LOS COSTOS DEL AJUSTE

Sabido es que los compromisos que asuma el gobierno de Macri para ajustar el gasto público a partir del acuerdo con el FMI deberán reflejarse en el proyecto de presupuesto para el año que viene, que debería ingresar al Congreso a más tardar el 15 de septiembre.

Y también es sabido que para poder aprobar el presupuesto (como pasó los años anteriores) el gobierno necesita de acuerdos con al menos una parte de la oposición; lo cual se presenta complicado cuando se está hablando por ejemplo de un recorte brutal en la obra pública, o de una merma del 71 % respecto a éste año en las transferencias corrientes para las provincias, por ejemplo para los comedores escolares, la copa de leche, el incentivo docente o los subsidios al transporte de pasajeros.

De allí que no son pocos los que empiezan a analizar la posibilidad de que -tal como le ocurriera a Cristina en el 2010- Macri deba manejarse con el presupuesto de éste año prorrogado, e incluso según se mire, es posible que le resulte más conveniente.

La posibilidad de prorrogar el presupuesto al año próximo si no está aprobado en término (es decir, antes del 31 de diciembre) el correspondiente al ejercicio, está contemplada en el artículo 27 de La Ley 24.156 de Administración Financiera, norma que a su vez dispone como instrumentar la prórroga tanto en lo que tiene que ver con los recursos del Estado, como con sus gastos.

En el caso de los recursos (inciso 1) del artículo) lo que dice es que hay que eliminar los que no pueden ser recaudados de nuevo (como los ingresos por el blanqueo), suprimir los que provienen de operaciones de crédito (deuda) en la medida en que ya fueron usados, incluir los que corresponden a otras tomas de deuda cuando se espera que esos recursos se vayan a percibir en el nuevo ejercicio (por eso el gobierno está tomando deuda ahora nuevamente) y una estimación de los recursos previstos para recaudar el año que viene, en base a las proyecciones macroeconómicas (nivel de actividad, inflación y tipo de cambio, básicamente).

En éste último apartado, el gobierno tiene tantas chances de acertar (o sea, pocas) como las que ha mostrado en sus anteriores presupuestos (recordemos las pifias descomunales del de éste año), pero con un agravante: si sobreestima recursos proyectando un nivel de actividad mayor al real que luego no se da, mayores serán las podas que deberá hacer por el lado de los gastos, para poder cumplir las metas de déficit comprometidas con el FMI; y si por el contrario los subestima desde el vamos, el ajuste brutal por el lado de los gastos deberá plantearlo de entrada, y aprobarlo Macri por decreto (que así se hace la prórroga), en total soledad política y sin poder compartir parte de los costos con la oposición.

Veamos por otro lado que pasa en caso de prórroga del presupuesto, con los gastos: debe eliminar los créditos que no deban repetirse porque fueron cumplidos los fines para los que estaban previstos (por ejemplo una obra ya terminada), incluir los créditos (partidas) indispensables para los servicios de la deuda (vemos entonces que la principal preocupación del FMI estaría salvada) e “Incluirá los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios;” (inciso c)) .

Y aquí aparece el interrogante respecto a la magnitud y viabilidad del ajuste: ¿qué ocurre si la poda que introduce Macri en el decreto de prórroga del presupuesto de éste año (supuesto político por el cual debería apelar a ese mecanismo, al no votarle el Congreso el presupuesto) es tal que no logra garantizar siquiera eso, considerando además las rigideces de buena parte del gasto corriente, que es la gran mayoría, como por ejemplo las jubilaciones, pensiones, asignaciones y salarios?

Planteada la cuestión en otros términos: supongamos que el presidente apela a prorrogar por decreto el presupuesto 2018 para el año que viene porque el Congreso no le aprueba el del 2019, y supongamos que no lo hace porque la oposición no acepta compartir en toda su magnitud el ajuste comprometido con el FMI; la hipótesis más factible de darse.

Macri no podría podar por decreto los gastos en sueldos del personal del Estado en una magnitud tal que por ejemplo no haya incrementos por paritarias para esos agentes el año que viene, porque seguramente eso dispararía huelgas que comprometerían la regularidad de funcionamiento del aparato estatal.

Respecto al gasto previsional, con la reforma previsional que tira a la baja el mecanismo de ajuste de los haberes jubilatorios ya vigente desde fines del año pasado, tampoco podría congelarlos o recortarlos, porque para eso necesitaría un DNU (el decreto de prórroga no lo es) que suspenda la ley de movilidad. ¿Se animará a tanto?

Finalmente si metiera tijera en los subsidios a las tarifas (como ha trascendido que propone a los gobernadores para que apoyen el presupuesto) disminuyendo los subsidios que aun quedan o eliminándolos, eso dispararía mayores aumentos de ellas, que dispararían los índices de inflación, y con ellos los gastos de funcionamiento del propio Estado, aunque puedan mejorarle algunos ingresos, como el IVA por ejemplo.

Claro que éste último puede suceder aun si el gobierno consigue acordar con parte de la oposición para  que el Congreso le aprueba el presupuesto, pero en ese caso compartiría los costos políticos de medidas impopulares. Eso es lo que está discutiendo por estos momentos.