ESCENAS DE REUTEMANISMO EXPLÍCITO

A propósito de las cuestionadas propuestas para designar en la justicia santafesina a dos abogados defensores de narcos, y uno de ellos de un connotado represor, decíamos nosotros acá que no sería nada extraño que el socialismo apelara a la misma respuesta política que en el caso Tognoli: que a ello nadie les avisó.

En aquél caso, la queja (sobre todo de Binner) era que desde la justicia federal y las fuerzas de seguridad nacionales (la PSA) que investigaban al ex jefe de policía, nadie la avisó al gobierno provincial que lo estaban haciendo: ¿sería para avisarle y que se raje a tiempo?

Cuando se lo confrontó con el hecho incontrastable de que -más allá de la investigación y bastante antes de ella- él mismo lo había designado al frente de Drogas Peligrosas de la policía durante todo su gobierno, y Bonfatti nada menos que como jefe de la fuerza en el suyo, Hermes sostenía la inverosímil teoría de que se habían limitado a cumplir con una especie de orden escalafonario según el cual -sí o sí- esas funciones no podían recaer en otro que Tognoli, porque le correspondía por su carrera.

Un disparate desmenuzado en su momento acá: en ambos casos se trata de designaciones políticas, exclusivo resorte del gobernador de la provincia, en uso de atribuciones constitucionales.  

Pero vemos (no podemos decir que con sorpresa) que sostienen ahora la misma línea argumental en cuanto a los cuestionados abogados propuestos para cargos judiciales: leemos en Rosario 12 que el ministro Lewis -consultado sobre los antecedentes de ambos, vinculados a narcos y un represor de la dictadura- se limitó a decir: "No lo sabíamos.".

Al mejor estilo de Reutemann, con la inundación del 2003.

Pero más sorprendentes aun fueron las declaraciones del gobernador: "Bonfatti dijo que mandó el pliego de Sirio por "obligación". "El Poder Ejecutivo no es parte del Tribunal examinador" para designar funcionarios judiciales. "Si algo hicimos a partir de la gestión de Hermes Binner fue apartar al gobernador de la nominación de jueces, fiscales o defensores. Cuando me llega el orden de mérito, yo tengo la obligación de mandar a la Legislatura el número uno de ese orden. No puedo enviar el dos, el tres o el cinco", dijo por LT3.

Pero "es potestad de los legisladores decir: 'usted no pasa'. Y me parece fantástico. Si yo fuese legislador haría lo mismo, pero no lo soy. Tengo que cumplir con mi rol de gobernador. Hay un concurso, y yo envío el pliego a la Legislatura del que ganó y son los legisladores lo que deciden si lo rechazan. Yo no tengo problemas.". (las negritas son nuestras) 

Los argumentos soslayan dos cuestiones.

La primera es que el Consejo de la Magistratura no tiene en Santa Fe rango constitucional, y el responsable político de proponer a la Legislatura personas para cargos que requieren acuerdo legislativo, es el Gobernador de la provincia; y nadie más (artículo 72 inciso 7.) 

Y la segunda es que Bonfatti miente, o desconoce lo que él mismo ha firmado.

En la entrada anterior decíamos que el Frente Progresista Cívico y Social había modificado siete veces la reglamentación de funcionamiento del Consejo de la Magistratura en sus cinco primeros años de gestión, la última de ellas por el Decreto 3904 de diciembre del 2012; firmado por el propio Bonfatti (ver acá).

Ese decreto es muy claro al respecto en su artículo 25: "Conformación de la Propuesta. Finalizadas las entrevistas previstas en el artículo 22º, el Cuerpo Colegiado Entrevistador elevará la propuesta con todos los postulantes que la hayan superado, ordenados alfabéticamente, sin expresión de orden de méritos." (las negritas son nuestras).

De modo que mal puede el gobernador estar obligado a enviar en un pliego a quien salió primero en un concurso, cuando no hay orden de méritos, y los candidatos quedan ubicados por orden alfabético porque él mismo así lo dijo.

Por el contrario de lo que dice Bonfatti, el sistema es más discrecional incluso que el que rige en el orden nacional, donde de acuerdo al artículo 114 de la Constitución, lo que el Consejo de la Magistratura confecciona en los concursos son ternas de postulantes; que vinculan al presidente, que sólo puede proponer a uno: el que quiera, pero de esa terna.

En cambio en Santa Fe "La propuesta vincula al Poder Ejecutivo en cuanto a su composición", según reza literalmente el mismo artículo 25 del decreto que firmó Bonfatti: o sea que puede elegir al que quiera y proponerlo, con tal de que esté en la lista, ordenada alfabéticamente y sin orden de méritos.

Lo dijo él, no nosotros; si no se acuerda o se lo explicaron mal, es otro problema.