Tal vez oscurecido por la expropiación de YPF, e incluso por la inminente llegada al Congreso del proyecto de unificación y reforma de los Códigos Civil y Comercial, esta noticia que trae Página 12 es muy importante, y marca otro proyecto trascendente encarado por el gobierno nacional: la actualización y reforma integral del Código Penal.
Código Penal atrapado desde hace años en el falso debate entre garantismo y mano dura (bajo nuestro sistema constitucional no se puede no ser garantista, y la mano dura no ha resuelto ningún problema vinculado a la inseguridad, ni a nada en general), y como tal, descuartizado en innumerables reformas que se sucedieron unas a otras sin sentido, con una inflación de penas que demostró que no es tampoco la respuesta mágica a los problemas de inseguridad.
Cantinela repetida cada vez que un crimen horrendo (por sus modalidades, por sus víctimas) sacude a la sociedad, obviando ex profeso un detalle elemental: el principio de extractividad de la ley penal más benigna (contenido en el artículo 2 del Código, y de raigambre constitucional: nadie puede ser penado sino en función de juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, artículo 18 CN); que hace que por ejemplo si -horrorizados por una violación reciente- impusiéramos la pena de muerte para los violadores, no podríamos aplicársela al autor del hecho que nos ha conmocionado, porque fue anterior.
Desde ya aclaramos que en la Argentina no se puede reimplantar la pena de muerte (otro detalle que se les escapa a los adalides de la mano dura) por haber suscripto el Pacto de San José de Costa Rica.
Pero volvamos al Código Penal: ¿cuántas veces hemos escuchado?: "Hay que modificar las leyes y aumentar las penas".
Muchísimas, tantas como hemos modificado las leyes y aumentado las penas, sin ningún resultado.
Y en el camino fue quedando la coherencia interna del Código Penal, que debería reflejar en su propuesta punitiva la mayor o menor importancia de los bienes jurídicos que las normas que contiene tutelan: no puede ser más grave para una sociedad -por ejemplo- un delito contra la propiedad, que la desaparición de personas.
Todos los gobiernos democráticos, desde 1983 a la fecha (incluyendo al actual) han terminado en algún momento cediendo a la presión social y mediática por meter mano en el Código Penal, generando en muchos casos verdaderos engendros jurídicos como fueron las leyes impulsadas por Blumberg, o la polémica ley antiterrorista analizada acá.
Y por si no fuera poco los desaguisados que se cometen con inspiradores vernáculos, tenemos los consejos que vienen de afuera, como las recomendaciones del GAFI y del G 20.
Sin dudas una iniciativa trascendente, y construida con pluralismo (dos conocidos diputados opositores , como Gil Lavedra y Federico Pinedo, han aceptado aportar sus conocimientos al proyecto) por el gobierno nacional, desmintiendo los lugares comunes que los medios instalan sobre el modo de construcción de políticas públicas del kirchnerismo.
Desde ya que despertará polémicas como toda iniciativa de ésta envergadura (como por ejemplo la exclusión de la despenalizacióndel aborto), pero va de suyo que la propuesta no será discutida (cuando se termine de elaborar) a libro cerrado, como tampoco sucederá con los Códigos Civil y de Comercio.
Si esto se concreta, será otro aporte más (y van) del kirchnerismo a la famosa calidad institucional.
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