"La realidad indica que estas autoridades de Arsat no tienen peso político suficiente para darle continuidad a los proyectos que la empresa venía implementando. La aprobación de los planes, incluso aquellos que se financian con los propios recursos que la empresa genera, se toman en otras dependencias del gobierno, fuera del Ministerio de Aguad. En este marco, del presupuesto de Arsat, aprobado por Ley, de 250 millones de dólares, solo se le permitió a la empresa ejecutar 50. Una situación análoga a la que atravesó la ex titular de Aerolíneas Argentinas y que desembocó en su renuncia.
Este panorama llevó a frenar el despliegue restante de la TDA y la construcción de Arsat-3, derivando peligrosamente ingresos operativos de la empresa a la finalización de la red de fibra, el único proyecto al que se le intenta dar continuidad. La Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital fue completamente ignorada y ocultada. Su incumplimiento tuvo graves consecuencias para el insipiente entramado de empresas de base tecnológica que se fortalecieron gracias a los dos satélites de la flota de Arsat y provocó el vaciamiento de las capacidades de INVAP en esta materia que enfocó sus esfuerzos en los satélites de la CONAE.
A finales de 2015 Arsat se encontraba en un momento de expansión y crecimiento comercial. Se había reforzado el área de ventas fuertemente para hacer entrar en valor las fuertes inversiones realizadas en los años anteriores. Con el lanzamiento de Arsat-2, además de ampliar la capacidad disponible sobre territorio argentino, la empresa también tenía la posibilidad de ofrecer sus servicios por fuera del país y sus vecinos limítrofes. También, al disponer de capacidad en Banda C con cobertura panamericana, se abría la oportunidad de incorporar clientes para la distribución de video generado en Argentina a la región.
Hasta el momento Arsat solamente pudo vender, en lo que va la gestión de la Alianza Cambiemos, 18MHz a la productora Torneos y Competencias del grupo Clarín, se perdieron clientes históricos como Velconet, que ofrece servicios de comunicaciones satelitales y se amplía la lista de empresas que buscan cambiar de operador satelital. Al reducirse las inversiones, también se frenó el sembrado de antenas en Banda C necesario para ofrecer el servicio de distribución de video.
Para disimular esta grave situación, las autoridades de la empresa optaron por una fuerte campaña en los medios de comunicación buscando atribuir la suspensión de Arsat-3 a la falta o escasa comercialización de Arsat-2. Los argumentos rozaron el ridículo cuando afirmaron que el lanzamiento de un satélite, a una POG que no se encontraba previamente explotada, se realizaba con el 70% de su capacidad vendida con anticipación cuando este porcentaje es el de ocupación de flotas de operadores como Intelsat o Eutelsat. También se insistió en que el satélite Arsat-2 estaba “vacío”, dando a entender que no se habían tomado medidas para su comercialización y se atribuyeron los clientes que se estaban migrando a este satélite.
La última pirueta comunicacional consiste en afirmar que la empresa perdió en 2015 350 millones de pesos (que luego pasaron inexplicablemente a ser 250 millones), contabilizando como incobrables los servicios que Arsat le prestaba al Ministerio de Planificación Federal, anterior accionista de la empresa, para la conexión de Escuelas Rurales mediante antenas VSAT, y a Radio y Televisión Argentina S.E. (desde 2016 Sistema de Medios Públicos) por el servicio de Infraestructura Multiplexado y Transmisión para la emisión de las señales de TDA en todo el país. Además de no ser válido contabilizar como pérdida lo facturado al propio Estado Nacional accionista de la empresa, estos servicios se continúan ofreciendo. El primero incorporando al Servicio de Fondo Universal como cliente y el segundo al mismo organismo pero con nombre nuevo, lo que hace aún más cuestionable que se intente mandar a pérdida esos servicios.
No hay muchas dudas de que la autorización de sistemas satelitales extranjeros que operan en Banda Ku no está justificada al disponer Arsat de capacidad en su satélite Arsat-2 sobre territorio Argentino. Sin embargo, el Ministerio de Comunicaciones autorizó siete satélites durante 2016, dos de Intelsat, uno de SES, tres de Eutelsat Américas y un spot de Banda Ka del SpaceWay-2 de Directv con autorización precaria para una prueba piloto.
Estas autorizaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial, sin ningún tipo de comunicado de prensa ni explicación. Incluso en el caso del Eutelsat 113 West-B, el satélite fue autorizado como SATMEX-6, nombre que perdió vigencia al ser la empresa Mexicana SATMEX adquirida por Eutelsat (Francia) a principios de 2014.
