Apenas conocida las noticia de que el
gobierno de Macri había alcanzado un acuerdo para un préstamo stand by con el
FMI, trascendieron las exigencias impuestas por el fondo para destrabar la
ayuda financiera. Entre ellas y en un lugar prevalente, impulsar una
modificación de la carta orgánica del Banco Central.
Los cambios irían
en línea con lo que el FMI aconseja para los bancos centrales en todo el mundo,
y que acá en la Argentina se concretó con la reforma aprobada por Caballo en
1992, bajo las premisas del consenso de Washington: reformar la “autonomía” del
Central respecto a los gobiernos, fortalecer la inamovilidad funcional de sus
directivos y su inmunidad de las posibles consecuencias penales de su accionar,
reducción o prohibición de brindar asistencia financiera a los Tesoros del
Estado al cual pertenecen, y perfilamiento de su rol hacia el mandato exclusivo
y excluyente de atacar la inflación, y defender el valor de la moneda.
Esto implica en los
hechos dar marcha atrás con la reforma introducida en la carta orgánica del
BCRA durante el segundo mandato de Cristina en 2012, y a través de la sanción
de la Ley 26.739; ley que había sido
la lógica consecuencia del affaire con el “okupa” Redrado, que se había
atrincherado en el Central resistiendo su desplazamiento por haberse negado a
ejecutar la orden presidencial de utilizar parte de las reservas
internacionales del banco para pagar los vencimientos de la deuda; y que entre
otras modificaciones, estableció el mandato múltiple para el organismo rector del
sistema financiero; que ya no estaría limitado a la lucha contra la inflación,
sino debería promover el crecimiento económico con generación de empleo y una
mejor distribución del ingreso.
También se
ampliaron sus facultades de regulación del sistema financiero, y de esa
ampliación surgió por ejemplo la línea de financiamiento productivo para la
producción a tasas preferenciales (que los bancos estaban obligados a prestar
por las regulaciones del Central, afectando una parte de sus depósitos a ese
fin) que este gobierno eliminó; o la fijación de bandas para las tasas activas
y pasivas (las que los bancos cobran por los préstamos y pagan por los
depósitos) en base a la tasa de las hoy famosas LEBAC’s, que obraban como
referencia; medida también abandonada por la gestión actual que dejó libradas
todas cuestiones a la mano invisible del mercado, con los resultados conocidos.
Como pasó con la
mayoría de las leyes sancionadas durante el kirchnerismo y en especial en los
mandatos de Cristina, la reforma a la carta orgánica del Banco Central se
sancionó con el apoyo del kirchnerismo y sus aliados, y con los votos en contra
de un amplio y variado arco opositor, de izquierda a derecha, y por muy
variados motivos. En la imagen de apertura pueden ver la nómina de los que votaron
en contra en esa oportunidad.
Precisamente uno de
los argumentos que más se repitieron por entonces para votar en contra del
proyecto fue que este ampliaba las posibilidades de financiamiento del Banco
Central al Tesoro a través de los anticipos que éste otorga y aquel debe
devolver en un plazo determinado; que es uno de los puntos a los que
precisamente le apunta hoy la reforma impulsada por el FMI.
Es decir que muchos
de quienes entonces eran opositores y hoy son gobierno, y otros que se dicen
formalmente opositores e incluso impulsan alternativas “progresistas” como el
socialismo (que fue al acto de lanzamiento de “En Marcha" la semana pasada),
asumían entonces el discurso tradicional del neoliberalismo monetarista; que
prefiere que los Estado se financien en los mercados voluntarios de capital o
con el propio FMI, antes que con deuda intra-sector público; más sencilla de
renegociar o refinanciar, llegado el caso.
Por supuesto que no
faltaron (en éste como en tantos otro temas) quienes se opusieron al proyecto
“por izquierda”, acaso porque -por ejemplo- no se planteaba la nacionalización
de los depósitos y el sistema financiero, o algo por el estilo. Abajo, al
cierre del post, pueden ver también la nómina de las abstenciones y los ausentes
en la votación de 2012.
En tiempos de
retorno del FMI a imponer sus dictados en la política económica de la
Argentina, y de una revalorización por las malas y sin decirlo con todas las
letras, de políticas troncales del demonizado kirchnerismo (como la
estatización de los fondos de las AFJP, la ley de medios, las moratorias
previsionales, las retenciones a las exportaciones, la movilidad jubilatoria,
los controles a los flujos de capitales y -de seguir así las cosas- hasta el
maltratado “cepo” cambiario), siempre es bueno hacer un poco de memoria.
1 comentario:
Bueno macho, a ustedes no les viene bien nada !!!.
Fíjensé la coherencia del entonces diputado Eduardo Amadeo y después opinen.
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