Insistiendo en anunciar meras
ideas como realidades palpables, y logrando que los medios amigos le den
espectacularidad en sus títulos, el gobierno socialista provincial anuncia que
se “construirá un tercer carril en la Autopista Santa Fe-Rosario”, sumándolo al
margen del rápido.
Leyendo la nota de El Litoral
vemos que la iniciativa no es mas que un globo que se encontraría en la etapa
de “negociaciones con un consorcio de empresas”, y que habría trascendido
porque lo anunció en el marco de su campaña el candidato oficial Lifschitz.
Más allá que ya estamos
acostumbrados a que se anuncie lo que nunca se hace, de muchas -sobre dos
cuestiones relacionadas con el tema- nos querríamos detener: por un lado, que la autopista Santa Fe -Rosario se encuentra concesionada -por la gestión socialista
y desde 2010- y los compromisos asumidos por el concesionario; por otro, el
aval del candidato Lifschitz al modo de gestionar una obra pública por el
gobierno socialista.
Con relación a lo primero, la concesión de la obra pública
integral de recuperación de la autopista mereció en su momento varias críticas
centradas en que se licitó una obra pública indeterminada tanto en lo técnico,
como en el plazo de ejecución, sin un costo previamente determinado; todo lo
cual impedía establecer a priori que la oferta fuera económicamente viable para
el adjudicatario, de lo que devendría un estado de renegociación permanente,
donde el tercero pondría el gerenciamiento y se llevaría una enorme utilidad, y
la Provincia y los usuarios los fondos para el mantenimiento y las nuevas
obras.
El marco que rige la concesión a
un privado de la administración, explotación, gerenciamiento, mantenimiento,
mejoras, ampliación, conservación, remodelación y repavimentación de la
autopista, se trata de una *concesión de obra pública, *financiada por el sistema de peaje, *a la
que le es aplicable la Ley 5188 de Obras Públicas y los artículos 148,149 y 150
de la Ley 12510, *percibiendo el tercero contratista una parte de la tarifa por
vehículo pasante, *debiendo con lo que se queda de la tarifa realizar las obras
a su cargo comprometidas en el pliego y pagar el canos mensual fijado
-inicialmente $ 200.000.-.
La diferencia entre lo percibido de tarifa más peaje
por mayor cantidad real de vehículos pasantes con relación al estimado en la
oferta, mas cincuenta por ciento (50%) del ingreso por explotación
de áreas de servicios y de las explotaciones complementarias, mas otros aportes
que determine la Provincia, pasan a conformar un “fondo de obra”, recursos que si bien se
establece que son administrados por la concesionaria, es evidente que son
fondos públicos afectados a obras determinadas.
La obra más significativa a cargo
del concesionario era la repavimentación de toda la traza. Ahora bien, que
significaba técnicamente esto no estuvo definido, así: ¿comprende una carpeta
sobre la existente o significa intervenir en profundidad en la calzada; en un
caso u otro, carpetas de qué grosor, de qué consistencia física, intervención
hasta qué profundidad?
A partir de lo relativo al fondo
de obras se disparan otras cuestiones vinculadas: no existe información
consistente disponible acerca de cuál es su saldo a la fecha ni precisiones
sobre el contralor que el órgano de control de la autopista efectúa sobre la
corrección de los depósitos que el contratista efectúa (conforme la realidad de
vehículos pasantes por día) y de la correspondiente auditoría de los mismos,
fiscalización asignada al Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Tampoco puede constatarse el mantenimiento de la integridad del fondo -que está afectado a las obras de
la Autopista- que se deposita en la cuenta de Rentas Generales de la provincia,
lo que implica que pueden destinarse los recursos a otros fines; máxime cuando el Poder
Ejecutivo se encuentra autorizado por ley a disponer en su totalidad del fondo
unificado de cuentas oficiales (FUCO), para cubrir necesidades transitorias del
Tesoro Provincial.
Si bien el pliego no contempla la
obra del tercer carril al margen del rápido, si prevé que con el fondo de obras
debe ejecutarse un tercer carril entre el km. 0 (Rosario) y el km. 19 (San Lorenzo),
y entre los kmts. 146,7 (Santo Tomé) y 154,6 (Santa Fe, con excepción del
puente sobre Río Salado), en el cantero central, previa aprobación del órgano
de control, con cargo al Fondo de Obras.
Pero como es propio de las obras
que tienen a cargo los socialistas nada se hace y lo que se empieza va muy pero
muy lento.
Es más: la concesión pensada para
hacer a nuevo la autopista evidentemente ya naufragó, y al concesionario le
dejaron un negocio redondo, satisfaciendo el pago del canon mensual, efectuando
un mantenimiento supercial de la calzada y obteniendo una extraordinaria
ganancia por vehículo pasante, aprovechando el incremento constante del parque
automotor y el uso de la vía de circulación.
Lo reconoce expresamente el propio artículo: "La obra también significa un buen negocio para ARSA ya que la concesión cierra desde el punto de vista financiero cuándo el gobierno les encara obras grandes.". Negocio redondo.
Por el otro lado queremos
advertir lo que implica lo que la nota cuenta: una obra pública, que
comprometería 750 millones de pesos (¿a sacar de dónde: del fondos genuinos
provinciales, del fondo de obras, del fondo soja?), en lugar de concretarse cumpliendo
la ley 5188, que en su artículo 10º, establece que debe hacerse en base a
proyectos técnicos completos y un presupuesto definido, con todas las
condiciones prefijadas, se estaría “negociando con un consorcio de empresas”.
Después no digan que no avisamos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario