COSAS QUE EXPLICAMOS MAL: EL FEDERALISMO Y LA COPARTICIPACIÓN

Con la discusión de la coparticipación federal en primera plana de los diarios, recordamos cuantas veces se calificó al kirchnerismo (entendido como un solo período político, comprensivo de los mandatos de Néstor y Cristina) como "el gobierno más unitario de la historia", que aplicaba "el látigo y la chequera" en la relación entre la nación y las provincias; a través del "reparto discrecional de fondos a las provincias amigas y la discriminación a las gobernadas por la oposición".

Como si tales cuestiones no sólo fueran ciertas, sino que además no registraran antecedentes en la historia argentina. Y la verdad es que desde los gobiernos de Néstor y Cristina no se hizo mucho -en materia comunicacional- para disipar la idea, que ciertamente le trajo costos políticos al proyecto iniciado en el 2003, en especial en la zona centro del país.

Poco se hizo para dejar en claro que los números marcan otra cosa: tal como lo señalaba acá hace un tiempo Diego Rubinzal, las transferencias de dinero del Estado nacional a las provincias medidas en términos de porcentaje del PBI crecieron desde el 2003 en adelante; tanto si se consideran estrictamente las correspondientes a la coparticipación federal de impuestos, como al conjunto de las transferencias, involucrando las no automáticas o no obligatorias, por ejemplo el denominado Fondo Soja (formado con el 30 % del producido de las retenciones a las exportaciones del poroto), o las "Transferencias de Capital" para obra pública financiada por la nación, y ejecutada por las provincias.

No muchos saben que del conjunto de las transferencias de la nación que reciben las provincias, más del 90 % son automáticas y en base a índices preexistentes al kirchnerismo, lo que supone una nula intervención política "discrecional" en la asignación de esos fondos. El desconocimiento generalizado que hay al respecto permite que se digan sanatas sin ninguna base legal o estadística, como por ejemplo en ésta nota. 

Del mismo modo no son muchos los que saben que hasta el fondo sojero creado por Cristina en el 2009, el Estado nacional nunca había coparticipado a las provincias los derechos de exportación, que son parte del Tesoro nacional de acuerdo con la Constitución.

Ese fondo se distribuye entre cada una de las provincias y la ciudad de Buenos Aires en formas diaria y automática vía el Banco de la Nación (como la coparticipación federal), en base a los índices establecidos desde 1988 (gobierno de Alfonsín) por la Ley 23.548 de coparticipación federal; índices que -por otro lado- ni Néstor ni Cristina modificaron en sus respectivos gobiernos (Por cierto: el decreto de Macri aumentándole a casi el triple la coparticipación federal a la CABA la beneficia también en el reparto del fondo sojero, en detrimento del resto de las provincias).

E índices con los cuáles la provincia de Buenos Aires -la más grande y poblada del país- cedió más de 10 puntos porcentuales de coparticipación, que nunca recuperó. En efecto, desde el 2003 en adelante hasta el fin del mandato de Cristina no se modificó ninguna norma de la coparticipación federal de impuestos, al menos en lo que refiere a la parte que le toca a cada una de las provincias, y la nación avanzó exclusivamente en quedarse con el 85 % del impuesto al cheque, cuando antes se quedaba con el 70 %.

Hasta el ahora famoso (por los fallos de la Corte) 15 % de la masa coparticipable que se destinaba a la ANSES venía de 1992, y lo único que hizo el kirchnerismo fue prorrogarlo en 2005, a su vencimiento. Tampoco muchos saben que se descontaba del total de la coparticipación (la parte de la Nación, y la del conjunto de las provincias), y a todas las provincias, no sólo a las que hicieron juicio.   

Tampoco hicimos muchos para dejar en claro porque desde 1996 está vencido el mandato constitucional de sancionar una nueva ley de coparticipación sin que se lo haya cumplido: porque más allá de la myor o menor voluntad del gobierno de turno, la propia Constitución pone exigencias de casi imposible cumplimiento para lograrlo: mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara del Congreso y aprobación por todas las legislaturas provinciales y la de la CABA.

Un reaseguro para que el régimen no se modifique, porque tal como está beneficia a las provincias más chicas, o más pobres, o menos pobladas; o mas de una de esas cosas juntas: o sea, las del NEA, NOA y Patagonia.

Exactamente aquéllas donde desde el 2003 el kirchnerismo profundizó la inversión pública del Estado nacional (en rutas, escuelas, agua potable, líneas eléctricas), porque habían estado secularmente postergadas en los estrechos límites del modelo agro-exportador. Y por esa razón además esas provincias crecieron desde entonces por encima de la media nacional.

En definitivas y tal como pasa con el sistema previsional, la discusión de fondo en todo esto es si la coparticipación de impuestos tiene un efecto meramente devolutivo (cada uno debe recibir en la medida de lo que pone) o redistributivo, tendiendo a lo que la Constitución llama una distribución de los fondos (entre la nación, las provincias y cada una de ellas) "...en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional." (artículo 75 inciso 2)

Una discusión compleja que no siempre acertamos a dar, y dejar debidamente en claro; pero que a lo mejor ahora con los decretazos de Macri (el que reinstauró el descuento del 15 %, y el que casi le triplicó la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires) podemos retomar.