VERGÜENZA SUPREMA

 

Vergonzoso. Que aun exista el Consejo de la Magistratura, que no sirve para nada. Y que no se haya siquiera promovido el juicio político a los delincuentes de la Corte. Ah, sí: el fallo también es vergonzoso. https://t.co/Gci1t2wWuO

— La Corriente K (@lacorrientek) December 16, 2021

El Consejo de la Magistratura es una perfecta, completa y total inutilidad, como casi todas las ideas que se le ocurrieron a Alfonsín. No lo decimos ahora: cualquiera puede comprobar nuestras opiniones al respecto, verificándolo en la etiqueta respectiva, a la derecha del blog.

Lo era con 20 miembros, lo es con 13 porque no depende de cuantos miembros tenga: si la idea era que sirviera para mejorar la administración de justicia y garantizar "la independencia del Poder Judicial", fracasó estrepitosamente, como cualquier persona con un mínimo de honestidad intelectual, debería reconocer.

Los cortesanos supremos son -a esta altura- la mayor vergüenza institucional del país, considerando los tres poderes del Estado: resuelven en el 2021 una causa que tenían hibernada desde el 2015, cuando les llegó por un "per saltum" (o recurso extraordinario por salto de instancia) promovido por el gobierno de Cristina, alegando la "gravedad institucional" del asunto en discusión. A ellos no les pareció que fuera tan importante, porque se tomaron seis años para resolver la causa, que a su vez se trata de dilucidar si una ley de hace 15 años se ajusta o no a la Constitución.

Tan contradictoria con ella no debía ser, porque se tomaron todo ese tiempo para resolverlo, y lo hicieron ordenándole (sic) al Congreso que dicte una ley, pero no una ley cualquiera: una que les devuelva a ellos un sitial en el Consejo de la Magistratura, y si es posible, teniendo a su cargo la presidencia. Todo ello en desmedro de la representación de los órganos políticos elegidos por el pueblo (el presidente y el Congreso), y en beneficio de la corporación judicial.

Pasó don Juan Manuel de Rosas y dijo que ya hubiera querido él tener esa suma del poder público o esas facultades extraordinarias, en sus tiempos. Más contundente no pudo ser la respuesta de los cortesanos al pedido del gobierno (reiterado hace poco por el ministro de Justicia Soria) de que la justicia "se autodepure".

Los tipos no solo se reservan el derecho de interpretar las leyes y la Constitución (tanto que les gusta decir que son lo que ellos dicen que son, y no lo que está escrito en sus textos), sino de indicarles a los otros poderes del Estado que es lo que tienen que hacer, con un fallo mafioso que utilizaron por años como extorsión: su sentido era cantado hace rato (los medios lo "anticipaban"), y siempre en el contexto de amenazas a cielo abierto al gobierno, con sacarlo si no hacían lo que ellos querían, en otras cuestiones. También pasó don Corleone y dijo que se fueron al carajo.

Eso sí: de cumplir lo que dice el artículo 114 de la Constitución , ese que dice que el Consejo de la Magistratura (ese mismo que dicen querer preservar del predominio de la política, es decir de los que son votados) es el que debe administrar el presupuesto del Poder Judicial. El Consejo, no la Corte Suprema..

En cualquier país de lo que esta gente considera "serios" lo que acaban de hacer sería considerado un golpe de Estado, y los golpistas serían removidos de sus cargos, por atentar contra la Constitución. Acá son puestos como ejemplo de independencia judicial cuatro tipos a los que no votó nadie, de los cuales dos aceptaron llegar a sus cargos por decreto y sin acuerdo del Congreso, violando la Constitución.

Y además de eso, no tienen ni siquiera un pedido de juicio político en su contra, por lo menos para forzar la discusión de sus chanchullos en el Congreso. Como si todos -oficialismo y oposición- estuvieran de acuerdo con que con estos tipos, mejor no meterse.