SE BORRAN OTRA VEZ

Leemos en el diario del Loco Lindo: "No hay lista congelada que el gobierno provincial fiscalice, y tradicionalmente los supermercados de Santa Fe conforman una plaza con precios promedio más bajos”. Muy medido en sus conceptos, el presidente de la Cámara de Supermercados del Centro Comercial de Santa Fe respondió así a la consulta de El Litoral.

Consultado sobre la eventualidad de “multas” en un escenario en el que no hay listas fijas con precios determinados, Silva respondió que la Dirección de Comercio de la provincia no los “fiscalizará” por carecer de marco legal, pero que de todas maneras está vigente el relevamiento de precios que habitualmente realizan.".

Para los que somos de Santa Fe la actitud de los supermercadistas locales no sorprende: siempre le encuentran el pelo al huevo, tal como pasa con el Centro Comercial: que si no los consultaron, que si los proveedores esto o aquéllo, que si los productos no satisfacen necesidades básicas, que si son grandes cadenas nacionales (sobre las cuáles hacen lobby para que no se instalen, pero no ofrecen a cambio mejorar sus precios), excusas nunca les faltan.

Lo que les falta es ganas de hacer algo, como harán por ejemplo sus colegas de Rosario con proveedores locales: un acuerdo de precios a escala local, con sus propios proveedores, para mantener congelados los precios de determinados productos, buscando llegar progresivamente a la lista de 500 productos del acuerdo nacional.

A menos que esperen que el Napia Moreno les meta el dedo en el culo, y terminen haciendo algo para poder competir, como pasó con la Supercard y los descuentos y promociones con tarjetas; tal como apunta acá Barricada.

Pero no sólo los supermercadistas locales se borran de todo lo que sea acuerdo para mantener precios: de las declaraciones de Silva se desprende que la Dirección de Comercio de la provincia no fiscaliza, porque aduce no tener facultades para hacerlo; algo ya analizado como falso en éste post.

Nadie le está pidiendo al gobierno de la provincia que se sumen a "Mirar para cuidar", y manden a los del Gabinete Joven a controlar los precios, porque todos sabemos que ellos están para cosas mucho más importantes que revisar latas de arvejas:

Simplemente les estamos pidiendo que, como Estado, cumplan las obligaciones legales que tienen de velar por los derechos de los consumidores; a menos que (tal como se explicó en detalle acá, cuando la anterior etapa de los acuerdos de precios) la Dirección de Comercio de la provincia tenga expresas instrucciones de hacer la vista gorda, para después terminar dando marcha atrás y reconociendo lo obvio: deben intervenir y controlar, porque para eso están.  

Las normas nacionales son muy claras al respecto:

La Ley 24.240 de Defensa de los Derechos del Consumidor dispone en su artículo 7 que "La oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones."; y en el artículo 10 Bis que "El incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor, a su libre elección a: a) Exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que ello fuera posible; b) Aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente", para el caso en que -por ejemplo- las cadenas nacionales que existen en Santa Fe y adhirieron al acuerdo de precios (Coto y Wall Mart) no tengan disponibles los productos comprendidos.

Pero más clara es la ley respecto a las facultades de contralor y sanción de conductas lesivas a los derechos del consumidor. Su artículo 41 dice: "La Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Economía y Producción, será la autoridad nacional de aplicación de esta ley. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones."

Lo mismo dice el artículo 13 de la Ley de Lealtad Comercial 22.802: "Los gobiernos provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias, con respecto a los hechos cometidos en su jurisdicción y que afecten exclusivamente al comercio local, juzgando las presuntas infracciones."

Y lo propio hace la Ley 20.680 de Abastecimiento en su artículo 18: "Las infracciones cometidas en las provincias y que afecten exclusivamente al comercio de sus respectivas jurisdicciones serán juzgadas en sede administrativa por los organismos que determine cada una de ellas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3º."

Como se ve, la obligación de controlar y fiscalizar (para defender el bolsillo de los consumidores) va más allá de los acuerdos de precios que hizo el gobierno nacional; pero por lo menos podrían empezar por eso, ya que no quieren generar sus propias políticas al respecto, ni controlar a los comercios locales.

A menos que defiendan otros intereses, y por eso decidan borrarse, como siempre.