NI TANTO NI TAN POCO

Hay gente que cree todo el tiempo que todo tiene que ver con ellos, como por ejemplo La Nación que luego de ignorar por completo el lanzamiento del ARSAT en su tapa del jueves, salió ayer en defensa de su "hermanito" de Papel Prensa y Expoagro, sosteniendo que el proyecto de ley que Cristina envió al Congreso sobre protección y desarrollo de la industria satelital tiene por único objeto impedirle a Clarín el acceso al mercado de la telefonía celular.

Ni tanto, ni tan poco: lo que hace el proyecto es declarar de interés público el plan satelital argentino, y en consecuencia con eso y entre otras medidas, exige la autorización del Congreso (por las dos terceras partes de los votos de sus miembros presentes) para que el Estado se desprenda de las acciones que tiene en ARSAT S.A., o de recursos estratégicos asociados al desarrollo de la tecnología satelital;: como lo es el espectro radioeléctrico o el satelital. 

Respecto a lo primero, bueno es recordar que ya el artículo 10 de la Ley 26.092 (2006) que creara ARSAT S.A. estableció en su artículo 10 que "Se requerirá una ley sancionada por el Honorable Congreso de la Nación para perfeccionar cualquier transferencia, gravamen o disposición de las Acciones Clase A representativas del capital social de EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANONIMA AR-SAT que, restrinja o elimine los derechos especiales de voto otorgados a las Acciones Clase A por el artículo 7º del referido Estatuto.".

Lo que haría el proyecto ahora enviado al Congreso es establecer una mayoría legislativa calificada para desprenderse de esas acciones o gravarlas, tal como lo hizo la Ley 26.741 para las acciones del Estado en YPF; y la recientemente sancionada ley que regula el mismo requisito para las acciones que tiene el Estado en muchas otras empresas, incluyendo la ANSES, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. 

Respecto de lo segundo (los recursos estratégicos asociados al desarrollo satelital) no olvidemos que en los 90' fue privatizado el espectro radioeléctrico (Argentina fue uno de los pocos países del mundo que lo hizo), una decisión que luego fue revertida por Néstor Kirchner durante su gobierno; en lo que fue el punto de partida para el inicio del plan de desarrollo satelital del país, jalonado con la puesta en órbita de los satélites ARSAT I y II.

El tema con Clarín es otro, y tal como se contaba con detalle en éste post, es que siempre tiene sus negocios muy flojitos de papeles.

Tras cuestionar que la Ley 27.078 que regula las TIC'S (Tecnologías de la Información y la Comunicación) estaba hecha a medida de las telefónicas para permitirles ingresar al mercado de los medios audiovisuales (donde algunas ya estaban: Telefónica en Telefe), lo que hizo el Grupo Clarín fue recorrer el camino inverso: intentar ingresar al mercado de la telefonía celular, algo que vienen intentando desde el 2007 por lo menos.

En ese tren, primero presentaron un amparo con pedido de medida cautelar para que se suspendieran los concursos convocados por el gobierno nacional para adjudicar las diferentes bandas del espectro para prestar servicios de telefonía celular en 4G.

Tan absurdo intento (porque el espectro es un bien público, administrado por el Estado) fue rechazado por la justicia federal en lo contencioso-administrativo; y los concursos siguieron adelante.

Uno de ellos había sido ganado por la empresa Airlink, del Grupo Vila Manzano, pero la adjudicación fue dejada sin efecto por el gobierno porque no cumplió con el depósito de la garantía en dólares, como exigía el pliego: ver al respecto acá.  

Ante esa vacancia, el Grupo Clarín vio la oportunidad y apuró la compra de Nextel, con la expectativa de competir por esa parte del espectro ingresando al mercado de la telefonía celular.

Una compra que -como se ha dicho antes acá- viola el artículo 13 de la Ley 27.078, que exige que la transferencia de acciones de un licenciatario de servicios TIC's (como Nextel) debe ser aprobada por la AFSTIC, bajo apercibimiento de quedar sin efecto; o de que la que se desprende de las acciones (en éste caso Nextel) pierda su licencia para prestar servicios de telefonía celular.

Que es lo que acaba de decidir el gobierno, y previsiblemente Nextel (con el compromiso contraído con Clarín de venderle el 49 % de sus acciones, con opción a comprar el 51 % restante) anuncia que judicializará la cosa para mantener la operación; siguiendo el mismo camino que siguió Clarín con la ley de medios; a cuyas pautas sigue sin adecuarse -pese al fallo de la Corte que la declaró constitucional- por una cautelar que la protege hasta enero del año que viene (cuando haya otro gobierno) de la adecuación forzada.

A lo mejor en todo este entramado de negocios del Grupo (que recordemos: compró Nextel a través de Cablevisión, de la que debería desprenderse de acuerdo a la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual) esté la explicación de la renovada furia contra el gobierno en todos sus medios; intentando influir en las elecciones del 25, o condicionar al gobierno que surja de ellas.