Todas estas autorizaciones, que no cumplen con lo establecido en la normativa vigente, perjudican notablemente las posibilidades futuras de Arsat. No es problemático que Intelsat o Eutelsat brinden servicios en el país, la cuestión pasa por la falta de estrategia clara para el operador nacional y para la industria de fabricación de satélites. En el sector hay un consenso claro respecto a la arbitrariedad de las autorizaciones, pasando por encima de la resolución 3.609/1999 y no aplicando a todos los operadores de forma igualitaria.
El corte en las inversiones, sumado a la poca vocación del actual gobierno a que el Estado gestione empresas en cualquier rama de la economía, dejó en estado de parálisis casi total a Arsat, principalmente en su rama satelital. La única opción para avanzar con Arsat-3, marcada por quienes ocupan la Jefatura de Gabinete de Ministros, parece ser el camino trazado por la reciente y cuestionada Ley de Inversiones Público Privadas. Esta última opción, luego de reiteradas presentaciones, tampoco es algo firme con alguna intencionalidad clara respecto a la industria satelital.
Hay que tener en cuenta que esta última alternativa para continuar la construcción de satélites claramente entra en contradicción con la autorización compulsiva y discrecional de satélites extranjeros, ya que hace poco atractivo a cualquier inversor apostar por el operador satelital nacional en ese contexto. Además, la participación de un capital privado en Arsat se realizaría en un marco de incumplimiento de la Ley 27.208, un contexto riesgoso y poco atractivo para invertir.
Las capacidades desarrolladas con tanto esfuerzo en el sector espacial se van de a poco desvaneciendo. Ya en INVAP no hay ingeniería dedicada a los satélites geoestacionarios. La tan temida discontinuidad ya generó el éxodo de jóvenes profesionales al exterior, tanto en INVAP como en Arsat, donde el clima de incertidumbre es cada vez más denso."
(Completo, acá)
Estas autorizaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial, sin ningún tipo de comunicado de prensa ni explicación. Incluso en el caso del Eutelsat 113 West-B, el satélite fue autorizado como SATMEX-6, nombre que perdió vigencia al ser la empresa Mexicana SATMEX adquirida por Eutelsat (Francia) a principios de 2014.
Todas estas autorizaciones, que no cumplen con lo establecido en la normativa vigente, perjudican notablemente las posibilidades futuras de Arsat. No es problemático que Intelsat o Eutelsat brinden servicios en el país, la cuestión pasa por la falta de estrategia clara para el operador nacional y para la industria de fabricación de satélites. En el sector hay un consenso claro respecto a la arbitrariedad de las autorizaciones, pasando por encima de la resolución 3.609/1999 y no aplicando a todos los operadores de forma igualitaria.
El corte en las inversiones, sumado a la poca vocación del actual gobierno a que el Estado gestione empresas en cualquier rama de la economía, dejó en estado de parálisis casi total a Arsat, principalmente en su rama satelital. La única opción para avanzar con Arsat-3, marcada por quienes ocupan la Jefatura de Gabinete de Ministros, parece ser el camino trazado por la reciente y cuestionada Ley de Inversiones Público Privadas. Esta última opción, luego de reiteradas presentaciones, tampoco es algo firme con alguna intencionalidad clara respecto a la industria satelital.
Hay que tener en cuenta que esta última alternativa para continuar la construcción de satélites claramente entra en contradicción con la autorización compulsiva y discrecional de satélites extranjeros, ya que hace poco atractivo a cualquier inversor apostar por el operador satelital nacional en ese contexto. Además, la participación de un capital privado en Arsat se realizaría en un marco de incumplimiento de la Ley 27.208, un contexto riesgoso y poco atractivo para invertir.
Las capacidades desarrolladas con tanto esfuerzo en el sector espacial se van de a poco desvaneciendo. Ya en INVAP no hay ingeniería dedicada a los satélites geoestacionarios. La tan temida discontinuidad ya generó el éxodo de jóvenes profesionales al exterior, tanto en INVAP como en Arsat, donde el clima de incertidumbre es cada vez más denso."
(Completo, acá)
1 comentario:
un pais impuesto por otros.
Cambiamos fuuturooo poor pasaddooo.
Neoliberalismo para renunciar a toda esperanza de un pais propio, donde decidimos lo que queremos.
Ahora es lo que al sacro mercado le conviene.
Pero logicamente los argentinos somos inferiores como para formar parte que decide, ahora lo mejor es que decidan los del poder financiero por nosotros.
Alguien se ha puesto a reflexionar que diria Mariano Moreno del asunto, que diria Artigas del asunto, que diria Belgrano.
Tan en contra de lo que dirian los padres de suramerica debemos estar, no habra algun error en este cambio no habra algun engaño??????
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