Hace casi 20 días que Marcelo Saín ya no es más ministro de Seguridad de la provincia. Perotti le aceptó la renuncia, y ya fue reemplazado en sus funciones por Jorge Lagna. Estos son hechos de dominio público, obvios, conocidos por todos.
Y sin embargo en la Cámara de Diputados de la provincia sigue adelante -impulsado por el socialismo- un absurdo pedido de juicio político contra alguien que ya no es ministro, y por ende no puede ser pasible de juicio político, conforme a lo explicado acá. En ese tren de disparates, la Comisión de Juicio Político aprobó -con la mayoría socialista- un pedido de informes al Poder Ejecutivo, para que Perotti les explique por qué le aceptó la renuncia a Saín.
Como si eso no fuera poco absurdo y papelón, salieron de "excursión de pesca": le preguntaron al Ministerio Público de la Acusación (MPA) si Saín tiene alguna causa judicial en trámite por algún posible delito cometido mientras fue ministro para poder endilgársela en el juicio político; y le "sugirieron" al Fiscal General Baclini que no lo dejara tomar posesión de su cargo como Director del Órgano de Investigaciones, que ganó por concurso en el 2018, durante el gobierno de Lifschitz, hasta que ellos no resolvieran el juicio político.
Baclini le dio posesión de su cargo, como no podía ser de otro modo: el tipo tenía licencia por ser ministro, cuando dejó de serlo, pedía reintegrarse a sus funciones. Entonces ahí los perseguidores de Saín -porque ya cabe hablar de persecución- fueron por otra vía: activaron al Fiscal Regional Arietti (implicado a su vez en la causa del juego clandestino en Rafaela, al menos por omisión funcional) para que formule una denuncia penal contra Saín por presuntos delitos cometidos...mientras fue ministro.
Como por ejemplo haber permitido el hacinamiento de los presos en las comisarías (algo que viene desde tiempo inmemorial, y es responsabilidad de los jueces de ejecución penal), o por una licitación de compra de armas presuntamente amañada, que fue suspendida por el propio gobierno, antes de que se empezara a recibir alguna oferta.
Arietti (que le debe su cargo al socialismo) cumplió con el encargo, y le tiró la pelota a Baclini, que también se lo debe. Antes, la mayoría de Diputados pidió la intervención de la Auditora General del MPA (una ex funcionaria de Binner y Bonfatti) para que se expidiera sobre la situación (?) de Saín, y la tipa se declaró incompetente, señalando que eso era resorte del Fiscal General, o sea Baclini.
Cuando le denegaron el pedido de que no se le diera posesión a Saín en su cargo ganado por concurso, Arietti recurrió a la Junta de Fiscales, otro de los inventos burocráticos de socialistas y radicales en el MPA, en el que se tomaron en serio lo de que es un "Ministerio": lo llenaron de cargos, oficinas y reparticiones que nadie sabe muy bien que hacen, pero perseguir el delito, seguro que no.
Y quien lo reemplazó en la Fiscalía Regional de Rafaela (puesto también por el socialismo), donde reiteramos, están algunas de las ramificaciones más serias de la causa por el juego clandestino (que involucran a ex funcionarios provinciales de los gobiernos socialistas), instruye por una resolución a los fiscales de su dependencia a restar colaboración a Saín, y cortar toda vinculación con el Órgano de Investigaciones, creado por ley, durante el socialismo (ver tuit relacionado al final del post); y sacarle a éste toda la documentación de que disponga, vinculada a causas judiciales.
Si algo queda claro de éste fagarroso relato hasta acá, es que se están estrujando las instituciones, hasta que den jugo, por propósitos políticos, y no precisamente de alta política, o política de seguridad o persecución del delito. Y el "jugo" que se busca -forzando la interpretación de las leyes y la Constitución al absurdo, cuando no lisa y llanamente violándolas- es impedir que Marcelo Saín quede a cargo de la función que ganó por concurso, como Director del Órgano de Investigaciones del MPA; o si no les queda más remedio que aceptar que lo ocupe, vaciarlo de contenido, sentido y atribuciones.
No puede ser el fin, evidentemente, mejorar la seguridad, porque si el problema fuera ése y Saín no sirviera, ya lo resolvió Perotti, pidiéndole la denuncia. Lo que se busca entonces es otra cosa, ejerciendo "lawfare" en su contra: impedir que el tipo puede desde su cargo, conducir o llevar adelante alguna investigación que comprometa a los que lo persiguen.
Es decir, radicales y socialistas -que son los que llevan el peso de la ofensiva en su contra- y el sector de los senadores del PJ que lidera Traferri; que por estos días concentra su poder en amedrentar judicialmente a los fiscales que lo quisieron indagar por posibles vínculos con el juego clandestino. Una respuesta irracional, desproporcionada y -sobre todo- autoincriminatoria.
El artículo 5 de la Ley 13459 que creó el Órgano de Investigaciones del MPA dice que "...tiene competencia en la investigación de:
a) Los delitos en los que, “a prima facie”, existan elementos de convicción que hagan
suponer la participación de un grupo delictivo organizado;
b) Los delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad policiales y
penitenciarias, en el desempeño, con motivo, o en ocasión de sus funciones;
c) Los delitos con intervención de un funcionario público;
d) Los delitos en los que debido a las características de la comisión del hecho o su
repercusión social, o gravedad institucional, o complejidad de la investigación, el
Ministerio Público Fiscal disponga la intervención." (las negritas son nuestras).
Evidentemente hay mucha gente en la provincia, con el culo muy sucio, muy preocupada porque los puedan investigar alguien en quien no confían (aunque lo pusieron ellos allí), porque suponen que tiene motivos para querer verlos presos, más allá de la simple satisfacción por garantizar el cumplimiento de la ley.
De lo contrario no se entiende tanto esfuerzo en perseguirlo a Saín, con todas las herramientas disponibles. Porque si algo hizo el ex ministro (algunos dicen que es lo único que hizo) es exponer a la luz pública y sin pelos en la lengua -y bien que le costó- los vínculos entre la política, la policía y el delito organizado, durante los 12 años de gobierno del Frente Progresista en los que nos hablaban del "Modelo Santa Fe" que había que "exportar" al país, y hacían propaganda con el cartelito de "Ni un caso de corrupción".
Tuit relacionado:
El jefe de los fiscales de Rafaela, Diego Fernando Vigo, ordenó a los fiscales de grado a su cargo no trabajar con el Organismo de Investigaciones mientras Marcelo Sain esté en funciones como director. Se suma al conflicto con la Fiscalía de Santa Fe por la denuncia de Arietti 👇🏼 pic.twitter.com/fZrOcwrNu4
— Hernán Funes (@HernanFunes) April 6, 2021
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