022

Hace casi 10 años atrás y a propósito de la tragedia de Once, reflexionábamos en ésta entrada sobre el Estado, y sus transformaciones y carencias subsistentes, en los gobiernos del kirchnerismo. Con las adecuaciones de coyuntura, lo central de esas reflexiones -entendemos- mantiene vigencia: el Estado sigue siendo, como siempre, un territorio de disputa política, y el modo en el que se van saldando esas disputas determina cual es el Estado que tenemos, para que sirve y para que no.

En su clásico "Estudios sobre el peronismo", decía José Pablo Feinmann que una de las diferencias centrales entre los diferentes proyectos políticos en pugna en una sociedad, es el tipo de Estado que cada uno de ellos aspira a construir, y ejemplificaba con el Estado del primer peronismo: enumerando las principales medidas de aquel proceso (creación del IAPI, nacionalización de los servicios públicos, control del Banco Central y de los depósitos bancarios) quedaba más que claro el sentido de la afirmación.

Por estos días, la misma es confirmada, pero desde otro lugar: el discurso anti-estatista de los liberotarios, que por supuesto es falso de toda falsedad: el Estado siempre interviene en la regulación de los distintos aspectos de la vida social, por acción u omisión. De hecho, el famoso "laissez faire, laissez passer" del liberalismo económico es una forma de intervención del Estado, a favor de las fuerzas del mercado.

La discusión excede con creces, entonces, el tamaño del Estado o cuáles sean sus funciones, y en todo caso estos aspectos son resultados de esa discusión, traducida en puja política por imponer un determinado modelo de Estado. Otra vez la actualidad: cuando el FMI exige ajustes o recortes en el gasto público, no solo está pidiendo equilibrio en las cuentas fiscales, sino reclamado al mismo tiempo un recorte de las funciones del Estado, de su peso específico frente a los actores económicos, y de sus capacidades de regular y arbitrar su comportamiento.

De esto no debe seguirse que un mejor Estado es, necesariamente, uno más grande o con mayores funciones, sino uno puesto al servicio de un proyecto político democrático, de autonomía nacional e inclusión social; esos objetivos que -palabras más, palabras menos- el peronismo sintetizó en sus tres banderas históricas: el Estado peronista no se expandió de puro gusto, sino para convertirse en una herramienta privilegiada para alcanzar esos objetivos; y por eso su concienzuda demolición -durante la dictadura y con mayor precisión, en el menemato- no podía sino conducir al abandono de ese programa histórico.

Luego está, caro, el gobierno, es decir la conducción política del aparato estatal, que es la que le imprime -de nuevo, por acción u omisión- la dirección al despliegue de ese aparato. Y cuando decimos por omisión, es cuando desde el núcleo de decisión política del Estado (es decir, desde el gobierno) se decide abdicar del ejercicio de potestades legítimas disponibles, o no avanzar más allá de lo establecido con regulaciones e incluso, con la asunción directa por ese Estado, de algunas actividades.

En ese contexto -que es el actual- podemos tener y de hecho tenemos un Estado tal cual lo describe Aronskind en el tuit de apertura, mezcla de impotencia, desidia y retrocesos. Un Estado que no puede hacer cumplir sus propias leyes para que un millonario extranjero no se maneje con una milicia privada a su servicio que secuestra personas, o impida el acceso de todos a bienes públicos, aun mediando resoluciones judiciales que así lo ordenan.

Un Estado que puede lanzar satélites al espacio o construir reactores nucleares, pero que es incapaz de comprar una draga y operarla para mantener navegables sus ríos. O que renuncia a aplicar una ley antimonopólica (como la ley de medios aprobada durante el mandato de Cristina), a revisar procesos de concentración empresarial que establecen distorsiones al funcionamiento equilibrado de los mercados (como la fusión entre Cablevisión y Telecom), o a aplicar herramientas legales disponibles (como la ley de abastecimiento) para poner freno a las maniobras especulativas del capital, en busca de ganancias desproporcionadas. 

De los ejemplos dados surge claro que no se trata de capacidades técnicas o científicas, o de carencias normativas, sino de decisiones políticas: donde hay que hacer inversiones importantes que no tienen garantizada rentabilidad inmediata, el mercado se retrae y le deja el peso de la iniciativa al Estado, y a la inversa, reclama para sí aquellas áreas donde la rentabilidad está asegurada. Y donde el mercado funciona acrecentando las ganancias de los que lo dominan (aun en perjuicio del conjunto social), el Estado no debe meterse.

En ese sentido el capital privado es siempre "anti estatal", salvo en la parte en la que le reclama al Estado beneficios (subsidios, exenciones impositivas, protecciones arancelarias contra la competencia), y el gobierno (es decir, como se dijo, la conducción política del Estado), en tanto tributa a las lógicas del mercado y actúa (o deja de actuar) conforme sus designios se comporta como si fuera "liberotario", aunque no privatice activos públicos ni despida empleados estatales en masa (o resista las presiones para hacerlo), y hasta sostenga un discurso "nacional y popular".