VUELVEN LAS APRETADAS DE LA CORTE

Hay versiones contradictorias sobre cuando fallaría -por fin- la Corte en la causa de la ley de medios: acá en Ambito Financiero dicen que prevaleció el criterio de Fayt (que parece que tiene todo el tiempo del mundo), y sería después de las elecciones; con el resultado a la vista.

Acá Gerardo (haciéndose eco de información de Romina Manguel) dice que sería inminente, y adelanta incluso (siempre según la misma fuente) que habría 4 votos a favor de la constitucionalidad de la ley (Lorenzetti, Zaffaroni, Petracchi y Highton de Nolasco), y 3 en contra (Fayt, Maqueda y Argibay).

Vedere per credere (tanto sobre la oportunidad, como sobre el resultado), pero la verdad, nos sorprendería (gratamente) que la cosa variara respecto de lo señalado en éste post.   

En el cual decíamos lo siguiente: "Suponemos (ojalá nos equivoquemos) que la Corte va a ratificar en líneas generales el caso de la Cámara en lo Clarín y lo Rural, que consistiría básicamente en aplicarle al Grupo los límites de licencias de radio y tv, pero obligarlo a devolver las excedentes cuando se venza la prórroga que en su momento(antes de la LSCA) dispusiera el DNU 527/05; y declarando inconstitucional el tope del 35 % como máximo de abonados al cable en todo el país, con el argumento de que la televisión por cable no utiliza el espectro radioeléctrico, como la radio y la televisión abierta.

De ese modo Clarín se evitaría tener que desguazar Cablevisión (recordemos además que el gobierno dio marcha atrás con la autorización de la fusión con Multicanal y su decisión también fue cuestionada en la justicia por el multimedios), y conservaría su principal negocio y fuente de ingresos.

Bajo la apariencia de un fallo salomónico, en rigor preservaría casi intacta la estructura del multimedios; tras cuatro años de pasear el expediente por los tribunales."

Ese sería el tan mentado "fallo salomónico" del que se habla hace un tiempo; y que probablemente expresaría el equilibrio del que habla acá Lorenzetti en Clarín, un exceso de su parte; pues como juez y en éste caso lo que debe hacer es analizar la causa, y si considera que una de las dos partes tiene razón, decirlo con los fundamentos jurídicos del caso, y listo.

A menos, claro, que como el propio Lorenzetti lo reconoce en la nota, la Corte asuma un rol más político que judicial, en sus propias palabras: "Nadie duda que la Corte tiene un rol político; es un estabilizador institucional”, “El rol de la Corte es estar por encima (de una disputa judicial) y necesitamos actores institucionales que estén por encima.".

Curiosa interpretación del funcionamiento de las instituciones, porque quienes litigan en la causa son el Estado (representado por el Ejecutivo votado por el pueblo, para sostener una ley aprobada por el Congreso también votado por el pueblo) por una parte; y un grupo económico por la otra.

Una desmesura conceptual que se corresponde con la puesta en escena de haberlos colocado hasta visualmente en paridad de condiciones, en la audiencia pública celebrada ante la misma Corte.

Que Lorenzetti hable de asumir a la Corte como "un estabilizador institucional" cuando la presidenta está enferma y la suple el vice (a la cual los medios, por ejemplo del propio Grupo Clarín, una de las partes en la causa) lo sacuden a diario para deslegitimarlo); y mientras puertas adentro del tribunal discuten si fallar antes o después de las elecciones (con las obvias consecuencias en este segundo supuesto, de hacerlo con el resultado puesto), no deja de preocupar. 

Como también preocupan las poco sutiles ¿advertencias, amenazas? que dejaron trascender desde la Corte (de las cuáles da cuenta la nota de Ambito) por otras causas que tiene a fallo el tribunal, más sensibles para los intereses del gobierno que la propia ley de medios: el reclamo de algunas provincias (Santa Fe y San Luis) por cuestiones vinculadas a la coparticipación (con dictamen desfavorable de la Procuración, desde antes de asumir Gils Carbó), las juicios por reajuste de jubilaciones para generalizar "Badaro I y II" y "Eliff" (sobre todo la demanda colectiva presentada por el Defensor del Pueblo) y los amparos para levantar el "cepo" cambiario y poder acceder libremente a la compra de dólares.

Tres asuntos capaces de torpedear por completo las finanzas del Estado, y la gobernabilidad general del país, por lo que la mención de los cortesanos no puede entenderse como casual: se puede interpretar desde que están ofreciéndole al gobierno un plan canje (esas causas por la ley de medios), hasta que avierten que no los jodan, porque pudren todo.

No olvidemos que venimos del años en que ésta misma Corte tumbó la reforma judicial (en bloque, no sólo en el capítulo del Consejo de la Magistratura), y que hace un par de días dijo que no pondrá de su presupuesto los fondos para el Patronato de Liberados, sino que los debe aportar el Ejecutivo. 

Por eso no hay un error en el título del post: aunque los medios hablen por éstas horas de presuntas apretadas del gobierno a la Corte (a propósito del fallo sobre la ley de medios), si se analizan fríamente los hechos, se verá que es exactamente al revés.