LA FRASE

"EL FLIPPER DE "LOS LOCOS ADDAMS" ME LO COMPRÉ PARA ENTRENARME PARA LAS REUNIONES DE LA MESA POLÍTICA." (MANUEL ADORNI)

jueves, 23 de febrero de 2017

LO QUE TARDA UNA TRANSFERENCIA BANCARIA, O QUE ENTRE UN CHEQUE

"A SANTA FE LA PLATA NO LLEGA"


Tuvieron gran repercusión está entrada y ésta otra en las que analizábamos los números de la gestión de Corral al 30 de noviembre del año pasado; en lo que hace al cumplimiento de lo previsto en el presupuesto y en los diferentes programas de gobierno.

Los posteos están hechos en base a datos oficiales publicados en el sitio web de la Municipalidad, en el que -curiosamente- siguen faltando los del mes de diciembre del año pasado, pero ya están disponibles los gastos por programa hasta el 31 de enero de éste año: verlos acáY los datos que surgen de los números (con el 8,33 % del ejercicio presupuestario transcurrido) muestran que la cosa sigue más o menos igual que el año pasado, a saber: 

* En el "Programa Mejoramiento Urbano" hay presupuestados $ 555.126.064,53, y hasta el 31 de enero se llevaban gastados $ 5.536.956,97, o sea el 0,99 %. En "Bienes de Uso" (partida con la que se atiende el pago de las obras públicas) no se gastó ni un centavo. Para éste Programa la nación comprometió -según Corral y el presupuesto aprobado- fondos por $ 527.201.173, de los que hasta ahora no envió nada.

* En el "Programa Vivienda Social" se presupuestaron $ 329.809.757, y se llevan ejecutados $ 18.187.159,11, es decir el 5,51 %.

De esos fondos gastados, $ 13.696.847,51 fueron en "Bienes de Uso": son las 8 casitas para inundados que vino a inaugurar Macri hace poco, que habrían costado a razón de $ 1.712.105,93 cada una. Un poco caras ¿no? 

* En el "Programa Mejoramiento de la Red Vial" (bacheo y repavimentación de calles) hay presupuestados $ 488.527.876,74, y se gastaron en el primer mes del año $ 32.292.188,06, el 6,61 %. No hay fondos nacionales comprometidos para éste programa, para el cual Corral tomó endeudamiento bancario, pero tampoco se gastó en él ni un centavo en "Bienes de Uso" (obras)

* En el "Programa Red de Alumbrado Público y Electromecánica" (colocación y reposición de luminarias y columnas de alumbrado) hay previstos fondos por $ 52.323.705,24, y se llevan ejecutados $ 5.895.943,30, el 11,26 %. De esos fondos, ni un centavo se invirtió en "Bienes de Uso", sea para obras, columnas o maquinarias y equipos.

No tiene asignados fondos nacionales, y se sustenta con la Cuota de Alumbrado Público (CAP), que es un porcentaje de las facturas de electricidad que pagan los usuarios de la EPE. Es posible que el nuevo tarifazo haya ayudado a que exhiba mejores números de avance que otros programas.

* En el "Programa Planeamiento Red Hídrica" (zanjones y canales) hay previstos $ 280.148.606, de los que se llevan ejecutados $ 2.836.563,18, apenas el 1,01 %; pero solo $ 26.800 en obras: el 0,009 % de lo previsto en el presupuesto. Para éste programa el gobierno nacional (según Corral) comprometió fondos por $ 225.109.108, de los que hasta ahora no envió un solo peso.

* En el "Programa Mejora de las Condiciones Sanitarias" (agua potable y cloacas) se presupuestaron $ 108.492.414, de los que al 31 de enero se llevaban ejecutados $ 2.851.563,18; o sea el 2,62 %.

La nación prometió 47,5 millones de pesos para éste programa; pero hasta ahora no envió nada. Hasta el 31 de enero la gestión de Corral no había gastado ni un centavo en "Bienes de Uso" (es decir obras) para hacer cloacas o llevar agua potable, pese a que el 10 % de la facturas que cada santafesino le paga a Aguas Santafesinas S.A. se destina a la municipalidad, con ése fin. 

