LA DOCTRINA KIRCHNER

La resolución de ayer de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobando los principios fundamentales que han de regir los procesos de reestructuración de las deudas soberanas de los Estados es -sin dudas- el más importante triunfo diplomático de la Argentina de los últimos 50 años; desde que la Resolución 2065 del mismo organismo recomendara a nuestro país y al Reino Unido negociar por las Malvinas, reconociendo que existía una cuestión colonial y una disputa de soberanía.

Un hecho que sólo se puede desconocer desde el más descarnado cipayismo, o una absurda miopía que antepone la opinión que merezca un gobierno, con el más estricto interés nacional: es tan cierto que el nuevo marco jurídico aprobado ayer no se aplicará retroactivamente al caso de la deuda argentina, como que desde mayo del 2013 (en que se conoció el fallo de Griesa a favor de los fondos buitres) para acá, el gobierno no ha cedido un ápice en su postura original de honrar sus deudas pero en base a criterios justos, equitativos y razonables; que son ni más ni menos que las mismas condiciones que se ofrecieron a todos los acreedores que ingresaron a ambos canjes.

Durante todo ese tiempo -en el que la diplomacia argentina construía con trabajo y paciencia el triunfo de ayer- hubo que escuchar a buena parte de la oposición política echarle la culpa del accionar de los buitres al gobierno, organizar colectas para pagarles y levantar el embargo de la fragata y proponer "ir a sentarse al despacho de Griesa y lo que él diga, eso hay que hacer", para luego reconocer a regañadientes que el gobierno tuvo siempre la razón, y su postura es la que mejor atiende la defensa de los intereses nacionales: ¿o acaso no dijo hace poco Pinedo que si Macri fuera presidente haría lo mismo que hace Kiciloff con el tema?  

Diplomacia argentina dijimos: sirva la disgresión para reconocer el trabajo de la cancillería, supuestamente "desvastada por la Cámpora", y del ministerio de Economía, empezando por el propio Kiciloff que ayer expuso en la Asamblea la posición argentina: los 11 votos negativos de la votación del año pasado para abrir la discusión del nuevo marco se redujeron a 6 (todos previsibles), porque Australia, Irlanda, Finlandia, Hungría y la República Checa viraron hacia la abstención; mientras las tres cuartas partes de los países miembros de la ONU (incluyendo a China, Rusia e India) acompañaron con su voto positivo.

En el escaso -en términos internacionales- plazo de un año transcurrido desde la anterior Asamblea en el que el tema fuera presentado por el Grupo G77 + China, y tras solo seis meses de debate, quedaron fijados los principios generales en la materia (acá completos), que son sino la reproducción del corazón de la línea política seguida por los gobiernos de Néstor y Cristina en los canjes del 2005 y 2010, y en la disputa con los fondos buitre.

La reestructuración de deuda como acto soberano de los Estados no judicializable (al igual que su facultad de fijar sus propias políticas macroeconómicas para generar posibilidades de pagar sus deudas sin desatender el crecimiento económico y la inclusión social), la aprobación de los procesos de reestucturación por el voto mayoritario de los acreedores sin posibilidad de que su acuerdo sea bloqueado por una minoría, la obligatoriedad para los Estados que adhieran de no hacer caer las renegociaciones por decisiones de su sistema judicial, la inmunidad soberana del Estado y el carácter inembargable de sus bienes en el exterior, la igualdad de tratamiento de todos los acreedores (ingresen o no voluntariamente a los procesos de reestructuración) y la obligatoriedad de que todos ellos se identifiquen y verifiquen fehacientemente sus acreencias, como pasa en cualquier quiebra.

Lo más parecido a aquélla "ley internacional de quiebras" de la que hablaba hasta Anne Krueger en plena crisis del 2001, y una poderosa herramienta para prevenir el accionar especulativo de los fondos buitres; que sufrieron una rotunda derrota política que se suma a la negativa de la Corte de Apelaciones de Nueva York para permitirles embargar las reservas del Banco Central.

Si alguien acotase que este nuevo marco dificultará a los países que adhieran el acceso a los mercados voluntarios de capitales, habrá que decirle enhorabuena, porque lo que seguramente evitará será la compulsión por embarcarse en endeudamientos irresponsables en condiciones desdorosas e insustentables económica, política y socialmente; o los pondrá en la necesidad de pagar los costos políticos de no adherir al nuevo marco.

En un mundo en el que la multilateralidad institucional construida en la ONU desde 1945 está en crisis, el nuevo marco aporta un eslabón en el camino para su recuperación, avanzando sobre el terreno cedido frente a la peor expresión de la globalización financiera: Argentina y los países que la apoyaron lograron que el organismo multilateral más importante y global de todos avance allí donde el G20 no pudo ni quiso; prisioneros como están sus principales miembros (que son los mismos que votaron en contra) del capital financiero que les impone políticas y planes económicos, y les exige poner el peso institucional de los Estado para defender sus intereses a como dé lugar, incluso poniendo en riesgo las propias construcciones multilaterales; como lo comprueba el caso griego y su impacto en la Unión Europea.

Con una regulación internacional gestada en el seno de la ONU para los procesos de reestructuración de deuda, la mayor parte de los Estados miembros le cierran la puerta a los cantos de sirena del buitrerío que se hicieron oír por boca de Rajoy u Obama entre otros, propiciando solucionar el problema con las "cláusulas de acción colectiva" en los futuros prospectos de emisión de deuda soberana.

Un engaña pichanga tan grande como el de los iluminados que por acá sostenían que se podía pagarles a los buitres al contado, sin que se activaran las cláusulas RUFO y se cayeran por completo los canjes de deuda. 

La nueva regulación es absolutamente inseparable de la experiencia argentina, como que fue nuestro defáult del 2001, los canjes del 2005 y 2010 y el litigio judicial con los fondos buitres el disparador de la discusión, aun cuando hoy madure y se corone en un marco en el que la deuda condiciona no ya a países periféricos o del Tercer Mundo, sino de la propia Unión Europea.

De todos los principios generales consagrados por la nueva regulación, nos vamos a quedar con el de sostenibilidad, que textualmente dice "...las reestructuraciones de la deuda soberana deben realizarse de manera oportuna y eficiente y crear una situación de endeudamiento estable en el Estado deudor, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores y a la vez promoviendo el crecimiento económico sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos..." .

Ni más ni menos que el kirchnerismo sostuvo siempre, desde aquél célebre discurso de Néstor en la Asamblea General de la ONU del 2003, que vemos en el video de apertura.

De allí que así como una vez allá por los inicios del siglo XX la Argentina ingresó a los anales del derecho internacional con la "doctrina Drago" que vedaba el cobro compulsivo de deudas por los Estados mediante el uso de la fuerza militar o su amenaza, no hay nada más justo que denominar al nuevo marco regulatorio internacional como la doctrina Kirchner.