El presidente de la república recibe en la Casa Rosada a un policía que enfrenta una causa judicial en trámite por haber matado por la espalda a un delincuente, supuestamente en defensa de un turista norteamericano al cual previamente éste hirió. El hecho ocurre el mismo día en el que se cumplían los seis meses de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
No solo eso: lo pone como el ejemplo a seguir por las fuerzas de seguridad al decirle que estaba orgulloso de que hubiera policías como él; y que esperar que en otras instancias judiciales la justicia "actúe como corresponda" y lo absuelva de culpa y cargo, "porque actuó como corresponde".
Al momento de visitar a Macri, el policía estaba procesado y embargado por la justicia; porque las constancias de la causa desmienten su relato de los hechos: todo indica que se trató de una ejecución por la espalda, a sangre fría, cuando el ladrón huía y el delito ya estaba consumado. Pero ya se sabe: a las fuerzas de seguridad hay que darles el beneficio de la duda, y su versión de los hechos debe tenerse por verdad, según la doctrina Michetti-Bullrich.
El mensaje que transmite Macri con su gesto es perverso por donde se lo mire, no solo porque se entromete desembozadamente en una causa judicial en trámite tirándoles toda la presión a los jueces que deben resolverla (violando de paso el artículo 109 de la Constitución), sino porque les transmite a las fuerzas de seguridad la idea de que el gatillo fácil no es una práctica condenada por el gobierno, que en la medida de sus posibilidades los protegerá de sus consecuencias: Patricia Bullrich ha dicho que su ministerio le brindará asistencia legal al policía del caso en la causa penal en su contra.
No es casual tampoco que la forma de ejecutar al delincuente (disparándole por la espalda) haya sido la misma con la que un prefecto mató en Villa Mascardi a Rafael Nahuel, porque el mensaje presidencial es de doble vía: nosotros los protegemos a ustedes y les damos carta blanca para que obren según su discreción, sin sujeción a reglas, marcos legales o procedimiento alguno cuando lo crean conveniente; y ustedes nos protegen a nosotros de todas las "amenazas" que debemos enfrentar, sean difusas organizaciones terroristas, o más concretas formas de protesta social.
¿Acaso solo para no comprometerlo en público cuando lo están protegiendo en la justicia Macri no ha recibido aun al prefecto que mató al mapuche, así como Bullrich ascendió a Echazú?
Allí radica la perversión más profunda del mensaje que ha sido transmitido desde las más altas esferas del poder institucional del Estado, porque no se trata ya de una orientación de la política de seguridad pública en sentido estricto (es decir, la prevención y represión del delito) con la que se pueda discrepar -aun así, hay cuestiones fuera de discusión en un Estado democrático de derecho-; sino de un engranaje fundamental del dispositivo político del gobierno; del que se sirve para llevar adelante su programa: aquello tristemente cierto de que este modelo de exclusión no cierra sin represión.
Si las fuerzas de seguridad (territorio hostil a los avances democratizadores si los hay) pueden hacer estragos cuando los mensajes del poder político son ambiguos, ni hablar cuando son claros y terminantes, y no dejan lugar a segundas interpretaciones. En ese plano, lejos de condenar el gatillo fácil el gobierno pasó a silenciarlo, encubrirlo y encomiarlo, sin solución de continuidad.
Hasta acá, nada demasiado nuevo que agregar a lo ya conocido y experimentado en los 26 meses de gobierno de "Cambiemos", aunque a alguien pueda asombrarle la absoluta falta de escrúpulos de Macri para apelar a las más bajas pasiones de la sociedad para recomponer su imagen; afectada por los estragos que causa el ajuste en la sociedad.
Y allí está el peor de los problemas: en un gobierno como éste, que no da un solo paso sin consultar los focus group o las tendencias de la opinión pública, Chocobar no hubiese llegado nunca al despacho presidencial si éstos no arrojaran que una buena parte de la sociedad (¿acaso la mayoría?) aprueba las ejecuciones -aun por la espalda-, como método expeditivo para terminar con los delincuentes, y no es nuevo: desde el ingeniero Santos para acá, pasando por "Baby" Echecopar viene ocurriendo seguido, y la tendencia es constante.
Peor aun: hay quienes no solo aprueban que las fuerzas de seguridad empleen la fuerza letal que les confía el Estado según su pura discreción en cuanto a las situaciones, sino a los potenciales blancos y objetivos; es decir, así como aplauden que fusilen a un caco, no les parecería mal que también lo hagan con un piquetero, un mapuche o un trabajador despedido que reclama por su empleo. Una forma de pensar que se remonta generacionalmente a la dictadura, pero se mantiene hasta hoy en quienes siguen justificando sus aberraciones.
Podrá decirse que estos últimos (los partidarios del gatillo fácil en cualquier circunstancia) son los menos, pero no son pocos: de lo contrario una propuesta política de derecha como la que nos gobierna desde 2015 no superaría el nivel de la testimonialidad electoral; aunque no sea el discurso manodurista el único soporte de los votos de "Cambiemos", así como también en este aspecto hay transversalidad: hay gente que no votó ni votaría a Macri, pero respalda el gatillo fácil.
Y en esa constatación -que cualquiera puede hacer husmeando las repercusiones del caso Chocobar en los medios y las redes sociales- radica el corazón del problema: a una coalición política de derecha se le puede oponer una alternativa competitiva electoralmente con algo de generosidad y aciertos en la construcción política.
Convencer a la porción mayoritaria de la sociedad de que fusilar a alguien por la espalda aunque sea un delincuente y acabe de cometer un delito está mal, es bastante más complejo; porque el pensamiento de derecha (que encuentra soluciones supuestamente fáciles a problemas complejos, y las disfraza de "sentido común") es mucho más que una opción política: es un sistema de valores, casi un modo de vida.
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