* En el "Programa "Red de Drenaje Urbano" (es decir los desagües pluviales) se presupuestaron $ 35.621,167,19, y se llevaban ejecutados al 31 de enero $ 3.206.643,50 (el 9 %), pero nada en obras. Para éste programa la nación comprometió fondos por $ 12.128.509, pero hasta ahora no mandó nada.

* En el "Programa Estaciones de bombeo, Terraplenes y Defensas" hay presupuestados $ 66.868.220, de los que en el primer mes de éste año se gastaron $ 4.201.808,88 (el 6,28 % del total); pero nada en obras. No hay fondos nacionales comprometidos para éste programa.

* De acuerdo con la ejecución de los recursos de la Municipalidad de Santa Fe al 31 de enero (ver acá) deben llegar éste año a la ciudad fondos nacionales por $ 2.533.331.362,08 (más de 2500 millones de pesos), y llegaron en el primer mes $ 149.513.366,41; es decir el 5,90 %. Proyectada anualmente, la cifra daría un 70,8 % de cumplimiento de lo previsto.

Sin embargo, de ese total que vino hasta el 31 de enero $ 62.850.727,43 son de la coparticipación de impuestos nacionales, es decir que no depende de los acuerdos que Corral selló con Macri. Otros $ 86.662.638,98 son transferencias de capital (para hacer obras) que representaron el 5,92 % de las previstas en el presupuesto; de seguir ese ritmo deberían llegar a la ciudad el 71,04 % de los fondos nacionales prometidos para obras. 

Pero entre las partidas que quedan comprendidas en las "Transferencias de Capital" hay que contar las del Fondo del Conurbano, del PROMEBA y del Fondo Federal Solidario (fondo soja), que vienen todas de antes; y en consecuencia tampoco tienen que ver con lo que Corral prometió que Macri aportaría a Santa Fe.

* Para concluir, en las entradas anteriores alertábamos sobre el creciente endeudamiento de la Municipalidad de Santa Fe en las gestiones de Corral y de Barletta: en "Servicios de la Deuda" al 31 de enero de éste año se llevaban gastados $ 146.624.105,31; es decir el 42,46 % de los $ 345.275.158 previstos en la Ordenanza de presupuesto para gastar en todo el año, en concepto de capital e intereses por préstamos; gastados en solo uno de los doce meses.

O los genios que manejan las finanzas municipales pactaron una gran cantidad de vencimientos de deuda en enero, o la partida "Servicios de la Deuda" se va a quedar en rojo muy pronto. ¿Habrá defáult? 

LAS TRAMPITAS DEL DECRETO PPP, 2° PARTE


Tal como decíamos el otro día en ésta entrada, el decreto por el cual Macri reglamentó la Ley 27.328 de "participación pública privada" (PPP) venía con varias "sorpresitas".

Así por ejemplo establece que "El Contrato PPP podrá prever mecanismos automáticos o no automáticos de revisión de la Contraprestación por variaciones de costos incluyendo los financieros...", lo que supone trasladarle al Estado -por ejemplo- los mayores costos derivados de la suba de las tasas de interés, o condiciones más rigurosas que impongan los bancos a instituciones financieras (como fondos de inversión, aunque sean buitres) que financien los proyectos.

Pero hay más en el decreto: "El Contrato PPP deberá contener mecanismos para restablecer, dentro de un plazo máximo fijado al efecto en el Pliego, su ecuación económico-financiera original cuando ésta se vea alterada significativamente por razones imprevisibles al momento de adjudicar y ajenas a la parte que invoca el desequilibrio, todo ello, en los términos contemplados en el Pliego. Vencido dicho plazo sin solución satisfactoria para la Parte afectada, ésta podrá recurrir al Panel Técnico, si lo hubiere, o en su defecto al arbitraje o al tribunal judicial competente, según se lo hubiera previsto en el Pliego. Se considerará que una alteración es significativa cuando se hubiesen alcanzado los parámetros que, a tales efectos, deberán establecerse en el Pliego y en el Contrato PPP. " (las negritas son nuestras)

Es decir que ni la ley ni el decreto reglamentario establecen claramente cuando una alteración del contrato es "significativa", sino que eso depende exclusivamente del pliego y del contrato que en cada caso se usen y firmen; pero esa "alteración significativa" habilita al contratista privado a recurrir al "Panel Técnico" de expertos que debe dirimir la cuestión, o directamente a los árbitros o tribunales, que pueden ser del exterior. 

