EL HONESTISMO SIGUE GANANDO ADEPTOS

Empecemos poniendo en claro lo obvio, para poder entendernos mejor: los chorros, los que se quedan con lo que no es suyo (más aun los que se quedan con lo que es de todos), tienen que estar todos presos.

Pero todos significa todos: políticos, empresarios, sindicalistas, periodistas, jugadores de fútbol, curas, los que sean.

Y si son políticos y funcionarios tampoco importa si son oficialistas u opositores, de éste gobierno o de los anteriores, nuestros o de los otros: afanan, tienen que ir presos.

Pero presos con pruebas, como manda la ley, esa que tanto reclaman que se cumpla: con todas las garantías, con elementos irrefutables de su culpabilidad, sin linchamientos mediáticos, sin shows televisivos que se diluyen camino a tribunales (o nunca terminan allí), y de un modo que nadie lo pueda reprochar, o atribuir a una venganza política u otra motivación.

Del mismo modo, la honestidad es una cualidad muy apreciable no ya en un político (donde pareciera un pre requisito obvio, pero que suele escasear, o por lo menos eso se presume), sino en cualquier persona; así como la preocupación genuina de las personas porque los demás también lo sean.

El honestismo en cambio, es otra cosa: una especie de subterfugio para escapar a la discusión política en serio, a la confrontación de ideologías, proyectos, cuestiones concretas que movilizan y al mismo tiempo incomodan, dividen, parten aguas.

Un atajo cómo para evadirse de la impotencia política de no sentirse identificado con ningún proyecto político (el que fuera, así esté en las antípodas de lo que uno cree), o avergonzado por lo que uno vota (y hasta propagandiza a veces entre sus conocidos y relaciones) y no puede decir luego que votó; para lo cual basta con decir "yo no creo en nadie porque los políticos son todos chorros", o algo por el estilo.

Si se nos permite cierta dosis de escepticismo sobre las auténticas convicciones morales del promedio social, si existieran tantas personas verdaderamente preocupadas por la corrupción en términos políticos (al punto de hacerlo el motivo central de sus opciones en ese plano), Lilita Carrió no hubiera sacado el 1,82 % de los votos en octubre del 2011.

No se trata de sostener que somos una sociedad inmoral, o que no hay personas honestas, sino de mensurar (en términos políticos) cuanto importa y preocupa la corrupción realmente.

Porque no es casual que estas olas moralizadoras (curiosamente disparadas por denuncias de personajes de moral más que dudosa, que acumulan esqueletos en su propio placard) que periódicamente nos asaltan sean coincidentes con ciclos de incertidumbre política y económica, cuando los indicadores de todo lo que tiene que ver con el bolsillo propio (preocupación razonable si las hay) generan dudas, o cuando no se crece como se venía creciendo.

Nadie (o casi nadie) admitirá abiertamente que adhiere al "roban pero hacen", pero hay un cierto sobreentendido social al respecto: mientras los indicadores de gestión de un gobierno están en alza, hay menos predisposición en mucha gente a buscar los lunares de la corrupción, o a sopesarlos para inclinar su apoyo.

Ojo, el "roban pero hacen" tiene su contracara: el "son unos completos inútiles, pero por lo menos no afanan"; cosa que encierra una primera parte objetivamente comprobable (cualquiera tiene algún que otro ejemplo cercano en mente), y una segunda difícil -si no imposible- de comprobar de un modo indubitable. 

Pero cuando la cosa social o políticamente (con acento en la economía) cambia (o cuando existe el clima o la percepción de que cambia, sea o no real), la corrupción cumple un rol parecido al de la inseguridad: ambas existen, son fenómenos endémicos (no se trata de disculparlos por eso, sino apuntar el dato objetivo), pero adquieren una mayor gravitación social, sea o no que se robe más que antes.

De hecho muchas de las denuncias de corrupción que hoy por ejemplo blande Lanata contra el gobierno, se basan en hechos supuestamente ocurridos hace años, en Santa Cruz y que ya fueron reflejados ampliamente en los medios. Por qué entonces fueron ignorados y hoy hacen ruido, no tiene tanto que ver con la corrupción en sí, sino con el cambio de humor de ciertos sectores sociales, o en todo caso con la exacerbación de quienes desde siempre adversaron al kirchnerismo.  

¿Queda feo decir que Lázaro Báez o Cristóbal López no molestaban cuando se podía comprar dólares libremente, y ahora sí?, a lo mejor, pero no por eso es menos cierto; en muchos casos. 

El problema con el honestismo es que genera un clima de debate pre-político, del que se prende cualquiera, aun cuando no pueda exhibir los mejores blasones personales al respecto.  

