CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Un poco por azar del destino, y bastante por su propio manejo de los tiempos, la Corte Suprema tiene hoy en sus manos resolver dos causas de altísimo voltaje político, como la reforma al Consejo de la Magistratura, y el planteo del Grupo Clarín contra la ley de medios.

El debate en ambos casos es todo, menos jurídico.

Se puede, claro, intentar un análisis pormenorizado de los argumentos de las partes (el Estado por un lado, las corporaciones judiciales y el mayor grupo mediático del país, por el otro), y hasta se pueden aventurar resultados sobre los fallos de la Corte (permítasenos ser escépticos al respecto). 

Como también se puede desmenuzar el artículo 114 de la Constitución y los antecedentes de su discusión en la Convención Constituyente del 94' (de la que además los convencionales están vivos, y no en el cuadro de Alice) para ver que quiso realmente decir; del mismo modo que podemos estar horas analizando si es lo mismo regular el espectro radioeléctrico, que la televisión por cable que no lo usa, a los fines de evaluar si la ley de medios es o no constitucional.

Se puede y seguramente en otra oportunidad lo haremos, pero ahora el asunto es otro; y de naturaleza nítidamente política.

Del mismo que la propia Constitución es un texto profundamente político (tanto que expresa un modelo o idea de país) y no la obra literaria de los constituyentes y sus exégetas, que hay que preservar del plagio o la desnaturalización.

Cuando Cristina anunció el envío de la ley de medios al Congreso dijo que representaba una "prueba ácida" para las instituciones de la democracia, porque superada la etapa de que el Ejecutivo la propusiese formalmente (algo que ningún gobierno anterior -incluyendo el de Néstor- había hecho hasta entonces), restaba atravesar el debate legislativo, y su validación por la justicia; ante los previsibles reclamos de los intereses afectados.

Tránsito en el cual esos fuertes intereses afectados iban a apelar a toda su capacidad de influencia (que es mucha, como quedó comprobado) sobre el sistema institucional, para defender sus privilegios: el tiempo transcurrido desde entonces le dio largamente la razón.

Algo similar pasó con la reforma judicial, cuando desde el Ejecutivo se puso a los jueces en la mira, y se generó la discusión sobre lo que pasa con la justicia en la Argentina; más allá incluso de los proyectos concretos que propuso el Ejecutivo.  

La Corte fue manejando los tiempos de ambas causas con dos velocidades: lenta, para la ley de medios (tomándose todo el tiempo y los atajos procesales que creyó necesarios), veloz para la reforma al Consejo de la Magistratura; si bien apremiada en este caso por el calendario electoral, dando una clara señal de cuál podría ser su opinión final.

De ese modo demostró (en línea con lo que tantas veces se ha apuntado desde éste blog) que toma con guantes de seda todas las causas que tocan nervios sensibles del poder económico (mientras otea el panorama político), pero que más le todavía preocupan  las cuestiones vinculadas con su propio ombligo; es decir, el manejo del Poder Judicial

Ni más ni menos que lo que los jueces han hecho desde siempre,  como lo confesaba ayer Adrián Verdura en La Nación: moverse en función de la coyuntura, olfatear el clima social y (sobre todo) político, para ir donde va el viento, o donde creen que va: como se ve, de análisis jurídico independiente, poco.

De todos modos, teniendo como tienen (y la Corte ni hablar) la llave del derecho, el monopolio de su certeza, no han de preocuparse demasiado si sus argumentos y decisiones lucen incoherentes o infundadas (la complejidad intrincada del lenguaje jurídico es un muro de protección contra una más clara percepción social de sus agachadas); con tal de que lo que les interesa tutelar, termine tutelado.

Que no es -como muchas veces nos quieren hacer creer- los derechos de los ciudadanos, sino cuestiones más concretas, constantes y sonantes: esta nota de Irina Hauser en Página 12 hace un muy completo racconto histórico al respecto, como para dar una idea de lo que afirmamos.

Tanto con la ley de medios como con la reforma al Consejo de la Magistratura (las dos causas que la Corte tiene hoy en sus manos) los argumentos opositores escamotean la verdadera naturaleza del asunto, y nos plantean que se trata de manotazos del gobierno para llevarse puestos al periodismo independiente (si es que tal cosa existe) o permitirles a los amigos del poder comprar medios; y para condicionar a los jueces también independientes (otra especie de dudosa existencia), y garantizarse la impunidad a futuro.

Supongamos por un momento que los argumentos fueran valederos, y que esas fueran las intenciones reales del kirchnerismo, en ambos casos.

Aun así, el resultado de lo que la Corte resuelva no dejará de tener consecuencias políticas hacia el futuro, y mucho más allá del daño que le causen a Cristina, o a su gobierno.

Si el poder político no puede proponer reformas a la justicia (cualquiera fueran éstas) porque el propio Poder Judicial se abroquela en la defensa del status quo y lo defiende con uñas y dientes, ese status quo (con el cual nadie dice públicamente estar de acuerdo) seguirá vigente.

Del mismo modo si no se puede plantear una discusión sobre la democratización de los medios y avanzar en ese sentido, tampoco podrá plantearse en el futuro ninguna ley antimonopólica o que recorte privilegios de algún grupo económico dominante, ni con éste ni con otro gobierno: existirá el antecedente ya de como reaccionaría ese grupo (replicando lo que hizo Clarín), y como la justicia procesará sus reclamos (como lo vienen haciendo la Corte y los demás tribunales, hace cuatro años): hay ejemplos a diarios, en menor escala.

Y la prueba ácida de la que hablaba Cristina, no será superada por el sistema político, aunque la institucionalidad formal aparezca salvada porque los jueces fallaron, siguiendo los rituales establecidos.      

El resultado final no será una mejor democracia (reiteramos: traspolar la cuestión a presuntos derechos ciudadanos en juego, amenazados por el Leviatán estatal, es como mínimo una falacia), sino peor, porque la lección será política, y para la política.  

No se habrán afirmado derechos ciudadanos en riesgo, sino que se le habrá amputado el brazo a la política a futuro, cuando (aun munida de las mejores intenciones, insospechada de toda motivación espuria) resuelva avanzar sobre zonas inexploradas para allí si ampliar derechos, y asumir los más que probables conflictos que eso pudiera ocasionar.