En esos casos y según el decreto, "Para someter una controversia al Panel Técnico no será necesario que el Contratista PPP presente en forma previa reclamos o impugnaciones administrativas de ningún tipo. En caso de haber sido presentados tales reclamos o impugnaciones, el sometimiento de la controversia al Panel Técnico importará el desistimiento de dichos reclamos o impugnaciones, pero sin que ello implique reconocimiento alguno o pérdida de derechos para el Contratista PPP." (las negritas son nuestras)

Es decir que los contratistas que aduzcan que hay una "alteración significativa" del contrato no están obligados a plantear el reclamo ante el Estado, previo a recurrir al "panel técnico" o a los árbitros o tribunales elegidos, y en el caso que hubiera hecho una reclamación administrativa no está obligado a desistirla y si lo hace, eso no importa ninguna renuncia a ningún derecho suyo derivado del reclamo. 

Es casi como trasladar a este tipo de contratos el manejo del grupo Macri en el caso del Correo: mientras buscaba un arreglo con el Estado en el marco del concurso preventivo, iniciaba nuevas demandas contra el Estado reclamando indemnizaciones (por la rescisión de la concesión), sin comprometerse a dejarlas de lado para llegar al acuerdo.

La ley establece en su artículo 9 inciso t) la facultad del contratista privado "...de ceder, total o parcialmente, el contrato a un tercero siempre que éste reúna similares requisitos que el cedente y haya transcurrido, al menos, el veinte por ciento (20%) del plazo original del contrato o de la inversión comprometida, lo que antes ocurra."

Exige en esos casos el dictamen previo del órgano estatal que ejerza el control del contrato, y de la Procuración del Tesoro de la Nación sobre los riesgos que asume el Estado nacional con la cesión.

El decreto reglamentario firmado por Macri y publicado el lunes pasado en el Boletín Oficial exceptúa de esos requisitos la cesión en garantía por la contratista de sus derechos derivados del contratos, a quiénes le hubieren prestado el financiamiento (por ejemplo bancos, fondos de inversión o fondos buitres especulativos); caso en el que basta la simple notificación al deudor cedido, es decir al Estado.

Lo que supone que sin haber firmado un contrato con -por ejemplo- Paul Singer, el Estado se vea obligado a pagarle a él los costos del contrato, porque fue el que financió al contratista privado que eligió.

miércoles, 22 de febrero de 2017

SE AGRAVAN LOS PROBLEMAS DE ÓPTICA EN EL PAMI SANTA FE: EL DIRECTOR YA NO PUEDE LEER LAS RESOLUCIONES


Acá Marinelli (el encargado local del PAMI designado por la gestión de "Cambiemos") dice que la Defensoría del Pueblo de Santa Fe no tiene nada que hacer en el PAMI.

Debe ser porque no leyó la Resol 2235 (completa acá), por la que se hace el convenio con las Defensorías del Pueblo provinciales, que le da un marco institucional a los reclamos que antes se atendían igual. El tema es que ahora no le dan pelota a la Defensoría, pero tampoco a los reclamos de los afiliados: una de cal, y la otra también. 

Respecto a las ópticas, con solo llamar al PAMI y preguntar por esas prestaciones los empleados te dicen que ópticas está cortado y sólo atiende la de AMUR; siendo un misterio lo que hacen los afiliados de otras localidades que dependen de Santa Fe, como Tostado, pongámosle: ¿se compran todos bastones blancos?

