Ah, mirá vos, si fuera al revés titularían "Embestida K contra la justicia". https://t.co/4qxUp3eXK4— La Corriente K (@lacorrientek) August 3, 2020
"Tengo expedientes cajoneados y estoy dispuesto a usarlos". Pasó Tony Soprano y dijo que se fueron al pasto extorsionando. https://t.co/CA2sHSCo3z— La Corriente K (@lacorrientek) August 2, 2020
Con diferencia de apenas un día, La Nación acá y Clarín en ésta nota de Kirscsbaum ¿adelantan, presionan, dejan trascender, operan? (elijan el que más les guste) nos cuentan del malestar que reinaría en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los anuncios del gobierno respecto a la reforma judicial, que podría involucrar una eventual ampliación del número de miembros del tribunal.
En ambos casos (con más detalle en la nota de Kirschbaum) se coincide en señalar que el "malestar" de los cortesanos se manifestaría en forma de desempolvar viejos expedientes pendientes de resolución, para sacar fallos que disgusten o molesten al gobierno, como un recordatorio de que con ellos no se jode.
Sea verdad u operación de prensa pura, es verosímil en tanto no es extraño que los jueces ("que hablan por sus fallos") lisa y llanamente extorsionen al poder político electivo (porque la Corte como cabeza del Poder Judicial también es un órgano político), para condicionarlo a hacer o no hacer algo. Cuando sucede a la inversa, el hecho tiene prensa negativa, y abundante: se suele hablar de "embestida" o "avance".
Sin embargo en éste caso no solo se lo naturaliza como algo normal, sino que se lo justifica: los jueces actuarían en defensa propia, sea de su "independencia" (que vale tanto para un barrido como para un fregado), sea de sus jubilaciones de privilegio, o de sus sueldos astronómicos.
Pero si asumiéramos que la información es trucha, que estamos en el puro terreno de las especulaciones u operaciones de prensa, y que la Corte es ajena al asunto, la conclusión es aun peor: significaría que desde los grandes medios se les estaría marcando la cancha también a los jueces, mojándoles la oreja para que reaccionen con un gesto político, tomando a las causas que tramitan como rehenes, o moneda de cambio de negociaciones políticas.
Lo que no sería sino la confirmación absoluta de todo cuanto se dijo, por ejemplo, sobre "law fare", o persecución política a través del aparato judicial: las causas se apuran o duermen, los fallos salen o no, por cualquier motivo menos los hechos y las pruebas acreditadas en los expedientes.
Y por si eso fuera poco, está el comportamiento profundamente antidemocrático de los "medios independientes": un gobierno (el de Alberto Fernández o cualquiera) que desee introducir reformas en la administración de justicia, debe pasar por los filtros democráticos e institucionales que marca la Constitución: proponer esas reformas, enviarlas al Congreso, afrontar la discusión allí, correr el riesgo de no conseguir los números para aprobar sus proyectos, o de tener que hacer concesiones y aceptar cambios para que salgan.
Si lo consigue y tratándose del Poder Judicial tiene todavía un largo camino por delante: los concursos en el Consejo de la Magistratutexto ra y sortear los escollos que la propia corporación judicial y de los abogados suele poner en esos casos. Los jueces, ese resabio monárquico en tiempos republicanos, pueden eximirse de todo eso, nulificando con un fallo toda la construcción política o institucional de los poderes electos por el pueblo.
Y los medios se ponen incluso por encima de eso: nos están diciendo que plantear reformas en clave democrática es al pedo, porque si esas reformas les caen mal a los poderes "reales", nunca llegarán a ver la luz, o jamás serán aplicadas. Claro que lo saben por experiencia propia, desde Clarín con la ley de medios, hasta La Nación con su cautelar eterna para no pagar impuestos.
Claro que en esos casos jamás se hablará de "embestida", ni se incitarán cacerolazos o marchas en defensa de la república o las instituciones, amenazadas por el populismo.
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