A PEDIDO DE ARTEMIO

Primero queremos hacer una denuncia: a partir de éste post de Artemio sobre el déficit crónico de financiamiento de la provincia de Buenos Aires y sus posibles soluciones, fuimos objeto de bullying de su parte en Twitter; conminándonos a analizar si en el caso santafesino sucedía algo más o menos parecido; así que acá estamos, poniendo manos a la obra.

Conforme plantea Artemio en el caso bonaerense, la provincia tiene un déficit crónico de financiamiento como consecuencia de la merma en los puntos de distribución de la coparticipación federal secundaria que sufrió en su momento, no compensada con la generación de recursos propios de origen tributario.

Y esto último obedecería en sustancia a la decisión política de los sucesivos gobiernos de la PBA (incluido en el Scioli) de no impulsar reformas tributarias progresivas, aumentando los impuestos que gravan directamente la riqueza y a los que más tienen (como el Inmobiliario, en especial el Rural); prefiriendo en cambio aumentar el impuesto sobre los Ingresos Brutos, que se traslada en cascada sobre el precio final de los productos o servicios que pagan los bonaerenses.  

Dicho en términos del propio Artemio, la opción política de canjear gobernabilidad (sobre la base de no malquistarse con sectores que gozan de rentas extraordinarias, y tratamiento fiscal privilegiado), por dificultades de financiamiento crónicas; que resienten a su vez la inversión pública, y los servicios que brinda el Estado. 

Con leves matices (Santa Fe no sufrió merma en los índices de distribución de la coparticipación), el caso santafesino reproduce el mismo esquema: la imagen de apertura (extraída de aquí) nos muestra los recursos captados por el Estado santafesino de diversas fuentes, al 31 de agosto pasado: el 63,52 % de los recursos estrictamente tributarios (es decir, provenientes de impuestos) son de origen nacional; porque provienen del régimen de coparticipación federal y otros impuestos nacionales.

Del 36,48 % (que son los recursos tributarios de origen provincial), Ingresos Brutos (del que está exenta la actividad agropecuaria en todas sus formas) representa el 28,81 %; o lo que es lo mismo, el 79 % de los impuestos provinciales. La Patente Automotor (impuesto directo) tiene incidencia marginal en los ingresos del Estado provincial, porque el 90 % de la emisión del año y el 100 % de la de los años anteriores, se destina a municipios y comunas.

En cambio el Inmobiliario (que se reparte por mitades entre la provincia y los MyC) aporta apenas el 3,56 % del total de los recursos tributarios de Santa Fe, y el 9,78 % de los específicamente provinciales; siendo a su vez un 65 % de su producido proveniente del Urbano, y el 35 % restante del Rural.

Lo que supone que la propiedad agropecuaria (en tiempos de su explosiva valorización por el boom sojero) aporta tributariamente apenas el 1,24 % del total de los ingresos tributarios del Estado provincial, y el 3,42 % de los impuestos estrictamente provinciales; como consecuencia de la decisión (sostenida por todos los gobiernos santafesinos, incluyendo los del FPCyS) de no reajustar los avalúos fiscales desde 1993; habiéndose efectuado mínimos retoques a las alícuotas. 

Y el panorama -con matices- es también similar por el lado de los gastos provinciales, cuya distribución muestra el siguiente cuadro, también al 31 de agosto: 

Al igual que en el caso bonaerense, en Santa Fe la estructura del gasto público acusa una marcada rigidez porque el 94,33 % de los gastos son corrientes (en PBA el 94,1 %) y apenas el restante 5,67 %, de capital; es decir inversión. 

Tan similares son ambos casos que la sumatoria de las remuneraciones de los empleados estatales y las prestaciones de la seguridad social (jubilaciones y pensiones) representa el 60,26 % de los gastos totales del Estado en la provincia de Santa Fe, y el 60,90 % en la provincia de Buenos Aires; compensando ésta un mayor gasto en salarios (46,1 % contra 42,42 % de Santa Fe); con la menor incidencia porcentual de las prestaciones de la seguridad social (14,8 % contra 17,84 % del caso santafesino).

Esto último se explica en Santa Fe por un sistema previsional provincial (propagandizado como del 82 % móvil, cosa apenas parcialmente cierta, para un número reducido de casos) que acusa un déficit creciente que impacta en las cuentas públicas: en números redondos, la Caja de Jubilaciones provincial acusaba al 31 de agosto un déficit de más de 953 millones de pesos (proyectando 1500 millones hacia fin de año); que reduce el superávit primario de las cuentas públicas a esa fecha a poco más de 13 millones de pesos, según surge del documento oficial antes linkeado.

Un déficit que genera además la insólita pretensión del socialismo de que sea financiado por la Nación, lo que es políticamente injutos, y jurídicamente inviable como hemos dicho varias veces aquí, por ejemplo en éste post. En este punto entonces la semejanza entre el progresismo sui géneris santafesino y el cordobesismo de De La Sota, es nítida y patente.

Tanto como en la utilización de la bandera del "federalismo fiscal" como un atajo para dirigir las quejas por los problemas de financiamiento a la Nación, en lugar de tomar la decisión de afectar rentas extraordinarias disponibles en actores concretos de la economía provincial; para no pagar los costos políticos del caso: hace poco analizamos en éste post en el caso de las obras públicas santafesinas y su financiamiento; de lo que surge que casi un 85 % se solventa con las transferencias que llegan desde la nación por el denominado "fondo soja", compuesto por la coparticipación del 30 % de las retenciones a las exportaciones del poroto.

El esquema luce así perfecto para el gobierno provincial, que usufructua un recurso que -si bien se genera en gran medida en su propio territorio- es captado impositivamente por una decisión del Estado nacional, que es el que paga las consecuencias de la presión política del sector agropecuario (alentada por la oposición política en su conjunto, incluyendo a socialistas y radicales que gobiernan Santa Fe) por la baja o eliminación de las retenciones.  

Una idea que repiten acá los cráneos económicos del FAUNEN, incluyendo a Sciara, ministro de Economía con Binner y ahora con Bonfatti.

Sobre el resto de la sarasa económica progresista (como lo de eliminar el IVA a los más necesitados, para que termine en los bolsillos de COTO) y gravar la renta financiera (al respecto ver este muy recomendable post de Baleno) o la herencia "para que paguen más los que más tienen", nos remitimos a lo hacen efectivamente cuando gobiernan; como  lo demuestran sus propios números acá en Santa Fe.