Los reintegros a los que se refiere Marinelli en la nota demoran un mínimo de 90 días, y no les devuelven a los afiliados todo lo que gastaron, sino solo un parte: políticas de redistribución del ingreso, que le dicen.

Como la de haber gastado el año pasado a pedido de Corral $ 70.000 (la cifra mágica de "Cambiemos", parece) en el festejo del Día del Jubilado; pese a que ATE les cedió el predio sin cargo, y a lo viejos les pidieron que llevaran la comida porque era a la canasta. (Más información aporta acá Gustavo Castro, en el blog de Nicolás Lovaisa).


Encima parece que el amigo Marinelli tendría -dicen- el boleto picado, porque les pidió a los prestadores "aportes patrióticos" para la campaña del PRO (decir "retornos" queda feo, eso era con Matilde Menéndez o Alderete), y no les llegaron a los que les tenían que llegar; y por eso desde Buenos Aires le soltaron la mano.

¿Será?

¿LA PECAM DE LA INFORMÁTICA?


De acuerdo con lo que vemos en el decreto de apertura, un grupo de funcionarios del Ministerio de Seguridad y de la Policía provincial viajaron a los Estados Unidos, invitados por una empresa (Aktio And Ingram Micro Company), para una serie de demostraciones sobre un software con destino a las tareas de seguridad.

El tema es que -según lo dice el mismo decreto- los funcionarios que viajan son los que integran la comisión encargada de seleccionar la oferta ganadora en la Contratación Directa Nº 10/16 convocada por el Ministerio de Seguridad con ese fin, en el marco de la ya vencida “ley de emergencia en seguridad”.

La firma que los invitó es la controlante de Aktio S.A., que es una de las dos empresas que se presentaron a cotizar en la contratación directa, como se puede ver acá en el acta de apertura: 


La contratación todavía no fue resuelta, por lo que a menos que la otra empresa que presentó oferta se ponga con un viaje “demostrativo”, pareciera que Aktio lleva todas las de ganar, lo cual nos lleva a plantearnos algunas dudas, a saber:

¿No estaríamos ante un caso de dádivas, buscando ser beneficiarios de la contratación?

Según el decreto, los viáticos serían a cargo de la provincia, pero no se precisa si la empresa que los invitó pagará todo o parte de los gastos (alojamiento, comidas, etc), en cuyo caso y de acuerdo al régimen vigente en la provincia, se reduce proporcionalmente el monto del viático diario.

¿La empresa los invita para que conozcan como funciona el equipamiento que la provincia compraría, o para agradecerles todas las atenciones que tuvo con Aktio S.A., beneficiaria en los últimos años de múltiples contratos con ella?

Ver el detalle de los más importantes:  

*Adquisición de equipamiento informático con destino a la Secretaría de Tecnologías para la Gestión (Decreto 2861/10, $ 2.224.327)

* Mantenimiento técnico de hardware con destino a la Dirección Provincial de Infraestructura (Decreto 1221/12, U$D 1.020.480)

* Provisión de dos subsistemas de almacenamiento para ampliar la capacidad con destino a la Secretaría de Tecnologías para la Gestión (Decreto 4555/12, $ 942.000)

* Adquisición de 8 servidores Blade y 16 software de virtualización para la Secretaría de Tecnologías para la Gestión (Decreto 410/13, $ 993.600)

* Prestación del servicio de mantenimiento técnico correctivo de hardware, servidores IBM y Dell, con destino a la Secretaría de Tecnologías para la gestión (Decreto 2972/14, $ 2.084.856)

* Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de prevención de intrusiones con destino a la Secretaría de Tecnologías para la Gestión (Decreto 4720/14, U$D 199.784)

* Adquisición de una plataforma integral de software destinado a las dependencias de la Secretaría de Prevención e Investigación de Delitos Complejos (Decreto 915/15, U$D 1.499.190)

* Prestación de un servicio de mantenimiento técnico de los equipos de la unidad general de procesamiento CPU IBM, con destino a la Dirección Provincial de Infraestructura Tecnológica (Decreto 2246/16, U$D 558.551 )

¿Estamos en presencia de la Pecam de la informática?

