Las denuncias sobre "unitarismo fiscal" y los reclamos a la nación por mayores recursos son un sello de agua del discurso del Frente Progresista Cívico y Social; y las denuncias sobre presunta discriminación a Santa Fe en la asignación de recursos han sido para el oficialismo provincial un recurso muy eficaz en términos electorales.
Por más esfuerzos que se hagan para separar la paja del trigo, o desnudar algunas mentiras y zonceras recurrentes, una hábil estrategia de medios, sumada a la seducción que siempre genera el discurso "federal", y los silencios e incoherencias de buena parte de la dirigencia del peronismo provincial, le proporcionaron un terreno fértil en el cual avanzar; en su estrategia de victimización y desplazamiento de responsabilidades.
Y parte de la eficacia de esa estrategia queda demostrada palmariamente en el hecho de que pocos se preguntan cuan coherente es el FPCyS con sus planteos, hacia el interior de Santa Fe; es decir en las relaciones fiscales o la puja por la distribución de los recursos, entre el gobierno provincial, y los municipios y comunas.
Al respecto leemos en Sin Mordaza que el Ejecutivo provincial vetará la ley aprobada (al menos en Diputados) por la Legislatura, modificando el Fondo de Obras Menores, de modo que las partidas sean remitidas en forma directa y automática a los municipios y comunas, en 12 cuotas mensuales; y sin necesidad de la previa aprobación de los proyectos que se financiarían con esos recursos, por el gobierno provincial.
Entre los argumentos que dan, se señala que de ese modo se estaría modificando indirectamente la ley de coparticipación provincial, y se excluiría a Santa Fe y Rosario, donde vive buena parte de la población de la provincia; ambas gobernadas por el FPCyS: por eso tanto Corral como Fein protestan y piden una reforma al proyecto, al proyecto, o que Bonfatti vete la ley.
La decisión de vetar el proyecto (si es que pasa el filtro del Senado banelquizado) es incoherente con lo dicho por Bonfatti acá en Ambito Financiero; donde rescata la excelente relación de su gobierno con la oposición, y el aporte constructivo de ésta a su gestión.
Los argumentos con que el socialismo sostiene el veto en ciernes a la reforma de la ley de Obras Menores nos imponen hacer algunas aclaraciones al respecto, para tener en claro de que estamos hablando.
La Ley 12.385 que creó originariamente el Fondo fue sancionada en el 2004 durante el gobierno de Jorge Obeid, y ya entonces dejaba afuera de sus alcances a las municipalidades de Santa Fe (entonces gobernada por el PJ) y Rosario; de modo que mal puede hablarse ahora de discriminación en perjuicio de las dos por estar gobernadas por el FPCFyS porque -sencillamente- nunca estuvieron incluidas en la norma; más allá del color político de sus gobiernos.
La ley del Fondo tuvo varias modificaciones, pero la más importante fue la de la Ley 12.744, también durante el gobierno de Obeid (2007), para que en lugar de conformarse con unh monto en dinero, lo fuera con un porcentaje de los recursos provinciales: más exactamente el 1% del Cálculo de Recursos de la Administración Central, conforme al presupuesto del año anterior al que corresponda la distribución.
De modo que las dos decisiones no son mérito de la gestión del FPCyS, sino de leyes sancionadas antes de que Hermes Binner llegara al gobierno; y que si se hubieran cumplido conforme a su texto y espíritu, les deberían haber posibilitado a los municipios y comunas de la provincia (todos, sin importar el color político de quien los gobierne) recibir recursos adicionales, en tiempo y forma; originariamente destinados a gastos de capital (obras, compra de equipamiento), y luego en parte para gastos corrientes (sueldos, gastos de funcionamiento).
Sin embargo y según lo explicáramos acá; tanto el gobierno de Binner como el de Bonfatti no consideraron a los recursos del Fondo de Obras Menores como afectados y propios de los municipios y comunas (lo que suponía transferirlos automáticamente), sino que los sujetaron a que éstas presentaran sus proyectos para invertirlos, y la provincia los aprobara; incluso cuando luego salieron leyes que autorizaban a usarlos para gastos corrientes. Por eso por ejemplo (ver acá) el año pasado las municipalidades y comunas recibieron apenas el 50,48 % de lo que les hubiera correspondido; y a algunas se les deben aun fondos correspondientes a los años 2010 y 2011.
Justamente eso es lo que trata de resolver el proyecto de ley que Bonfatti amenaza con vetar, al establecer la transferencia en 12 cuotas mensuales y automáticas; así como evitar la absoluta discrecionalidad del Ejecutivo en el manejo de los recursos, que derivó por ejemplo en que las partidas fueran manejadas como si fueran subsidios (y no recursos que les corresponden por ley a los municipios y comunas), y a julio de éste año (en pleno año electoral) casi el 85 % fuera asignado a municipios y comunas gobernados por FPCyS: una actualización de lo distribuido desde entonces no varía significativamente el panorama.
Como en la línea argumental que sustenta el seguro veto se habla de otras cuestiones (topes de coparticipación de Ingresos Brutos, fondo de financiamiento educativo) debemos reiterar aclaraciones que ya hicimos al respecto.
El hecho de que actualmente la provincia coparticipe a los municipios y comunas el impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre el total de lo que recauda y no sobre el 90 %, no es ningún mérito del socialismo: es consecuencia de que así lo dispuso la Ley 12.814 sancionada durante el último gobierno de Obeid. ´
Otro tanto pasa con los fondos que supuestamente el Estado provincial les seguiría otorgando a los municipios y comunas, aun cuando debieran destinarlos a cumplir con la Ley 26.075 de financiamiento educativo: si bien las leyes de Presupuesto nacional de éste año y del que viene dispusieron que se asegurara (por las provincias) el reparto automático de los recursos a los municipios y comunas para garantizar que se cumpliera con su afectación a la educación, la solución arbitrada por el gobierno provincial (con éste decreto y éste otro), es pan para hoy, y hambre para mañana.
Porque las municipalidades y comunas tendrán que demostrarle a la provincia que utilizan esos 195 millones de pesos (que corresponden a coparticipación de impuestos nacionales, aclaremos) al llamado Fondo de Asistencia Educativa (FAE), haciendo refacciones menores en las escuelas de su jurisdicción: hubiera sido más sencillo modificar la ley de coparticipación, y que la provincia lo pusiera de su parte en el reparto.
Y hablando de reformas a la coparticipación: desde el gobierno insisten con que el proyecto sancionado por Diputados en una modificación "encubierta" al régimen de coparticipación, como si eso fuera un problema; e instan a los legisladores de la oposición a reclamar a la nación por más recursos coparticipables para Santa Fe, o sea, escupir para arriba o patear la pelota.
Porque ese argumento oculta que los reclamos de Santa Fe están en algunos casos (15 % que va a la ANSES, impuesto al cheque) judicializados sin que haya fallo de la Corte hasta el momento; y que para modificar la ley de coparticipación federal la Constitución exige el acuerdo de todas las provincias, la ciudad de Buenos Aires y la Nación; y su ratificación por todas las Legislaturas provinciales, además de un mayoría agravada en las Cámaras del Congreso.
Y mientras que en la Nación reclaman que se les gire a las provincias un "piso" de al menos el 34 % del total de los recursos (coparticipables o no) en Santa Fe el Estado provincial (de acuerdo a la ley vigente, a la cual el socialismo nunca propuso cambiarle ni una coma) gira al conjunto de municipios y comunas apenas el 11 % de lo que recibe de la Nación por coparticipación.
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