HUMEDADES Y SEQUÍAS

Con el asunto de los amparos y cautelares contra la reforma del Consejo de la Magistratura, a los medios se les terminan las metáforas húmedas: tormenta, vendaval, lluvia, catarata, chaparrón.

Lo cierto es que -como se anunciaba- bastó que Cristina promulgara la ley y se publicara en el Boletín Oficial, para que empezaran a llover las presentaciones.

Las de las corporaciones de jueces y abogados, hasta cierto punto se entiende: en la medida que la gente vote para elegir a los que los representen en el Consejo, perderán sus quintitas, o por lo menos, sus roscas y rosquetas serán más visibles.

Y hasta se puede admitir que algún planteo de inconstitucionalidad prospere (después de todo, los que los tienen que resolver son otros jueces) sobre la base de la idea de que a los representantes de jueces y abogados los tienen que elegir sus representados; o sea, ellos mismos.

Alguno podría suponer que oponerse al voto popular desde ese ángulo (que no surje de la letra de la Constitución) podría ir en contra de la igualdad ante la ley y el principio de la soberanía popular (CN, artículos 16 y 33), pero en todo caso no lo dirimiremos nosotros, sino los propios jueces.

Poco comprensible en cambio es que (a juzgar por los medios) todos los amparos y pedidos de inconstitucionalidad giren en torno a la elección popular de los consejeros, y que nadie plantee los aspectos abiertamente inconstitucionales que tiene la ley: aquéllos donde dispone que el presupuesto del Poder Judicial lo maneje la Corte Suprema y no el Consejo de la Magistratura, como dice claramente el artículo 114 inciso 2. de la Constitución.

Ocurre que donde se come no se manicurea, y nadie quisiera malquistarse con la Corte (que retuvo el manejo de la billetera judicial, rosqueando ese punto con el gobierno), porque será la que tendrá la última palabra en la materia; eventualmente por algún que otro per saltum que intentarán jueces, abogados u opositores: sí, los mismos que denostaban el per saltum, cuando se lo trataba de usar para destrabar la causa de la ley de medios. 

Y hablando de opositores: lo más incomprensible de todos es que sean los propios partidos y dirigentes políticos los que se opongan a que la gente vote, y amplíe su participación.

La oposición en el Congreso podría haber planteado otras cuestiones vinculadas a la ley, como por ejemplo que se distribuyeran los cargos del Consejo de la Magistratura (que ahora serían elegidos por el pueblo) por el sistema proporcional D'Hont que se usa en la Cámara de Diputados, o que las elecciones fueran separadas de las de legisladores, o cosas por el estilo. 

Pero no: mientras proclaman a quien quiera oírlos que el kirchnerismo es un ciclo concluido y que el gobierno recibirá una paliza en las elecciones, no quieren que la gente vote, en una elección que tomaría al país como distrito único (como una presidencial); y que incluso tienen la oportunidad de ganar, si el clima político en el país es el que ellos dicen.

Sin embargo, una vez más, optan por ir a la zaga de la agenda que marcan otros; en este caso las corporaciones tribunalicias; con las que entran en un intercambio de favores: la oposición les presta abogados gestores del Pacto de Olivos para presentar los amparos en la justicia (intentando activar los contactos que tienen allí), y los jueces y abogados les prestarían algún que otro nombre de "notable" para poner en una eventual lista única opositora, si los amparos no prosperan.

La reforma del Consejo de la Magistratura podrá tener muchos defectos, pero va en un sentido que es claramente correcto: abrir ese coto cerrado (engendrado en la reforma del 94'), con innegable poder hacia la estructura del Poder Judicial (otro coto cerrado), involucrando a la gente en el proceso.

Como se intentó hacer también con la reforma anterior (la del 2006) al otorgarle a los poderes políticos del Estado que surgen de la voluntad popular (el Ejecutivo y el Legislativo) la facultad de imponerse por sobre las lógicas corporativas, a la hora de pensar en que hacer con la justicia.

Al igual que entonces (cuando eligió alinearse con los Recondo, Cabral y compañía que defendían sus quintas y las de otros, como Clarín) la oposición elige el camino de la no política, buscando en los vericuetos tribunalicios lo que no ganó en las urnas ni en los debates en el Congreso, que son la consecuencia del resultado de aquéllas.

La misma lógica con la que se manejó cuando la discusión de la ley de medios, las retenciones móviles o las AFJP, entre tantos otros casos; y con algunas solitarias excepciones.

Lo que implica que podrá haber una lluvia de amparos contra la reforma, pero en el campo opositor sigue habiendo sequía de ideas.   

Aunque para la eventualidad que la justicia les rechace los amparos, armarían una Unión Democrática llevando como candidato a éste, que leyó La Nación de ayer en ayunas, tomándose un whiskicito (seguro que lo recomendó Pato Bullrich):

Pero ojo: aclara que la diferencia entre nosotros y el nazismo ("salvando las enormes distancias", diría la tribuna de doctrina), es que los nazis eran una dictadura sangrienta; en lo demás somos igualitos.