Como Duhalde, por ejemplo, que rompe su silencio (electoralmente inducido por la ciudadanía), para plantear nada menos que el juicio político a Cristina, en términos casi carriotistas, pero perfectamente comprensibles cuando la discusión política versa exclusivamente sobre si alguien roba o no, y que debería hacer el gobierno al respecto.

Dice Duhalde: "Cuando las instituciones se debilitan y no existen controles institucionales, los gobiernos cleptócratas cooptan funcionarios, legisladores y sectores económicos privados que generan monopolios, privilegios estatales, impuestos transferidos a grupos de interés, inflación, confiscaciones arbitrarias, fraude e inseguridad jurídica.

El uso de instrumentos y fondos públicos a la medida y conveniencia de unos pocos privilegiados, las relaciones empresariales con el poder de turno para provecho privado, la discrecionalidad en la toma de decisiones de gestión, la acción social directa aplicada para obtener el rédito de un grupo o partido –lo cual denigra a quien se ayuda-degradan el ejercicio de la política y devalúan la calidad democrática.

Las acciones de los gobernantes pueden ser vertebradoras o desintegradoras de las sociedades, y cuando llevan un estilo de vida poco ejemplar, se produce un efecto desmoralizador que fomenta la decadencia social. 

En esto, las máximas autoridades tienen la obligación de despejar las sospechas en las que involucran a la dirigencia oficial en su conjunto.

Si no lo hicieren, abrirán la puerta que conduce al juicio político, tal como lo establece nuestra Constitución Nacional.".

Aunque se nos critique por el uso del argumento ad hominem, es bastante chocante el planteo; sobre todo la parte en que dice "El uso de instrumentos y fondos públicos a la medida y conveniencia de unos pocos privilegiados"; desde las páginas del diario propiedad del grupo al cual el propio Duhalde benefició pesificándole deudas millonarias en dólares, a nuestra costa, y que salvó de la quiebra con la ley de bienes culturales. 

Del mismo modo que hace ruido la escalofriante similitud del lenguaje que usa Duhalde, con el de las proclamas de todos los golpes que en el país hubo, y se plantearon invariablemente como moralizadores de la cosa pública: no se trata de plantear que quien se preocupa por la corrupción es golpista, sino que plantear la discusión política exclusivamente en términos de una lucha de chorros contra honestos (abstrayéndose de la confrontación de proyectos políticos, ocultando la representación de intereses diversos y a veces contrapuestos), tiene entre nosotros precedentes funestos.

Y no podemos dejar de pensar que éste súbito ataque de honestismo de Duhalde, y su referencia al juicio político (alimentado simplemente en la sospecha), son un guiño al rejunte del peronismo opositor convocado en córdoba por De La Sota (que plantea "tomar el control de la Cámara de Diputados") y hacia los "indecisos" del peronismo lector de encuestas, dentro del propio Congreso: el hombre es un experto en el tema; aunque hoy esté desvalorizado.

El pedido de Duhalde de que "las máximas autoridades tienen la obligación de despejar las sospechas en las que involucran a la dirigencia oficial en su conjunto" es el mismo que hace Majul en La Nación de hoy; al que Lucas adhiere acá.

Lo cual -y descartando desde ya que Lucas sea un cultor del honestismo-, nos plantea algunas inquietudes: ¿cómo se supone que Cristina debería hacer las aclaraciones del caso,  si es que se entiende que debe hacerlas: en una cadena nacional que nadie miraría, con argumentos en los que pocos creerían, asumiendo compromisos inverosímiles por lo obvios, como el de que no va a influenciar a los jueces para garantizar la impunidad de nadie?

¿No sería eso una zoncera mayúscula, un reconocimiento explícito de que puede influir en los jueces si se lo propone? ¿Si tuviera ese poder, lo diría abiertamente, de ese modo?. Perdón, pero el planteo parece pavote, como que viene de Majul.

Porque además esos jueces no son ajenos al clima social y político (de hecho, suelen ser los que mejor lo perciben, tienen su propio servicio meteorológico al respecto); y tienen sus propios compromisos que atender.

¿O acaso creemos que es cierto que en el poder tribunal (que acaba de sobreseer a María Julia) está todo joya, y no hay nada que cambiar?

Por no decir que sería el modo más sencillo de admitir que la agenda política del gobierno y del país, la fijan los programas de Lanata (que el domingo pasado desafió públicamente a Cristina en el mismo sentido, buscando ponerse a su altura), o los libros de Majul; cuando el país (y el gobierno)  tienen otros problemas más complejos a los que prestarles atención.

Y de desconocer que las palabras de Duhalde dejan en claro que el honestismo es una ola en la que suben muchos tratando de llevar agua para su propio molino, que en muchos casos no es justamente el de la ética o la honestidad en el manejo de la cosa pública.