Sobre las novedades de la causa por sedición que se tramita en la justicia federal contra los policías amotinados, leíamos ayer a Tizziani en Rosario 12: "En la denuncia por sedición, el doctor Saccone no aportó nombres de los policías que negociaron con el gobierno, mientras sus colegas estaban en la calle, en la revuelta. Pero ofreció al fiscal Rodríguez toda su "colaboración" para el avance de la causa. El fiscal le tomó la palabra y le pidió que aporte los nombres de los negociadores. "Teniendo en consideración que el doctor Saccone puso en mi conocimiento que el Poder Ejecutivo no identificó a quienes intervinieron en el conflicto policial" y que los abogados "César Rojas, Miguel Portillo, García Chesa y Luis Tomasevich tomaron parte de las negociaciones invocando la representación letrada de diversos sectores, solicítese al fiscal de Estado que se sirva precisar los datos de las personas que integran dichos sectores y suministre la lista de los referentes de cada uno de ellos (...), es decir, si los agrupamientos de efectivos policiales responde a jerarquías alcanzadas, edad, zona geográfica o cualquier otro punto de conexión que los identifique en función de sus intereses, incluyendo las representaciones asamblearias", planteó el fiscal federal.".
Es decir entonces que, más allá de las fotos aportadas por el Fiscal de Estado de la provincia como pruebas para identificar a los que encabezaban la protesta frente a la Casa de Gobierno exhibiendo las armas reglamentarias, el gobierno adentro negociaba con sus representantes como salir del conflicto policial.
Y hasta ahora el mismo gobierno que hizo la denuncia no dijo con que policías negociaba, más allá de algunos asbogados que oficiaron como representantes.
Lo cual es un dato no menor, porque según pudimos averiguar, en la denuncia judicial el propio Bonfatti dice haberse sentido amedrentado porque tuvo que verse forzado a negociar sentado a una mesa con personas que exhibían armas de fuego, pero no las conocía.
A eso apunta justamente el requerimiento del fiscal federal, pero de por sí es inquietante que se compruebe fehacientemente (conforme se desprende de la propia denuncia del gobierno) que los sediciosos obtuvieron lo que buscaban a punta de pistola, y sin necesidad de tener que identificar a sus negociadores.
O amedrentando a los funcionarios (¿entre ellos al propio gobernador?) para que no revelaran sus nombres ante la justicia; o algo por el estilo.
Va a estar bueno saber que contesta el gobierno al requerimiento del fiscal Rodríguez.
2 comentarios:
Bueno, ahora veremos si tienen uñas para guitarrear. Dado que no le podrán echar la culpa a las fuerzas nacionales.
Si la gendermería y prefectura no se hubieran hecho presentes y actuado en esa circunstancia, todavía estaríamos lamentando las muertes de ambos lados.
Que paguen los que nos dejaron expuestos, incluidas autoridades de gobierno por su ineptitud y falta de poder político.
Policias narcos con territorio liberado. Funcionarios de la Provincia socios de la policía.
Mirà si no van a saber con quien se sentaron durante la negociación. Mirá si no van a saber como se llaman, que grado tienen.
Pero se callan porque son socios.
Entre bueyes no hay cornadas.
El Colo.
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