ESTABA POR AHÍ, AL LADITO DEL DE LAS CADENAS NACIONALES


¿Se acuerdan como se ponían locos los cacerolos y las vacas sagradas del periodismo militante cuando había cadena nacional?

Salían corriendo como locos a postear en Facebook o Twitter el artículo 75 de la ley de medios (el que habla justamente de los casos en los que el Poder Ejecutivo puede disponer que los medios integren la cadena), y lo interpretaban "all uso nostro"; para decir que Cristina lo violaba. 

Incluso algunos subnormales -como Majul- decían que eran los propios medios los que tenían que evaluar si el tema de la cadena era realmente trascendente y significativo; y si concluían que no, no darle bola a la cadena y seguir con su programación.

Por aquéllos tiempos analizábamos tamaño disparate en ésta entrada; a la que nos remitimos.

Esta semana se abrieron los sobres de la licitación convocada por la AFA para contratar la televisación del fútbol, y es posible que para el viernes se conozcan los números de las ofertas, y quien será el ganador.

Pero sea quien sea, algo es seguro: a partir de la decisión de Macri de terminar con el "Fútbol Para Todos" (lo que implicó que el Estado "devolviera" derechos de televisación que había adquirido por contrato hasta el 2019), habrá que pagar para ver los partidos. 

Cuáles se verán y cuanto habrá que pagar, dependerá de las ofertas y de los arreglos que haga la AFA, donde todos (Macri/Angelicci, Moyano/Tapia, Tinelli/Tinelli) parecen haber hechos las paces para cerrar el negocio.

A propósito de este hecho nuevo, es una pena que los que a raíz de las cadenas nacionales devinieron exégetas de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual no hayan profundizado en su estudio, para seguir un par de articulitos más adelante, y encontrarse con el artículo 77.

Que no fue podado por el DNU 267/15 pergeñado por Macri y Aguad (¿lo tienen? el mismo del Correo) a pedido del Grupo Clarín para mutilar de un hachazo todos los artículos de la ley de medios que le molestaban.

Pues bien, el susodicho artículo dice (en lo que acá nos interesa) lo siguiente: "Derecho de acceso. Se garantiza el derecho al acceso universal -a través de los servicios de comunicación audiovisual- a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos, de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad. 

Acontecimientos de interés general. El Poder Ejecutivo nacional adoptará las medidas reglamentarias para que el ejercicio de los derechos exclusivos para la retransmisión o emisión televisiva de determinados acontecimientos de interés general de cualquier naturaleza, como los deportivos, no perjudique el derecho de los ciudadanos a seguir dichos acontecimientos en directo y de manera gratuita, en todo el territorio nacional." (las negritas son nuestras)

Para garantizar esos derechos, el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual debía elaborar (previa audiencia pública, con la participación del Defensor del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual) un listado anual de acontecimientos de interés general para la retransmisión o emisión televisiva, a los fines contemplados en el artículo: garantizar el acceso univrsal, directo y gratuito a los mismos; por más derechos exclusivos de televisación que se pacten; como los que está por cerrar la AFA para el fútbol.

La ley -como dijimos- está vigente en éste punto, pero Macri no propuso al nuevo Defensor del Público tras el vencimiento del mandato de Cynthia Ottaviano; y suprimió el Consejo Federal en el que estaban representados las provincias, la CABA, los prestadores comerciales privados, los prestadores sin fines de lucro, las universidades nacionales, los medios públicos, los sindicatos de los trabajadores de las actividades audiovisuales, los pueblos originarios y las sociedades gestoras de derechos de los artistas y músicos.

Pese a eso, Macri podrá hacer lo que le plazca con el "Fútbol Para Todos", pero está obligado a cumplir la ley de medios en el artículo  77, y garantizar los derechos que el mismo establece.

Claro que no guardamos muchas esperanzas de que lo haga; porque así como no hay más cadena nacionales, todo indica que tampoco tendremos fútbol gratis por TV. Cambiamos.