HAY QUE DENUNCIAR A LOS (Y LAS) QUE LAVAN

El escándalo por la discusión de la reforma judicial y el protagonismo mediático y político de las denuncias de Lanata oscureció un hecho de significativa importancia: poco antes de convertirse en un reñidero el Congreso sancionó (por casi unanimidad) la nueva ley del personal de casas particulares, cuyo texto pueden leer acá.

Que significó ni más ni menos que poner a las trabajadoras (las mujeres son el 95 %) y trabajadores de lo que siempre se conoció como el servicio doméstico (aunque comprende también a otras funciones, como los acompañantes no terapéuticos de personas enfermas o discapacitadas), en el universo del conjunto de los trabajadores; alcanzados y protegidos por una regulación que les reconoce ampliamente sus derechos de tales.

Lo que implica vacaciones pagas, indemnización por despido, preaviso, protección del despido por causa de embarazo o maternidad, ,limitación de la jornada legal de trabajo, prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, mecanismos para la regulación de su salario, goce de asignaciones familiares, tribunales administrativos para resolver los conflictos derivados de la relación de empleo, prevención del fraude laboral por el uso abusivo de la contratación a prueba, cobertura de los riesgos del trabajo, accidentes y enfermedades profesionales, pautas sobre el descanso diario, entre otras cuestiones.

Derechos que ahora se les reconocen con plenitud a aproximadamente un millón de trabajadoras y trabajadores, hasta hace poco regidos por un decreto de la dictadura de Aramburu y Rojas; pero entre un 70 y un 85% de los cuales están en negro, en condiciones de informalidad y sin gozar de los beneficios de la seguridad social.

Pese a las campañas oficiales (del gobierno nacional y algunos gobiernos provinciales) para que se regularizara su situación, y al incentivo que supone que, declarar al personal que trabaja en la casa en la ANSES habilitaba la posibilidad de deducir los gastos respectivos, del impuesto a las Ganancias. 

Claro que para que el incentivo funcione, el que lo invoque debe tener regularizada su situación con el fisco respecto al pago de Ganancias; cosa que en muchos casos y salvo lo que corresponde a la cuarta categoría (trabajo personal en relación de dependencia, si es formal, o sea declarado a la seguridad social), no se da.

Una ley que amplía derechos, cuando oímos a diario que lo que el gobierno quiere es cercenarlos, gestada por un amplio consenso, cuando nos dicen que el kirchnerismo "va por todo", y se lleva todo por delante.

Sin embargo que se la haya silenciado u obscurecido (aun en los medios que se consideran oficialistas o afines al gobierno, con las excepciones del caso), tiene más que ver con las circunstancias que mantuvieron a ese millón de personas que trabajan a diario en las casas de otros casi al margen del derecho laboral hasta hoy; y que mantienen en negro a la inmensa mayoría de ellas, que con la famosa "batalla cultural", o la disputa por la construcción del sentido de interpretación social.

Pensemos simplemente que la nueva ley (una vez aprobada por Diputados) estuvo demorada en el Senado (sometida al conservadurismo cultural de la mayoría del cuerpo) todo el tiempo que llevan los controles puestos por el gobierno para que la gente pueda comprar dólares: ¿cuántas veces oímos en ese lapso a los que reclaman que les dejen acceder a los billetes verdes, reclamar para que la ley saliera?   

La nueva ley significa un avance notorio (no debidamente explicitado por el propio gobierno, más allá de algunos spots en el "Fútbol Para Todos") para un colectivo laboral sometido a condiciones de trabajo denigrantes en muchos casos, por la perduración de atavismos culturales que atraviesan a muchas capas de la sociedad.

Y las reacciones ante la decisión de la AFIP de practicar estimaciones de oficio de deudas  por contribuciones a la seguridad social por aportes patronales para éste personal, no hacen sino confirmarlo: acá por ejemplo La Nación lo califica como un aumento de la presión del Estado para lograr que se regularice al personal (que sigue llamando "doméstico", muestra de que ciertos hábitos culturales no cambian tan fácilmente), y acá Clarín  hace hincapié en la presunción legal (establecida por la Resolución de la AFIP) de que, quien gana más de $ 500.000 brutos anuales y además paga Bienes Personales, emplea personal de casas de familia, y por ende debe pagar las contribuciones a la seguridad social. 

Por supuesto en tiempos de inconstitucionalidad veloz (y precoz) no podían faltar los "expertos" que advierten sobre una eventual ilegalidad de la medida, diciendo que la presunción que establece la AFIP debería estar en la ley de procedimiento tributario.    

Muy expertos no deben ser, porque omiten decir que las facultades de la AFIP para practicar estimaciones de oficio de deudas deudas por contribuciones a la seguridad social, tomando como base elementos demostrativos de la capacidad económica y contributiva de las personas si éstas no aportan los datos respectivos, ya está en la Ley 11683 (de procedimiento tributario), desde que en el año 2005 se sancionó la Ley 26.063, que pueden ver acá.          

Ley que además fue justamente la que estableció la posibilidad de deducir del impuesto a las Ganancias el salario pagado al personal que se emplea en las casas de familia, y las contribuciones patronales correspondientes; y que dispone además (en su artículo 3) que "Todas las presunciones establecidas por esta ley operarán solamente en caso de inexistencia de prueba directa y dejarán siempre a salvo la prueba en contrario", y en su artículo 6 que "Ninguna de las presunciones establecidas en la presente ley podrán ser tenidas en cuenta por los jueces en lo penal a los fines de determinar la existencia de un delito".

Lo que implica que las personas que pudieran verse alcanzadas por la resolución del a AFIP gozan de todas las garantías para demostrar que no tienen personal en negro, empleado en su casa, si ése fuera el caso.

Y entre el cúmulo de hipocresías que el caso desnuda (como la defensa desembozada del negreo y la explotación, por parte de los supuestos cultores de la calidad institucional, tan preocupados por el lavado de dinero en negro), no es menor que protesten porque el Estado -con la medida- busca "hacer caja": ¿acaso no se quejan todo el tiempo de que el gobierno malgasta "la plata de los jubilados"?

Pues bien, en éste caso, de eso se trata justamente: de arbitrar los mecanismos legales (con todas las garantías constitucionales que siempre reclaman) para poder contar con más "plata para los jubilados", no sólo para beneficiar a las trabajadoras y trabajadores de casas de familia (que para poder gozar plenamente de los beneficios del nuevo régimen deben estar registrados en la seguridad social, aun cuando la relación laboral se presume y la puedan probar en la justicia por otros medios), sino porque si los aportes y contribuciones de la seguridad social aumentan porque se blanquea personal, mueven a la alza la fórmula establecida por la Ley 26.417 para actualizar semestralmente las jubilaciones y pensiones del sistema público de reparto.

O sea: menos empleados en negro, más aportes a la seguridad social, mejores aumentos para los jubilados y pensionados.

Dos logros institucionales (la ley de movilidad, la del personal de casa particulares) innegables de un proyecto político acusado a diario de llevarse por delante las instituciones.

Y una oportunidad para tanta gente sensibilizada por las denuncias de Lanata para denunciar a las (y los) que lavan, pero ante la ANSES.