Leemos en La Nación que ayer la Comisión Bicameral del Congreso que trata los DNU aprobó -entre otros- el Decreto 324 dictado por Cristina a fines del año pasado, que dispuso una ampliación de las partidas presupuestarias y en su artículo 8 dispone revisar los pagos que reciben algunos sectores de agentes estatales por "conceptos no comprendidos en su sueldo mensual, normal, regular, habitual y permanente asignado en función de su cargo y categoría escalafonaria o de revista, aprobados por la legislación vigente", según fue explicado acá.
Según señaló Agustín Rossi en el debate, "del texto del decreto surge que se hace referencia a aquellas remuneraciones que no están comprendidas en los convenios colectivos y en las negociaciones paritarias, sino que se trata de premios e incentivos", y se apunta a los organismos que tienen facultades recaudatorias propias, como por ejemplo el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Senasa.
Rossi detalló, además, que el monto total de ese tipo de pagos extras no alcanza al cinco por ciento de lo que gasta la Administración Pública en remuneraciones,que a su vez es apenas el 11,15 % del total de los gastos previstos en el Presupuesto nacional según se demostró acá.
Lo que implica que la discusión está girando en torno al 0,55 % de los gastos del Estado nacional, por lo que no podemos sino reiterar lo dicho en la entrada anterior sobre el tema: "Dentro de esos algo más de 56.000 millones de pesos, la gran parte se lo llevan justamente los rubros que componen el "sueldo mensual, normal, regular, habitual y permanente asignado en función de su cargo y categoría escalafonaria o de revista" de cada uno de los agentes del Estado nacional; es decir los ítems que no están alcanzados por la revisión ordenada por el DNU 324.
De modo que si habrá como consecuencia de esa revisión beneficios o rubros extras que algún sector deje de percibir (cosa que está por verse aun) no parece que represente un gran impacto en las cuentas públicas, como para hablar a los gritos de "ajuste", sin más.".
Por supuesto que La Nación se ocupa de titular como si el recorte salarial ya se hubiera producido (cosa que los propios empleados públicos nacionales podrán corroborar o no mirando sus recibos de sueldo), para después en la nota y en letra chiquita, hablar como al pasar de "posibles recortes"; es decir que no sabe aun si los habrá, y de cuanto serán.
Es natural que los dirigentes sindicales que representan a los trabajadores estatales nacionales defiendan los intereses de sus representados, y obvio señalar que durante el menemismo muchos de los derechos de esos representados fueron cercenados.
Pero también es justo decir que las dos leyes marco del empleo público nacional (la Ley 24.185 de Convenciones Colectivas de Trabajo para el sector, y la Ley 25.164, Marco de Regulación del Empleo Público Nacional) fueron gestadas en el menemismo: en 1992 y 1999 respectivamente, lo mismo que el famoso SINAPA (Sistema Nacional de la Profesión Administrativa); quedando bien claro que, si bien las dos primeras fueron consecuencia de la lucha de los gremios estatales, el último fue ideado por el gobierno (cuando Béliz era Secretario de la Función Pública), y luego avalado por las entidades sindicales.
Y la referencia puntual no es para reivindicar al menemismo, sino para poner las cosas en contexto: mientras el Estado era desguazado y muchos trabajadores quedaban en la calle, otros dentro del mismo Estado obtenían regímenes de privilegio o beneficios que en muchos casos son irritativos, o los mantenían; porque estaban en áreas consideradas críticas por parte del gobierno de turno, o eran bolsones de algún que otro gremio, inasequibles para el poder político (algo de esto hay en el prolongado conflicto del INDEC).
Como consecuencia de eso, la dispersión, la disparidad y la inequidad salarial (en algunos casos notoria) dentro del propio Estado es una realidad indiscutible.
Y esta es una discusión que es necesario darla de frente y con franqueza, y si hay "ajuste" o recorte de los sueldos de los trabajadores (en especial de los que cobran los sueldos más bajos, que no son justamente los que protestan por el DNU de Cristina) seremos nosotros los primeros en denunciarlos; pero mientras tanto hay cosas que hay que dejarlas en claro.
Como por ejemplo que, si hay alguien que no puede ni amagar con hablar de recortes salariales a los empleados públicos o "ajustes", son los radicales.
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