VIENEN TIEMPOS DE CORTES

Llega el calor y aparece un clásico de todos los veranos (incluso cuando todavía no empezó, según el almanaque): los cortes de luz.

Y todos puteamos y con razón, pero aun así, no deja de ser interesante preguntarnos por qué se corta la luz; aunque cuando eso pasa, las puteadas se las come hasta el Papa Francisco.

Lo que aparece más claro en éste punto es que los problemas más graves del sistema de suministro de energía eléctrica del país, vienen por el lado de la distribución; es decir las redes y equipos por medios de los que la luz llega a cada casa, comercio o industria.

Pese al montón de sandeces (como siempre, de fuentes incomprobables) que dice hoy Oviedo en La Nación, el país no tiene problemas de generación de electricidad, en cantidad suficiente para abastecer una demanda que ha venido creciendo sin parar en la última década.

Contábamos hace un tiempo acá que el parque generador creció en su capacidad más de un 49 % desde el 2003, como consecuencia de fortísimas inversiones del Estado nacional: pasó de unos 14.000 megavatios (MW) entonces, a más de 23.000 hoy.

Razón por la cual el tantas veces anunciado "apagón" general del país no se produjo; aunque sí existen -y muchos- cortes puntuales.

Tampoco el problema está en el transporte de la electricidad desde los lugares en que se genera, a los puntos de carga del SIN (Sistema Interconectado Nacional), para desde allí distribuirla: acá veíamos como con las obras inauguradas hace poco por Cristina en Santa Cruz prácticamente se ha cerrado el "anillo" de interconexión, tras haber construido 5500 kilómetros de líneas de alta tensión, invirtiendo más de 16.000 millones de pesos; para conectar al SIN a 10 provincias que no lo estaban.    

Cuestión también distinta es que se hable de "crisis energética" refiriendo al creciente peso en la balanza comercial y en la demanda de divisas, de las importaciones de combustibles que el país debe hacer para satisfacer la demanda, porque ha venido declinando la producción de gas y petróleo (razón por la cual se expropió YPF), y porque el funcionamiento de las centrales térmicas lo demanda en algún momento de su ciclo de generación.

Pero si la capacidad instalada para generar electricidad no existiese, por más comnbustibles que importáramos, no habría luz, o no tendríamos energía en la cantidad que necesitamos.

En un mercado eléctrico segmentado (entre generadoras, transportistas y distribuidoras), los mayores problemas en épocas de alta demanda (por ejemplo ahora) vienen por el lado de la distribución: se incrementa el consumo y el factor de potencia (la tensión) con que la electricidad es transmitida, y si las redes y equipos (cables, transformadores, etc) no están en condiciones, fallan y se producen los cortes; o se los dispone para aliviar el sistema.

Dentro del segmento de la distribución, conviven prestadores privados y empresas estatales, sobre todo en las provincias: en el caso de la Capital Federal y el Conurbano (padecidos por porteños y bonaerenses) los servicios están a cargo de distribuidoras privadas con concesiones que vienen de los tiempos del menemismo (Edenor y Edesur).

En Santa Fe la distribución está a cargo de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que en rigor es un ente autárquico del Estado provincial. Hubo un intento de privatización del servicio durante el segundo mandato de Reutemann, abortado en el segundo gobierno de Jorge Obeid.

En el caso del AMBA (Area Metropolitana de Buenos Aires) las distribuidoras no han realizado inversiones para mantener las redes y evitar los cortes, aduciendo que las tarifas están planchadas hace años (por la decisión del gobierno de subsidiar el consumo de servicios públicos), pero aun cuando las aumentaran de un modo astronómico hoy mismo, las inversiones que no se hicieron en años, no podrían hacerse de un plumazo.

Las fallas allí del sistema son por mala regulación (el marco emergente de la Ley 24.065, o los pliegos de cada una de las concesiones), o por los deficientes controles del Estado sobre las concesionarias, para que cumplan las inversiones pactadas; o para aplicarles sanciones si no prestan adecuadamente el servicio.

La discusión en ese caso sería si tiene sentido seguir con ese modelo (con las actuales concesionarias o con otras), o que sea directamente el Estado el que tome a su cargo la prestación del servicio; claro que en este caso tendría que disponer de recursos para hacer las inversiones que se demandan.

En el caso de Santa Fe esa discusión está zanjada porque -tras el experimento reutemanista- existe consenso entre las fuerzas políticas respecto a que el servicio debe seguir en la esfera estatal.

Sin embargo, a partir de diciembre del 2007 con la llegada del Frente Progresista Cívico y Social con Hermes Binner al gobierno provincial, la política de la EPE (y en el mismo sentido la de Aguas Santafesinas) tuvo un cambio sustancial: hubo desde entonces 11 aumentos de las tarifas eléctricas (que están entre las más caras del país), pero no se ven mejoras en el servicio; y siguen los cortes.

La necesidad de aumentar las tarifas tampoco surgió por la baja de los subsidios nacionales al precio de la energía que la EPE compra para distribuir: en éste post pueden ver la evolución de este indicador (junto con otros) entre el 2007 y el 2011; para comprobar que la compra de electricidad representaba el 49,76 % de los gastos de la distribuidora estatal en el 2007, para descender sistemáticamente hasta llegar al 33,15 % en el 2011.

Y siguió bajando: para el 2012 (último año completo disponible de ejecución del Presupuesto) fue del 30,74 %, y de acuerdo con el presupuesto 2014 recientemente aprobado, será el año que viene del 24,79 %; como consecuencia de que hay contemplado en ese presupuesto un aumento implícito de tarifas del orden del 30 % 

Para decirlo más fácil: si en el 2007 la EPE gastaba casi 1 de 2 pesos de todo su presupuesto en comprar electricidad, el año que viene gastará menos de 1 de cada 4; y si en el 2007 recibía $ 1,91 por cada peso que gastaba en comprar luz, el año que viene obtendrá $ 3,87.

Es decir que tiene un "colchón" de recursos interesantes, como para volcarlo a obras y compra de equipos para que no se produzcan cortes.

Sin embargo los mismos números oficiales indican que eso no ocurre: en el año 2012 la EPE invirtió en obras apenas el 3,84 % de su presupuesto (en el 2007 el porcentaje era del 5,17 %, sin aumentos de tarifas) y en maquinaria y equipos (por ejemplo transformadores) un 3,44 %; financiados estos últimos en parte con préstamos que paga el Tesoro provincial.

Por contrapartida, gastó en el mismo año el 18 % de su presupuesto en pagar impuestos indirectos, como el I.V.A e Ingresos Brutos, que aumentan a medida que aumentan las tarifas (sobre todo el precio del kilowat) y la facturación. En el 2007 pagaba apenas el 7,6 % por ese concepto.

Lo que implica que, aun aumentando las tarifas, no destina mayores recursos a inversiones para -por ejemplo- evitar los cortes; y el Estado provincial se financia por doble vía: por la de las tarifas, y la de los mayores impuestos que paga la EPE, tanto propios (Ingresos Brutos) como coparticipables (IVA). Otro tanto sucede con las municipalidades y comunas, que se quedan con un porcentaje de la facturación en concepto de Cuota de Alumbrado Público (CAP).

Dicho en plata y con el presupuesto 2014, mientras la EPE gastará el año que viene $ 1.314.489.000 en comprar luz, entre los impuestos indirectos y la CAP se le irán $ 949.627.000, que no podrá destinar a inversiones en el servicio.

Pero además el gobierno provincial tampoco tiene la decisión de hacerlas: el mismo presupuesto revela que piensa recaudar por tarifas $ 5.092.095.000 (más de cinco mil millones de pesos), e invertir en "Maquinaria y Equipos" para la distribución apenas $ 66.431.000: el 1,30 % de lo que va a recaudar de los usuarios.

Habrá que comprar velas, y prendérselas al Papa.