PARA AGREGAR AL MANUAL DE ZONCERAS

Si se tratara de agregar zonceras al "Manual" de Jauretche -con esas páginas en blanco que don Arturo dejaba atrás de libro con ése fin- éste asunto de que "el Congreso es una escribanía del Poder Ejecutivo" merecería figurar entre la primeras incluidas.

Un tema reiteradamente analizado en éste blog, acá en la etiqueta "Congreso Nacional" pueden ver varios post al respecto. 

Y hoy vuelven sobre lo mismo en ésta nota de La Nación, en la que constatan una obviedad: la mayor parte de los proyectos sancionados por el Congreso provienen del Poder Ejecutivo, o de los legisladores del oficialismo: ni más ni menos que lo que pasa en cualquier cuerpo parlamentario del mundo, aun en los países que no tienen un sistema presidencialista como el nuestro.

Una cosa tan simple, que ni siquiera haría falta explicarla; pero parece que sí, dado que se insiste en la zoncera.

Y como el artículo se detiene en los aspectos puramente cualitativos del asunto (cuántas leyes se sancionaron, quien las promovió) y no cualitativo (de qué trataban), no deja demasiado para el análisis, justamente porque a poco que se profundice éste, salta la liebre de la zoncera.

Fíjense que al mencionar las leyes que sancionó el Congreso partiendo de proyectos presentados por la oposición, dice: "Hay algunas excepciones, como las leyes contra la trata de personas, del ex senador Luis Falco (UCR); la modificación de los Códigos Civil y Comercial para la mayoría de edad, del senador Rubén Giustiniani (PS); el haber mínimo jubilatorio garantizado, del diputado Claudio Lozano (UP); la ley de matrimonio homosexual, de la ex diputada socialista Silvia Augsburger; la de seguridad bancaria, de Gerardo Milman (GEN); la de identidad de género, de la ex diputada Silvana Giudici; la sanción a delitos contra la integridad sexual, de la senadora Sonia Escudero (PJ-Salta), y la ley de promoción de donación de órganos, de Mario Fiad (UCR), entre otras. ".

Otra obviedad: cuando de lo que trata la ley en cuestión es de regular aspectos de las relaciones sociales, es más fácil conseguir consensos transversales a las estructuras partidarias; pero cuando de lo que se trata es de discutir iniciativas de contenido estrictamente político o económico la cosa cambia, porque afloran las diferencias de proyectos.

Diferencias que determinan que unos sean gobierno y otros oposición, colocados en los respectivos roles por el voto de la gente: así de sencillo.

El artículo toma nota de que a partir del 2005 (cuando obtuvo un triunfo rotundo en las legislativas) el kirchnerismo fue afianzando su poder, e imponiendo sus proyectos: una constatación tan obvia, como que hoy se llama (desde la oposición y desde esos mismos medios) a derrotarlo en las elecciones legislativas de éste año, para restringir su margen de maniobra en el Congreso; no para llamarlo (u obligarlo) al diálogo y al consenso.

¿O acaso el eje de la campaña opositora no gira en torno a impedirle al gobierno colocarse en condiciones de impulsar en el Congreso la reforma constitucional?

Pero el propio artículo nos aporta información sobre lo que pasó en el Congreso entre el 2009 y el 2011, cuando la oposición (entonces rejuntada como "Grupo A") tomó el control de ambas Cámaras:

Si de hacer análisis cuantitativos se trataba, deberían haber tomado nota de que fue justo en ese período cuando el número de leyes sancionadas cayó estrepitosamente, y no precisamente porque Cristina las vetara (salvo el caso del 82 % móvil); sino porque el rejuntado opositor no tenía ninguna vocación de acordar con el oficialismo (llegamos a estar un año sin presupuesto), ni tampoco entre ellos, como para aprobar algún proyecto.

Y hablando de vetos: el hecho de que la CN le otorgue al presidente esa facultad (que otros Ejecutivos ejercen con más frecuencia que Cristina, como Macri o Bonfatti, sin disgusto de la prensa opositora), y le imponga al Congreso conseguir los dos tercios de los votos para rechazarlo, habla a las claras de como funcionan los sistemas presidencialistas como el nuestro: otorgándole la preeminencia al que es votado por el pueblo para administrar el país, por encima del órgano donde están representados el oficialismo y la oposición.

Esta otra constatación sencilla y de manual, hace lucir aun más absurda la mención que hace el artículo al abandono de la "cultura parlamentaria"; que en rigor encubre la nostalgia de los tiempos de gobiernos débiles, con escaso caudal electoral y obligados a negociar en el Congreso, todas y cada una de sus iniciativas. La famosa "Ley Banelco" es el caso más conocido, pero no el único, que documenta a donde se puede llegar por esa vía.

Ese es el sistema que muchos añoran, y que funciona por fuera de los cauces de nuestro sistema constitucional (ver si no lo escrito por Alberdi en sus "Bases", cuando identifica al gobierno con el presidente); porque en ése contexto se dificulta cualquier tipo de transformación profunda, y el sistema político es más permeable a las presiones corporativas.

Por no decir que la oposición asumió en todos estos años la actitud refleja de oponerse a toda iniciativa que surgiera del gobierno, aun cuando ellos mismos la hubieran propuesto antes (como pasó con la disolución de las AFJP); o corriéndole el arco al oficialismo cuando éste se manifestaba dispuesto a discutir cambios (como pasó con las retenciones móviles, o la ley de medios), para después terminar votando igual en contra; sea en general o en particular (como pasó por ejemplo con la LSCA y el artículo 161 de la desinversión).