BARATO SEGURO NO FUE

 

Unas semanas atrás te contábamos en éste posteo como el gobierno de Pullaro instrumentó un sistema para financiarles a las empresas contratistas de obra pública los préstamos bancarios que pidan, asumiendo la provincia parte del pago de los intereses correspondientes.

Decíamos entonces que "...se otorga a las empresas una línea de créditos con tasa subsidiada por la Provincia, es decir que a los intereses del crédito no lo pagan las empresas, sino la Provincia, y como garantía del crédito que otorga el Banco, los contratistas dejan en prenda los derechos que surgen del certificado de obra impago."

Y agregábamos que "Mediante el programa, la empresa contratista puede tomar un crédito bancario en base al certificado de obra que la Provincia le adeuda. Concedido el crédito por la entidad bancaria, al interés que se debe pagar por ese crédito no lo paga la empresa, ya que los intereses del crédito son pagados por la Provincia de Santa Fe, es decir por todos los santafesinos. Se paga con la nuestra. Si los certificados de obra se pagaran en término, no habría necesidad de afrontar costos financieros extras que agravan las obligaciones de la Provincia de Santa Fe.".

Al no estar disponible el acto que instrumentó el programa (una resolución del ministro de Economía Olivares) no se puede saber si se había previsionado cuantos recursos necesitaría la provincia para hacer frente al pago del subsidio de tasas, lo que puede variar porque depende de en que banco tome el préstamo cada empresa contratista y como esté el nivel general de tasas del mercado, que sabemos que bajo no es.

Por el Decreto 2610 del pasado viernes 17 que encabeza el post, Pullaro y sus ministros Enrico y Olivares nos dicen que hay certificados de obras que ejecuta la Dirección Provincial de Vialidad pendientes de pago por 11.290 millones de pesos, que entrarían en el programa: las empresas los colocan como garantía en los bancos con los que toman préstamos, y la provincia paga los intereses de esos préstamos, con la nuestra.

Claro que para que esos certificados de obra puedan usarse de ese modo no es necesario (según la resolución de Olivares que creó el programa) que estén vencidos y no hayan sido pagados fuera de término, aunque en esos casos también se los puede utilizar: de hecho, el decreto dice que esos 11.290 millones de pesos corresponden a certificados de obra impagos del mes de julio de éste año.

Lo que supone que ya están vencidos y devengando intereses, porque el artículo 71 de la Ley de Obras Públicas 5188 establece que deben cancelarse dentro de los sesenta (60) días de emitidos, y en caso contrario empiezan a devengar intereses. Para que se entienda, la provincia paga intereses dos veces: por mora por pagar los certificados vencido el plazo legal, y para subsidiarles a las empresas los intereses bancarios de los préstamos que tomaron, si los usaron como garantía. 

Nada dice el decreto de cuanto nos costó la jodita en éste caso en particular (reiteramos, solo para obras de Vialidad), y es imposible calcularlo porque además de lo antes expuesto sobre el mercado del crédito bancario en estos momentos, hay que ver en cuantos días de mora incurrió la provincia en cada caso, en cada uno de esos certificados.

Ni hablemos si quisiéramos hacer la cuenta para todos los casos en que todas las reparticiones del Estado provincial que ejecutan obras públicas (Vialidad, Vivienda y Urbanismo, la EPE, el Ministerio de Obras Públicas, el de Educación, entre otras) hayan apelado a éste mecanismo; diseñado por los mismos genios que le aconsejaron a Pullaro salir a tomar deuda en los mercados de capitales, justo en estos momentos.

Pero al igual que pasa con los préstamos bancarios que toman las empresas, algo es seguro: barato no fue. Para muestra un botón: dentro de las obras con certificados que entraron al programa (por afuera de las comprendidas en el decreto) está el puente entre Santa Fe y Santo Tomé, adjudicado a la empresa constructora del accionista mayoritario del diario "El Litoral". 

Y de acuerdo con la resolución conjunta firmada éste lunes 20 por los ministros Enrico y Olivares, esa empresa cedió como garantía de un préstamo bancario (cuyos intereses pagaremos todos) un certificado de obra pendiente de pago del mes de agosto (que si no venció podría estar próximo a vencerse) por 1450 millones de pesos: