Hace un tiempo ya que nosotros venimos diciendo que somos escépticos respecto al fallo de la Corte en la causa de la ley de medios.
Suponemos (ojalá nos equivoquemos) que la Corte va a ratificar en líneas generales el caso de la Cámara en lo Clarín y lo Rural, que consistiría básicamente en aplicarle al Grupo los límites de licencias de radio y tv, pero obligarlo a devolver las excedentes cuando se venza la prórroga que en su momento(antes de la LSCA) dispusiera el DNU 527/05; y declarando inconstitucional el tope del 35 % como máximo de abonados al cable en todo el país, con el argumento de que la televisión por cable no utiliza el espectro radioeléctrico, como la radio y la televisión abierta.
De ese modo Clarín se evitaría tener que desguazar Cablevisión (recordemos además que el gobierno dio marcha atrás con la autorización de la fusión con Multicanal y su decisión también fue cuestionada en la justicia por el multimedios), y conservaría su principal negocio y fuente de ingresos.
Bajo la apariencia de un fallo salomónico, en rigor preservaría casi intacta la estructura del multimedios; tras cuatro años de pasear el expediente por los tribunales.
Repetimos: ojalá nos equivoquemos y el fallo de la Corte sea favorable a los intereses del Estado, pero somos pesimistas.
Incluso si prestaron atención al discurso de Cristina ayer en Paraná, advertirán que desde el propio Ejecutivo están abriendo el paraguas ante eventuales fallos adversos de la Corte en éste caso, y en el del llamado cepo cambiario, así como eventualmente en la cautelar de la Rural contra el decreto que dispuso la devolución del predio de Palermo al Estado.
En esa misma línea, la operación montada por Lorenzetti hoy en Clarín y también en la La Nación tiene por objeto principal preparar el terreno para que un eventual fallo favorable a los intereses de Clarín (ni hablar si abrochan los tres, sumando el del cepo y el de la Rural) no sea visto como lo que es (una entrega incondicional de la justicia al poder económico), sino como un valiente acto de independencia judicial, frente a las presiones del poder político.
O por el contrario, echar de antemano sombras de duda sobre un eventual fallo a favor del Estado en la causa de la ley de medios, que en ése caso no sería resultado del simple razonamiento jurídico del tribunal, sino de la presión extorsiva del gobierno.
Y hablando de extorsiones y amenazas, lo que menciona la tapa de Clarín y la nota de Morales Solá (nada menos) en La Nación, puesto en boca de Lorenzetti: ambas son delitos de acción pública, y aunque probablemente el presidente de la Corte lo haya olvidado, él es un funcionario público y como tal, tiene la obligación de denunciar en la justicia todo delito del que sea víctima, o del cual tome personalmente conocimiento; y si no lo hace incurre en otro delito, que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
A menos que lo publicado hoy en los dos principales diarios del país sea todo mentira, en cuyo caso el propio Lorenzetti debería estar ya desmintiéndolo, por la gravedad institucional del caso.
Porque ambos diarios reproducen información que -de ser cierta- sólo pudieron obtener de él, o de otro de los miembros de la Corte, que si tampoco hicieran las denuncias del caso, serían cómplices del mismo incumplimiento de Lorenzetti a sus deberes.
Lo que no se entiende muy bien es como requerir los antecedentes impositivos de alguien (sea de Lorenzetti, algún familiar suyo o un colaborador de la Corte), puede configurar delito de extorsión o amenazas; porque de ser así la AFIP no podría nunca actuar en ese sentido, o exigir información y aun obtenerla compulsivamente si no se la dan voluntariamente.
O que Lorenzetti y sus familiares y allegados tengan algo que ocultar, porque de lo contrario no se entiende como podrían sentirse extorsionados o amenazados porque les preguntan como andan con el pago de sus impuestos.
En fin, lo cierto es que, se lo mire por donde se lo mire, el asunto parece una berretada mayúscula que va preparando el terreno para tapar el sol con la mano; porque la mayoría de la gente ya se dio cuenta como funciona la justicia (incluyendo a la Corte) cuando lo que están en juego son determinados intereses, como en este caso los que afecta la ley de medios.
