APUNTES SOBRE LA MARCHA

* En pleno año electoral, y en el medio de una campaña hasta acá huérfana de discusiones serias y a fondo sobre la agenda del futuro, desde la sociedad civil se instaló un tema que interpela al conjunto del sistema político e institucional, de un modo que ninguno pudo ignorarlo: un enorme signo de la vitalidad de nuestra democracia, que se revela otra vez más viva que nunca desde que la reconquistamos en 1983.

* La habitualmente activa sociedad civil argentina volvió a ganar la calle para hacerse oír, siguiendo una de nuestras más arraigadas y rescatables tradiciones políticas (sí: políticas); con una masividad y extensión a lo largo y a lo ancho del país que excede con creces la falsa dicotomía entre la espontaneidad y la organización de un reclamo social.

* Seguramente abundaron hipocresías y oportunismos varios, así como intentos de aprovechamiento o capitalización de la movida para llevar agua para el molino propio, o traficar planteos disfrazados: nada que no se pueda procesar en democracia, y nada tan importante que desmerezca la magnitud del hecho.

* Los colectivos que vienen luchando desde hace mucho tiempo por los derechos y la dignidad de las mujeres se vieron fortalecidos por un baño de multitudes al que se sumó mucha gente suelta, y ambos se necesitan recíprocamente: la espontaneidad aporta la masividad necesaria para visibilizar el reclamo, la organización es imprescindible para sostenerlo en el tiempo, y concretarlo en cambios reales y tangibles.

* El Estado vuelve a ser visibilizado por la sociedad civil como "el lugar del reclamo"; lo cual es altamente saludable en términos de construcción democrática: desde el "que se vayan todos" a la exigencia de que todos se queden, cumplan con su rol y den respuestas, hay un innegable salto cultural, y una maduración como sociedad. Tan grande como el que va de la catarsis difusa de los cacerolazos, a la contundencia de un reclamo bien concreto como el de ayer.

* También es sumamente positivo que se reclame al Estado que invierta recursos para efectivizar políticas públicas que consagran y reconocen derechos, lo cual implica entender que para que estos no queden en letra muerta, es necesario un Estado activo y presente, y que hay cosas que no pueden dejarse libradas "a la mano invisible del mercado".

* Claro que la contracara del reclamo es resistir la tentación de ceder a los cantos de sirena -moneda corriente en tiempos electorales- que proponen como solución mágica a todos los problemas reducir o eliminar impuestos: un Estado presente y activo demanda recursos, para poder cumplir con eficacia los roles que se le exigen, sin perjuicio del imprescindible y legítimo debate sobre la prioridad en la asignación de esos recursos; o los sectores sociales y actividades económicas que los aportan.

* Sin embargo, el reclamo legítimo al Estado no debería terminar convalidando la astucia del mercado, que con su habitual rapidez de reflejos intenta sacar provecho de la movida para darse un baño de corrección política, explotando incluso con  morbo la visibilización de la cara más oscura de las diferentes formas de violencia contra las mujeres; mientras intenta por contraste invisibilizar todas las formas intermedias, con las que hace negocios: desde la cosificación de la mujer hasta la discriminación salarial o laboral, pasando por los avisos clasificados del rubro 59 o la explotación de mujeres en los talleres clandestinos o las redes de trata, abundan los ejemplos al respecto.

* En una sociedad acostumbrada a movilizarse pidiendo que se dicten leyes que atiendan a una determinada problemática, o que se modifiquen las que existen, no deja de ser positivo que en éste caso el reclamo se enderece a que se cumplan, en plenitud y dentro del espíritu con el cual fueron concebidas: un signo de que -al menos en ese aspecto- la respuesta institucional del sistema político tuvo buena dosis de previsión.

* De tal modo el reclamo da cuenta de que el problema no está en las normas, sino en otras cuestiones: por el contrario, el conjunto de las leyes dictadas en los últimos años para proteger los derechos de las mujeres pueden parangonarse con los más altos estándares que rigen en la materia, incluso en términos comparativos internacionales. Y acorde a lo que ha sido la constante de éste ciclo histórico, se trata de leyes que amplían, reconocen y perfeccionan derechos; no los cercenan, postergan ni restringen . 

* La mayor parte de esas leyes (en especial la Ley 26.485 que consagra las políticas públicas para prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer) fueron sancionadas por el Congreso en un marco de amplios consensos entre oficialismo y oposición; lo cual desmiente los tan remanidos latiguillos de "la grieta" o la "escribanía del gobierno", ensancha su legitimidad y redobla el compromiso del conjunto del sistema político, para aplicarlas en plenitud.

* Sin embargo, el caso deja claro que las leyes no resuelven mágicamente los problemas por su sola vigencia, y en el caso particular de los femicidios (figura agravada del homicidio introducida en 2012 con la Ley 26.791), no han bastado por sí mismas para disminuir los casos: una lección para el punitivismo penal, que desde Blümberg para acá (y mucho antes también) insiste en asignarle virtudes mágicas al aumento de las escalas penales, para terminar con cualquier forma del delito. 

* Dentro de la morosidad estatal interpelada por el reclamo (antes en aggiornar el sistema legal, ahora en ponerlo plenamente en acto) sobresale la de la justicia; una vez más sindicado por la sociedad como el poder institucional del Estado mas retrógado en términos culturales, y menos democrático y permeable a las demandas sociales: una lección a tener en cuenta cuando esa misma justicia reclama  -y a veces obtiene- solidaridad social para defender sus privilegios corporativos.