PROCURACIONES

Leemos en Página 12 sobre las denuncias contra la Procuradora General Gils Carbó desde dentro del propio Poder Judicial, por diferentes causas pero que en rigor están más vinculadas a su condición de referente de Justicia Legítima, el espacio que viene cuestionando las prácticas corporativas de la justicia,`y apoyando en líneas generales las reformas propuestas por el gobierno nacional.

Entre las denuncias hay una por supuestos nombramientos irregulares de fiscales,constituyendo unidades especiales para el tratamiento de algunos delitos de importancia, como el lavado de dinero, el narcotráfico y la trata de personas.

En tanto Procuradora General, Gils Carbó es la cabeza del Ministerio Público, que en el orden nacional tiene rango constitucional desde la reforma del 94' (artículo 120 CN), y está regido por la Ley 24.946.

La denuncia fue movilizada por un senador de la UCR, pese a que (como se dijo acá) los nombramientos supuestamente irregulares son exactamente iguales a los utilizados por otros procuradores, en otros gobiernos, incluyendo los radicales; y el cuestionamiento es el mismo de los defensores de los genocidas, en las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.  

Y mientras tanto en la invencible (donde siempre rige un doble estándard, al parecer), nos encontramos (en el mismo diario, el mismo día) con ésta otra noticia:

El Procurador General de la provincia (Jorge Barraguirre, ex Fiscal de Estado de Binner y radical él; como el senador Cimadevilla, más datos sobre su pedigree, acá) designa a un grupo especial de fiscales (lo mismo que se le cuestiona a Gils Carbó) para apoyar al fiscal que viene actuando en la causa por los homicidios sucedidos en las últimas horas en Villa Gobernador Gálvez, por ajustes de cuentas entre bandas de narcos.

El fiscal Camporini es el mismo que validó hace poco las pericias de la policía provincial que supuestamente demostraban que esa misma policía no había disparado cartuchos de plomo en la represión de una protesta social por ocupación de terrenos; y al equipo especial de fiscales se sumaría otro equipo especial de policías. 

Policías que en Santa Fe tienen a un ex jefe procesado dos veces por vínculos con el narcotráfico; y que (de acuerdo con ésta nota del amigo Nicolás Lovayza en Código 3000) cuando era Jefe de Drogas Peligrosas, encubrió a un conocídisimo narco local, el que luego extorsionaba a Norma Castaño; según la justicia en complicidad con el propio Tognoli, el ex jefe policial del caso.

Ahora bien: si bien es habitual que la policía actúe como auxiliar de la justicia en apoyo de jueces y fiscales y a las órdenes de éstos; es complejo cuando esa misma policía tiene vínculos de connivencia con los delincuentes (en éste caso los narcos), y dependencia política del Poder Ejecutivo.  

Cuestión que se solucionaría (al menos en parte) si Santa Fe tuviera una policía judicial que dependiera directamente de jueces y fiscales y no del gobernador de la provincia; tal como plantea el proyecto del diputado Tonioli del Movimiento Evita, gestado precisamente a partir de las serias evidencias de complicidad de la policía santafesina con el delito; en especial con el narcotráfico.

Hasta donde sabemos, ningún radical o socialista cuestionó a Barraguirre (cuyo pliego fue aprobado por la Legislatura por el mero transcurso del tiempo, sin tratarlo; mientras que la cuestionada Gils Carbó -que no registra antecedentes como funcionaria política, como el ex Fiscal de Estado de Binner- obtuvo un contundente respaldo de 63 votos a 3 en el Senado, incluyendo opositores) por designar un equipo especial de fiscales (como ya lo hizo en otros casos, como la causa de las inundaciones del 2003).

Y tampoco se sabe que lo cuestionen por haberse comunicado con el gobernador de la provincia, para pedirle su opinión y aprobación sobre las medidas investigativas dispuestas en el marco de una causa judicial en trámite, tal como da cuenta la nota de Rosario 12.

Sería interesante saber a título de que se comunicó Barraguirre con Bonfatti, y quien dijo que el gobernador tenía que tener opinión sobre la validez o no de medidas de investigación de un delito que se toman en el ámbito judicial.

En Santa Fe el Ministerio Público no tiene rango constitucional, y funciona en base a una ley dictada durante el gobierno de Binner (en el marco de la demorada reforma de la justicia penal); y de muy dudosa constitucionalidad, porque la Constitución provincial no lo contempla como órgano autónomo.

Como la reforma procesal penal aprobada en el 2006 se sigue dilatando, mientras radicales y socialistas hablan (en Santa Fe) de la independencia del Ministerio Público de la Acusación (del cual dependen en teoría todos los fiscales), Barraguirre como Procurador General sigue utilizando las atribuciones que le confiere una ley de la dictadura, para impartir directivas e instrucciones a los fiscales de todos los fueros; y formar equipos ad hoc de fiscales (lo que en el orden nacional el cuestionan a Gils Carbó).

Pero con la particularidad en ésta causa (reiteramos: se investigan homicidios presuntamente perpetrados por bandas de narcos) vinculada al narcotráfico, de que consulta con el gobernador si le parecen bien o no las medidas.

Habría que preguntarle a Lanata, o a alguno de los miembros de la filial local del lanatismo, que opinan al respecto.